Salvador Damian Hernández

Expediente 471/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
471/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
28/09/2021

Partes del expediente

  • Salvador Damian Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Visto lo de cuenta, del sumario se advierte que, por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se declaró que causó estado el proveído de pasado trece de agosto, en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, respecto de la valoración del cuaderno del juicio principal, se determinó que era susceptible de destrucción. Sin embargo, tomando en consideración que mediante proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa; por tanto, se determina que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, lo anterior con apoyo en el capítulo 7, en particular en el apartado 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, y en términos de lo señalado en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General de 25 marzo de 2020, aplicado por analogía. En mérito de lo anterior, hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el sistema de seguimiento de expedientes. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: CAUSA ESTADO. Visto lo de cuenta, y en virtud a que no fue impugnado en legal término el auto de que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ORDEN DE ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento toda vez que en el presente asunto no se tramitó incidente de suspensión. Sin embargo, tomando en consideración que, en proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados; en consecuencia, se dejan sin efectos las medidas cautelares decretadas en el auto de referencia. Notifíquese; publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, trece de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se tiene por recibido exhorto. Agréguese a los autos el oficio signado por el actuario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 262/2021 (orden 815/2021), enviado a efecto de localizar al quejoso. Dese de baja en el libro de gobierno y háganse las anotaciones correspondientes. Sin que haya lugar a acusar recibo toda vez que el propio sistema lo genera. 2. Informe a la suspensión. De igual modo, intégrese a los autos el informe dado a la suspensión de plano, signado por el representante legal y encargada de tratamiento técnico de la clínica de rehabilitación Casa Tamárhu, con domicilio en Morelia, Michoacán. 3. Desechamiento. Vistas las constancias del exhorto de las que se aprecia que el directo quejoso ratificó la demanda, así como del informe a la suspensión de plano rendido por el representante legal y encargada de tratamiento de la institución Casa Tamárhu, y anexos que acompaña, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIIl, en relación con los diversos 1o, fracción I, y 5o, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a los artículos 1o, y 5o, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Federal y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley; que es parte en el juicio la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general . De dicho criterio destaca entonces que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, partiendo del supuesto contenido en el primer párrafo de la fracción II del artículo 5o, de la Ley de Amparo, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Por otra parte, del segundo párrafo de la propia fracción II del precitado artículo 5o, de la Ley de Amparo, se obtiene que el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades, consiste en que aquéllos sean equivalentes a los de éstas. El indicado numeral fue motivo de análisis por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2014, en la que se sostuvo, entre otras consideraciones, que las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad, son las siguientes: a) Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; b) Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, c) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Así, conforme a ese criterio, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares; para lo cual, es útil atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, y de supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Al respecto, orienta la tesis aislada sostenida por la referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 2ª XXXVI/99, en la página trecientos siete, tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta . Lo anterior, permite inferir que el legislador estableció que no cualquier particular podrá ser considerado como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Así, la acción de tutela se encuentra restringida a que la actuación del particular tenga su origen o esté determinada en una norma general en relación con servicios públicos o de interés público; por tanto, corresponde al Juzgador de amparo en cada caso específico que se le presente, definir si lo que se reclama a un particular encuadra o no en un acto equiparable al de autoridad, si proviene o no de una relación asimétrica o de igualdad, desde luego dependiendo de las circunstancias que rodean al asunto. Precisado lo anterior, del análisis integral realizado al escrito de demanda, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Salvador Damián Hernández, señala como acto reclamado la orden de privación de la libertad para internarlo en el Centro