Salvador Farías Pérez
Expediente 536/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 536/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Salvador Farías Pérez
- Sergio Farías Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
En veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, el Secretario CERTIFICA: Que el plazo legal de que disponían las partes quejosa para impugnar la sentencia emitida en el presente asunto, transcurrió del veinticinco de octubre al nueve de noviembre de dos mil veintiuno, descontando los días inhábiles, virtud a que fueron notificadas por lista el veintiuno de octubre del año en curso, sin que lo hubieran hecho; lo que se asienta para el efecto legal conducente. Con ello se da cuenta al Juez y con el escrito registrado bajo el folio 15384. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: CAUSA EJECUTORIA. En virtud a que no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE TOMOS DE PRUEBA. Toda vez que en autos obran los tomos relativos al juicio sucesorio 309/2020, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, así como el Toca 153/2021, del ordinario de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, de los cuales resulta innecesaria su retención en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. NO HA LUGAR. Finalmente, agréguese únicamente para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por Martín Cabezas Valdovinos, quien se ostenta como apoderado jurídico de la tercera interesada, virtud a que no tiene reconocido ningún carácter en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el Licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma el Secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
En veinte de octubre de dos mil veintiuno, . En Uruapan, Michoacán de Ocampo, sea las once horas con seis minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Pedro Allende Nazario, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 536/2021, en atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. El Secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Posteriormente, el secretario da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: Se encuentra debidamente integrado; Que guarda estado para dictar sentencia; Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y Que las constancias del expediente físico y el electrónico coinciden íntegramente. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta al juez con las documentales remitidas por las autoridades responsables, consistentes en copias certificadas de las constancias del juicio sucesorio intestamentario 309/2020, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Apatzingán Michoacán. El juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales, las cuales se tienen por desahogadas, en razón de su naturaleza. Dado que no hay más pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, formuló pedimento ministerial; mientras que el resto de las partes fueron omisas en emitir alegatos. A lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la representante social citada formulando pedimento ministerial, y a las partes por precluído su derecho de expresar alegatos. En consecuencia, al no existir más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictado de la resolución correspondiente, lo que se hace a continuación. S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo 536/2021, promovido por Ma. Gregoria, Manuel, Salvador, Juana y Sergio todos de apellidos Farías Pérez, contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, y otra autoridad, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el doce de agosto de dos mil veintiuno, ante la oficialía de partes del Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, Ma. Gregoria, Manuel, Salvador, Juana y Sergio todos de apellidos Farías Pérez, en la vía directa, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, y de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, a quien le reclamaron: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Del Magistrado de la H. OCTAVA Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, reclamo la sentencia definitiva de fecha 7 siete de Julio del año 2021, dictada dentro del toca civil número I-153/2021, que Confirmó la Sentencia de Primera Instancia y del C. Juez de Primera Instancia, en Materia Civil, reclamo todos los autos, decretos, y resoluciones, para Ejecutar dichos actos procesales, dictado dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario registro número 309/2020, que promovimos en cuanto hermanos de la de Cujus MARICELA FARIAS PEREZ". (sic) Los promoventes precisaron que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales; narraron los antecedentes de los actos reclamados; y expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA. La demanda de amparo de que se trata fue turnada al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, quien por auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, ordenó registrarla con el expediente 459/2021 (fojas 02 a 03); sin embargo, ordenó remitir la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en esta ciudad, porque el acto reclamado no constituía una sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto, pusiera