Salvador Maldonado Trejo
Expediente 1306/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1306/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Salvador Maldonado Trejo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, toda vez que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.
- Principal
vista; la demanda de amparo presentada por *, se acuerda: Ahora, como punto de partida, se trae a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. ." En el caso, el quejoso hace consistir el acto reclamado en: ". IV.- ACTO RECLAMADO.- lo es la Sentencia Definitiva dictada por la Responsable en fecha quince de marzo de dos mil dieciocho dentro de los autos del Juicio de Nulidad número TJA/143/2017-I, y en general todo el procedimiento dentro del mencionado Juicio de Nulidad desde el momento del emplazamiento ya que no fui llamado a Juicio como Tercero." Y, del contenido íntegro de los antecedentes de la demanda de amparo, se desprende que: 1. *, solicitó concesión en razón de la convocatoria del gobierno del estado al público en general, a efecto de acreditar nuevos designados como concesionarios, para lo cual se le otorgo el folio 1091. 2. No obstante, no se respetó lo establecido en la convocatoria y las concesiones se otorgaron a personas que no reunían el perfil que se señalaba en la misma y por lo que no le fue otorgada. 3. Al cumplir con la convocatoria se percató que se exhibieron las listas y que desde entonces había irregularidades en la entrega de las concesiones, en las que muchos funcionarios intervinieron en el procedimiento para que sus familiares recibieran las concesiones. 4. El quince de noviembre de dos mil dieciséis, presentó escrito de denuncia en la Dirección Jurídica y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, ratificado el mismo día y posteriormente el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, amplió la denuncia y la ratificó. 5. Derivado de ello, se abrió el procedimiento de responsabilidades administrativas número DJ/60/QD/2016, que después se individualizó en diversos expedientes, y al servidor público *, le correspondió el DJ/05/QD/2017, que al ser resuelto determinó una responsabilidad y sanción para dicho servidor público. 6. El veintinueve de mayo se notificó al quejoso resolución en el mismo procedimiento DJ/05/QD/2017, radicado en la Subsecretaría de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, en que se determinó que * queda eximido de responsabilidad, a consecuencia de un juicio de nulidad que interpuso el mencionado servidor público radicado en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, con el número TJA/143/2017-I, lo que constituye los actos reclamados. De lo anterior se desprende que en el caso concreto, el acto reclamado deriva de un procedimiento de responsabilidad administrativo, en que en primer término se determinó sancionar al servidor público *, virtud a la denuncia presentada, ampliada y ratificada por el quejoso *, ante la Dirección Jurídica de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública; pero, al haber interpuesto el servidor público denunciado juicio de nulidad, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, dicho servidor público fue eximido de responsabilidad. Al efecto, el procedimiento de que se trata tiene por objeto sancionar conductas irregulares cometidas por los servidores públicos del Gobierno del Estado de Zacatecas, conductas que cualquier persona tiene derecho denunciar, con lo cual se instaura un procedimiento que tiene como propósito fundamental imponer al infractor una sanción disciplinaria por la conducta cometida con la finalidad de preservar una conducta optima en el servicio público; lo que no trae como consecuencia tutelar o salvaguardar el interés particular de quien denuncia. Lo anterior, permite concluir que el aquí quejoso *, carece de interés jurídico y legitimo para acudir ante esta instancia constitucional a combatir la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, en la que se eximió de responsabilidad alguna al servidor público *, ya que, si bien, por una parte, *, cuenta con facultad para formular la denuncia contra la irregularidad cometida por el servidor público, al tratarse de un procedimiento sancionador de conductas irregulares, dicha facultad no abarca la de exigir de la autoridad sancionadora una determinada conducta respecto de sus pretensiones denunciadas; además, ésta no tiene el carácter de parte dentro del procedimiento pues una vez presentada la denuncia termina su participación dentro del mismo, de ahí que el denunciante de la conducta irregular, no tiene reconocido un derecho subjetivo dentro del procedimiento y por tanto, carece de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que determinó absolver o no sancionar al servidor público que fue denunciado. Al respecto, cabe señalar que el interés legítimo para la promoción del amparo requiere que el acto reclamado viole los derechos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo, para que con ello se produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del peticionario de garantías, de ahí que se arriba a la evidente conclusión, en el sentido de que el denunciante de la conducta irregular no tiene interés legítimo para reclamar en amparo, la resolución que determinó absolver al servidor público denunciado. En esta lógica, deviene incuestionable que, en la especie, no se satisface el presupuesto procesal, consistente en que el quejoso y denunciante tenga un interés jurídico o interés legítimo, lo que resulta evidente, notorio, manifiesto y de inicio en el juicio de amparo, habida cuenta que la pretensión del peticionario de amparo es absolutamente inviable. A mayor abundamiento, cabe añadir que a nada práctico conduciría admitir la demanda de amparo y darle oportunidad al quejoso de ofrecer pruebas, toda vez que no se trata de una cuestión de hecho, sino de una interpretación de derecho y, por ello, en la sentencia tendría que decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico o interés legítimo. En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por *, por propio derecho, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Ténganse por autorizados en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rocío Maldonado Trejo y Olga Hilda Valenzuela Arellano, toda vez que no se proporcionan los datos que les faculten para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Miguel Alemán número doscientos ocho (208) interior cinco (5) en la colonia Sierra de Álica en esta ciudad.
