Salvador Leyva Morelos Zaragoza

Expediente 1343/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1343/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
01/12/2021

Partes del expediente

  • Salvador Leyva Morelos Zaragoza

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado de los autos se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese electrónicamente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de noviembre de dos mil veintiuno. 1. Recepción. Fórmese expediente con el escrito y anexos de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado relativo a registro de juicios de amparo. 2. Desechamiento. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: En el presente juicio de amparo se reclama esencialmente en el ámbito de sus competencias, la omisión de las autoridades responsables de legislar respecto de la creación de una Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura y Delitos Vinculados, así como la omisión de crear dicha Fiscalía, conforme a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7º de la de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares." Debe señalarse que sobre el tema de legitimación, dado que el juicio de amparo tiene como objeto de tutela derechos humanos, la regla general es que las personas particulares están legitimadas para promoverlo por transgresión a sus intereses jurídicos o legítimos. No obstante, en forma excepcional, el artículo 7 de la Ley de Amparo prevé legitimación a entidades públicas para acudir al juicio de amparo, pero para ello deben cubrir los requisitos que establece, que parten de considerar que se trata de supuestos en los que sufren afectación similar a la de un particular Así, de acuerdo al artículo antes citado, las personas morales oficiales pueden promover el juicio de garantías siempre y cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales; sin embargo, para que resulte procedente el ejercicio de la acción constitucional, es necesario que la lesión patrimonial derive de un acto emitido por una autoridad que, en determinado caso, tenga establecida materialmente una relación de supra a subordinación con la persona moral oficial, relación en la que esta última se encuentra desprovista de imperio, es decir, en la que su actividad se equipara a la de un particular, dado el sometimiento a las normas cuya aplicación corresponde a la autoridad que emite el acto que se reputa violatorio de derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito I.15o.A.42 K, de rubro y texto: "PERSONAS MORALES OFICIALES. PUEDEN PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO, DESPROVISTAS DE IMPERIO, EL ACTO RECLAMADO AFECTE SUS INTERESES PATRIMONIALES. De conformidad con lo establecido en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden promover el juicio de garantías cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales; sin embargo, para que resulte procedente el ejercicio de la acción constitucional, es necesario que la lesión patrimonial derive de un acto emitido por una autoridad que, en determinado caso, tenga establecida materialmente una relación de supra a subordinación con la persona moral oficial, relación en la que esta última se encuentra desprovista de imperio, es decir, en la que su actividad se equipara a la de un particular, dado el sometimiento a las normas cuya aplicación corresponde a la autoridad que emite el acto que se reputa violatorio de derechos fundamentales. Supuestos diversos existen en que se actualiza la ausencia de imperio en la actividad de la persona moral oficial, en la que, por tanto, se equipara a un particular y en los que dada la afectación de su patrimonio puede promover el mencionado juicio: unos derivados de actos autoritarios donde se dirimen situaciones de naturaleza económica en las que actuando como ente de derecho privado, establece una relación de coordinación con los particulares, verbigracia, la resolución de los contratos civiles, mercantiles, administrativos o laborales. Otros en los que se encuentra subordinada al cumplimiento de las normas que le imponen obligaciones pecuniarias cuya aplicación, ejecución y sanción corresponde a un órgano de gobierno, por ejemplo, el pago de tributos, sanciones administrativas, etcétera." Esto es, la legitimación en amparo para personas morales públicas está sujeta a que se trate de actos que afecten su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en plano de igualdad con los particulares. Así, para su legitimación, se deben cubrir dos presupuestos: Que los actos afecten su patrimonio. Respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en plano de igualdad con particulares. El presupuesto relativo a la naturaleza de la relación en la que deben encontrarse las personas morales públicas parte del hecho de que pueden actuar en un doble carácter: como entes dotados de poder público y como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hayan investidos, mientras que en el segundo obran en condiciones similares a los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. Así, el requisito referente a la naturaleza de la relación no se limita a alguna materia en particular, sino que sólo requiere que se trate de una relación en la que la moral pública se encuentre en un mismo plano que un particular. Esto es, de una relación cuyo ejercicio