Salvador Maldonado Trejo
Expediente 1265/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1265/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 31/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Salvador Maldonado Trejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
El suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del quince al veintiséis de octubre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro del propio mes y año; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión; Sí existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, el juicio de nulidad TJA/144/2017, que remitió en apoyo a su informe justificado y que obra por separado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Bjm
- Principal
El once de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la razón actuarial que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de octubre de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta asentada por el actuario judicial adscrito, de la que se advierte que no le fue posible notificar al tercero interesado Juan Antonio Arellano Alvarado, la sentencia de cuatro de octubre del año en curso, toda vez que en el presente expediente no obra domicilio para oír y recibir notificaciones; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído dictado el seis de julio del propio año, y se ordena turnar los autos al diligenciario adscrito a este Tribunal Federal, a fin de que proceda a practicar la notificación del fallo de mérito por medio de lista, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales para el citado tercero interesado, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y daSE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA JUAN ANTONIO ARELLANO ALVARADO, LA SENTENCIA DE 04 DE OCTUBRE DE 2018, Asi como el auto de 08 de octubre de 2018. "El ocho de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con el oficio con folio 20421, con anexos que se acompañan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, en el que emitió la sentencia constitucional respectiva; por lo que, este juzgado se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014; de igual forma adjunta un tomo de pruebas. Acúsese vía electrónica el recibo de estilo al órgano jurisdiccional resolutor, agréguese al presente expediente el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado, previa extracción de las copias fotostáticas con las que se integró y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE. ..." San Andrés Cholula, Puebla, a cuatro de octubre de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1265/2018, promovido por Salvador Maldonado Trejo, contra los actos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO [Presentación de la demanda]. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil dieciocho [foja 2], en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Salvador Maldonado Trejo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y actos reclamados siguientes: Autoridad responsable: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: I. La sentencia de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad número TJA/144/2017-II. II. Todo lo actuado dentro del procedimiento del juicio de nulidad antes señalado. III. La falta del emplazamiento al multicitado juicio. La parte quejosa señaló como artículos vulnerados el 14, 16 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO [Admisión de demanda]. Por acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho [fojas 6 a 9], el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, registró la demanda con el número 1265/2018, admitió a trámite el juicio de amparo; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, quien formulo pedimentos en los que solicitó que se negara el amparo (fojas 19 a 21 y 26 a 28) y emplazó al tercero interesado. La audiencia constitucional se verificó el ocho de agosto de dos mil dieciocho, conforme al acta que obra a folio 29. TERCERO [Recepción del juicio de amparo en el juzgado auxiliar]. Mediante oficio 79/2018, de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, recibido en este juzgado federal a las nueve horas con treinta minutos del día once del mismo mes y año; signado por el Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre; en cumplimiento al oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; remitió el juicio de amparo 1265/2018, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Primero de Distrito del citado Centro Auxiliar, a fin de que se emita la sentencia correspondiente. CUARTO [Radicación en el juzgado auxiliar]. En auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, este Juzgado Primero de Distrito Auxiliar tuvo por recibido el juicio de amparo indicado, que para efectos de registro de este órgano auxiliar se radicó con el número 429/2018-II, y se acusó el recibo respectivo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO [Competencia]. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 33 fracción IV, 35, 107, 108, 112 de la Ley de Amparo; en el Acuerdo General 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como de conformidad con el oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se determinó otorgar auxilio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. SEGUNDO [Precisión de los actos reclamados]. Con fundamento en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, dada la obligación del Juez de Distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se tiene que los actos reclamados en el presente asunto son: I. La falta de emplazamiento al juicio contencioso administrativo número TJA/144/2017. II. Todo lo actuado en el citado expediente TJA/144/2017. III. La sentencia definitiva de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho, dictada en el expediente TJA/144/2017. Actos que atribuye al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. En lo que a la precisión de los actos reclamados se refiere, sirve de apoyo el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" [Registro No.181810. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Abril de 2004. Página: 255. Tesis: P. VI/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común], en el cual estableció que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, e incluso a la totalidad del expediente del juicio, a fin de atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. TERCERO [Certeza de actos]. Son ciertos los actos reclamados precisados en el considerando que antecede, pues así lo reconoció el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas al rendir su informe justificado (foja 13). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" [Época: Quinta Época. Registro: 1002815. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto. Materia(s): Común. Tesis: 749. Página: 830]. CUARTO [Causales de improcedencia del juicio]. De oficio se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico para combatir los actos reclamados. Para considerarlo así, es necesario tener presente lo dispuesto en los artículos 107 fracción I de la Constitución Federal, 5 fracción I y 61 fracción XII de la Ley de Amparo, conforme a los cuales es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, excepto en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pues en estos casos el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De igual forma, establecen uno de los principios rectores del juicio de amparo, consistente en que éste se siga a instancia de parte agraviada, y se entiende que tiene tal carácter aquél que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Carta Magna y con ello afecte su esfera jurídica, sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; esto es, el promovente debe justificar un interés, ya jurídico, ya legítimo. Ahora bien, en la especie los actos reclamados tienen su origen en un juicio de naturaleza administrativa tramitado ante un tribunal administrativo, por lo que es necesario que la parte quejosa acredite su interés jurídico para comparecer a la instancia constitucional, pues en este supuesto, no es dable que el juicio de amparo se promueva aduciendo la afectación de un interés legítimo, según se destacó en líneas precedentes. En este orden de ideas, es necesario poner de manifiesto que el interés jurídico se identifica con un derecho subjetivo, derivado de una norma objetiva, a favor de un sujeto determinado, resultando en consecuencia para éste una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad que trastoque ese derecho; por lo que, para que un gobernado pueda estar en aptitud de solicitar el amparo de la Justicia Federal, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho legítimamente tutelado por el orden normativo vigente, y que aquél haya sido vulnerado por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que integran el interés jurídico, a saber: a) La titularidad de un derecho a favor del gobernado. b) La existencia de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho proveniente de un ente investido de autoridad para efectos del juicio de amparo. Además, ese interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse de presunciones. Tiene aplicación la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Ahora bien, de las constancias que integran el expediente TJA/144/2017 del índice del Tribunal responsable, se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el quince de noviembre de dos mil dieciséis, ante la Directora de la Función Pública del Estado de Zacatecas, el aquí impetrante interpuso queja administrativa en contra de Juan Antonio Arellano Alvarado y otros funcionarios públicos de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas (fojas 185 a 191, tomo de pruebas). 2. Derivado de ello se instauró procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Juan Antonio Arellano Alvarado, asunto que se radicó con el número DJ/03/QD/2017, y el veinte de septiembre de dos mil diecisiete, se dictó la resolución respectiva, en la que la Secretaria de la Función Pública del Estado de Zacatecas, determinó que incurrió en diversas prohibiciones en su actuar como funcionario público, por lo que le impuso una sanción administrativa consistente en inhabilitación por seis meses para ejercer su empleo (fojas 50 a 63, tomo de pruebas). 3. En contra de dicha resolución, Juan Antonio Arellano Alvarado promovió juicio contencioso administrativo, (fojas 2 a 16, tomo de pruebas). 