Salvador Martínez Duarte
Expediente 463/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 463/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Salvador Martínez Duarte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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En veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, certifico: que en el libro de promociones de la Oficialía de Partes de este juzgado, no obra escrito alguno tendente a recurrir el auto pronunciado el diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Además, que el plazo previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el proveído de referencia, transcurrió del veintiocho de marzo al uno de abril, ambos de dos mil veintidós. Con la anterior certificación se da cuenta al juez, así como con el estado procesal de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
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SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE 14 DE MARZO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) D ELA LEY DE AMPARO. "...Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a José Inés Ramos Juárez, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables precisadas, por las razones expuestas y para los efectos indicados en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. ...
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SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 14 DE MARZO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "Zacatecas, Zacatecas, catorce de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con cinco minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente asunto; sin embargo se advierte que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Ojocaliente, Zacatecas, al rendir su informe justificado manifestó: "que son parcialmente cierto los actos que reclama el quejoso porque en este juzgado se radicó el juicio de Divorcio Incausado número 168/2020, que promueve CLAUDIA LA RIVA ORTIZ en contra de ARTURO TISCAREÑO GAYTÁN, en el cual se decretó como MEDIDA URGENTE Y PROVISIONAL LA SEPARACION DE LOS CONYUGES, por lo que se ordenó REQUERIR al ahora quejoso para que dentro del término de cuarenta y ocho horas abandonara el domicilio conyugal." En consecuencia, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 111, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo, se determina requerir a la parte quejosa para que dentro del término de quince días hábiles, legalmente computados, manifieste: Si es su deseo ampliar la demanda respecto de la MEDIDA URGENTE Y PROVISIONAL LA SEPARACION DE LOS CONYUGES, dentro del juicio de Divorcio Incausado número 168/2020. De ser así, cumpla con los requisitos a que se refiere el ordinal 108 de la ley de la materia; bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, se continuará el trámite del presente juicio únicamente respecto de los actos reclamados y autoridades responsables indicados en el escrito inicial de demanda. En consecuencia, para dar oportunidad a que se reciba dicha información, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretario que autoriza y da fe. Yasmin
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA ÑEY DE AMPARO: CUENTA. En diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta con un escrito de registro 6428, así como con lo siguiente: El auto de once de marzo de dos mil veintidós, fue notificado a la parte quejosa el catorce de marzo del presente año, por lo tanto el término de cinco días concluye el veintitrés del presente mes y año, siendo que el escrito de cuenta se presentó el quince de los corrientes. Zacatecas, Zacatecas, a diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Visto el escrito firmado electrónicamente por David Eduardo Castruita Flores, abogado patrono de la parte quejosa Salvador Martínez Duarte, mediante el cual, da cumplimiento al auto de once de marzo del presente año, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes y se acuerda lo siguiente: DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado y autoridad responsable lo siguiente: Autoridad ordenadora: Juez Segundo de lo Civil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas. Acto reclamado: Auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio intestamentario 156/2004-B, del índice de la responsable. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Salvador Martínez Duarte, dado que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad; como se explicará a continuación. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo se reproduce: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] El precepto legal transcrito contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, conforme al cual, previo a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues, de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados; por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: a) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas; b) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio; y, d) cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. A su vez el artículo 259 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas establece: Articulo 259.- Son improcedentes y el juez podrá rechazar de plano las pruebas que se rindan: I.- Para demostrar hechos que no son materia de la controversia o no han sido alegados por las partes; II.- Para demostrar hechos que quedaron admitidos por las partes y sobre los que no se suscitó controversia, al quedar fijado el debate; III.- Para demostrar un hecho que no pueda existir por que sea incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica que deba regirlo necesariamente; IV.