Salvador Maldonado Trejo
Expediente 1340/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1340/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Salvador Maldonado Trejo
Actuaciones
- Principal
El veintitrés de julio de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del dieciséis al veinte de julio del año en curso; contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, al no ser de relevancia documental, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Por último, mediante oficio devuélvase a la autoridad responsable, Subsecretaría de Responsabilidades de la Secretaría de Función Pública de Gobierno del estado de Zacatecas, el expediente administrativo DJ/08/QD/2017. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Karla.
- Principal
CUENTA. El seis de julio de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: Oficio signado por la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con el folio 13949, por el que remite el juicio de amparo directo administrativo 622/2018, promovido por Salvador Maldonado Trejo, contra actos de la Subsecretaría de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, así como el expediente administrativo DJ/08/QD/2017. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de julio de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite el juicio de amparo directo administrativo 622/2018, promovido por Salvador Maldonado Trejo, contra actos de la Subsecretaría de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, así como el expediente administrativo DJ/08/QD/2017. COMPETENCIA. Ahora bien, toda vez que del contenido del proveído de cuatro de julio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de amparo directo administrativo 622/2018, se advierte que dicho órgano colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver respecto de la demanda promovida por Salvador Maldonado Trejo, contra actos de la Subsecretaría de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad; y ordena se remita al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno; en consecuencia, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1340/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado y autoridad responsable, lo siguiente: De la Subsecretaría de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad La resolución de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, dictada dentro del procedimiento de Responsabilidad Administrativa DJ/08/QD/2017, misma que le fue notificada el veintinueve de mayo pasado. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, visible en la página 890, Materia Común, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.'. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.'. Bajo ese tenor, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". Del precepto reproducido, se obtiene que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama; y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente. En la especie, del análisis de la demanda de cuenta, se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado esencialmente en la resolución de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, dictada dentro del procedimiento de Responsabilidad Administrativa DJ/08/QD/2017, emitida por la Subsecretaría de Responsabilidades de la Secretaría de Función Pública de Gobierno del estado de Zacatecas, en la que se determinó que José Manuel Rodríguez Menchaca (aquí tercero interesado), quedó eximido de responsabilidad, a consecuencia de un juicio de nulidad TJA/145/2017-I promovido por el antes nombrado ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Conforme a lo anterior, es evidente que los mencionados actos son de carácter administrativo al ser emitidos por autoridades de la administración pública estatal, por tanto, dicha determinación debe ser impugnada previamente a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, previsto en la fracción I del artículo 20, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado Zacatecas, que dispone lo siguiente: "Artículo 20. Las atribuciones del Pleno serán jurisdiccionales y administrativas, en los términos siguientes: A. Por las jurisdiccionales podrá conocer: De los juicios de nulidad de los actos o resoluciones que las autoridades de la administración pública estatal y municipal, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de personas físicas o morales.;" Luego, resulta inconcuso que el promovente antes de acudir a esta instancia constitucional, debió agotar el medio de defensa ordinario procedente, contra la resolución de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, dictada en el expediente DJ/08/QD/2017, emitida por la Subsecretaría de Responsabilidades de la Secretaría de Función Pública de Gobierno del estado de Zacatecas; es decir, el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, como se observa del indicado numeral 20, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. En tales condiciones, debe concluirse que en la especie no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues el acto que se reclama no tiene carácter de definitivo, ya que es susceptible de modificarse, revocarse o nulificarse a través del medio de defensa precisado con antelación, por el cual, el ocursante está en aptitud de promover, al tratarse de actos emitidos por la Subsecretaría de Responsabilidades de la Secretaría de Función Pública de Gobierno del Estado, quien es un organismo público centralizado de la administración pública estatal del estado de Zacatecas, por lo que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XX, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales; y, por tanto, que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda en cuestión. Cabe agregar que en la Ley de Justicia Administrativa del Estado Zacatecas, sus artículos del 95 al 100, prevén la suspensión de los actos impugnados, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo. En tales circunstancias, se concluye que en la especie no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues el acto que se reclama no tiene carácter de definitivo, ya que es susceptible de modificarse, revocarse o nulificarse a través del medio de defensa precisado, el cual la parte quejosa se encuentra en aptitud de promover, a fin de que sean respetadas las garantías de previa audiencia y legalidad que se consignan en los preceptos 14 y 16 de la Carta Magna, por tratarse de determinación que se encuentra dirigida a su persona. Sin que en el caso se advierta que el recurso de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se encuentre previsto en un reglamento, pues como ya se indicó, dicho medio de impugnación lo contempla la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. Sirve de apoyo de lo anterior por identidad de razón, la Jurisprudencia XV.4o. J/6, emitida por el CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, visible en la página 1514, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SISTEMA NORMATIVO QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD PREVIO A INTENTAR LA VÍA CONSTITUCIONAL.- Del examen comparativo de los artículos 59 a 62 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni contravenga disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo tanto, salvo que se actualice alguna diversa excepción al principio de definitividad, debe agotarse el juicio de nulidad previo a intentar la vía constitucional, en contra de los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado". Robustece lo anterior, la jurisprudencia número XXI.2º.J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 87, tomo 83, Noviembre de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." También, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 175-180 Tercera Parte, página 119, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." En esas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, procede desechar la demanda de amparo, promovida por Salvador Maldonado Trejo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tiene como autorizada con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada Olga Hilda Valenzuela Arellano toda vez que cuenta con cédula profesional 3356691 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente como autorizada para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Rocío Maldonado Trejo, toda vez que no cuenta con ese requisito; y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Miguel Alemán número doscientos ocho, interior cinco (208-5), colonia Sierra de Álica de esta ciudad. Finalmente, a efecto de facilitar la consulta del expediente en que se actúa, con las constancias que se remiten, fórmese cuaderno de pruebas por separado. Notifíquese personalmente. Así lo provee y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. KARLA
