Salvador Enrique Palmer Chavarria

Expediente 247/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
247/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
09/06/2023

Partes del expediente

  • Salvador Enrique Palmer Chavarria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, nueve de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido y agréguese a los presentes autos, el oficio ***, del Actuario Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en San Francisco de Campeche, mediante el cual, transcribe el acuerdo de uno de junio de dos mil veintitrés, dictado en el recurso de queja ***, de cuya lectura se advierte que informa la recepción del diverso por el que se remitió el escrito del quejoso ***, a través del cual interpuso recurso de queja y formuló agravios, contra el auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo. Finalmente, hace del conocimiento que el referido medio de impugnación se admitió a trámite y quedó registrado con el número de queja ***. Notifíquese por lista al quejoso Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido Shaw Daniel Benjamín Bámaca Morales, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe

  2. Principal

    MESA IV..."Ciudad del Carmen, Campeche, doce de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y de la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra debidamente integrado el presente juicio de amparo, toda vez que obra la constancia de notificación a la parte quejosa del acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, que tuvo por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de catorce de abril de dos mil veintitrés. En consecuencia, remítase escrito de interposición del recurso y de expresión de agravios, así como copia certificada del presente expediente, al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, para la substanciación del recurso de queja hecho valer por el quejoso ****. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito del quejoso ***, mediante el cual, interpone recurso de queja contra el proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer el quejoso ***, contra el auto de catorce de abril de dos mil veintitrés. Asimismo, en términos del numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe en el sentido de que es cierto el acto que se impugna, el cual se encuentra ajustado a derecho, Por tanto, una vez que este expediente se encuentre integrado remítase el escrito de interposición del recurso y de expresión de agravios, vía electrónica, a la superioridad para el trámite respectivo. De igual forma, con apoyo en el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se instruye para que se haga disponible la consulta electrónica del presente expediente a fin de que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, pueda consultar las constancias; debiendo la secretaria encargada del expediente realizar la certificación relativa. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Cuauhtémoc Fuentes Rodríguez, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, catorce de abril de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito del quejoso ***, mediante el cual, de acuerdo a la certificación secretarial de cuenta cumple oportunamente el requerimiento decretado en auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En principio, cabe destacar que del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: "A.-) De la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE, señalo como acto reclamado la Revisión Y fiscalización de la Cuenta Pública *** y *** del Municipio de Carmen en lo que respecta al H. Ayuntamiento conforme a la Orden de Visita Domiciliaria *** y ***, respectivamente y relativas a los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). B.-) De la FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE, reclamo la indebida integración de la carpeta de investigación número ***, iniciada con la indebida denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, en contra del suscrito quejoso, así como el indebido ejercicio de la acción penal en mi contra. (sic)" De lo transcrito, se colige que el quejoso se duele de los siguientes actos: 1. Procedimiento de revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio dos mil veinte, realizado por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, al amparo de la orden de visita domiciliaria ***, relativa a los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 2. Procedimiento de revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio dos mil veintiuno, realizado por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, al amparo de la orden de visita domiciliaria ***, relativa a los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 3. La integración de la carpeta de investigación ***, iniciada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche derivada de la denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado de Campeche. 4. El ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación ***. I. CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVI DE LA LEY DE AMPARO. Precisado lo anterior, en el caso, por cuanto hace al acto reclamado detallado en el puno "1" se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.) Del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose como tal, los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso que nos ocupa, el análisis integral de la demanda de amparo revela que el quejoso reclama el procedimiento de revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio dos mil veinte, realizado por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, al amparo de la orden de visita domiciliaria ***, relativa a los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). Asimismo, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que el procedimiento de revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio dos mil veinte, realizado al amparo de la orden de visita domiciliaria ***, dio como consecuencia determinar interponer denuncia en su contra por el delito de peculado y que dio origen al proceso judicial "ya detallado con anterioridad". Ahora bien, ese proceso judicial, de acuerdo a la información proporcionada en la demanda de amparo y en el escrito aclaratorio, se trata de la carpeta judicial ***, donde mediante resolución de quince de diciembre de dos mil veintidós, la Jueza Primera del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, libró orden de aprehensión librada en contra de *** ***, por haberse cometido el hecho que la ley