Salvador Omar Valenzuela Verdugo

Expediente 1263/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1263/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/01/2022

Partes del expediente

  • Salvador Omar Valenzuela Verdugo

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, siete de enero de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con veintitrés minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia, a que se refiere el artículo 124 de la ley de Amparo; sin la presencia de las partes, ni representante legítimo de ellas. Abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta con el escrito inicial de demanda, auto de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes -quejoso, agente del Ministerio Público de la Federación y autoridad responsable-, así como con el informe con justificación rendido por la responsable. El juez acuerda: se tiene por hecha la relación y certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido que por lo que hace al tercero interesado, se reitera lo decretado en el auto admisorio, toda vez que no se actualizó alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con la prueba documental exhibida por quejosa anexa a su demanda de amparo, y la documental exhibida por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, sin que las restantes partes hubieran ofertado pruebas. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no formularon alegatos, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. El juez acuerda. Se tiene por perdido el derecho de formular alegatos, de los que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo; con lo anterior, se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1263/2021; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el quince de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el diecinueve del mismo mes y año, por razón de turno a este juzgado, Salvador Omar Valenzuela Verdugo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Por proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que la aplicación del artículo que se estima inconstitucional, tiene ejecución en el lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el veinte de mayo de dos mil veintiuno, en la que se solicitó en apego a la resolución de once de diciembre de dos mil veinte, dictada por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, el acceso al Fondo Estatal para efectos de que se lleve a cabo la reparación integral a las víctimas. Inexistencia del acto reclamado No es cierto el acto reclamado a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado; aduciendo en lo medular, que la petición que realizó el veinte de mayo de dos mil veintiuno, de la cual se adolece la parte quejosa, fue dirigida a la licenciada Carolina María Flores Medina, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Sonora, no así a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora. Sin que al efecto, la negativa de la autoridad señalada como responsable, hubiera sido desvirtuada por el solicitante del amparo, con alguna prueba, aun cuando se dio vista con el informe justificado; habida cuenta que, en razón de la distribución probatoria que rige en el juicio de amparo, cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado no le corresponde acreditar su dicho, porque se trata de una negativa lisa y llana, razón por la cual es la parte quejosa la que debe asumir la carga probatoria en cuanto a la existencia del acto que afirma lesiona su esfera jurídica. Aunado a lo anterior, de la documental exhibida por la parte quejosa se advierte que la solicitud fue presentada ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Sonora, esto es una diversa a la señalada como responsable en el presente sumario. Asimismo, se precisa que el acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, está regulado en el procedimiento previsto en los artículos 144 a 150 de la Ley General de Víctimas. Que el artículo 144 de la Ley General de Víctimas establece que el procedimiento inicia con la solicitud de la víctima ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Por su parte, el artículo 145 de la citada ley, establece que en cuanto se reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva la deberá turnar al Comité Interdisciplinario evaluador a efecto de integrar el expediente que sirva de base para la determinación del Comisionado Ejecutivo en relación con los recursos de ayuda. De igual forma, el artículo 146 de dicha normativa señala que el Comité Interdisciplinario evaluador deberá integrar el expediente en un plazo no mayor de cuatro días y deberá contener como mínimo: los documentos presentados por la víctima; la descripción del daño o daños que haya sufrido la víctima; el detalle de las necesidades que requiera la víctima para enfrentar las consecuencias del delito o de la violación a sus derechos humanos, y en caso de contar con ello, relación de partes médicos o psicológicos donde detallen las afectaciones que tiene la víctima con motivo de la comisión del delito o de la violación a los derechos humanos. En caso de que el Comité Interdisciplinario Evaluador considere que falta información o documentación puede requerirla por escrito a la víctima dentro de los dos días siguientes a la recepción de la solicitud, para que se presente en un plazo máximo de cinco días; supuesto en el que se suspende el plazo para integrar el expediente. El artículo 147 de la ley en comento, señala que, adicionalmente, deberá agregarse el estudio de trabajo social elaborado por el Comité Interdisciplinario evaluador en el que se haga una relación de las condiciones de victimización que enfrenta la víctima y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas de la victimización; el dictamen médico donde se especifique las afectaciones sufridas, las secuelas y el tratamiento, prótesis y demás necesidades que requiere la persona para su recuperación; el dictamen psicológico en caso de que la víctima requiera atención a la salud mental donde se especifique las necesidades que requieren ser cubiertas para la recuperación de la víctima, y la propuesta de resolución que se propone adopte la Comisión Ejecutiva donde se justifique y argumente jurídicamente la necesidad de dicha ayuda. Por último, el artículo 148 de la referida legislación, señala que la Comisión Ejecutiva deberá integrar el expediente completo en un plazo no mayor a veinte días hábiles y resolver con base a su dictamen la procedencia de la solicitud. De lo anterior, no queda duda que la autoridad correspondiente para conocer sobre la petición que se adolece y la cual debió haberse señalado como responsable, es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como el Comité Interdisciplinario evaluador. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." IV. Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistente el acto reclamado a la autoridad responsable señalada en el apartado que antecede, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Finalmente, cabe mencionar que el sobreseimiento decretado, impide entrar al estudio del fondo del asunto, de conformidad con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 24 Tercera Parte, página 49, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se V. Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Salvador Omar Valenzuela Verdugo, respecto del acto precisado en el apartado II, atribuido a la autoridad señalada y por las razones expuestas en el considerando III de este fallo. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta que contiene el informe justificado rendido por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Domicilio y delegados. Como lo solicita en su informe, conforme a lo dispuesto en el numeral 9 de la ley de la materia, se le tiene por designados como delegados a las personas que menciona en su ocurso, así como por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito que se atiende. Diferimiento de la audiencia constitucional. Para dar margen a que las partes se impongan del contenido del informe justificado agregado en esta fecha al sumario, conforme lo dispone el párrafo segundo del numeral 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las once horas con veintitrés minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de noviembre de dos mil veintiuno. Integración de oficio. Glósese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la actuaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio de amparo 610/2020 de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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