fin al juicio. Por razón de turno, la demanda fue remitida a este órgano de control constitucional, el veintitrés de septiembre del año en curso; enseguida, en la misma fecha, se ordenó registrarla con el número 536/2021, se aceptó la competencia declinada por el tribunal de legalidad, solicitó el informe con justificación a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Apatzingán, Michoacán de Ocampo; dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; reconoció el carácter de tercero interesado a Antonia Ceja Hernández; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama un acto de una autoridad judicial ejecutora con residencia en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, lugar en el cual, este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte quejosa Ma. Gregoria, Manuel, Salvador, Juana y Sergio todos de apellidos Farías Pérez, reclaman: a. De la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo: La resolución de siete de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca civil número I-153/2021, que confirmó la diversa de veinte de mayo de dos mil veintiuno, emitida en el juicio sucesorio intestamentario 309/2020, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, en la que se resuelve la primera sección, y se declara a Antonia Ceja Hernández, como única y universal heredera por partes iguales de todos los bienes, acciones, derechos y obligaciones que en vida correspondieron a Maricela Farías Pérez. De la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Apatzingán, Michoacán de Ocampo: La ejecución de dicha determinación. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados de la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo y de la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, pues lo aceptaron al rendir su respectivo informe justificado. En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos reclamados al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario 309/2020, documentales que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es ilustrativa, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. El ocurso de amparo fue promovido dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo6, toda vez que la quejosa se hace sabedora de la existencia de la resolución reclamada, el ocho de julio de dos mil veintiuno, tal y como se advierte de la demanda de amparo (foja 18). Así, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del doce de julio siguiente al trece de agosto, siendo días inhábiles entre ambas fechas, los que hizo constar la responsable en la certificación correspondiente. Por tanto, si la demanda se presentó el doce de agosto del año en curso, como se advierte del sello de recepción que obra en la demanda de amparo (foja 17), es evidente que se presentó en tiempo oportuno. Sin que pase inadvertido que dicha demanda fue presentada ante la autoridad responsable, pues conforme al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XCIV/2001, de rubro "AMPARO INDIRECTO PRESENTADO COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE", debe entenderse que la demanda fue presentada oportunamente. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo a determinar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los motivos de inconformidad expresados por el promovente de amparo, debe abordarse el estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ilustra, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías".9 En el caso, toda vez que las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de los mismos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de éstos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación10, del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Previo al análisis de los conceptos de violación es pertinente traer a colación los antecedentes del acto reclamado, los cuales derivan del juicio sucesorio intestamentario 309/2020, de origen, de los cuales se advierte lo siguiente: 1. El catorce de septiembre de dos mil veinte, Ma. Gregoria, Manuel, Salvador y Juana, todos de apellidos Farías Pérez, promovieron juicio sucesorio intestamentario, respecto de los bienes que pertenecieron a la extinta Maricela Farías Pérez, a la cual anexaron un certificado de defunción y actas de nacimiento de los promoventes (fojas 1 a 9, del tomo de pruebas); 2. La demanda fue turnada, al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, quien por auto de diecisiete de septiembre del mismo año, previno a los promoventes (foja 11, del tomo de pruebas); 3. Previo cumplimiento a la prevención, el veinticinco del aludido mes y año, se admitió a trámite, ordenó la elaboración y publicación de un edicto, para el efecto legal conducente; asimismo, nombró albacea provisional a Ma. Gregoria Farías Pérez (foja 16, del tomo de pruebas); 4. Por escrito de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, Antonia Ceja Hernández, compareció ante el juez natural, a efecto de deducir los derechos hereditarios de la sucesión en cuanto concubina de la de cujus Maricela Farías Pérez (fojas 22 y 23, del tomo de pruebas); 5. Por escrito de dos de noviembre de dos mil veinte (foja 34), Sergio Farías Pérez, compareció a deducir derechos hereditarios en el juicio de que se trata; 6. A efecto de acreditar la relación de concubinato, Antonia Ceja Hernández, por conducto de su apoderado legal, ofreció, entre otros, testimonial a cargo de Beatriz Díaz Soto y Francisco Javier Villafan Arroyo (fojas 50 a 53); 6. Por su parte, con el fin de acreditar el entroncamiento familiar de Ma. Gregoria, Manuel, Salvador, Sergio y Juana, todos de apellidos Farías Pérez, ofrecieron testimoniales a cargo de Ana María Toribio Arzate, María de Jesús Fernández Salcedo (fojas 94 a 96) y Gonzalo Flores Sánchez y María Guadalupe Rosas Gracía (fojas 106 a 108); 7. