Salvador Manuel Peralta Zamora

Expediente 1341/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1341/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
07/10/2016

Partes del expediente

  • Salvador Manuel Peralta Zamora

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 22 DE septiembre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo, misma que se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de acuerdo al artículo primero transitorio; por tanto, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1341/2016-I-B. Ahora bien, previo al pronunciamiento de la resolución que emitirá este órgano jurisdiccional respecto a la procedencia de la demanda de amparo de cuenta, resulta conveniente precisar que el quejoso SALVADOR MANUEL PERALTA ZAMORA demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad responsable Directora General Jurídica, Consultiva y Estudios Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a quien le reclama, en esencia, la resolución de doce de agosto de dos mil dieciséis emitida en el recurso de inconformidad planteado por la denunciante ANA LILIA PÉREZ FLORES, en la que no autoriza la determinación de inejercicio de la acción penal de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, dictada por la Agente del Ministerio Público en funciones de titular adscrita a la Dirección de Atención de Delitos Sexuales, de Violencia Familiar y Delitos contra la Mujer, dentro de la Averiguación Previa número 1933/2015/AESEX, que se sigue contra el aquí promovente por los delitos de ataques al pudor y violación equiparada, y ordena la devolución de dicha indagatoria al representante social de origen para recabar y desahogar diversos medios de prueba. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de datos de identificación, rubro y texto, siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, existe la obligación por parte del juzgador de examinar el escrito de demanda y, si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, ésta se desechará de plano; motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de derechos fundamentales. Precisado lo anterior, al analizar tales aspectos, resulta que la demanda de cuenta deviene notoriamente improcedente, toda vez que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I y 6, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que disponen: (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.). De las normas transcritas en párrafos precedentes, se aprecia que la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar de manera fehaciente, que los actos que reclama afectan su esfera jurídica, esto es, que el juicio de amparo únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado; dicho en sentido contrario, el juicio de amparo no procede cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica del quejoso, pues el máximo Tribunal del país, ha establecido que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo. Así mismo, respecto al concepto de agravio personal y directo, necesario para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la otrora Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera conjunta, es lo que provoca el origen de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente tutelados. Es aplicable al caso en concreto, la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio ""constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien ""perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se ""sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la ""precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por ""objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías ""individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes ""de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio ""debe consistir en un mal real y efectivo, y no en ""apreciaciones doctrinarias. Además, cabe citar la jurisprudencia de la propia Tercera Sala, cuyos rubro, texto y datos de localización son: INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable, para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. En este entendido, los gobernados tendrán interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad, en la medida en que sean titulares de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público. Entonces, si el quejoso acude a la presente vía constitucional reclamando la violación a un derecho subjetivo reconocido por el Estado en el artículo 1 Constitucional relativo a los principios pro persona y de control convencional (que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales aplicables, garantizando a los gobernados la protección más amplia), emana de una resolución dictada dentro de un procedimiento penal administrativo; entonces, deberá demostrar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, de conformidad con el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo; por lo que bajo esos términos se analizará la procedencia del presente juicio de derechos fundamentales. Se itera que el quejoso señala como acto reclamado la resolución de doce de agosto de dos mil dieciséis emitida por la Directora General Jurídica, Consultiva y Estudios Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla en el recurso de inconformidad planteado por la denunciante ANA LILIA PÉREZ FLORES, mediante la cual no autoriza la determinación de no ejercicio de la acción penal de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, dictada por la Agente del Ministerio Público en funciones de titular adscrita a la Dirección de Atención de Delitos Sexuales, de Violencia Familiar y Delitos contra la Mujer, dentro de la Averiguación Previa número 1933/2015/AESEX, que se sigue contra el aquí promovente por los delitos de ataques al pudor y violación equiparada, y ordena la devolución de dicha indagatoria al representante social de origen para recabar y desahogar diversos medio de prueba. Al respecto, como quedó establecido en párrafos precedentes, la procedencia de la acción de amparo requiere que el acto reclamado cause un perjuicio personal y directo al agraviado; de ahí que, si el acto reclamado consiste en la resolución que no autoriza el no ejercicio de la acción penal determinada por la representante social con la finalidad de recabar y desahogar diversas pruebas, lo que se traduce en la integración de la averiguación previa correspondiente, es evidente que tal acto no le ocasiona perjuicio al demandante constitucional. Ello es así, porque la integración de una Averiguación Previa constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos y, ni la Constitución ni las leyes secundarias, otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad Con base en lo expuesto, se concluye que el quejoso, quien, como se dijo, figura como indiciado en la averiguación previa de origen, no está legitimado para acudir al juicio de amparo ya que la resolución reclamada por la que no se autorizó el no ejercicio de la acción penal en su contra, ordenando rebabar y desahogar más pruebas a efecto de continuar con la integración de la indagatoria citada, no le ocasiona el perjuicio personal y directo que exigen los artículos 61, fracción XII y 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo. Norman el criterio de la suscrita, en lo conducente, las consideraciones que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 151/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 87/2008, de rubro y texto siguientes: AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo que se analiza, por ser notoria e indudable la causa de improcedencia anotada. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de amparo y por autorizados para recibirlas a las personas que señala en su escrito de demanda, en términos restringidos por haberlo solicitado expresamente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial..."

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