señala como delito de peculado y la probabilidad de que lo cometió, ilícito previsto y sancionado conforme al artículo 295 en relación con el numeral 296, párrafo segundo, relacionados con los numerales 24, fracción I, 26, fracción I y 29, fracción II, del Código Penal del Estado de Campeche, denunciado por ***, Directora de Auditoría A de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Asimismo, que ese mandamiento de captura deriva del ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación ***, por parte de la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, en contra de Salvador Enrique Palmer Chavarría, por haberse cometido el hecho que la ley señala como delito de peculado y la probabilidad de que lo cometió, ilícito previsto y sancionado conforme al artículo 295 en relación con el numeral 296, párrafo segundo, relacionados con los numerales 24, fracción I, 26, fracción I y 29, fracción II, del Código Penal del Estado de Campeche, denunciado por ***, Directora de Auditoría A de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Bajo ese contexto, en razón de que la carpeta judicial ***, se aperturó por el ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación ***, por parte de la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, derivado del procedimiento de revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio dos mil veinte, realizado por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, al amparo de la orden de visita domiciliaria ***, resulta inconcuso que las violaciones al procedimiento de revisión y fiscalización de la cuenta pública, quedaron consumadas de modo irreparable, pues el procedimiento de auditoría se ha agotado en todas sus etapas. Por lo anterior, no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, por haber operado la figura de la preclusión, que se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio dos mil veinte, llevado a cabo por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, al amparo de la orden de visita domiciliaria *** se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía e identidad de criterio, la jurisprudencia 1a./J. 21/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, página 314, Novena Época, intitulada: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." En tal sentido, se reitera, si la carpeta judicial ***, se aperturó por el ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación ***, por parte de la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, derivado del procedimiento de revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio dos mil veintiuno, realizado por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, al amparo de la orden de visita domiciliaria ***, resulta evidente que el procedimiento de auditoría se consumó en todas sus fases y ha producido todos sus efectos jurídicos, de que se actualice la causa de improcedencia que se analiza. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 en relación con el numeral 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***, por cuanto hace al procedimiento de revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio dos mil veinte, realizado por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, al amparo de la orden de visita domiciliaria ***, relativa a los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, INTERPRETADO A CONTRARIO SENTIDO. Respecto al acto reclamado consistente en el procedimiento de revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio dos mil veintiuno, realizado por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, al amparo de la orden de visita domiciliaria ***, relativa a los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte".;" De conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de actos cuyos efectos sean de imposible reparación. Ahora bien, respecto a lo que debe entenderse por "procedimiento seguido en forma de juicio", existe la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, abril de 2003, página 196, Novena Época, intitulada: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." Y, por "actos de imposible reparación", deben entenderse como tales, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, determinó que por "actos de imposible reparación" deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2. Que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. De estas ejecutorias emergieron la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39, Décima Época, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Y, la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo I, página 15, Décima Época, intitulada: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." A partir de lo anterior, es factible concluir que a raíz del nuevo marco normativo generado con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, a partir del tres de abril de dos mil trece, han quedado superados los criterios jurídicos donde el Máximo Tribunal de Justicia del País, ha fijado los alcances de la expresión "actos de imposible reparación", para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Tales criterios, se reflejan en la tesis aislada P. LVII/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 9, Novena Época, intitulada: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Asimismo, en la tesis aislada P. LVIII/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 10, Novena Época, con la voz: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." Lo anterior, porque los criterios jurídicos transcritos, se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por la expresión "actos de imposible reparación", lo cual, a la fecha ya no acontece, debido a que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los "actos de imposible reparación" al establecer que por dichos actos se entienden: ". los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En esa tesitura, se puede concluir que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal -siempre y cuando no rebasen lo puramente procedimental-, toda vez que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una resolución favorable o una sentencia acorde a sus pretensiones, al agotar los medios de impugnación ordinarios a su alcance. Bajo ese contexto, en el caso que nos ocupa, el acto reclamado consiste en el procedimiento de revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio dos mil veintiuno, realizado por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, al amparo de la orden de visita domiciliaria ASE/DAC/083/2022, relativa a