Salvador Ortega Crisanto

Expediente 107/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
107/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
20/03/2019

Partes del expediente

  • Clemente Juarez Hernandez
  • Salvador Ortega Crisanto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto veintiséis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 51 a 53), en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo de referencia (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el despacho 58/2019-II del índice del Juzgado de lo Penal de Tehuacán, Puebla, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el diverso despacho 129/2019 (orden 175/2019) del índice de este juzgado de Distrito, del cual se advierte que el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, notificó personalmente en el interior del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, a los promoventes Salvador Ortega Crisanto, Clemente Juárez Hernández y Marco Antonio Jiménez García o Marco Antonio Jiménez Gracia el auto de diecinueve de febrero del presente año, y le corrió traslado con la copia autorizada del mismo; de lo que queda enterada esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de mérito y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, visto el contenido de la constancia de notificación realizada por el diligenciario del Juzgado remitente, de la que se advierte que los aquí quejosos Salvador Ortega Crisanto, Clemente Juárez Hernández y Marco Antonio Jiménez García o Marco Antonio Jiménez Gracia ratifican el escrito con número de registro interno 2694, por el que manifestaron su deseo de desistirse del presente juicio de garantías En tales condiciones, toda vez que dicha ratificación la realizaron en presencia del diligenciario adscrito al Juzgado de lo Penal de Tehuacán, Puebla, quien cuenta con fe pública, se provee lo siguiente: En primer término, debe precisarse que el Máximo Tribunal ha señalado que el juicio de amparo se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano judicial. "JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INICIA. El juicio de garantías se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano judicial, y por ello, los proveídos como el de incompetencia y los relativos a la medida cautelar, anteriores a la admisión son de carácter netamente procesal y se dan durante la tramitación del juicio mismo, atento a lo cual, resulta desafortunado señalar que se trata de acuerdos prejudiciales, pues la decisión sobre la incompetencia y el acuerdo de suspensión se dan dentro del procedimiento que se inicia con la presentación de la demanda." Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Por otra parte, no obstante el estado procesal que guardan los presentes autos, la parte quejosa conserva su derecho para desistirse del juicio en el momento en que lo considere conveniente y, el órgano de control constitucional, tiene el deber de aceptar esa renuncia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 33/2000 (9a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, de rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." En consecuencia, dado que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y los aquí quejosos renunciaron expresamente a que este órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional, con fundamento en lo establecido en el artículo 6 (contrario sentido), 63, fracción I, aplicado por analogía, 114, fracción II, antepenúltimo párrafo, en relación con el 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA propuesta, dado que el principio de instancia de parte agraviada constituye uno de los fundamentos del juicio de amparo, por lo que la dimisión que formula el promovente, impide al órgano constitucional continuar y culminar el juicio, toda vez que ha dejado de existir su voluntad de proseguir con él. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, tomando en consideración que los quejosos Salvador Ortega Crisanto, Clemente Juárez Hernández y Marco Antonio Jiménez García o Marco Antonio Jiménez Gracia, se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, con fundamento en el artículo 27, fracción II, y 116, párrafo segundo de la Ley de Amparo y 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique a los quejosos la presente determinación, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a Salvador Ortega Crisanto, Clemente Juárez Hernández y Marco Antonio Jiménez García o Marco Antonio Jiménez Gracia y se cerciore de su identidad; c) Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 107/2019-B; d) Notifique a la parte quejosa el presente acuerdo; y, e) Asiente razón en el sentido de si la parte quejosa quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Así mismo, dígasele al Juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Con el apercibimiento, que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cincuenta días, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio 531-II signado por el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 102/2019 (orden 140/2019) del índice de este juzgado de Distrito, del cual se advierte que el catorce