de verificación implique, sin más, que cualquier particular pueda ocupar su sitio en la relación que hace valer como causa de su acción. El segundo requisito de afectación patrimonial, no debe verse como una situación estricta vinculada a la privación de algún derecho de propiedad o posesión sino en sentido amplio, cualquier situación especial que pudiera afectar esos intereses. Lo anterior tiene sustento en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 85/2015, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, EN LA VÍA QUE CORRESPONDA, CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE LES IMPONE UNA MULTA O LA SENTENCIA RECAÍDA AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO EN SU CONTRA. Acorde con los artículos 9o. de la Ley de Amparo abrogada y 7o. de la vigente, las personas morales de derecho público pueden ejercitar, excepcionalmente, la acción constitucional, en los casos en que la ley o el acto que reclamen afecte sus intereses patrimoniales, en aquellas relaciones en que se ubiquen en un plano de igualdad con los gobernados. En ese contexto, cuando una autoridad impone a otra una multa derivada de la infracción a la normativa a la que está sujeta, surge una situación particular que, aun cuando se entabla entre dos entes oficiales, dista de aquella en la que ambos actúan en un margen de colaboración. Consecuentemente, la persona moral oficial afectada por la imposición de una multa, con independencia de si la infracción que la generó encontró su génesis en el ejercicio de funciones estatales, como la prestación de un servicio público, o en la realización de una actividad supeditada al otorgamiento de una autorización, licencia o permiso, se sitúa en un ámbito de supra a subordinación con respecto a la autoridad sancionadora que, evidentemente, actuó en uso de su potestad de imperio, en tanto que su acción proviene del ejercicio de las facultades sancionatorias de las que se halla investida por ministerio de ley; de ahí que la entidad pública a la que se impone la multa se ubica, en ese supuesto, en condiciones esencialmente iguales que los particulares a quienes se les fija una sanción pecuniaria, al verse sometida a la decisión de una autoridad diversa que goza de fuerza vinculante y que impacta directamente en su esfera patrimonial, cuya efectividad no se ve desvirtuada por la naturaleza pública del destinatario de ese acto, lo que legitima a este último para promover juicio de amparo, ya sea que se trate de la vía directa, cuando se combata la resolución que pone fin al procedimiento o la sentencia dictada en el juicio contencioso en que se impugna una multa, o bien, en la indirecta, cuando proceda desde luego al no existir medio ordinario de defensa en su contra o por operar una excepción al principio de definitividad." También tiene sustento a lo anterior la jurisprudencia 105/2014 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TIENE LA FEDERACIÓN PARA PROMOVERLO, POR CONDUCTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y/O DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESUELVE UN JUICIO EN EL QUE PARTICIPA SIN ATRIBUTOS DE AUTORIDAD Y EN DEFENSA DE SU PATRIMONIO. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se hallan investidas mientras que, en el segundo, actúan en condiciones similares a la de los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y forma que éstos y, por regla general, las personas morales oficiales no tienen legitimación para promover juicio de amparo, salvo que la ley o el acto que reclamen afecte sus intereses patrimoniales, acorde con el artículo 7o. de la Ley de Amparo, que coincide con el numeral 9o. de la Ley abrogada. En consecuencia, cuando la Federación por conducto del Procurador General de la República y/o de las demás dependencias de la Administración Pública Federal, conjunta o separadamente, comparece ante el Tribunal Agrario porque se le reclama el pago de una indemnización generada por una actuación carente de carácter autoritario, como es la ocupación ilegal de tierras ejidales, se concluye que se encuentra legitimada para promover el juicio de amparo contra la condena que le fuera decretada, toda vez que puede acudir al procedimiento en defensa de sus intereses patrimoniales despojada de imperio, ubicándose en un plano de coordinación con el actor." En el caso, el quejoso, en su carácter de Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública demandó el amparo y protección de la justicia contra actos del Congreso del Estado de Sonora y otras autoridades, consistentes de manera sustancial en la omisión de legislar respecto de la creación de una Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura y Delitos Vinculados, así como la omisión de crear tal fiscalía, conforme a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes. Por decreto de veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Defensoría Pública, con el objeto de regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, garantizar el derecho a la defensa en materia penal, el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias administrativa, fiscal y civil. Tal legislación, creó el Instituto Federal de Defensoría Pública como órgano del Poder Judicial de la Federación, dotado de independencia técnica y operativa. En armonía con la Ley Federal de Defensoría