Salvador Enrique Palmer Chavarria

Expediente 237/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
237/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Salvador Enrique Palmer Chavarria
  • Auditoria Superior del Estado de Campeche

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA IV. Ciudad del Carmen, Campeche, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, de cuyo contenido se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario judicial para notificar personalmente a la tercero interesada ***, el proveído de trece de septiembre del año en curso. Lo anterior, ya que de las constancias que obran en autos del expediente de juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, se advierte que dicha tercero interesada se encuentra en San Francisco de Campeche, Campeche. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en aras de la impartición de justicia pronta y expedita, con relación en los artículos 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo; con la transcripción del contenido del auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés y del presente proveído, gírese atento oficio a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche. Notifíquese y por oficio a la tercero interesada.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y ya que en el presente juicio de amparo se ha celebrado la audiencia constitucional respectiva, encontrándose el asunto pendiente de resolver; en consecuencia, fórmese expediente de antecedentes que en su oportunidad será glosado en cuanto se emita sentencia definitiva. ADSCRIPCIÓN DE NUEVA TITULAR. Hágase del conocimiento a las partes, que de conformidad con lo determinado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de julio de dos mil veintitrés, comunicada a través del oficio SEADS/1706/2023, se determinó la adscripción de la Jueza Emma Magnolia Ayala Rivera, a este Juzgado de Distrito, a partir del quince de agosto de dos mil veintitrés, en sustitución del Juez José Elías Pacheco Martínez. 27/04/24 19:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y tercero interesado.

