Salvador Pérez Hernández

Expediente 339/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
339/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
25/06/2019

Partes del expediente

  • Salvador Pérez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado, por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 339/2019; R E S U L T A N D O: PRIMERO. SALVADOR PÉREZ HERNÁNDEZ, mediante escrito presentado el quince de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta población, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Poder Legislativo de Oaxaca, consistente en: ".omitir iniciar y realizar trámite para adecuar a la realidad, los plazos para que las autoridades judiciales actúen en los procedimientos civiles, mediante las reformas pertinentes al Código de Procedimientos Civiles." Que estimó violatorio de los derechos humanos contenidos en el artículo 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. En auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve (fojas 4 - 6), este resolutor la admitió a trámite, la radicó bajo el número de expediente 339/2019, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo de dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral del escrito de demanda, la cual debe considerarse como un todo y tenerse como acto reclamado aquello que se considere lesivo de derechos, se advierte que en el caso, el quejoso reclama lo siguiente: Omitir iniciar y realizar el trámite para adecuar a la realidad los plazos judiciales, mediante reformas al Código de Procedimientos Civiles, para que las autoridades jurisdiccionales actúen en los procedimientos civiles. Por tanto, dicho acto es el que se tiene como reclamado en el presente juicio de amparo. TERCERO. La presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, bajo el argumento de que no le ha sido turnado algún asunto relativo a la adecuación de los plazos judiciales (fojas 10 - 19). Al respecto, debe decirse que las atribuciones conferidas a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado de Oaxaca, se encuentran contempladas en los artículos 63, 66 y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que dicen: "Artículo 63. Para el estudio de los asuntos, se nombrarán comisiones cuyo principal objetivo será la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, a fin de contribuir al cumplimiento de las atribuciones y obligaciones constitucionales y legales del Congreso. La organización y funcionamiento de dichas comisiones se regulará de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento." "Artículo 66. Las comisiones permanentes, tendrán las obligaciones siguientes: I. Resolver todos los asuntos que le sean turnados, en un plazo no mayor a treinta días hábiles; II. Elaborar su programa de trabajo; III. Rendir por escrito un informe semestral de sus actividades a la Jucopo; IV. Sesionar por lo menos una vez cada quince días; V. Organizar y mantener un archivo de todos los asuntos que le sean asignados; VI. Solicitar la comparecencia de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, de los Órganos Constitucionales Autónomos, Concejales y Comisionados para que informen cuando se discutan o estudien asuntos relacionados a sus atribuciones; VII. Solicitar información oficial, realizar foros, consultas y demás actuaciones necesarias para la investigación, estudio y desahogo de los asuntos que les sean encomendado (sic); y, VIII. Las demás necesarias para su correcto funcionamiento, y aquellas que se deriven de esta Ley, su Reglamento y los Acuerdos Parlamentarios respectivos." "Artículo 72. Las Comisiones resolverán por escrito acerca de los asuntos que se le turnen y en los casos en que se requiera de un dictamen, propondrán la resolución que en su concepto deba tomarse, reduciéndola a proposiciones o artículos claros y sencillos que puedan sujetarse a votación." La lectura de los preceptos antes transcritos, permite advertir que dentro de las atribuciones de la Comisión Permanente, no se encuentra la relativa a la omisión atribuida a la responsable, consistente en iniciar y realizar el trámite para la adecuación a la realidad de los plazos judiciales, mediante reformas al Código de Procedimientos Civiles; además, el quejoso tampoco acreditó que ante dicha Comisión Permanente exista una petición o asunto turnado relacionado con dicha adecuación. En ese sentido, toda vez que la parte quejosa no aportó algún medio de prueba para comprobar la existencia del acto reclamado, ni de autos se desprende su existencia; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. En apoyo a lo anterior se cita la tesis 1a. XXIV/98, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo VII, Junio de 1998, que aparece publicada en la página 53 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 339/2019, promovido por Salvador Pérez Hernández, en términos del presente fallo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, y dado que se encuentra surtiendo efectos la notificación del auto de catorce de mayo del año en curso, no es factible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por lo tanto, se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de cuenta y anexo, suscrito por la presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado de Oaxaca, con sede en San Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado; por lo tanto, con su contenido dese vista a las partes, para que se encuentren en aptitud de promover conforme a sus intereses convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, se le tiene nombrando como delegados en términos del artículo 9° de la ley de la materia, a las personas que refiere. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada la documental que anexa la citada responsable, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional y se tenga por recibida en ese acto. NOTIFÍQUESE.

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