Pública, el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto, cuyas reformas y adiciones se han publicado oficialmente el diecinueve de febrero de dos mil dos, trece de septiembre de dos mil cuatro y dos de mayo de dos mil dieciocho. A propósito, de los artículos 18 Bis y 18 Ter de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, se advierte que la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos es un órgano del mencionado instituto, que tiene como objetivos coordinar, supervisar y realizar acciones de monitoreo, incidencia, investigación, análisis y seguimiento a la respuesta institucional frente a los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esa secretaría tiene atribuciones de análisis, evaluación y seguimiento a las recomendaciones internacionales o nacionales en ese tipo de actos; proponer al director general de ese instituto acciones de mejora, manuales o protocolos para la atención de asuntos que involucren tortura o malos tratos; realizar funciones de defensa penal y asesoría jurídica en los casos que involucren la posible comisión de las conductas mencionadas en perjuicio de personas representadas por el Instituto, ante instancias nacionales e internacionales; diseñar, coordinar e impulsar estrategias de litigio para la investigación, juzgamiento, sanción y reparación integral de las víctimas de los aducidos ilícitos en perjuicio de personas representadas por esa autoridad; coordinar acciones de monitoreo, documentación y difusión respecto de la tortura y malos tratos a nivel nacional, para proponer las acciones que correspondan al director general; participar en espacios académicos e institucionales para promover el combate a la tortura y malos tratos; realizar visitas a los centros de detención, cuando existan indicios de la posible comisión de actos de tortura o malos tratos en perjuicio de personas representadas por el Instituto; y, las demás que determine el Director General y la normatividad aplicable. Por lo que resulta evidente que el solicitante, Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, comparece al amparo como ente público y conforme a las facultades y funciones públicas que tiene encomendadas y atribuidas en la normatividad relativa (Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública); en ese sentido, no se satisface el requisito inherente a que se ubique en un plano de igualdad frente a un gobernado, sino que su petición la hace en su carácter de autoridad no desprovista de imperio. Por tanto, como se anticipó, la parte quejosa carece de legitimación para promover el juicio de amparo, en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley de Amparo. Ello, derivado de que el ente público quejoso acude con el carácter de autoridad; es decir, en el ámbito de las facultades concedidas en las normas que lo rigen; y por ello, al acudir al presente juicio ejerciéndolas y reclamando omisiones de otros poderes del Estado de Sonora, relacionadas con la legislación y creación de una Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura y Delitos Vinculados, no se surte el caso excepcional de procedencia del juicio previsto en la citada disposición de la Ley de Amparo; dado que no reclama actos en los que se encuentre inmersa en una relación jurídica en la que haya actuado como gobernado. En ese sentido, la Ley de Amparo faculta a las personas morales oficiales para promover el juicio de garantías en defensa de sus derechos privados, frente a los abusos del poder público, pero no las faculta para ocurrir en demanda de amparo cuando actúan con el carácter de autoridad, es decir, con imperio, toda vez que no es posible conceder a los órganos del Estado el acceso al juicio de amparo para combatir actos u omisiones de otros órganos del mismo Estado. Una interpretación distinta significaría admitir el extremo de que el juicio de amparo se utilice con la finalidad de establecer contiendas entre órganos de poder, atentando así contra la naturaleza del juicio de garantías, consistente en ser instrumento protector de derechos humanos de los gobernados, mismos de los que no gozan las autoridades cuando actúan con el imperio que la ley les confiere. Asimismo, no pasa inadvertido que la única excepción para la procedencia del juicio cuando se promueve por personas morales oficiales está expresamente prevista en el numeral 7 de la Ley de Amparo, cuando por una ficción legal actúan como personas morales de derecho privado, es decir, cuando acuden a combatir normas generales, actos u omisiones que afecten su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, lo que en el particular no acontece. Sin soslayar, que si bien el promovente refiere reclamar la omisión legislativa antes citada, con la finalidad de contar con autoridades competentes para conocer los actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos en perjuicio de Eduardo Grijalva Alvidrez; cierto resulta que del escrito inicial de demanda de amparo, se desprende claramente que el promovente es puntual al establecer que acude en su carácter de secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del citado instituto, lo que incluso se corrobora con lo manifestado en los diversos apartados de antecedentes, consideraciones previas al interés legítimo, conceptos de violación, incluso en el que denomina "conclusión". Por lo anterior, se arriba