  3. Principal

    MESA IV "... AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Ciudad del Carmen, Campeche, a las diez horas con diez minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas en auto de once de mayo del dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo ***, promovido por ***; estando en audiencia pública el licenciado José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ante el licenciado Shawn Daniel Benjamín Bamaca Morales, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, la declara abierta sin la asistencia de las partes, procediendo a su celebración. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias de autos dentro de las que se encuentra el informe justificado rendido por la autoridad responsable Jueza Primera del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen (foja 60). El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por relacionadas las constancias de autos. PERIODO PROBATORIO: Enseguida, se abre el periodo probatorio, por lo que el Secretario hace constar que las partes ofrecieron las pruebas siguientes: La parte quejosa: En proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte quejosa ofreciendo las siguientes pruebas: 1. Documental pública: consistente en la carpeta de investigación *** (digitalizada) que adjunta en el dispositivo de almacenamiento electrónico que anexa al presente. 2. Documental pública: consistente en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, número 5170, segunda sección, de veinticinco de enero de dos mil trece. 3. Documental pública: consistente en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, número ***, de veinte de junio de dos mil dieciocho. 4. Documental pública: consistente en los convenios de Coordinación y Fiscalización, celebrados entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Campeche. No obstante, a que en ese momento se tuvieron por anunciadas, la presente etapa probatoria dentro de esta audiencia es el momento procesal oportuno para pronunciarse sobre su admisibilidad, lo anterior en términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. En consecuencia, no ha lugar a admitir dichas probanzas, toda vez que el artículo 75 de la Ley de Amparo, establece que el acto reclamado debe ser apreciado tal y como aparece probado ante la autoridad responsable, por lo que no se admitirán ni tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante ésta. Adicionalmente, su ofrecimiento implicaría trasgresión a los principios de oralidad, contradicción e inmediación que rigen el proceso penal acusatorio, al tener por admitidas pruebas que no tuvo a la vista la autoridad responsable al emitir el acto reclamado, sin que obste a lo anterior que, el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, faculta al Juzgador de amparo para recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable, pues en materia penal dicha facultad encuentra su límite al momento que esto pueda transgredir los citados principios que rigen el proceso penal acusatorio. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia XXIII.13 P (10a.), del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercero Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, junio de 2018, página 55, Décima Época, intitulada: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE CERCIORARSE DE QUE AQUÉLLAS NO IMPLIQUEN UNA VIOLACIÓN A LA ORALIDAD O A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCESO ACUSATORIO (INTERPRETACIÓN CONJUNTA DE LOS ARTÍCULOS 119 Y 75 DE LA LEY DE AMPARO). Conforme al primer párrafo del artículo 119 de la Ley de Amparo, en el amparo indirecto serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional; disposición que debe apreciarse en armonía con el segundo párrafo del artículo 75 del propio ordenamiento (reformado el 17 de junio de 2016), que establece que en materia penal el Juez de Distrito deberá cerciorarse de que ese ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen el proceso penal acusatorio; evitando así la admisión y recepción de pruebas -en cuanto a la existencia del delito o a la responsabilidad del imputado-, conforme a los procedimientos previstos en la Ley de Amparo o su ley supletoria que sean incompatibles con los del que emana el acto reclamado." Asimismo, al respecto resulta aplicable la tesis 1a./J.50/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, diciembre de 2018, página 206, Décima Época, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. POR REGLA GENERAL, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, NO DEBE REQUERIR DE OFICIO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, establece que en el auto de vinculación a proceso se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que aquél lo cometió o participó en su comisión. Así, conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, el Juez de Control, para determinar que existen elementos para iniciar un proceso contra el imputado, sólo debe considerar la formulación de la imputación y los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, porque tiene vedado revisar la carpeta de investigación para el dictado de esa resolución; sin embargo, tal impedimento desaparece, entre otros supuestos, cuando durante el debate solicita tener a la vista algún registro de la investigación contenido en dicha carpeta, para advertir alguna inconsistencia en los argumentos de las partes. Además, el artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, por ende, no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada; de ahí que, el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo promovido contra el auto de vinculación a proceso, no debe requerir de oficio la carpeta de investigación, porque ello originaría una resolución con elementos que no fueron rendidos ante el Juez de Control, sino que debe atender únicamente al contenido de la audiencia referida, sin que sea óbice que el tercer párrafo del artículo 75 citado faculte al juzgador de amparo para recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto, porque en materia penal dicha facultad está limitada a que tal solicitud no implique una violación a los principios que rigen el proceso penal acusatorio, lo que acontece precisamente cuando el Juez de Distrito requiere la carpeta de investigación para resolver el juicio de amparo indirecto; sin embargo, en caso de que el Juez de Control haya tenido a la vista algún registro de la investigación, que le permitió resolver determinada controversia o la situación jurídica del imputado, no existirá impedimento legal para que únicamente dicha constancia de la carpeta de investigación se remita en vía de informe justificado al Juez de Distrito, porque constituye una excepción, a la regla general, y aun en ese supuesto de excepción se cumplirá con el precepto indicado, en virtud de que el juzgador apreciará el acto reclamado como fue debatido ante el Juez de Control, en atención a los principios de contradicción e inmediación contenidos en el artículo 20 de la Constitución Federal, los cuales permiten el equilibrio entre las partes para sostener y debatir la teoría del caso respectiva." Así como, la tesis aislada del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, abril de 2018, página 2273, Décima Época, que dice: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI EL ACTO RECLAMADO ES EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ES IMPROCEDENTE ADMITIR LAS OFRECIDAS POR EL TERCERO INTERESADO PARA ACREDITAR SU CONSTITUCIONALIDAD. Conforme al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el proceso penal acusatorio y oral se rige -entre otros- por los principios de contradicción, igualdad procesal e inmediación; de ahí que si en el juicio de amparo indirecto, el tercero interesado ofrece pruebas con las que pretende acreditar la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso reclamado, cuyo desahogo se llevaría a cabo conforme a las disposiciones previstas en los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo, su ofrecimiento resulta improcedente, pues en términos del artículo 75, segundo párrafo, in fine, de la propia ley, se contravendrían los principios que rigen dicho proceso acusatorio y oral." Por su parte, la autoridad responsable exhibió copia certificada de la carpeta judicial ***, la cual consta en el anexo I, así como un disco magnético certificado. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales que ofreció la parte quejosa, así como, la documental que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado. Enseguida, el Secretario hace constar que no existe alguna otra prueba por desahogar o relacionar. A continuación, el Juez acuerda: Al no haber pruebas que desahogar, se declara cerrada esta etapa. PERIODO DE ALEGATOS: Se declara abierto el periodo de alegatos, por lo que el secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. Acto seguido, el juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos, por tanto, se declara cerrada esta etapa. Sin existir escrito, prueba o diligencia pendiente de acuerdo o desahogo, en términos del numeral 124 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se da por concluida la audiencia de ley, procediendo el Juez al estudio de las constancias que obran en autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. Conste. José Elías Pacheco Martínez Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche. Shawn Daniel Benjamín Bamaca Morales Secretario de Juzgado.