- Principal
Publico por medio de lista el auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, con efectos de notificar a la parte quejosa: vista; la demanda de amparo presentada por *, se acuerda: Ahora, como punto de partida, se trae a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. ." En el caso, el quejoso hace consistir el acto reclamado en: ". IV.- ACTO RECLAMADO.- lo es la Sentencia Definitiva dictada por la Responsable en fecha quince de marzo de dos mil dieciocho dentro de los autos del Juicio de Nulidad número TJA/143/2017-I, y en general todo el procedimiento dentro del mencionado Juicio de Nulidad desde el momento del emplazamiento ya que no fui llamado a Juicio como Tercero." Y, del contenido íntegro de los antecedentes de la demanda de amparo, se desprende que: 1. *, solicitó concesión en razón de la convocatoria del gobierno del estado al público en general, a efecto de acreditar nuevos designados como concesionarios, para lo cual se le otorgo el folio 1091. 2. No obstante, no se respetó lo establecido en la convocatoria y las concesiones se otorgaron a personas que no reunían el perfil que se señalaba en la misma y por lo que no le fue otorgada. 3. Al cumplir con la convocatoria se percató que se exhibieron las listas y que desde entonces había irregularidades en la entrega de las concesiones, en las que muchos funcionarios intervinieron en el procedimiento para que sus familiares recibieran las concesiones. 4. El quince de noviembre de dos mil dieciséis, presentó escrito de denuncia en la Dirección Jurídica y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, ratificado el mismo día y posteriormente el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, amplió la denuncia y la ratificó. 5. Derivado de ello, se abrió el procedimiento de responsabilidades administrativas número DJ/60/QD/2016, que después se individualizó en diversos expedientes, y al servidor público *, le correspondió el DJ/05/QD/2017, que al ser resuelto determinó una responsabilidad y sanción para dicho servidor público. 6. El veintinueve de mayo se notificó al quejoso resolución en el mismo procedimiento DJ/05/QD/2017, radicado en la Subsecretaría de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, en que se determinó que * queda eximido de responsabilidad, a consecuencia de un juicio de nulidad que interpuso el mencionado servidor público radicado en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, con el número TJA/143/2017-I, lo que constituye los actos reclamados. De lo anterior se desprende que en el caso concreto, el acto reclamado deriva de un procedimiento de responsabilidad administrativo, en que en primer término se determinó sancionar al servidor público *, virtud a la denuncia presentada, ampliada y ratificada por el quejoso *, ante la Dirección Jurídica de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública; pero, al haber interpuesto el servidor público denunciado juicio de nulidad, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, dicho servidor público fue eximido de responsabilidad. Al efecto, el procedimiento de que se trata tiene por objeto sancionar conductas irregulares cometidas por los servidores públicos del Gobierno del Estado de Zacatecas, conductas que cualquier persona tiene derecho denunciar, con lo cual se instaura un procedimiento que tiene como propósito fundamental imponer al infractor una sanción disciplinaria por la conducta cometida con la finalidad de preservar una conducta optima en el servicio público; lo que no trae como consecuencia tutelar o salvaguardar el interés particular de quien denuncia. Lo anterior, permite concluir que el aquí quejoso *, carece de interés jurídico y legitimo para acudir ante esta instancia constitucional a combatir la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, en la que se eximió de responsabilidad alguna al servidor público *, ya que, si bien, por una parte, *, cuenta con facultad para formular la denuncia contra la irregularidad cometida por el servidor público, al tratarse de un procedimiento sancionador de conductas irregulares, dicha facultad no abarca la de exigir de la autoridad sancionadora una determinada conducta respecto de sus pretensiones denunciadas; además, ésta no tiene el carácter de parte dentro del procedimiento pues una vez presentada la denuncia termina su participación dentro del mismo, de ahí que el denunciante de la conducta irregular, no tiene reconocido un derecho subjetivo dentro del procedimiento y por tanto, carece de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que determinó absolver o no sancionar al servidor público que fue denunciado. Al respecto, cabe señalar que el interés legítimo para la promoción del amparo requiere que el acto reclamado viole los derechos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo, para que con ello se produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del peticionario de garantías, de ahí que se arriba a la evidente conclusión, en el sentido de que el denunciante de la conducta irregular no tiene interés legítimo para reclamar en amparo, la resolución que determinó absolver al servidor público denunciado. En esta lógica, deviene incuestionable que, en la especie, no se satisface el presupuesto procesal, consistente en que el quejoso y denunciante tenga un interés jurídico o interés legítimo, lo que resulta evidente, notorio, manifiesto y de inicio en el juicio de amparo, habida cuenta que la pretensión del peticionario de amparo es absolutamente inviable. A mayor abundamiento, cabe añadir que a nada práctico conduciría admitir la demanda de amparo y darle oportunidad al quejoso de ofrecer pruebas, toda vez que no se trata de una cuestión de hecho, sino de una interpretación de derecho y, por ello, en la sentencia tendría que decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico o interés legítimo. En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por *, por propio derecho, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Ténganse por autorizados en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rocío Maldonado Trejo y Olga Hilda Valenzuela Arellano, toda vez que no se proporcionan los datos que les faculten para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Miguel Alemán número doscientos ocho (208) interior cinco (5) en la colonia Sierra de Álica en esta ciudad.
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