- En los casos expresamente prohibidos por la ley; V.- Con fines notoriamente maliciosos o dilatorios, y VI.- En número excesivo en relación con otras pruebas sobre los mismos hechos. Contra el auto que deseche una prueba, procede la apelación preventiva cuando fuere apelable la sentencia en lo principal. De la lectura del precepto transcrito se advierte la procedencia del recurso de apelación preventiva procede contra las desechen una prueba en el juicio de origen. Pues bien, precisado quedó en párrafos que preceden, que el acto reclamado consiste en el auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente sucesorio intestamentario 156/2004-B, en la que el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, resolvió que la carga de la prueba recaía a la parte ahora quejosa, respecto a las colindancias de un bien inmueble, no admitiendo diversas pruebas ofertadas por la ahora quejosa. Bajo las apuntadas premisas, es posible concluir que: 1. Si el quejoso tiene el carácter de albacea en el juicio de origen, ello permite afirmar que no comparece al presente juicio de derechos en su calidad de tercero extraño, sino como parte procesal. 2. Así, atendiendo a que el peticionario de amparo es parte procesal en el citado expediente; por ende, tiene la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa correspondientes en contra del acto que considera violatorio de garantías, como en la especie lo es el recurso de apelación preventiva que establece el ordinal 259, último párrafo, del Código Procesal Civil del Estado. Luego, como no se hizo valer este medio de impugnación por el inconforme, previo a la promoción del juicio de amparo, no agotó el mencionado recurso de apelación preventiva que establece el ordenamiento legal citado, como medio de impugnación para confirmar, revocar o modificar la determinación reclamada, incumplió con el principio de definitividad; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso no es tercero extraño al juicio natural, pues compareció a éste en su calidad de demandado. La resolución reclamada no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. Sólo resta decir que, atendiendo a la naturaleza del auto reclamado, no se advierte que se actualice alguna excepción al principio de definitividad para que pudiera tornarse procedente el juicio de garantías que en esta vía de amparo indirecto se promueve. Corrobora lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 1527 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, que a la letra se lee: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SUS EXCEPCIONES, EN ASUNTOS DEL ORDEN CIVIL. En la tesis aislada número 2a. LVI/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, del mes de julio de dos mil, de rubro: DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO., se estimó que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman, entre otros, los actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y los que carezcan de fundamentación. Dicho criterio, a pesar de estar ubicado en la materia común, según se desprende de sus datos de localización, y de que resulta tajante al referir dichas excepciones, no se estima aplicable a los asuntos del orden civil. Lo anterior es así, en virtud de que en relación con el primer supuesto de excepción citado, este tribunal considera que del contenido de la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se desprende que esa haya sido la intención del Constituyente, ya que por el contrario, del inciso aludido claramente se evidencia que si bien el juicio de amparo procede contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; sin embargo, ello está condicionado al agotamiento previo de los recursos que en su caso procedan; lo anterior, sin desconocer que existen supuestos de excepción a dicha regla, como los contemplados en el artículo 107, fracciones III, inciso c) (contra actos que afectan a personas extrañas al juicio), IV (los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución) y XII (los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal) y en el diverso 73, fracciones XII (amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación), XIII (los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional) y XV (los que carezcan de fundamentación) de la Ley de Amparo, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que, como todas las normas que establecen excepciones, son de estricta aplicación, según lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XIX, página 754 de rubro: LEYES DE EXCEPCIÓN.; de ahí que no se estime acertado sostener como regla general, que contra los actos de ejecución irreparable no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios, pues al menos en la materia civil ello, en todo caso, resulta excepcional; asimismo, tampoco se comparte la afirmación genérica contenida en dicha tesis aislada en el sentido de que no existe la obligación de cumplir con el principio de definitividad, cuando se reclaman actos que carezcan de fundamentación, pues dicha excepción no resulta aplicable cuando el acto reclamado hubiere sido dictado por un tribunal judicial, como es el caso de la materia civil, ya que dicha salvedad se ubica en el segundo párrafo de la fracción XV del numeral 73 de la Ley de Amparo, la cual sólo es aplicable, como literalmente lo refiere: Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ..., hipótesis que evidentemente no sería extensiva a casos en donde el acto reclamado se trate de resoluciones dictadas por tribunales judiciales, como generalmente lo es en la materia civil; además, como se ha dicho, las normas que establecen excepciones son de estricta aplicación y, por tanto, dicha excepción no puede aplicarse por analogía a caso