de febrero de dos mil diecinueve, notificó personalmente en el interior del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, a los quejosos Salvador Ortega Crisanto, Clemente Juárez Hernández y Marco Antonio Jiménez García la resolución de siete de febrero del presente año, y le corrió traslado con la copia autorizada de la misma; de lo que queda enterada esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de mérito y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otro lado, intégrese a sus autos el escrito signado por los quejosos Salvador Ortega Crisanto, Clemente Juárez Hernández y Marco Antonio Jiménez García; y en atención a su contenido, ténganseles haciendo diversas manifestaciones en relación al auto de prevención de siete de febrero de dos mil diecinueve; sin embargo, también se advierte lo siguiente: " Con lo antes expuesto, se da cumplimiento al requerimiento solicitado, sin embargo atendiendo, a como mencionamos en líneas anteriores la audiencia de control de detención, como de vinculación, ya se llevaron a cabo, es decir ya hubo un cambio de situación jurídica, y toda vez que no se realizó acto procesal alguno por parte de esta autoridad judicial federal tendiente a evitar violaciones a nuestras garantías constitucionales por parte de la autoridad responsable, nos vemos en la necesidad de DESISTIRNOS DEL PRESENTE JUICIO DE GARANTIAS ante el evidente cambio de situación jurídica, sin embargo se hace la aclaración solicitada a efecto de no incurrir en sanción alguna por parte de nuestra defensa o hacia nosotros como quejosos." En tales condiciones, toda vez que los promoventes de amparo, desean desistirse de la presente vía constitucional y, tal desistimiento tiene como consecuencia jurídica que la demanda que dio origen al presente juicio de garantías, se tenga como no presentada, se ordena ratificar el escrito presentado el quince de febrero del presente año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, turnado el siguiente día hábil a este órgano jurisdiccional e identificado con número de registro interno 2694. Finalmente, atendiendo a que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), 27, fracción II, y 116, párrafo segundo de la Ley de Amparo y 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique a los quejosos la presente determinación y los requiera para que ratifiquen el escrito con número de registro interno 2694, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a Salvador Ortega Crisanto, Clemente Juárez Hernández y Marco Antonio Jiménez García y se cerciore de su identidad; c) Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 107/2019-B; d) Notifique a la parte quejosa el presente acuerdo y los requiera para que en el momento de la diligencia manifiesten si es su deseo ratificar el escrito con número de folio 2694 -en el entendido que deberá correrle traslado con copia autorizada del presente auto y copia simple del escrito de referencia- ; y, e) Asiente razón en el sentido de si la parte quejosa quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Así mismo, dígasele al Juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Con el apercibimiento, que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cincuenta días, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación. En el entendido que una vez que ratifiquen el escrito por el que se desisten de la presente instancia constitucional, se acordara lo conducente.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de febrero de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Vista la demanda de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 107/2019-B, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracciones III y IV y 114, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a lo siguiente: PRIMERO. Aclaren el acto reclamado en esta contienda constitucional. Lo anterior es así, ya que en el capítulo relativo, señalaron lo siguiente: "(.) El acuerdo de fecha 06 de febrero del presente año 2019 dos mil diecinueve, notificado este mismo día, mismo acuerdo en donde se determina que fuimos puestos a disposición de un Juez de control incompetente a la zona judicial, en donde fuimos detenidos, sin saber causa justificada del porque fuimos trasladados e ingresados a un C.E.R.E.S.O. distinto." Mientras que, en el margen superior derecho de la primera foja de la demanda de amparo, se advierte que fue asentado de forma manuscrita, lo siguiente: "urgente con detenidos Juez incompetente, e ilegal Traslado de C.E.R.E.S.O." Como se logra advertir de la primera transcripción y del contenido integral de la demanda, el acto destacado que se impugna en esta vía, es el auto de seis de febrero del año en curso, dictado en la carpeta judicial administrativa 84/2019 por la Jefa de Causas del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, en el cual, medularmente, se fijó fecha para el desahogo de la audiencia de control de la detención de los aquí quejosos y, se ordenó su traslado del centro penitenciario en el que se encuentran recluidos a la "CASA DE JUSTICIA DE PUEBLA, PUEBLA" para que se lleve a cabo dicha audiencia; no así su traslado del