de Rehabilitación "Casa Tamárhu" con domicilio en Morelia Michoacán, ello fuera de todo procedimiento judicial, señalando como autoridades responsables al encargado o responsable de la clínica, así como personal y/o colaboradores de la misma. En ese contexto, debe decirse que si bien es cierto la Ley de Amparo, en su artículo 5o, fracción II, párrafo segundo, prevé la posibilidad de que los particulares tengan la calidad de autoridades, acota que sólo será en el supuesto de que dichos particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, lo que en el caso no acontece, pues de las constancias que remitió el representante legal de la clínica se aprecia que se trata de una clínica de rehabilitación, regida por normas de derecho privado, dedicada a la prevención y tratamiento de adicciones, donde el directo quejoso fue ingresado por orden de un familiar; que el mencionado quejoso, asistido de una prima de nombre Reina Damián Hernández, el tres de agosto de dos mil veintiuno, suscribieron con la clínica un contrato para recibir un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por un plazo de seis meses, mediante el pago de una cantidad de dinero, con la finalidad de recibir un tratamiento satisfactorio; de ahí que el personal que la conforma, no tenga el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que se trata de particulares que no actúan dotados de imperio conforme a una norma legalmente establecida, que a su vez les faculte para emitir actos frente a un gobernado, es decir, no existe una relación de supra a subordinación, entre la clínica y el directo quejoso sino de coordinación. Además, sin prejuzgar sobre la licitud o ilicitud de la forma en que fue ingresado el directo quejoso a la clínica de rehabilitación en mención, es evidente que ello, corresponde a una relación de coordinación entre particulares, en tanto que no existe una norma jurídica que faculte al personal del centro de rehabilitación para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que, se insiste, su actuación depende de lo que, en su caso, expresamente hayan acordado los familiares del directo quejoso y el personal de dicho centro, y por ende, la relación jurídica entre éstos se rige por los principios del derecho común, resultando claro también que en caso de que tal relación contractual sea inexistente, los ofendidos podrán denunciar los hechos probablemente constitutivos de delito ante el Agente del Ministerio Público correspondiente. En consecuencia, al haberse actualizado una causa manifiesta de improcedencia, se desecha la demanda de amparo promovida en favor de Salvador Damián Hernández. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, doce de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del AG 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Manuela Margarita Hernández Sotelo, en favor de Salvador Damián Hernández, contra actos del propietario y/o encargado de la Clínica de Rehabilitación denominada "Casa Tamarhu", con sede en Morelia, Michoacán, y otra autoridad. 1.2. Registro. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 471/2021-P. 1.3. Suspensión de oficio y de plano. Con fundamento en los artículos 15, 109, 125 y 126 de la Ley de Amparo SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN FAVOR DE Salvador Damián Hernández, para el efecto de que las autoridades responsables, lan cumpla de inmediato y bajo su más estricta responsabilidad, hagan cesar los actos reclamados consistentes en la incomunicación y privación de la libertad del referido quejoso, así como cualquier otro acto del que pudiera ser objeto y se encuentre prohibido por el artículo 22 Constitucional (palos, azotes, tortura física y psicológica), procediendo a liberarlo de inmediato, en caso de que el internamiento o la permanencia de éste en el establecimiento a su cargo, se esté llevando a cabo sin la voluntad de dicha persona. Asimismo, las autoridades señaladas como responsables, al mismo tiempo en que hagan cesar la privación de la libertad del quejoso, deberán proporcionarle la atención médica que requiera para garantizar su derecho a la salud física y psíquica, a fin de que su salida del centro de rehabilitación se produzca sin riesgos para ese derecho fundamental. Esta medida cautelar no surte efecto en el caso de que resulte que la situación jurídica del quejoso es diversa a la manifestada bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, o que la restricción a su libertad personal se esté llevando a cabo por mandato de autoridad legalmente competente. Ahora, para el caso de que la incomunicación del quejoso tenga origen en medidas adoptadas por el centro de rehabilitación respectivo, para evitar el contagio y la propagación del virus COVID-19, y ello constituya una especie de restricción o suspensión de los derechos que le asisten, aun estando interno, este juzgado suspende cualquier acto que impacte negativamente en el goce de los derechos fundamentales del quejoso, para que la autoridad señalada como responsable haga cesar la afectación de que esté siendo objeto y, en cambio, garanticen sus prerrogativas. De esta manera, las autoridades responsables quedan obligadas no sólo a abstenerse de incomunicar al quejoso o de aplicarle tratos crueles, de tortura, inhumanos o degradantes, así como actos de abuso de autoridad, sino a ejecutar las medidas de protección y prevención de la contingencia sanitaria en su persona con absoluto respeto a sus derechos fundamentales, principalmente el de acceso a la salud y a una defensa adecuada, estrechamente vinculados y en riesgo en este asunto. Finalmente, para el caso extremo de que el quejoso se encuentre fundada y motivadamente aislado o segregado, las autoridades responsables deberán proporcionarle un contacto humano significativo todos los días, respetando plenamente sus derechos fundamentales contra malos tratos, crueles, inhumanos o degradantes. 