Rubí del Carmen Reyes Junco
Expediente 240/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 240/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/09/2023
Partes del expediente
- Rubí del Carmen Reyes Junco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA II. Ciudad del Carmen, Campeche, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que Rubi del Carmen Reyes Junco, parte quejosa en el 27/04/24 19:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 2 presente juicio, interpusiera recurso de revisión contra la resolución de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, transcurrió del veintiocho de abril al quince de mayo de dos mil veintitrés, con exclusión de los días veintinueve y treinta de abril y uno, cinco, seis, siete, trece y catorce de mayo del dos mil veintitrés; por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que la resolución de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE (SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN) En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 20 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 20, fracción I del referido Acuerdo General. 27/04/24 19:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González Juicio de Amparo 240/2023-II 3 ??????????????? Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente, mediante la leyenda "destruible" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
MESA II..."Ciudad del Carmen, Campeche, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio *** de la Jueza y Secretaria Instructora del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche con residencia en esta ciudad, mediante el cual, cumplen el requerimiento dictado en auto de once de abril de dos mil veintitrés. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento, y al efecto remite copia certificada de la constancia de notificación de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, que obra en el expediente ***. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, ***, mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintitrés en la Oficialía de Partes de éste Juzgado, promovió demanda de amparo contra actos de Juez del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad y otra autoridad, a quienes les reclamó la omisión de pronunciarse sobre la admisión de la demanda laboral, presentada mediante escrito de doce de enero de dos mil veintitrés; así como la omisión de notificar el auto que recaiga a dicho ocurso. Ahora bien, las citadas autoridades responsables, en su informe justificado manifestaron que no es cierto el acto reclamado por la quejosa. Asimismo, remitieron copia certificada de las constancias conducentes del juicio laboral ****, de donde se advierte que en veintiuno de marzo de dos mil veintitrés se declaró incompetente, para conocer de la demanda promovida por ****, en contra de ***; *** e *** mientras que, en diligencia de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la notificación a la parte actora ****, del referido auto. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documento público en razón de que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad. Bajo ese contexto, en razón de que la autoridad responsable ya emitió el acuerdo correspondiente, en relación al escrito de demanda laboral, presentada por la quejosa, así como el actuario responsable, notificó a la actora el referido auto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con diez minutos del veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente al quejoso y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, secretario de juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA RUBI DEL CARMEN REYES JUNCO, TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA O SUS AUTORIZADOS, NO ACUDIERON A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL ACUERDO DE ACUERDO DE DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 240/2023, DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, EL ACUERDO A NOTIFICAR SE TRANSCRIBE. MESA II..."Ciudad del Carmen, Campeche, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio *** de la Jueza y Secretaria Instructora del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche con residencia en esta ciudad, mediante el cual, cumplen el requerimiento dictado en auto de once de abril de dos mil veintitrés. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento, y al efecto remite copia certificada de la constancia de notificación de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, que obra en el expediente ***. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, ***, mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintitrés en la Oficialía de Partes de éste Juzgado, promovió demanda de amparo contra actos de Juez del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad y otra autoridad, a quienes les reclamó la omisión de pronunciarse sobre la admisión de la demanda laboral, presentada mediante escrito de doce de enero de dos mil veintitrés; así como la omisión de notificar el auto que recaiga a dicho ocurso. Ahora bien, las citadas autoridades responsables, en su informe justificado manifestaron que no es cierto el acto reclamado por la quejosa. Asimismo, remitieron copia certificada de las constancias conducentes del juicio laboral ****, de donde se advierte que en veintiuno de marzo de dos mil veintitrés se declaró incompetente, para conocer de la demanda promovida por ****, en contra de ***; *** e *** mientras que, en diligencia de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la notificación a la parte actora ****, del referido auto. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documento público en razón de que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad. Bajo ese contexto, en razón de que la autoridad responsable ya emitió el acuerdo correspondiente, en relación al escrito de demanda laboral, presentada por la quejosa, así como el actuario responsable, notificó a la actora el referido auto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con diez minutos del veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente al quejoso y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, secretario de juzgado con quien actúa y da fe.
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MESA II..."Ciudad del Carmen, Campeche, once de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los oficios *** y ***, de la Actuaria Interina y Jueza del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, rinden su informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado. Como justificación de su informe, remite la primera de las autoridades responsables citadas, copias certificadas de las constancias conducentes del juicio laboral ***. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe justificado dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen como pruebas las documentales que adjuntaron a su informe justificado, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y en ese acto se tengan por recibidas, aunque no exista gestión expresa del interesado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Jueza del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad para que dentro del plazo de tres días hábiles remitan copia certificada de la constancia de notificación a la parte actora del auto de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ***. Se apercibe a la Juez responsable que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Notifíquese por lista a la quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ante Joel Moisés Estañol González, Secretario de juzgado con quien actúa y da fe.
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