Salvador Rivera Ayala
Expediente 620/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Salvador Rivera Ayala
- Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, tres de diciembre de dos mil veinte. Acepta competencia. Téngase por recibido el oficio remitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, por el cual informa que admitió la competencia declinada en el presente juicio de amparo y se avocó al conocimiento. En esa virtud, se ordena el archivo definitivo del presente asunto, como totalmente concluido. Archivo y valoración del expediente. Destrúyase el presente expediente una vez que transcurran tres años, toda vez que se declinó la competencia del juicio de amparo, con fundamento en el artículo 21, inciso j, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, máxime que en términos del referido acuerdo, este juicio no representa relevancia documental.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de septiembre de dos mil veinte. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo. 2. Incompetencia por razón de territorio. Vista la demanda presentada por Salvador Rivera Ayala, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y otras autoridades, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia territorial para conocer de esta. Para arribar a tal determinación, es pertinente traer a colación que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de amparo, a saber: a) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; y, c) La tercera previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. A este respecto, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. En el caso que nos ocupa, se configura la segunda porción normativa analizada, toda vez que Salvador Rivera Ayala reclama substancialmente lo siguiente: a) Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), la omisión de aplicación de la Ley número 38 que regula la operación y funcionamiento de la dependencia en cita; b) De la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, (ISSSTESON) la ilegal determinación de autorizar el acta 656 el acuerdo 8.III-2019-SO-686, ambos, de la sesión ordinaria de la junta directiva del referido instituto y la omisión de incrementar la pensión a partir del primero de enero. Luego, con motivo de la indebida aplicación de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, (ISSSTESON), reclama la afectación como pensionado del referido instituto. Sin embargo, en el particular se tiene que la afectación o ejecución del acto reclamado se está llevando a cabo en distinta jurisdicción territorial, pues de las constancias anexas a su demanda se advierte que el agraviado tiene su domicilio en calle Colima s/n, colonia Masiaca, localidad de Masiaca, Sonora. Información que se corrobora con la documental que exhibe el peticionario, consistente en copia la credencial oficial de pensionado, expedida por el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de cuyo contenido se advierten, entre otros, los datos relativos al nombre y domicilio del hoy agraviado y que permite a este juzgador determinar sobre la competencia en la forma aquí considerada. En tal medida, tenemos que la localidad de Masiaca, pertenece al municipio de Navojoa, Sonora, en cuyo lugar recibe dicha pensión el hoy quejoso; es decir, que la ejecución de los actos se efectúa en aquella jurisdicción territorial, sobre la cual este juzgador no ejerce competencia, sino el juez de Distrito con sede en Ciudad Obregón, Sonora. En esa tesitura, este juzgador no podría válidamente pronunciarse respecto de la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, toda vez que el domicilio del quejoso determina el lugar de ejecución del acto de aplicación y produce sus consecuencias, por ser éste el lugar en el que cobra y disfruta su pensión y, en consecuencia, los efectos de la aplicación de la norma se materializan en ese lugar. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, este juzgador se declara incompetente por razón de territorio para conocer de esta demanda y declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Sonora, en turno, con residencia en Ciudad Obregón, a quien deberá remitirse para que resuelva dentro del plazo establecido en el primer párrafo del precitado artículo 48 de la Ley de Amparo, si acepta o no la competencia que se declina. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, emitida por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Así como por identidad de razón, la jurisprudencia PC.V. J/9 K (10a.), emitida por el Perno del Quinto Circuito, de rubro y texto siguiente: "PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL MENCIONADO INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO PENSIONADO. El artículo citado, derogado mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 2015, establece que quienes disfruten una pensión o jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual. Ahora bien, si en el juicio de amparo se impugna ese precepto con motivo de su aplicación, consistente en el descuento a la pensión del quejoso por concepto de "fondo de pensiones", efectuado por el director general de dicho instituto, ese acto se traduce en el pago reducido en la pensión, ya que tiene como consecuencia privar a los pensionados del ejercicio del derecho de disfrutar de ésta de manera completa; es decir, la aplicación del descuento establecido en el artículo 60 Bis B reclamado, afecta la esfera jurídica del quejoso al recibir su pensión de manera disminuida; y esa afectación se materializa en el domicilio de éste, toda vez que, de la interpretación conjunta de los artículos 87 de la mencionada legislación; y 23 a 25, 67 y 72 del Reglamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se evidencia que aquél es el lugar donde los pensionados cobran y disfrutan su pensión. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio de amparo en el que se impugna la aplicación del citado artículo 60 Bis B, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en que se ubique el domicilio del quejoso pensionado. Tal criterio es acorde con la intención del Constituyente Permanente y del legislador ordinario de privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento del principio señalado, pues al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se localiza el domicilio del quejoso, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales violados." 3. Medios electrónicoso. Con fundamento en los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se le autoriza el uso de medios electrónicos, para accesar al expediente a su cosulta a través del usuario "LUISCRUZB", así también para que se le pratiquen notificaciones por ese medio. 4. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en tanto no cumplan con dicho requisito, se autorizan sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y, en su momento, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo.
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