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, se resolvió la primera sección del juicio sucesorio intestamentario, en la que se declaró a Antonia Ceja Hernández, como única y universal heredera por partes iguales de todos los bienes, acciones, derechos y obligaciones que en vida correspondieron a Maricela Farías Pérez (fojas 113 a 119); 8. Inconforme con tal resolución, Ma. Gregoria, Manuel, Salvador, Sergio y Juana, todos de apellidos Farías Pérez, interpusieron recurso de apelación (fojas 126 a 137), admitida en efecto devolutivo el tres de junio del año en curso (foja 138); y, 9. El siete de julio de dos mil veintiuno, la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, resolvió el toca de apelación I-153/2021, en la que confirmó la resolución recurrida. Dicha resolución constituye el motivo de reclamo en esta instancia constitucional. En el primer concepto de violación, la parte quejosa aduce, que se transgrede en su perjuicio el artículo 573 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, al desestimar el agravio expresado en la apelación, pues considera que la resolución de origen se funda en preceptos legales que no tienen aplicación a la resolución pronunciada en primera instancia, le da valor probatorio a una sentencia que fue emitida después de la muerte de la de cujus, y además, después de presentado el intestado, que con ello, a simple vista se aprecia que Antonia Ceja Hernández, dolosamente promovió las diligencias para acreditar hechos de concubinato con la autora de la sucesión para burlar la buena fe del tribunal de origen. Aduce, que con lo anterior, se vulnera su derecho a heredar en cuanto hermanos de la autora de la sucesión. En el segundo concepto de violación, alega que se vulnera en su perjuicio el artículo 932 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, dado que la juzgadora de origen y tribunal de alzada, realizan un estudio limitado del juicio en mención, no obstante que se encuentran involucrados derechos de persona incapaz, porque el veintidós de septiembre de dos mil veinte, manifestaron ante la juez natural, que Juana Farías Pérez era una persona con discapacidad, y que no podía valerse por sí misma; por ende, tenían obligación de suplir la deficiencia de la queja. Asimismo, que derivado de lo anterior, tenían la obligación de allegarse de toda la información necesaria para conocer la verdad, y no esperar que fuera una obligación de las partes allegar dichos oficios. En el tercer concepto de violación, aduce que se transgrede en su perjuicio los artículos 547 y 548, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, al no darle valor probatorio a los testigos, con los cuales demostraron que los progenitores de la de cujus son los mismos que la de dichos promoventes, por ende son hermanos y provienen del mismo tronco familiar. Circunstancia que, aduce, demostraron con la presuncional legal y humana, así como las documentales exhibidas, aunque en las partidas de nacimiento aparezcan los nombres de sus progenitores de manera incompleta. Los conceptos de violación son inoperantes en una parte e infundados en otra. Es inoperante el primer concento de violación, porque la parte quejosa pretende combatir en este juicio biinstancial, la decisión de la juez de primera instancia, al momento de expresar que la resolución de origen se funda en preceptos legales que no tienen aplicación a la resolución pronunciada en primera instancia, que el resolutor le dio valor probatorio a una sentencia que fue emitida después de la muerte de la de cujus, y además, después de presentado el intestado. Es así ya que la materia de este juicio constitucional es la resolución de siete de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca civil número I-153/2021, que confirmó la diversa de veinte de mayo de dos mil veintiuno, esto es, la de segunda instancia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia I.6o.C. J/4, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO IMPUGNAN UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE YA FUE SUSTITUIDA POR OTRA DE SEGUNDO GRADO. Si los conceptos de violación se encuentran orientados a impugnar la valoración que de un hecho hizo el Juez de primera instancia, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado, los conceptos señalados resultan inoperantes, por no poderse analizar una sentencia que ya fue sustituida por la de segunda instancia." El segundo concepto de violación es infundado. Los artículos 340 y 343 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, estatuyen: "Artículo 340. Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos: I. Que se traiga a la vista cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero; II. Que se pregunte a las partes sobre puntos o hechos y a los testigos sobre sus respuestas, cuando los unos y los otros fueron obscuros o dudosos; III. Que se traigan a la vista cualesquiera autos que tengan relación con el pleito si su estado lo permite; y, IV. En general, la práctica, aclaración o ampliación de cualquier diligencia probatoria, sin más limitación que la que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral. Artículo 343. El que afirma está obligado a probar; en consecuencia, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus defensas o excepciones." Por su parte, el diverso numeral 932, del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, dice: Artículo 932. El juez tendrá las más amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho corresponda, además, debe actuar de oficio, supliendo la deficiencia de los planteamientos de las partes, en tratándose de: I. Menores de edad; personas con discapacidad; adultos mayores; y, mujeres embarazadas; II. Asuntos relativos a alimentos; y, III. Cuestiones relacionadas con violencia familiar. Respecto de menores de edad, se deberá tomar en cuenta su interés superior. De la intelección de los numerales recién transcritos, se advierte que las partes en un juicio tienen la carga de la prueba respecto de los hechos constitutivos de sus pretensiones, a través del ofrecimiento y desahogo de pruebas, para dar soporte jurídico a lo afirmado por cada una de ellas. Asimismo, que en caso de que se afecten el orden y desarrollo de la familia; esto es, en los que se vean trastocadas las relaciones entre los miembros de la familia o cuando están en juego instituciones de orden público, como serían -por mencionar algunos- los alimentos, controversias sobre acciones del estado civil de los cónyuges, el régimen de convivencia de los menores de edad con los progenitores y la guarda y custodia; lo cual no debe entenderse que se protege a los miembros en lo individual, sino a las relaciones existentes entre ellos y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas; es dable la suplencia de la queja deficiente en favor de cualquiera de las partes intervinientes que gocen de algún vínculo relacionado con su integración en el núcleo familiar. Esto es, la suplencia es acorde con la intención que persigue la ley, al establecer el orden y desarrollo de la familia, pues de ese modo se logra un equilibrio entre las partes; es decir, se otorga la posibilidad de que el quejoso cuente con mecanismos jurídicos para integrar una defensa adecuada a sus intereses y ejercer plenamente sus derechos. Por tanto, se requiere de la suplencia de la queja deficiente para hacer efectivos los derechos que pueda corresponderles, consiguiendo así la protección real que el juicio de amparo persigue. Sin embargo, ello no acontece en tratándose de juicios sucesorios intestamentarios en donde las partes en conflicto no tengan el carácter de menores de edad o incapaces; puesto que en ese tipo de procedimientos sólo se ventilan intereses patrimoniales, ya que su finalidad es la división y adjudicación de los bienes del autor de la sucesión a los herederos, quienes tienen el deber de soportar las cargas de la herencia. La sucesión es una forma de transmitir bienes, por lo que es necesaria la conversión del patrimonio del causante en una masa única, para pagar las deudas y dividir los bienes; esencialmente se pone bajo la actividad jurisdiccional toda la universalidad de un patrimonio, para después determinarse la división del de cujus entre sus sucesores. Es por ello, que en tratándose de juicios sucesorios intestamentarios -donde no intervengan menores o incapaces-, debe considerarse que no opera la suplencia de la deficiencia de la queja, que versa sobre la vulneración al orden y desarrollo de la familia; pues estamos en presencia de asuntos en los que sólo subsisten intereses estrictamente patrimoniales. Es de ilustración, la jurisprudencia 1a./J. 65/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, registro digital 2020924, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE LA AFECTACIÓN AL ORDEN Y DESARROLLO DE LA FAMILIA. NO PROCEDE EN LOS JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS. El artículo citado prevé la suplencia de la queja a favor de tres grupos distintos: los menores de edad, los "incapaces" y la familia, en aquellos casos en que se afecte su orden y desarrollo. Ahora bien, a fin de determinar si en un juicio sucesorio intestamentario opera la suplencia de la queja con base en la protección a la familia, es menester dilucidar cuándo se está en presencia de casos en que se vulnera su orden y desarrollo, siendo que estaremos en ese supuesto cuando se ven trastocadas las relaciones entre los miembros de la familia o cuando están en juego instituciones de orden público, lo que no se traduce en la protección de los miembros del núcleo familiar en lo individual, sino a las relaciones existentes entre ellos y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Por tanto, si la finalidad del juicio sucesorio intestamentario consiste esencialmente