Salvador Durán Gembe

Expediente 232/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
232/2023
Año
2023
Actuaciones
25
Última actuación
17/07/2023

Partes del expediente

  • Salvador Durán Gembe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    En diecisiete de julio de dos mil veintitrés, el Secretario CERTIFICA: Que en el correo institucional de este órgano jurisdiccional 6jdo11cto@correo.gob.mx, se recibió un oficio el cual quedó registrado bajo el folio 9067, con lo anterior, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. ACUSA RECIBO. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecisiete, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, acusando recibo del oficio número 9393/2023, de seis de julio del año en curso, con el que se le notificó la orden de archivo del sumario en que se actúa, de lo cual, este órgano de control constitucional toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    En ocho de junio de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA: Que en el correo institucional de este órgano jurisdiccional 6jdo11cto@correo.gob.mx, se recibió un oficio el cual quedó registrado bajo el folio 7320, con lo anterior, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de junio de dos mil veintitrés.********************ACUSA RECIBO. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario del Distrito Diecisiete con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, acusando recibo del oficio número ********************, de diecisiete de mayo del año en curso, con el que se le notificó la sentencia dictada en el presente asunto, de lo anterior, este órgano de control constitucional toma conocimiento para los efectos legales conducentes.********************Cúmplase.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  3. Principal

    En seis de junio de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA:********************Que el término legal de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, transcurrió del veintidós de mayo al dos de junio de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificada mediante lista de acuerdos el dieciocho de mayo del año en curso, sin que lo hubiere hecho.********************Que los autos y promociones que integran el expediente han sido incorporadas al expediente electrónico y coinciden en su totalidad.********************Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.********************Con la certificación anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de junio de dos mil veintitrés.********************1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA.********************2. ARCHIVO. Consecuentemente, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.********************3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En los autos del cuaderno incidental se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados.********************En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.********************3.1. DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal y el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y documentación.********************4. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregará a este expediente el cuaderno incidental, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en este, para el efecto legal procedente.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  4. Principal

    C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que procede, en virtud de que la parte quejosa reclama actos de autoridades jurisdiccionales, entre otras del orden civil, con ejecución dentro del territorio en el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: De las autoridades ordenadoras Magistrados de los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos número diecisiete y treinta y seis, con residencia en Morelia, Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora y Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zamora, todas del Estado de Michoacán de Ocampo:  La orden de desalojo dictada respecto del predio rústico denominado Hurancondicutiro, ubicado a la altura de la carretera Carapan-Uruapan, kilómetro 32, de la comunidad indígena de Cherán, Michocán, con las medidas y colindancias siguientes: al oriente 90.00 noventa metros, con propiedad de Teresa Capiz Durán, divide cerca de alambre ajena; al poniente, en 110.00 ciento diez metros, dividiendo carretera Uruapan-Carapan, con Escuela del Tecnológico; al norte, el 318.0 trescientos dieciocho metros, con propiedad de Rocelia Guerrero Fabián, divide barranca de medio; y al sur, en 315.00 trescientos quince metros, con Teresa Sánchez Ríos, divide barranca, con una extensión superficial de 3-16-50 tres hectáreas, dieciséis áreas, cincuenta centiáreas. De las autoridades ejecutoras: Fiscal General del Estado, Secretario de Seguridad Pública, ambos con residencia en Morelia y Fiscales Regionales de Uruapan y Zamora, todas del Estado de Michoacán de Ocampo:  La ejecución del desalojo respecto del bien inmueble mencionado. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. En caso que, las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas con relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: 1.- Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado. 2.- Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2; y, 3.- Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión. En relación con los actos materia del presente considerando, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en razón de que son inexistentes. En efecto, dicho artículo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El numeral recién trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se pruebe su existencia. Así, la prueba de la inexistencia de los actos reclamados, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. Es ilustrativa, la jurisprudencia 20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la foja 627, del tomo IV, segunda parte, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 227634, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 755, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 395045, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". En ese sentido, todas las autoridades responsables mencionadas en párrafos anteriores, negaron categóricamente la existencia de los actos que la parte quejosa les reclama en esta vía, y la prueba que exhibió con su escrito de demanda es ineficaz para demostrarlo. La parte quejosa exhibió copia simple de la resolución de veintitrés de febrero de dos mil cinco, dictada en de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 1277/2004, que para acreditar hechos promovió la parte quejosa en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán de Ocampo, que en su único resultando versa lo siguiente: "ÚNICO.- Con fecha 16 dieciséis de noviembre del año próximo anterior, compareció ante este juzgado el señor Salvador Durán Gembe, por propio derecho, a promover en la vía de jurisdicción voluntaria diligencias para acreditar hechos respecto de la posesión del predio rústico denominado "Hurancondicutiro", ubicado en las comprensiones del Municipio de Cherán, Michoacán". (Sic) Sin embargo, dicha copia simple con valor probatorio de indicio, en términos del artículos 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en su numeral 2°, al no haber objetada por la contraria, es insuficiente para acreditar la existencia de la orden de desalojo de que se duele en el presente juicio, pues en todo caso lo único que demuestra es la tramitación de las diligencias de jurisdicción voluntaria por parte del quejoso respecto del bien que defiende, pero no así que las autoridades responsables hayan dictado orden de desalojo respecto de ese bien. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia 2a./J. 32/2000, de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XI, Abril de 2000, página 127, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles". Asimismo, Cobra aplicación, la Jurisprudencia que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la tesis que a continuación se transcribe: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.- La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento de los alegatos formulados por el agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, pues los mismos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas sobre el fundamento de sus pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, no existe obligación de pronunciarse sobre ellos, toda vez que no se plantea alguna causa de improcedencia que amerite estudio preferente. Corrobora lo anterior, el criterio sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 27/94, intitulada: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO" . CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por SALVADOR DURAN GEMBE, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables precisados en el considerando segundo y por las razones expuestas en el considerando tercero, de esta resolución. SEGUNDO. La presente sentencia será publicable en términos de lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese.

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