1.4. Requerimiento de cumplimiento de la suspensión de oficio y de plano a la autoridad responsable. De conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en plazo de VEINTICUATRO HORAS lleven a cabo lo siguiente: 1.4.1. Informen el estatus legal, material y de salud que guarda el quejoso. 1.4.2. Informen el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de plano, debiendo comunicar lo conducente al correo institucional que es el siguiente: 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. En la inteligencia, que deberán remitir las constancias que acrediten sus actuaciones, a fin de constatar su dicho. Lo anterior, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondrá una MULTA DE DOSCIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, EQUIVALENTE A $17,924.00 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación, a efecto de que proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por el delito que resulte, independientemente de los ilícitos que ya se pudieren haber cometido. 1.5. Notificación al quejoso y ratificación de la demanda. Toda vez que se afirma, bajo protesta de decir verdad, que el quejoso se encuentra en la Clínica de Rehabilitación denominada "Casa Tamarhu", con domicilio ubicado en carretera Morelia - Pátzcuaro kilómetro 19, quinta manuela número 8, código postal 58210, Isaac Arriaga, Morelia Michoacán, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, gírese exhorto, vía sise, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Morelia, a fin de que ordene a quien corresponda se constituya en dicha clínica y realice lo siguiente: 1.5.1. Vocear o llamar al directo quejoso en el lugar respectivo que se constituya. 1.5.2. De obtener respuesta positiva en cuanto a su localización y una vez de cerciorarse de su identidad, deberá requerirlo para que en el acto de esa notificación o dentro del término de tres días, indique si es de su interés ratificar o no, la demanda de amparo que en su favor presentó Manuela Margarita Hernández Sotelo, a efecto de que este juzgado esté en condiciones de pronunciarse respecto a su admisión o tenerla por no presentada. 1.5.3. Notificarle el presente proveído, así como la demanda de amparo respectiva, dando fe del estado en que se encuentra el quejoso, de lo cual deberá levantar la razón correspondiente. 1.5.4. Notificarle a la autoridad ante quien esté detenido el agraviado, la suspensión de plano, decretada por este órgano jurisdiccional, bajo los lineamientos que han sido precisados en párrafos precedentes. 1.5.5. Dar fe en el acto de la diligencia de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes, con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. 1.5.6. Dar cuenta de inmediato a este Juzgado Federal, para que esté en aptitud de proveer lo conducente a la asistencia médica y demás medidas de atención que, en su caso, requiera el detenido. 1.5.7. En caso de no localizarlo, deberá revisar los registros o listas de la autoridad, en las que se adviertan las personas que han ingresado a dichas áreas verificando si el quejoso ha estado detenido o ingresó en este lugar a partir de esta fecha. 1.5.8. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. 1.6. Domicilio procesal. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda, y autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ma. Emma Rosas Bartolo, Iván Alejandro Barajas Rosas y Job García González, por así haberlo solicitado. 1.7. Correo electrónico. Por otro lado, se tiene a la promovente proporcionando el correo electrónico que obra en el comprobante de depósito de buzón judicial con folio 242507: por tanto, manténgase bajo resguardo este dato, a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que solo deba acudirse físicamente a este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en el Acuerdo General 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformaron el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. 2.3. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono celular 4525180416 Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.6. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.7. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.8. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.8.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.8.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.8.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.8.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.8.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado a cualquiera de los siguientes medios de contacto: Mensajería instantánea (WhatsApp) 4525180416 Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.8.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.8.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.8.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.9. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

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