en la división y adjudicación de los bienes del autor de la sucesión a favor de los herederos, quienes tienen el deber de soportar las cargas de la herencia; es claro que sólo se encuentran en juego intereses económicos y que las consecuencias que pudieran producirse no lesionan al grupo familiar, pues no varían su configuración o el orden existente, sino que redundan en cuestiones estrictamente patrimoniales, por lo que no opera la suplencia de la queja con base en la última parte de la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo; lo anterior, siempre y cuando en el juicio sucesorio intestamentario no se encuentren inmiscuidos derechos de menores de edad o "incapaces", pues es evidente que en tales supuestos la suplencia de la queja opera en su mayor amplitud. No es obstáculo a la conclusión anterior, el hecho de que en ese tipo de juicios es necesario analizar si el accionante acreditó su entroncamiento con el autor de la sucesión de manera que pueda determinarse si tiene o no derecho a la herencia, pues lo cierto es que el reconocimiento o desconocimiento del grado de parentesco que se dice une al presunto heredero con el de cujus sólo surte efectos en relación con el juicio de petición de herencia, esto es, para saber si está en aptitud de obtener alguna porción de los bienes del autor de la sucesión por tener el carácter de heredero. Lo anterior, sin embargo de ninguna manera puede ser susceptible de modificar el vínculo filial o el estado civil de alguna persona. Y, si bien, la parte quejosa sostiene que la responsable realiza un estudio limitado del juicio en mención, no obstante que se encuentran involucrados derechos de persona incapaz, porque el veintidós de septiembre de dos mil veinte, manifestaron ante la juzgadora de origen, que Juana Farías Pérez era una persona con discapacidad, y que no podía valerse por sí misma; por ende, tenían obligación de suplir la deficiencia de la queja. Asimismo, que derivado de lo anterior, tenían la obligación de allegarse de toda la información necesaria para conocer la verdad, y no esperar que fuera una obligación de las partes allegar dichos oficios. En ese sentido, la autoridad responsable acertadamente determinó que no era factible la suplencia solicitada, debido a que ésta se actualizaba a favor de los menores de edad, incapaces y familia, en donde se afecten su orden y desarrollo, y en el juicio sucesorio no se encuentran involucrados derechos de menores de edad o incapaces, menos que se encuentren trastocados las relaciones entre los miembros de la familia, por lo que la juez natural no estaba obligada a recabar información para indagar o no si existían o no, en otro municipio, registro matrimonial de Maricela Farías Pérez y Antonia Ceja Hernández, por el contrario, les correspondía, como presuntos herederos, la obligación de demostrar tales hechos para que se velara por sus intereses hereditarios, ello, en términos del numeral 343 del código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo. En suma, tenían la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Mas aún, del análisis del sumario, no existe en el juicio natural, prueba alguna que corrobore que dicha persona -Juana Farías Pérez-, adolezca de alguna incapacidad, pues solo existe en autos del juicio natural, la manifestación realizada al efecto (foja 13), sin sustento alguno; por tanto, no es suficiente la sola afirmación para tener por acreditada esa circunstancia. Máxime que, como quedó expuesto, se trata de un conflicto en que se controvierten intereses patrimoniales. También deviene infundado el tercer concepto de violación en estudio. Los numerales 506, 507, 508, 547 y 552 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código Familiar de esta entidad federativa, disponen: Artículo 506. Hay presunción legal: I. Cuando la ley la establece expresamente; y, II. Cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley. Artículo 507. Hay presunción humana cuando de un hecho debidamente comprobado se deduce otro como consecuencia lógica de aquél. Artículo 508. El que tiene a su favor una presunción legal, sólo estará obligado a probar el hecho en que aquélla se funda. Artículo 547. El valor de la prueba testimonial queda al arbitrio del Juez, quien, en los casos en que la ley no fija el número determinado de testigos para probar, nunca podrá considerar probados los hechos sobre los cuales ha versado aquélla, cuando no haya por lo menos dos testigos en quienes concurran las siguientes condiciones: Artículo 552. Las presunciones legales que admitan prueba en contrario harán prueba plena también, si no se encuentran contradichas con otras pruebas. De los numerales apenas transcritos se advierte que la legislación procesal michoacana, así como otras legislaciones, establecen sistemas de valoración de la prueba, distinguiendo la prueba legal o tasada, así como los de prueba libre y mixtos, que permiten determinar la existencia de un hecho que ha resultado probado o la existencia de falta de prueba. Es sabido que en el sistema de valoración de prueba tasada, el objetivo o finalidad es llegar a una conclusión y declaración de verdad de los hechos; en cambio, en el sistema de valoración de prueba