4. Del asunto correspondió conocer al Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Zacatecas, quien registró el expediente con el número TJA/144/2017 y, previos los trámites legales correspondientes, el veintiséis de abril de dos mil dieciocho emitió la sentencia definitiva, en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que se emitiera otra en la que se eximiera de responsabilidad a Juan Antonio Arellano Alvarado y se le restituyera en el goce de sus derechos laborales (foja 543 a 552, tomo de pruebas). De los antecedentes relatados con anterioridad se desprende, en lo que interesa, que el solicitante del amparo interpuso queja administrativa en contra de Juan Antonio Arellano Alvarado; que derivado de ello se instruyó procedimiento de responsabilidad en contra del citado funcionario público en el que se le impuso una sanción consistente en inhabilitación por seis meses de su empleo; y, que en contra de dicha determinación promovió juicio contencioso administrativo en el que se dictó sentencia definitiva declarándose la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que se emitiera otra en la que se le absolviera de las conductas imputadas. Ahora bien, en la presente instancia constitucional, el quejoso aduce que al ser el denunciante en el procedimiento de responsabilidad administrativa, le asiste el carácter de tercero en el juicio contencioso administrativo TJA/144/2017, por lo que debió ser emplazado al mismo. Al respecto, debe decirse que el artículo 73 fracción III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, establece que es parte en el procedimiento contencioso administrativo, el tercero que tenga un derecho incompatible a la pretensión del demandante. Sobre este aspecto, debe destacarse que no es jurídicamente factible considerar que el peticionario del amparo tenga un derecho incompatible con el funcionario público que promovió el juicio contencioso administrativo, ya que si bien es cierto los artículos 64 primer párrafo y 65 fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de Zacatecas [legislación con base en la cual se instauró el procedimiento de responsabilidad administrativa, actualmente derogados por el artículo quinto transitorio de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial el quince de julio de dos mil diecisiete], facultaban a cualquier ciudadano para presentar denuncias en contra de los servidores públicos que incurrieran en responsabilidad administrativa y para ofrecer pruebas tendentes a acreditar las conductas imputadas. Sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. En esa medida, el aquí quejoso no tiene el carácter de tercero en el juicio contencioso administrativo, pues dado que no puede exigir a la autoridad determinada conducta respecto a su pretensión de que el funcionario público sea sancionado, es evidente que no tiene un interés incompatible con éste último; de ahí que el impetrante carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el procedimiento contencioso administrativo TJA/144/2017. Sirven de apoyo a lo anterior, en lo conducente, las siguientes jurisprudencias: Época: Novena Época Registro: 176129 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Enero de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 1/2006 Página: 1120 "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa". Época: Novena Época Registro: 168796 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Septiembre de 2008 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 124/2008 Página: 259 "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA. EL QUE EL ARTÍCULO 53 BIS, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA OTORGUE AL PROMOVENTE DE LA QUEJA EL DERECHO PARA APORTAR MAYORES ELEMENTOS DE PRUEBA QUE MOTIVEN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO; CUANDO SE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A INICIARLO FORMALMENTE Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, NO LE OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA ESA RESOLUCIÓN. Acorde con los artículos 108, primer y último párrafos, y 109, fracción III, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier interesado puede presentar queja por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Por otra parte, en relación con el tema del interés jurídico tratándose de ese tipo de quejas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", al analizar los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sostuvo que el gobernado tiene derecho a presentarlas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente, pero que dicha legislación federal no otorga al denunciante la facultad de exigir a la autoridad que realice determinada conducta o acceda a sus pretensiones, por lo que carece de interés jurídico para reclamar la resolución correspondiente. Ahora bien, el artículo 53 Bis, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla establece que si la autoridad competente, después de valorar las constancias y actuaciones, considera que no ha lugar a iniciar formal procedimiento de determinación de responsabilidades contra el servidor público, archivará el expediente, lo que hará del conocimiento del promovente para que en su caso aporte mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo. Sin embargo, el derecho del promovente de la queja para aportar mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo, no constituye razón suficiente para determinar que cuenta con interés jurídico para acudir al juicio de garantías contra dicha determinación, porque la facultad de aportar mayores elementos de prueba se traduce únicamente en la posibilidad de coadyuvar en la integración del expediente, pero no le genera un derecho para exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, pues sólo se trata de actos de control interno en los que la investigación efectuada busca determinar si el servidor público cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes a su cargo y si su conducta resulta o no compatible con el servicio que presta, y será el órgano disciplinario correspondiente el que decidirá si inicia o no formalmente el procedimiento administrativo de responsabilidad y si sanciona o no al servidor público". Las consideraciones que preceden conducen a sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Salvador Maldonado Trejo, contra los actos reclamados y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en esta sentencia. Notifíquese a las partes en términos de ley, por conducto del juzgado de origen. Cúmplase