Centro de Reinserción de Tehuacán, Puebla, a alguno otro. Aunado a que, los aquí peticionarios de amparo, no señalaron en su demanda de garantías, como autoridad responsable al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán -quien es la autoridad que conoce de la carpeta judicial administrativa de origen-, o a diversa autoridad penitenciaria, que pudiera llevar a cabo una orden de traslado. SEGUNDO. En caso de que efectivamente señale como acto reclamado el referido auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, deberá precisar si es su deseo señalar al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, como autoridad responsable, pues como se indicó, es el órgano judicial que conoce de la carpeta judicial administrativa 84/2019. Ello es así, pues de un estudio integral de la demanda de cuenta se advierte que en el apartado correspondiente a las autoridades responsables, el mencionado Juez de Control no fue señalado con tal carácter. En tales condiciones, a fin de subsanar tal imprecisión, los peticionarios deberán manifestar si es su deseo señalar como responsable a la autoridad mencionada en el párrafo que antecede, a efecto de que esta autoridad esté en aptitud de requerir los correspondientes informes de ley. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 30/96 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." TERCERO. Precisen el acto que reclaman al Juez de Control de la ciudad de Puebla y al Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla. Ello es así, pues del estudio integral de la demanda que se provee, no se advierte que la parte quejosa haya atribuido acto alguno a dichas autoridades; máxime que, de ninguna parte de la demanda de cuenta se advierte su participación en el acto reclamado destacado; pues dichas autoridades no emitieron el auto de seis de febrero del año en curso. En ese sentido, de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la contienda constitucional y la resolución sobre los mismos. Por otra parte, hágase del conocimiento de los promoventes que la presente prevención es con el fin de que aclaren lo ya precisado, sin que ello signifique que cambie o modifiquen su demanda, ni que la amplíen. Se apercibe a los promoventes que, de no dar cumplimiento íntegro a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. También signifíqueseles que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberán presentar su escrito aclaratorio signado por ellos, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." CUESTIONES ATINENTES A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. El suscrito Juez Federal no soslaya que en la parte superior derecha de la primera foja de la demanda de cuenta, se asentó de forma manuscrita "ilegal traslado de C.E.R.E.S.O"; sin embargo no ha lugar a decretar la suspensión de plano prevista en el artículo 161 de la Ley de Amparo y en términos de la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA". Lo anterior es así, pues como ya se dijo el posible traslado a que se refieren los quejosos no se trata de un centro penitenciario a otro, sino únicamente del lugar en el que se encuentran recluidos a la Casa de Justicia con sede en la Ciudad de Puebla, a efecto de que se lleve a cabo la audiencia de control de detención dentro de la carpeta judicial administrativa en la que tienen el carácter de imputados; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DOMICILIO. Téngase como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de cuenta; sin embargo, toda vez que aquéllos se encuentran privados de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho centro penitenciario. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Eder González Sánchez y Pabo Huetle Lugo, ya que después de consultar la página de internet www.cedulaprofesional.sep.gob.mx, se constató que cuentan con cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de Ley de Amparo, téngase como representante común de los quejosos a Salvador Ortega Crisanto. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. NOTIFICACIÓN PERSONAL A LOS QUEJOSOS. Finalmente, tomando en consideración que los quejosos Salvador Ortega Crisanto, Clemente Juárez Hernández y Marco Antonio Jiménez García, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, con fundamento en el artículo 27, fracción II, y 116, párrafo segundo de la Ley de Amparo y 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique a los quejosos la presente determinación, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a Salvador Ortega Crisanto, Clemente Juárez Hernández y Marco Antonio Jiménez García y se cerciore de su identidad; c) Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 107/2019-B; d) Notifique a la parte quejosa el presente acuerdo; y, e) Asiente razón en el sentido de si la parte quejosa quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Así mismo, dígasele al Juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Con el apercibimiento, que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cincuenta días, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación.

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