Salvador Mendez Mier
Expediente 1933/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1933/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Salvador Mendez Mier
Actuaciones
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el doce de noviembre de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por Salvador Méndez Mier, por propio derecho, contra actos del Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, por considerar que se conculcan las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1933/2018-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; a su vez, el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que el quejoso Salvador Méndez Mier, por su propio derecho, reclama del Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, la sentencia interlocutoria de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, emitido dentro del juicio sumario civil 19/2018, en que dicha responsable resolvió el recurso de revocación que interpuso la parte que demando en dicho juicio y que señala aquí como tercero interesado, contra el auto de treinta de abril de dos mil dieciocho, que admitió las pruebas de inspección y confesional y en su lugar, dictó un nuevo acuerdo en el que dejó parcialmente sin efecto el auto de treinta de abril de dos mil dieciocho, con relación a la prueba confesional, donde precisó que será desahogada con cargo al apoderado o representante de la empresa "Plata Panamericana S.A. de C.V., Mina La Colorada"; y, que con relación a la prueba de inspección judicial, resolvió no admitirla, por los motivos que se desprenden del citado auto. Puntualizado lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario y 172, fracciones III y XII, del citado numeral, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. Debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo se pedirá ante el juez de distrito, contra actos en juicio, que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. Por lo tanto, es necesario dejar establecido que, por actos que producen ejecución irreparable, debe entenderse aquéllos que dentro del juicio afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en los tratados internacionales de lo que el Estado Mexicano, sea parte, cuyos efectos no se pueden reparar en el curso del juicio, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable al quejoso, en razón de que los daños o perjuicios que pudiera resentir el particular con esa clase de actos, no se le pueden resarcir en ninguna actuación posterior. Por consiguiente, no puede considerarse como actos de imposible reparación los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, puesto que en éstos, el perjuicio que en su caso se ocasione, puede ser reparado al momento de dictarse la sentencia definitiva, en caso de ser favorable a los intereses del quejoso, o no siéndolo mediante la impugnación de la misma, haciéndose valer aquélla violación procesal. Entonces, dadas las consideraciones antes expuestas, se concluye que el acto controvertido en la presente instancia constitucional no tiene ejecución de imposible reparación en perjuicio de la impetrante de garantías, pues se reclama la resolución interlocutoria de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el juicio sumario civil 19/2018, en que la autoridad aquí responsable resolvió el recurso de revocación que interpuso la parte demandada en dicho juicio, contra el auto de treinta de abril de dos mil dieciocho, en que se admitieron las pruebas de inspección y confesional ofertadas por el aquí quejoso y en su lugar resolvió dejar parcialmente sin efecto el auto de treinta de abril de dos mil dieciocho, con relación a la prueba confesional y precisó que será desahogada con cargo al apoderado o representante de la empresa "Plata Panamericana S.A. de C.V., Mina La Colorada"; y, con relación a la prueba de inspección judicial, resolvió no admitirla, por los motivos que se desprenden del citado auto, Lo anterior; es así, porque el acto reclamado no es la resolución que ponga fin a la etapa procesal que se advierte que se encuentra ese juicio, sino que se trata de un auto en que se determina sobre la admisión no admisión de pruebas dentro de un juicio sumario civil. Por consiguiente, como ya se indicó, resulta incuestionable que los actos controvertidos en la presente instancia constitucional, no tienen una ejecución de imposible reparación sobre el impetrante de garantías en sus derechos personales o reales, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que emana tal acto procesal, aunque se obtuviera una resolución favorable, pues éstos no afectan directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela nuestra Constitución Política por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, sino sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Sentado lo anterior, y una vez acreditada la causa de improcedencia en análisis, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Salvador Méndez Mier, por su propio derecho, con sustento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con lo dispuesto por el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Se tiene como su domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones en el ubicado en Callejón del Portillo, número ciento dieciséis, colonia Centro en esta ciudad de Zacatecas; por autorizados a Carlos Gregorio Rodríguez Delgado, Jesús Manuel Román Martínez y Miguel ángel Ortiz Acevedo, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se desprende que el Presidente Municipal de Mazapil, Zacatecas, no ha dado cumplimento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de seis de noviembre de esta anualidad, se acuerda: Requiérase por última vez al Presidente Municipal de Mazapil, Zacatecas, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, proporcione el nombre y domicilio actual y correcto de las personas que fungieron como Síndico y Tesorero Municipal de dicho ayuntamiento, del cuatro de abril al diecinueve de octubre de dos mil dieciocho o bien, manifieste el impedimento que tengan para ello. Con el apercibimiento, que de no hacerlo así, en el término indicado se les impondrá una multa por cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, en relación en el párrafo sexto del apartado B del artículo 26 Constitucional. Finalmente, con transcripción del presente auto, remítase oficio, al correo electrónico mazapil.2018@outlook.com, proporcionado por la secretaria particular del Presidente Municipal de Mazapil, Zacatecas, para los efectos legales conducentes.
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