alguno no comprendido en ellas; de ahí que la afirmación genérica que se contiene en tales supuestos de la tesis aislada en comento, no es de compartirse en asuntos del orden civil, sobre todo cuando de los datos de localización de tal criterio, se le ubica en la Materia(s): Común. Asimismo, apoya lo expuesto la Jurisprudencia emitida por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1214 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Agosto de 2007, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. De igual manera, ilustra el sentido de lo analizado la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de 2012, tomo 1, página 729, Registro: 2001155 que señala lo siguiente: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. De igual forma, respalda lo determinado por analogía, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, Mayo de 1991, consultable a página 277, Registro: 223024, la cual establece: RECURSOS ORDINARIOS EN MATERIA CIVIL. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si interpuesto el recurso de apelación extraordinaria el juez de primer grado lo desecha, previamente al juicio de garantías, procede el recurso de queja, por denegada apelación, previsto en el artículo 723, fracción III del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; pero, cuando el desechamiento de tal apelación, lo dicta el tribunal de alzada, también previamente al juicio constitucional, debe agotarse el recurso ordinario de reposición, previsto en el artículo 686 del ordenamiento citado. Consecuentemente, estándose en el primer supuesto, procede confirmar el sobreseimiento decretado por la juez de Distrito, ya que, el peticionario, previamente a la demanda de garantías, debió agotar el citado recurso ordinario de queja y no el de apelación que erróneamente promovió. Aunado a lo anterior, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los preceptos citados establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . Del análisis de las citadas porciones normativas, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, sólo procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Este tipo de actos son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Además, deben producir en los gobernados efectos materiales inmediatos sobre tales derechos. En oposición a lo antes mencionado, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación y que no lesionan de manera directa e inmediata derechos sustantivos, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales. Lo anterior es así, ya que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquéllas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna en la esfera del gobernado. Cabe precisar que en la Ley de Amparo vigente, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir como ya se dijo, una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Ahora, el auto reclamado de ocho de febrero del presente año, dictado en el juicio de origen, el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas resolvió que la carga de la prueba constituía al ahora quejoso, desechando diversas pruebas ofertadas por el ahora quejoso, no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no afecta los derechos sustantivos del impetrante consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, etcétera, pues no le impide el ejercicio de algún derecho, es decir, no atenta en contra de aquéllas prerrogativas de las que no se le puede privar ni restringir, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello; de ahí que el acto que reclama sólo afecta derechos procesales o adjetivos. Lo anterior es así, pues de obtener el agraviado una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, la violación procesal que ahora constituye el acto reclamado, quedará extinguida sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos y, en caso de que no sea así, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, estará en condiciones de hacer valer tal violación, en el recurso ordinario, o bien, en el amparo que se intente en contra de dicho fallo. No pasa inadvertido para este juzgador, que si bien, la parte quejosa refiere como acto reclamado la paralización del juicio de origen, lo cierto es que ello lo hace depender de la ilegalidad del auto de ocho de febrero de dos mil veintidós y no como una omisión autónoma que evidencie que la autoridad responsable no ha respetado los plazos y términos que rigen las leyes del procedimiento natural, o bien, que haya dejado de atender una promoción o solicitud; por tanto, al ser esa supuesta paralización del juicio una consecuencia directa e inmediata del auto reclamado, también debe desecharse la demanda de amparo sobre ese aspecto. A mayor abundamiento, el artículo 11 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Sin embargo, dicho precepto no establece que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo en representación de su autorizante. Máxime que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria señala al disponer en su artículo 6o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 11 para efectos de la promoción del juicio de amparo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria. Aunado a lo anterior, de las documentales que el promovente del amparo acompañó a su escrito inicial de demanda, no consta un mandato para promover amparo; por tanto, las facultades de abogado patrono no lo facultan para promover amparo. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de derechos promovida por David Eduardo Castruita Flores, como abogado patrono de Salvador Martínez Duarte con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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