Salvador Mendez Ortega
Expediente 1076/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1076/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Salvador Mendez Ortega
- Agente del Ministerio Público En Funciones del Titular de la Agencia Especializada En la Investigación de Delitos de Homicidios Adscrita A la Dirección Foránea Sur-Oriente del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, mismo que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para que comparezcan para la devolución de documentos originales. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por otra negó la suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Por último, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTISEIS DE AGOSTO DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Visto, el estado procesal de los presentes autos, se advierte la inexistencia de los actos reclamados por las autoridades que fueron señaladas como responsables - como enseguida se evidenciará - lo cual conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. En principio, conviene establecer que en el caso que nos ocupa se tiene que el quejoso Salvador Méndez Ortega, mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal el doce de julio de dos mil dieciséis y, ante este órgano federal el mismo día, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del 1. Agente del Ministerio Público en funciones del titular de la Agencia Especializada en la Investigación de Delitos de Homicidios adscrita a la Dirección Foránea Sur-Oriente del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, de la Fiscalía General del Estado y otras autoridades, que hizo consistir en La orden de presentación y detención giradas en contra del quejoso dentro de la carpeta de investigación 1294/2016/TEHUA/CNPP, así como su ejecución. Mediante proveído de trece de julio del actual se admitió a trámite la demanda de amparo, requiriendo a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados. En ese sentido, al rendir sus informes justificados las autoridades responsables 1. Agente del Ministerio Público en funciones del titular de la Agencia Especializada en la Investigación de Delitos de Homicidios adscrita a la Dirección Foránea Sur-Oriente del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, de la Fiscalía General del Estado, 2. Fiscal General del Estado de Puebla, 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla, 4. Director de Agencias del Ministerio Público Foránea Sur-Oriente, 5. Inspector General de la Policía Ministerial Zona Sur, 6. Comandante de la Primera Comandancia de la Policía Ministerial en el Estado de Puebla, Grupo Tehuacán, 7. Comandante de la Segunda Comandancia de la Policía Ministerial en el Estado de Puebla, Grupo Tehuacán y 8. Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Puebla, Grupo Ajalpan negaron la existencia de los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar tales negativas, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con diez minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciséis; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, donde solicita: 1. Que se le tenga formulando alegatos; 2. Se dicte sentencia en el sentido de negar el Amparo y Protección de la Justicia Federal; y, 3. Se le expida copia de la sentencia correspondiente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 124 de la Ley de Amparo; y, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicha ley; téngasele por hechas las manifestaciones vertidas en vía de alegatos; solicitando que se niegue el Amparo y Protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo; y, en su momento, expídasele a su costa copia simple de la resolución que se dicte en este expediente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de agosto de dos mil dieciséis. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 6. Comandante de la Primera Comandancia de la Policía Ministerial en el Estado de Puebla, Grupo Tehuacán, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración que fueron señaladas las nueve horas con veinte minutos del doce de agosto de dos mil dieciséis para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, es evidente que los ocho días que deben mediar entre la vista del informe aludido en líneas precedentes y dicha fecha no ocurrirá; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional fijada y se señalan las diez horas con diez minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio que se actúa. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.
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