  4. Principal

    MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, doce de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito del quejoso ***, mediante el cual, pretende ofrecer pruebas. Al respecto, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a admitir dichas probanzas, toda vez que el artículo 75 de la Ley de Amparo establece que el acto reclamado debe ser apreciado tal y como aparece probado ante la autoridad responsable, por lo que no se admitirán ni tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante ésta. Adicionalmente, su ofrecimiento implicaría trasgresión a los principios de oralidad, contradicción e inmediación que rigen el proceso penal acusatorio, al tener por admitidas pruebas que no tuvo a la vista la autoridad responsable al emitir el acto reclamado, sin que obste a lo anterior que, el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, faculta al Juzgador de amparo para recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable, pues en materia penal dicha facultad encuentra su límite al momento que esto pueda transgredir los citados principios que rigen el proceso penal acusatorio. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia XXIII.13 P (10a.), del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercero Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, junio de 2018, página 55, Décima Época, intitulada: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE CERCIORARSE DE QUE AQUÉLLAS NO IMPLIQUEN UNA VIOLACIÓN A LA ORALIDAD O A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCESO ACUSATORIO (INTERPRETACIÓN CONJUNTA DE LOS ARTÍCULOS 119 Y 75 DE LA LEY DE AMPARO). Conforme al primer párrafo del artículo 119 de la Ley de Amparo, en el amparo indirecto serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional; disposición que debe apreciarse en armonía con el segundo párrafo del artículo 75 del propio ordenamiento (reformado el 17 de junio de 2016), que establece que en materia penal el Juez de Distrito deberá cerciorarse de que ese ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen el proceso penal acusatorio; evitando así la admisión y recepción de pruebas -en cuanto a la existencia del delito o a la responsabilidad del imputado-, conforme a los procedimientos previstos en la Ley de Amparo o su ley supletoria que sean incompatibles con los del que emana el acto reclamado." Asimismo, al respecto resulta aplicable la tesis 1a./J.50/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, diciembre de 2018, página 206, Décima Época, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. POR REGLA GENERAL, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, NO DEBE REQUERIR DE OFICIO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, establece que en el auto de vinculación a proceso se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que aquél lo cometió o participó en su comisión. Así, conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, el Juez de Control, para determinar que existen elementos para iniciar un proceso contra el imputado, sólo debe considerar la formulación de la imputación y los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, porque tiene vedado revisar la carpeta de investigación para el dictado de esa resolución; sin embargo, tal impedimento desaparece, entre otros supuestos, cuando durante el debate solicita tener a la vista algún registro de la investigación contenido en dicha carpeta, para advertir alguna inconsistencia en los argumentos de las partes. Además, el artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, por ende, no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada; de ahí que, el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo promovido contra el auto de vinculación a proceso, no debe requerir de oficio la carpeta de investigación, porque ello originaría una resolución con elementos que no fueron rendidos ante el Juez de Control, sino que debe atender únicamente al contenido de la audiencia referida, sin que sea óbice que el tercer párrafo del artículo 75 citado faculte al juzgador de amparo para recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto, porque en materia penal dicha facultad está limitada a que tal solicitud no implique una violación a los principios que rigen el proceso penal acusatorio, lo que acontece precisamente cuando el Juez de Distrito requiere la carpeta de investigación para resolver el juicio de amparo indirecto; sin embargo, en caso de que el Juez de Control haya tenido a la vista algún registro de la investigación, que le permitió resolver determinada controversia o la situación jurídica del imputado, no existirá impedimento legal para que únicamente dicha constancia de la carpeta de investigación se remita en vía de informe justificado al Juez de Distrito, porque constituye una excepción, a la regla general, y aun en ese supuesto de excepción se cumplirá con el precepto indicado, en virtud de que el juzgador apreciará el acto reclamado como fue debatido ante el Juez de Control, en atención a los principios de contradicción e inmediación contenidos en el artículo 20 de la Constitución Federal, los cuales permiten el equilibrio entre las partes para sostener y debatir la teoría del caso respectiva." Así como la tesis aislada del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, abril de 2018, página 2273, Décima Época, que dice: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI EL ACTO RECLAMADO ES EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ES IMPROCEDENTE ADMITIR LAS OFRECIDAS POR EL TERCERO INTERESADO PARA ACREDITAR SU CONSTITUCIONALIDAD. Conforme al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el proceso penal acusatorio y oral se rige -entre otros- por los principios de contradicción, igualdad procesal e inmediación; de ahí que si en el juicio de amparo indirecto, el tercero interesado ofrece pruebas con las que pretende acreditar la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso reclamado, cuyo desahogo se llevaría a cabo conforme a las disposiciones previstas en los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo, su ofrecimiento resulta improcedente, pues en términos del artículo 75, segundo párrafo, in fine, de la propia ley, se contravendrían los principios que rigen dicho proceso acusatorio y oral." Notifíquese por lista a las partes. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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