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el auto dictado el seis de julio de dos mil dieciocho, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. CUENTA. El seis de julio de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: Oficio signado por la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con el folio 13949, por el que remite el juicio de amparo directo administrativo 622/2018, promovido por Salvador Maldonado Trejo, contra actos de la Subsecretaría de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, así como el expediente administrativo DJ/08/QD/2017. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de julio de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite el juicio de amparo directo administrativo 622/2018, promovido por Salvador Maldonado Trejo, contra actos de la Subsecretaría de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, así como el expediente administrativo DJ/08/QD/2017. COMPETENCIA. Ahora bien, toda vez que del contenido del proveído de cuatro de julio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de amparo directo administrativo 622/2018, se advierte que dicho órgano colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver respecto de la demanda promovida por Salvador Maldonado Trejo, contra actos de la Subsecretaría de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad; y ordena se remita al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno; en consecuencia, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1340/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado y autoridad responsable, lo siguiente: De la Subsecretaría de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad La resolución de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, dictada dentro del procedimiento de Responsabilidad Administrativa DJ/08/QD/2017, misma que le fue notificada el veintinueve de mayo pasado. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, visible en la página 890, Materia Común, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.'. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.'. Bajo ese tenor, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". Del precepto reproducido, se obtiene que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama; y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente. En la especie, del análisis de la demanda de cuenta, se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado esencialmente en la resolución de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, dictada dentro del procedimiento de Responsabilidad Administrativa DJ/08/QD/2017, emitida por la Subsecretaría de Responsabilidades de la Secretaría de Función Pública de Gobierno del estado de Zacatecas, en la que se determinó que José Manuel Rodríguez Menchaca (aquí tercero interesado), quedó eximido de responsabilidad, a consecuencia de un juicio de nulidad TJA/145/2017-I promovido por el antes nombrado ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Conforme a lo anterior, es evidente que los mencionados actos son de carácter administrativo al ser emitidos por autoridades de la administración pública estatal, por tanto, dicha determinación debe ser impugnada previamente a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, previsto en la fracción I del artículo 20, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado Zacatecas, que dispone lo siguiente: "Artículo 20. Las atribuciones del Pleno serán jurisdiccionales y administrativas, en los términos siguientes: A. Por las jurisdiccionales podrá conocer: De los juicios de nulidad de los actos o resoluciones que las autoridades de la administración pública estatal y municipal, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de personas físicas o morales.;" Luego, resulta inconcuso que el promovente antes de acudir a esta instancia constitucional, debió agotar el medio de defensa ordinario procedente, contra la resolución de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, dictada en el expediente DJ/08/QD/2017, emitida por la Subsecretaría de Responsabilidades de la Secretaría de Función Pública de Gobierno del estado de Zacatecas; es decir, el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, como se observa del indicado numeral 20, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. En tales condiciones, debe concluirse que en la especie no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues el acto que se reclama no tiene carácter de definitivo, ya que es susceptible de modificarse, revocarse o nulificarse a través del medio de defensa precisado con antelación, por el cual, el ocursante está en aptitud de promover, al tratarse de actos emitidos por la Subsecretaría de Responsabilidades de la Secretaría de Función Pública de Gobierno del Estado, quien es un organismo público centralizado de la administración pública estatal del estado de Zacatecas, por lo que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XX, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales; y, por tanto, que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda en cuestión. Cabe agregar que en la Ley de Justicia Administrativa del Estado Zacatecas, sus artículos del 95 al 100, prevén la suspensión de los actos impugnados, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo. En tales circunstancias, se concluye que en la especie no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues el acto que se reclama no tiene carácter de definitivo, ya que es susceptible de modificarse, revocarse o nulificarse a través del medio de defensa precisado, el cual la parte quejosa se encuentra en aptitud de promover, a fin de que sean respetadas las garantías de previa audiencia y legalidad que se consignan en los preceptos 14 y 16 de la Carta Magna, por tratarse de determinación que se encuentra dirigida a su persona. Sin que en el caso se advierta que el recurso de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se encuentre previsto en un reglamento, pues como ya se indicó, dicho medio de impugnación lo contempla la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. Sirve de apoyo de lo anterior por identidad de razón, la Jurisprudencia XV.4o. J/6, emitida por el CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, visible en la página 1514, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SISTEMA NORMATIVO QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD PREVIO A INTENTAR LA VÍA CONSTITUCIONAL.- Del examen comparativo de los artículos 59 a 62 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni contravenga disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo tanto, salvo que se actualice alguna diversa excepción al principio de definitividad, debe agotarse el juicio de nulidad previo a intentar la vía constitucional, en contra de los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado". Robustece lo anterior, la jurisprudencia número XXI.2º.J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 87, tomo 83, Noviembre de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." También, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 175-180 Tercera Parte, página 119, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." En esas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, procede desechar la demanda de amparo, promovida por Salvador Maldonado Trejo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tiene como autorizada con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada Olga Hilda Valenzuela Arellano toda vez que cuenta con cédula profesional 3356691 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente como autorizada para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Rocío Maldonado Trejo, toda vez que no cuenta con ese requisito; y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Miguel Alemán número doscientos ocho, interior cinco (208-5), colonia Sierra de Álica de esta ciudad. Finalmente, a efecto de facilitar la consulta del expediente en que se actúa, con las constancias que se remiten, fórmese cuaderno de pruebas por separado. Notifíquese personalmente. Así lo provee y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. KARLA
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