Salvador Rentería Escalante
Expediente 939/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 939/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Salvador Rentería Escalante
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de la parte quejosa. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible. Por otra parte, atento al contenido del auto de siete del mes y año en curso, y advirtiéndose que obran documentos originales presentados por el quejoso en su escrito inicial de demanda; por tanto, requiérase al quejoso, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificado, a fin de recoger los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, previa constancia de su desglose y copia simple que se deje en su lugar, apercibido que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el presente expediente.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para obrar como corresponda el escrito presentado por el licenciado Juan Manuel Puente López, en su carácter de autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que no ha quedado firme el auto de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, por lo que una vez que ello suceda se acordará lo que en derecho corresponda.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por **************, por su propio derecho, contra actos de un particular, por violación a los artículos 1°, 5°, 11, 14, 16, 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo bajo el número 939/2017-III. Ahora, del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que exista un motivo de improcedencia y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. En esas condiciones, debe decirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: ".II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Ahora, previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, menester resulta precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el ordinal 5, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que los promoventes tengan el carácter de gobernados y los entes señalados como autoridades actúen en un plano superior. Apoya lo anterior, la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora bien, el quejoso señala en el caso, tiene el carácter de autoridad responsable a ".La Sociedad PLATA PANAMERICANA, S.A. DE C.V. (COMO PARTICULAR).", con domicilio en El Mineral de la Colorada sin número en Chalchihuites, Zacatecas; que la citada le ha ocasionado molestia y lo sigue ocasionando a él y a su familia, toda vez que no les permite el libre acceso a su domicilio, por lo que los privan del libre tránsito y de su libertad totalmente, ya que se encuentra circulada y de forma ilegal los hacen esperar hasta más de tres horas, para permitirles la entrada y salida a su hogar, sin tomar en cuenta que pasan los camiones cargados con materiales a una distancia mínima de su propiedad, ocasionando daños a su vivienda y a los frutos de la misma. De lo anterior es claro que el acto reclamado consiste en que al quejoso y a su familia se les impide acceso libre a su propiedad, pues tienen que esperar hasta tres horas o más para entrar o salir de su hogar, que La Sociedad PLATA PANAMERICANA, S.A. DE C.V. (COMO PARTICULAR), a quien señala como responsable, de forma arbitraria construyó un alambrado y casetas de vigilancia, circulando un perímetro que no es propiedad de la minera, que suponiendo que lo fuera, desde antes que llegara la minera existía una servidumbre de paso, la cual no respetan y se les priva de sus derechos humanos y garantías constitucionales, como libertad y derecho a no ser molestados en sus propiedades y posesiones y derechos. Ahora, en mérito de las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, a saber, la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular y que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. En correlación con el acto que reclama el accionante del amparo es incluso que al ser acto entre particulares y que como incluso lo indica en su escrito por el que promueve demanda de amparo la acción que reclama a la Sociedad PLATA PANAMERICANA, S.A. DE C.V. (COMO PARTICULAR), no le reviste el carácter de responsable, para los efectos del presente juicio de amparo, puesto que se está en presencia de actos entre particulares; además de que el actuar de quien señala como autoridad responsable no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad; máxime que, no se está en la hipótesis de la fracción II, párrafo segundo, del numeral 5, de la Ley de Amparo, por virtud de no realizan actos equivalentes a los de la autoridad, sino como se dijo, se equiparan a actos entre particulares y de existir inconformidad de parte legítima, debe dirimirse el conflicto respectivo ante autoridad competente. En ese tópico, el Juicio de Garantías no es el medio para reclamar los derechos que considera se le pretenden desconocer o desconocen, dado que el promovente tiene a su alcance para hacer valer su reclamación la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades civiles o penales de acuerdo a la acción que se tenga que ejercitar respecto de los hechos que destaca en relación con las molestias que dicha particular le ocasiona. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 13, consultable en la página 13, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que dice: "ACTOS DE PARTICULARES. IMPROCEDENCIA. No pueden ser objeto del juicio de garantías, que se ha instituido para combatir los de las autoridades que se estimen violatorios de la constitución". Asimismo, es aplicable la tesis visible en la página 223, del Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de Diciembre de 1991, Octava Época, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO DERIVA DE UNA AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE GARANTÍAS. Es improcedente el amparo si el acto reclamado consiste en la negativa del Procurador General de Justicia del Estado a reinstalar en el cargo a un agente de la policía judicial, pues tales actos no son de autoridad para los efectos del juicio de garantías, sino que derivan de la relación laboral, en la cual el Estado, despojado de imperium, actúa como patrón cuyas diferencias deben dirimirse ante el Tribunal de Arbitraje de la entidad". A mayor abundamiento, sus funciones no se encuentran determinadas en una norma general para que en su caso, puedan impugnar su actuar mediante esta vía constitucional. En las relatadas condiciones, de conformidad con el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, Fracción I y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, la acción de amparo, intentada por el peticionario de garantías, es notoriamente improcedente; en consecuencia, se impone DESECHAR DE PLANO, por su manifiesta e indudable improcedencia. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en su numeral 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona.
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