Salvador López Alcantar

Expediente 1426/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1426/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Salvador López Alcantar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1426/2023, promovido por Salvador López Alcantar, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe previo recibido con antelación y rendido por: JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL, REGIÓN MORELIA. COORDINADOR GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. EL JUEZ: Dichos informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar que ninguna de las partes ofrecieron pruebas en esta incidencia. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión III- 1426/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de noviembre de la presente anualidad, SALVADOR LÓPEZ ALCANTAR, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de trece de noviembre siguiente, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama del Juez de Control del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia y Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelia, Michoacán, la orden de detención y/o aprehensión, dictada en su contra. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De los informes previos rendidos por las autoridades responsables, se advierte la existencia del acto reclamado. CUARTO. PRODECENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Tomando en cuenta que la parte quejosa reclama del Juez de Control del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia y Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en su denominación correcta, la orden de detención y/o aprehensión; válidamente puede colegirse que, se satisface el requisito que contempla el artículo 128, fracción I, en relación con el diverso 131, ambos de la Ley de Amparo, pues el quejoso solicita expresamente la suspensión del acto reclamado. Medida suspensional que también es posible en la medida en que los efectos del acto reclamado son positivos y a futuro. Además, con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, por no actualizarse alguno de los supuestos establecidos expresamente en la Ley de Amparo. Por otro lado, de no otorgarse la medida, con la ejecución del acto se causarían al promovente daños y perjuicios de difícil reparación; por tanto, se concede a Salvador López Alcantar, la suspensión definitiva de los citados actos reclamados, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables el auto que declare firme la sentencia que se dicte en el presente asunto; para los siguientes efectos: a) Que el citado quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento del orden penal que se siga en su contra. b) En caso de que el acto reclamado no se haya ejecutado, para que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute el mandato respectivo. De igual manera, la suspensión que se concede, no producirá el efecto apuntado, si el delito por el cual se libró la orden de aprehensión reclamada, es de los señalados como graves, conforme al sistema penal mixto o en su caso, de aquellos que ameriten prisión preventiva oficiosa, conforme al sistema acusatorio, la suspensión sólo producirá el efecto de que quede a disposición de este Juzgado Tercero de Distrito, en el lugar donde deba ser recluido, en cuanto a su libertad personal y a la del juez de la causa, por lo que respecta a la secuela del procedimiento respectivo, en términos del artículo 166 de la Ley de Amparo. Cabe mencionar que de las constancias que obran en el juicio de amparo principal, se advierte que la orden de captura reclamada deriva de un proceso por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. En el entendido de que si la privación de la libertad del quejoso es a consecuencia de su detención en flagrancia, el plazo se contará a partir de que el imputado sea puesto a disposición del Ministerio Público que corresponda. c) En el supuesto de que la detención del quejoso haya sido efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, sin demora deberá cesar la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público correspondiente. En la inteligencia que en este supuesto, cuando la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, deberá ser puesto en libertad. d) En cualquier caso distinto de los anteriores, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, deberá ponerlo en inmediata libertad o consignarlo ante un juez, según proceda. La medida cautelar que se concede, surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si el citado quejoso, no exhibe ante y a satisfacción de este juzgado y dentro del término de CINCO DÍAS, garantía por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que deberá ser exhibida en billete de depósito del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, S.N.C., y en el deberá aparecer como depositante el impetrante de garantías, o en cualquiera otra de las formas establecidas por la ley, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables que quedarán en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Dicha suma se fija, de manera discrecional, en atención a lo dispuesto por el artículo 162 en concordancia con el diverso 168 de la Ley de Amparo. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto siguiente: "Época: Novena Época Registro: 168543 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Octubre de 2008 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 68/2008 Página: 377 SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO). La facultad de fijar el monto de la garantía es de carácter discrecional, siempre que ello no implique exceder los extremos señalados por el legislador en las condiciones de aplicación de la citada norma. Así, el juez de distrito debe llevar a cabo un análisis integral en el que conjugue adecuadamente las siguientes tres condiciones legales. En primer lugar, debe tomar en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este primer momento puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por el juez de amparo tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un juez penal y es acorde con los fines del proceso penal. En segundo lugar, el juzgador debe indagar respecto a la situación económica del quejoso. Y finalmente, en tercer lugar, el juez debe vigilar que el monto de la garantía no permita al quejoso sustraerse a la acción de la justicia, es decir, habrá de fijar una cantidad que no invite al quejoso a realizar un cálculo utilitario que le orille a evadir la acción de la justicia. Por tanto, una primera cantidad obtenida a partir de la obligación derivada de la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo debe modularse, por un lado, mediante la capacidad económica del quejoso (fracción II), para establecer el límite inferior de la garantía y, por el otro, a través de la precaución de no disminuirla a tal grado que se promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso (fracción III)." De igual forma, tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 198729 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Mayo de 1997 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 16/97 Página: 226 SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión." Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que en caso de no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos". Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a SALVADOR LÓPEZ ALCANTAR, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando CUARTO de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Parte quejosa solicita copias certificadas. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, a través del cual solicita se le expida copia certificada del presente cuaderno de suspensión; en tal virtud, se realizan las siguientes consideraciones: 1. Dicha expedición se encuentra autorizada desde el auto de radicación del presente juicio, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo; 2. Sin embargo, por el momento no se cuenta con un centro de fotocopiado en funcionamiento para el público general dentro del Edificio Sede donde se ubica este órgano jurisdiccional, para que puedan obtener las copias que solicita. 3. En caso de insistir en obtener copias del expediente, la parte solicitante cuenta con la opción de hacer uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por lo cual, puede comparecer a hacer uso de medios digitales para obtener las constancias que requiera. 4. De igual manera, se hace del conocimiento de la parte quejosa que de conformidad con los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tiene la posibilidad de registrar y proporcionar un "Nombre de Usuario" que podrá registrar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que se le autorice el acceso de manera electrónica al expediente de que se trata y con ello, se pueda consultar el expediente electrónico y obtener las constancias que estime necesarias. Al margen de lo anterior se autoriza a las personas que refiere en su escrito para realizar las gestiones necesarias a efecto de obtener las copias que solicita. Se reciben informes previos Por otra parte, agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta, con los que las autoridades que lo envían rinden los informes previos que les fue solicitado, lo anterior en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo; de lo que se ordena hacer relación en la audiencia incidental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Remite informe justificado. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Señala delegados. Se tiene a la autoridad en cita designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante que había informado que solicitó al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, a efecto de que remitiera las constancias relativas al juicio de amparo III-978/2015 de su índice. Se requiere a la responsable En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que, dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite que dio cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en los presentes autos. Para tal efecto, se reitera que las obligaciones impuestas en la sentencia de amparo, son las siguientes: "El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, provea lo correspondiente para obtener las actuaciones del juicio de amparo del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, esto es de la demanda y sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto III-978/2015 de su índice, promovido por la aquí quejosa. En la inteligencia de que, dicha requisición deberá realizarse a través del módulo de transparencia o acceso a la información pública (sí la persona solicitante es ajena) o, en su caso, de ser parte en el amparo referido el solicitante, aclare a la jueza Federal, quién formuló el requerimiento de prueba y las razones por las que la hizo.". Subsiste apercibimiento para la responsable En el concepto de que subsisten los apercibimientos que le fueron formulados en auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós; y por ende, en el caso de persistir en su conducta omisiva, este órgano jurisdiccional procederá a analizar sobre la aplicación de los medios de apremio que establece la Ley de Materia y que pudieran hacerse efectivos en su perjuicio, de una forma escalonada y progresiva, conforme a lo establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo, a saber: 1) La imposición una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor; y b) Si aún así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación, el cual podrá culminar con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables y de su superior jerárquico. Por consiguiente, se ordena a la responsable que cumpla con la ejecutoria, ya que de no hacerlo, el suscrito juzgador procederá a analizar con las constancias que obran en autos, si la responsable ha incurrido en lo siguiente: a) Desacato total de la ejecutoria; o, b) Una actitud evasiva para cumplir con la ejecutoria (la cual se actualiza cuando la autoridad responsable o vinculada lleve a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo); o c) La práctica de procedimientos ilegales que generen el retraso en el cumplimiento de la sentencia, entendiéndose estos como procedimientos ilegales que se lleven a cabo so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida de que no son exigibles por el fallo. Hecho lo anterior, de considerarse necesario, se hará efectivo el apercibimiento relativo, girándose las comunicaciones respectivas a la autoridad competente para su aplicación. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis P./J.58/2014 (10a), localizable en la página 11, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, del rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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