- Principal
El ocho de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con el oficio con folio 20421, con anexos que se acompañan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, en el que emitió la sentencia constitucional respectiva; por lo que, este juzgado se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014; de igual forma adjunta un tomo de pruebas. Acúsese vía electrónica el recibo de estilo al órgano jurisdiccional resolutor, agréguese al presente expediente el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado, previa extracción de las copias fotostáticas con las que se integró y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE. ..." San Andrés Cholula, Puebla, a cuatro de octubre de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1265/2018, promovido por Salvador Maldonado Trejo, contra los actos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO [Presentación de la demanda]. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil dieciocho [foja 2], en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Salvador Maldonado Trejo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y actos reclamados siguientes: Autoridad responsable: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: I. La sentencia de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad número TJA/144/2017-II. II. Todo lo actuado dentro del procedimiento del juicio de nulidad antes señalado. III. La falta del emplazamiento al multicitado juicio. La parte quejosa señaló como artículos vulnerados el 14, 16 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO [Admisión de demanda]. Por acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho [fojas 6 a 9], el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, registró la demanda con el número 1265/2018, admitió a trámite el juicio de amparo; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, quien formulo pedimentos en los que solicitó que se negara el amparo (fojas 19 a 21 y 26 a 28) y emplazó al tercero interesado. La audiencia constitucional se verificó el ocho de agosto de dos mil dieciocho, conforme al acta que obra a folio 29. TERCERO [Recepción del juicio de amparo en el juzgado auxiliar]. Mediante oficio 79/2018, de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, recibido en este juzgado federal a las nueve horas con treinta minutos del día once del mismo mes y año; signado por el Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre; en cumplimiento al oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; remitió el juicio de amparo 1265/2018, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Primero de Distrito del citado Centro Auxiliar, a fin de que se emita la sentencia correspondiente. CUARTO [Radicación en el juzgado auxiliar]. En auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, este Juzgado Primero de Distrito Auxiliar tuvo por recibido el juicio de amparo indicado, que para efectos de registro de este órgano auxiliar se radicó con el número 429/2018-II, y se acusó el recibo respectivo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO [Competencia]. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 33 fracción IV, 35, 107, 108, 112 de la Ley de Amparo; en el Acuerdo General 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como de conformidad con el oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se determinó otorgar auxilio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. SEGUNDO [Precisión de los actos reclamados]. Con fundamento en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, dada la obligación del Juez de Distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se tiene que los actos reclamados en el presente asunto son: I. La falta de emplazamiento al juicio contencioso administrativo número TJA/144/2017. II. Todo lo actuado en el citado expediente TJA/144/2017. III. La sentencia definitiva de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho, dictada en el expediente TJA/144/2017. Actos que atribuye al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. En lo que a la precisión de los actos reclamados se refiere, sirve de apoyo el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" [Registro No.181810. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Abril de 2004. Página: 255. Tesis: P. VI/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común], en el cual estableció que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, e incluso a la totalidad del expediente del juicio, a fin de atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. TERCERO [Certeza de actos]. Son ciertos los actos reclamados precisados en el considerando que antecede, pues así lo reconoció el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas al rendir su informe justificado (foja 13). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" [Época: Quinta Época. Registro: 1002815. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto. Materia(s): Común. Tesis: 749. Página: 830]. CUARTO [Causales de improcedencia del juicio]. De oficio se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico para combatir los actos reclamados. Para considerarlo así, es necesario tener presente lo dispuesto en los artículos 107 fracción I de la Constitución Federal, 5 fracción I y 61 fracción XII de la Ley de Amparo, conforme a los cuales es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, excepto en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pues en estos casos el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De igual forma, establecen uno de los principios rectores del juicio de amparo, consistente en que éste se siga a instancia de parte agraviada, y se entiende que tiene tal carácter aquél que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Carta Magna y con ello afecte su esfera jurídica, sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; esto es, el promovente debe justificar un interés, ya jurídico, ya legítimo. Ahora bien, en la especie los actos reclamados tienen su origen en un juicio de naturaleza administrativa tramitado ante un tribunal administrativo, por lo que es necesario que la parte quejosa acredite su interés jurídico para comparecer a la instancia constitucional, pues en este supuesto, no es dable que el juicio de amparo se promueva aduciendo la afectación de un interés legítimo, según se destacó en líneas precedentes. En este orden de ideas, es necesario poner de manifiesto que el interés jurídico se identifica con un derecho subjetivo, derivado de una norma objetiva, a favor de un sujeto determinado, resultando en consecuencia para éste una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad que trastoque ese derecho; por lo que, para que un gobernado pueda estar en aptitud de solicitar el amparo de la Justicia Federal, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho legítimamente tutelado por el orden normativo vigente, y que aquél haya sido vulnerado por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que integran el interés jurídico, a saber: a) La titularidad de un derecho a favor del gobernado. b) La existencia de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho proveniente de un ente investido de autoridad para efectos del juicio de amparo. Además, ese interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse de presunciones. Tiene aplicación la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Ahora bien, de las constancias que integran el expediente TJA/144/2017 del índice del Tribunal responsable, se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el quince de noviembre de dos mil dieciséis, ante la Directora de la Función Pública del Estado de Zacatecas, el aquí impetrante interpuso queja administrativa en contra de Juan Antonio Arellano Alvarado y otros funcionarios públicos de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas (fojas 185 a 191, tomo de pruebas). 2. Derivado de ello se instauró procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Juan Antonio Arellano Alvarado, asunto que se radicó con el número DJ/03/QD/2017, y el veinte de septiembre de dos mil diecisiete, se dictó la resolución respectiva, en la que la Secretaria de la Función Pública del Estado de Zacatecas, determinó que incurrió en diversas prohibiciones en su actuar como funcionario público, por lo que le impuso una sanción administrativa consistente en inhabilitación por seis meses para ejercer su empleo (fojas 50 a 63, tomo de pruebas). 3. En contra de dicha resolución, Juan Antonio Arellano Alvarado promovió juicio contencioso administrativo, (fojas 2 a 16, tomo de pruebas). 4. Del asunto correspondió conocer al Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Zacatecas, quien registró el expediente con el número TJA/144/2017 y, previos los trámites legales correspondientes, el veintiséis de abril de dos mil dieciocho emitió la sentencia definitiva, en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que se emitiera otra en la que se eximiera de responsabilidad a Juan Antonio Arellano Alvarado y se le restituyera en el goce de sus derechos laborales (foja 543 a 552, tomo de pruebas). De los antecedentes relatados con anterioridad se desprende, en lo que interesa, que el solicitante del amparo interpuso queja administrativa en contra de Juan Antonio Arellano Alvarado; que derivado de ello se instruyó procedimiento de responsabilidad en contra del citado funcionario público en el que se le impuso una sanción consistente en inhabilitación por seis meses de su empleo; y, que en contra de dicha determinación promovió juicio contencioso administrativo en el que se dictó sentencia definitiva declarándose la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que se emitiera otra en la que se le absolviera de las conductas imputadas. Ahora bien, en la presente instancia constitucional, el quejoso aduce que al ser el denunciante en el procedimiento de responsabilidad administrativa, le asiste el carácter de tercero en el juicio contencioso administrativo TJA/144/2017, por lo que debió ser emplazado al mismo. Al respecto, debe decirse que el artículo 73 fracción III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, establece que es parte en el procedimiento contencioso administrativo, el tercero que tenga un derecho incompatible a la pretensión del demandante. Sobre este aspecto, debe destacarse que no es jurídicamente factible considerar que el peticionario del amparo tenga un derecho incompatible con el funcionario público que promovió el juicio contencioso administrativo, ya que si bien es cierto los artículos 64 primer párrafo y 65 fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de Zacatecas [legislación con base en la cual se instauró el procedimiento de responsabilidad administrativa, actualmente derogados por el artículo quinto transitorio de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial el quince de julio de dos mil diecisiete], facultaban a cualquier ciudadano para presentar denuncias en contra de los servidores públicos que incurrieran en responsabilidad administrativa y para ofrecer pruebas tendentes a acreditar las conductas imputadas. Sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. En esa medida, el aquí quejoso no tiene el carácter de tercero en el juicio contencioso administrativo, pues dado que no puede exigir a la autoridad determinada conducta respecto a su pretensión de que el funcionario público sea sancionado, es evidente que no tiene un interés incompatible con éste último; de ahí que el impetrante carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el procedimiento contencioso administrativo TJA/144/2017. Sirven de apoyo a lo anterior, en lo conducente, las siguientes jurisprudencias: Época: Novena Época Registro: 176129 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Enero de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 1/2006 Página: 1120 "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa". Época: Novena Época Registro: 168796 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Septiembre de 2008 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 124/2008 Página: 259 "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA. EL QUE EL ARTÍCULO 53 BIS, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA OTORGUE AL PROMOVENTE DE LA QUEJA EL DERECHO PARA APORTAR MAYORES ELEMENTOS DE PRUEBA QUE MOTIVEN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO; CUANDO SE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A INICIARLO FORMALMENTE Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, NO LE OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA ESA RESOLUCIÓN. Acorde con los artículos 108, primer y último párrafos, y 109, fracción III, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier interesado puede presentar queja por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Por otra parte, en relación con el tema del interés jurídico tratándose de ese tipo de quejas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", al analizar los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sostuvo que el gobernado tiene derecho a presentarlas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente, pero que dicha legislación federal no otorga al denunciante la facultad de exigir a la autoridad que realice determinada conducta o acceda a sus pretensiones, por lo que carece de interés jurídico para reclamar la resolución correspondiente. Ahora bien, el artículo 53 Bis, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla establece que si la autoridad competente, después de valorar las constancias y actuaciones, considera que no ha lugar a iniciar formal procedimiento de determinación de responsabilidades contra el servidor público, archivará el expediente, lo que hará del conocimiento del promovente para que en su caso aporte mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo. Sin embargo, el derecho del promovente de la queja para aportar mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo, no constituye razón suficiente para determinar que cuenta con interés jurídico para acudir al juicio de garantías contra dicha determinación, porque la facultad de aportar mayores elementos de prueba se traduce únicamente en la posibilidad de coadyuvar en la integración del expediente, pero no le genera un derecho para exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, pues sólo se trata de actos de control interno en los que la investigación efectuada busca determinar si el servidor público cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes a su cargo y si su conducta resulta o no compatible con el servicio que presta, y será el órgano disciplinario correspondiente el que decidirá si inicia o no formalmente el procedimiento administrativo de responsabilidad y si sanciona o no al servidor público". Las consideraciones que preceden conducen a sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Salvador Maldonado Trejo, contra los actos reclamados y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en esta sentencia. Notifíquese a las partes en términos de ley, por conducto del juzgado de origen. Cúmplase. ..." "...
- Principal
El suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICO: Que se encuentran fijadas las nueve horas con diez minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos y con una promoción registrada con el folio 14817. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con diez minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, sin embargo, a fin de dar oportunidad a que el tercero interesado se imponga del informe justificado rendido por la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Zacatecas, con la anticipación que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Lo anterior encuentra apoyo, en la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Finalmente, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el pedimento de cuenta signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por formulando los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm
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