a la conclusión de que el promovente del amparo compareció en calidad de una autoridad pública dependiente del Instituto Federal de la Defensoría Pública, y no en representación de un particular, pues no manifestó ser defensor de persona alguna, sino que acudió en representación de una persona moral oficial. De ahí que si la parte promovente insta el juicio con el carácter de titular de una entidad jurídica pública del Poder Judicial de la Federación, combatiendo actos distintos a los que se prevén en el artículo 7 de la Ley de Amparo, deviene improcedente. Cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia tesis 1a./J. 171/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio." También guarda sustento en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PEDIDO POR PERSONAS MORALES OFICIALES CUANDO ACTUAN CON EL CARACTER DE AUTORIDAD. El artículo 9o. de la Ley de Amparo faculta a las personas morales oficiales para promover el juicio de garantías en defensa de sus derechos privados, frente a los abusos del poder público, pero no las faculta para ocurrir en demanda de amparo cuando actúan con el carácter de autoridad, es decir, con imperio, toda vez que no es posible conceder a los órganos del Estado el recurso extraordinario de amparo por los actos del mismo Estado, porque de llegar a tal extremo se establecería una contienda entre los mismos órganos de poder lo cual va en contra de la naturaleza del juicio de garantías, sólo cuando el Estado, por una fricción legal actúa como persona moral de derecho privado, y puede entrar en relaciones de naturaleza civil con los particulares, con los poseedores de otros bienes, y es capaz, por tanto, de adquirir derechos y contraer obligaciones y, como consecuencia de ello, puede resultar afectado por una ley o acto de autoridad en sus bienes propios, de que es poseedor y que le son indispensables para ejercer sus funciones; entonces, las personas oficiales titulares de dichos bienes están legitimadas para hacer uso del juicio de amparo en defensa de los intereses patrimoniales del Estado por lo que si el quejoso no promueve el juicio de garantías con el carácter de entidad jurídica privada en defensa de sus derechos privados, sino como entidad pública, no se encuentra dentro de la hipótesis que establece el artículo 9o. de la Ley de Amparo." De lo anterior, se colige que al reclamar el promovente actos que atañen a las funciones que tiene encomendadas en la Ley, en su carácter de entidad pública; sin combatir una norma general, un acto u omisión que afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, se insiste, el juicio de garantías resulta no ser el medio idóneo, precisamente por reclamar las omisiones legislativas y gubernamentales que se señalan en la demanda. Resulta aplicable la tesis III.3o.T.6 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "PERSONAS MORALES OFICIALES. EN EL SISTEMA DEL JUICIO DE AMPARO VIGENTE PREVALECE LA RESTRICCIÓN DE SÓLO ACUDIR CONTRA ACTOS QUE AFECTEN SU ESFERA PATRIMONIAL Y MIENTRAS ACTÚEN EN UN PLANO DE IGUALDAD FRENTE A LOS PARTICULARES (INTEPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9o. DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA Y 7o. DE LA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 63, fracción V, y 7º, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Finalmente, no pasa desapercibido que el promovente cita diversos juicios de amparo y medios de impugnación en los que refiere se reconoció su interés legítimo derivado de la labor de defensa que ejerce a favor de personas sobrevivientes de tortura o malos tratos, ya que dichos criterios no son vinculantes para quien aquí resuelve atento a lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 4. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria por COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. 5. Acceso al expediente electrónico y notificaciones. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza a los usuarios "Sleyvamz", "MonseCamara" y "VJBC1221", el acceso al expediente electrónico para su consulta, así como para recibir notificaciones vía electrónica. Ilustra lo anterior el criterio I.1o.P.34 K (10a.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO.". 6. Autorización de medios electrónicos. En atención a su solicitud relativa a la autorización de medios electrónicos, de conformidad con la circular 12/2009, de la Secretaria Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza para que tome fotografías de las constancias que integran el presente juicio de amparo, con los medios tecnológicos que refiere la referida circular; en la inteligencia que podrán hacer uso de tal derecho una vez que las labores de este órgano jurisdiccional lo permitan, en atención a que nos encontramos en el contexto de las medidas de protección adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal frente a la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 7. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 8. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 9. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 10. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria encargada del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 11. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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