libre, sólo se llega a conclusiones de peso o preferencias de las probabilidades que arroje una hipótesis o enunciado sobre otro y puede ser razonada o no esa conclusión. Siempre se tienen cuando menos dos o más probabilidades y a una por su coherencia o razonabilidad se le prefiere sobre otra. En el último sistema de valoración mencionado, no se trata de hechos absolutos, sino de probabilidades. No obstante, el tema probatorio en el orden jurídico mexicano ha transitado de una mera asignación de valor tasado a los medios de prueba atribuidos por la legislación hasta uno en el cual, si bien, subsisten algunas pruebas tasadas, conviven con otros elementos probatorios cuyo mérito debe ser asignado por el Juez, pero valorándolos de manera holística, en una narrativa libre y lógica. Tan es así que, en la rama del derecho penal, en la cual, históricamente el estándar probatorio ha sido el más estricto, por los bienes jurídicos implicados y las consecuencias recaídas a determinadas conductas, ha sido reformulado por el Poder Reformador para adoptar uno cuyo propósito sigue siendo el esclarecimiento de los hechos pero sin necesariamente buscar la verdad absoluta, sino la probabilidad más razonable. Sobre este tópico, los quejosos argumentan que- se vulneró en su perjuicio los artículos 547 y 548, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, al no darle valor probatorio al dicho de los testigos, menos a la presuncional legal y humana y las documentales exhibidas, con los cuales demostraron que los progenitores de la de cujus son los mismos que la de dichos promoventes, por ende son hermanos y provienen del mismo tronco familiar. Empero, la valoración tanto de la prueba testimonial; así como la presuncional legal y humana, conforme a los numerales 547 y 558, del código adjetivo civil invocado, quedan al prudente arbitrio del juez resolutor; es decir, conforme a la apreciación que se realice de ellas; por ende, no está obligado a darle una valía probatorio que necesariamente beneficie a sus oferentes. Luego, como lo refiere la magistrada de la sala responsable, los recurrentes no controvirtieron las razones y fundamentos de derecho en que la resolutora sustentó la negativa de darle valor probatorio a las testimoniales desahogadas a favor de Ma. Gregoria, Manuel, Salvador, Sergio y Juana, todos de apellidos Farías Pérez, con las que pretendieron acreditar el entronque familiar con la de cujus. Ello, pues como bien lo adujo, solo se concretaron a afirmar que se hizo una interpretación y valoración restringida de las pruebas testimoniales, y que el uso incompleto del nombre no implica que se trate de distintas personas. Además, no explicaron de qué manera las pruebas aportadas generaban una presuncional legal y humana, para evidenciar la diversidad de los nombres que en vida utilizaban sus progenitores, para concluir que se trataba de las mismas personas. De ahí que asiste la razón jurídica a la autoridad responsable al considerar como inoperantes los agravios formulados en la segunda instancia, porque no confrontan en forma directa y frontal la determinación de primera instancia. En esas condiciones, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación propuestos, procede negar el amparo solicitado por Ma. Gregoria, Manuel, Salvador, Juana y Sergio todos de apellidos Farías Pérez. Negativa que se hace extensiva al acto reclamado a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, por no reclamarse por vicios propios. Ilustra jurisprudencia II.1o. J/12, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni Protege a Ma. Gregoria, Manuel, Salvador, Juana y Sergio todos de apellidos Farías Pérez, contra el acto que reclamaron de la autoridad que quedó precisada en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación. Así lo resuelve y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Pedro Allende Nazario, quien da fe.
- Principal
En ocho de octubre de dos mil veintiuno, se da cuenta al Juez con el oficio y anexos, recibido vía interconexión, el cual quedó registrado bajo el folio. 13197. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Agréguese a los autos el oficio y anexos, signados por el Secretario adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia; en atención a su contenido, se le tiene devolviendo el exhorto 416/2021 número de orden 1018/2021, del índice de este juzgado. Dese de baja la referida comunicación y háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma el Secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
En siete de octubre de dos mil veintiuno, el Secretario CERTIFICA: Que en el correo institucional 6jdo11cto@correo.gob.mx, se recibió un oficio y anexos, el cual quedó registrado bajo el folio 13110, con lo que se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Agréguese sin mayor trámite el oficio y anexos signados por la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo con sede en Morelia; virtud a que el comunicado del que hace referencia se recibió el seis de octubre pasado acordándose lo conducente. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma el Secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
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