los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), el cual, atendiendo a la doctrina jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no constituye un acto de imposible reparación, entendiéndose por ello, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil catorce. Es así, en razón de que el procedimiento de auditoría reclamado no impide el libre ejercicio de algún derecho sustantivo de la parte quejosa en forma actual o presente, puesto que no pone fin a la instancia administrativa, ni tampoco es de imposible reparación, pues hasta ese momento procesal aún no se ha dictado la resolución definitiva en el procedimiento incoado en contra de la parte quejosa. Siendo, por tanto, hasta que se pronuncie resolución definitiva dentro del procedimiento de revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio dos mil veintiuno, realizado por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, al amparo de la orden de visita domiciliaria ***, cuando se pudiera actualizar tal perjuicio, pues, puede suceder que dicha resolución le sea favorable y, en esa virtud, no se patentizaría la afectación a la parte quejosa y, en caso contrario, indefectiblemente podrá hacerlo valer, como una violación procesal en el medio de impugnación correspondiente a la resolución definitiva que en éste se dicte. De ahí, que el acto reclamado sujeto a escrutinio, no constituye una actuación que hasta este momento le cause un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, que de facto deba ser atendido en esta vía constitucional, pues se insiste sí aún no se ha dictado la resolución respectiva, la consecuencia que acarrea el procedimiento de revisión y fiscalización de la cuenta pública, trae en sí efectos meramente procesales, que en el momento oportuno puede hacer valer como una violación procesal en el medio de impugnación correspondiente a la resolución definitiva. En así, pues contra las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, procede el juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Salvador Enrique Palmer Chavarría, contra el procedimiento de revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio dos mil veintiuno, realizado por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, al amparo de la orden de visita domiciliaria ***, relativa a los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). III. CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII DE LA LEY DE AMPARO. En otro contexto, respecto a los actos reclamados consistentes en: a) La integración de la carpeta de investigación ***, iniciada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche derivada de la denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado de Campeche. b) El ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación ***. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]" De acuerdo con lo establecido en el precepto legal transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que emanen de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Sentado lo anterior, como se mencionó en párrafos precedentes, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que el procedimiento de revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio dos mil veinte, realizado al amparo de la orden de visita domiciliaria ***, dio como consecuencia determinar interponer denuncia en su contra por el delito de peculado y que dio origen al proceso judicial "ya detallado con anterioridad". Asimismo, que ese proceso judicial, de acuerdo a la información proporcionada en la demanda de amparo y en el escrito aclaratorio, se trata de la carpeta judicial ***, donde mediante resolución de quince de diciembre de dos mil veintidós, la Jueza Primera del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, libró orden de aprehensión librada en contra de Salvador Enrique Palmer Chavarría, por haberse cometido el hecho que la ley señala como delito de peculado y la probabilidad de que lo cometió, ilícito previsto y sancionado conforme al artículo 295 en relación con el numeral 296, párrafo segundo, relacionados con los numerales 24, fracción I, 26, fracción I y 29, fracción II, del Código Penal del Estado de Campeche, denunciado por ***, Directora de Auditoría A de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. De igual forma, que ese mandamiento de captura deriva del ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación ***, por parte de la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, en contra de ***, por haberse cometido el hecho que la ley señala como delito de peculado y la probabilidad de que lo cometió, ilícito previsto y sancionado conforme al artículo 295 en relación con el numeral 296, párrafo segundo, relacionados con los numerales 24, fracción I, 26, fracción I y 29, fracción II, del Código Penal del Estado de Campeche, denunciado por Georgina Belén Barrera Colli, Directora de Auditoría A de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Sentado lo anterior, tomando en consideración que la carpeta de investigación ***, ya se judicializó ante la autoridad jurisdiccional, ello trae como consecuencia que las violaciones cometidas durante la integración de esa carpeta de investigación y la resolución por la que se ejerció acción penal, trae como consecuencia hayan quedado consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del quejoso ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva, lo que impide analizar en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada. Al respecto, resulta aplicable, por identidad jurídica substancial, la tesis aislada IV.2o.P.43 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, octubre de 2009, página 1373, Novena Época, intitulada: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación". Asimismo, resulta aplicable, por identidad jurídica substancial, la tesis aislada XV.3o.5 P, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 941, Novena Época, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ACORDAR DIVERSAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y ÉSTA HA SIDO CONSIGNADA ANTE EL JUEZ PENAL Y SE HA GIRADO ORDEN DE APREHENSIÓN EN CONTRA DEL QUEJOSO. El artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo establece que: "El juicio de amparo es improcedente: ... X. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ... ". De acuerdo con dicho numeral si la recurrente reclamó de las autoridades administrativas la omisión de acordar diversas pruebas ofrecidas dentro de la averiguación previa, la que dio origen al proceso penal respectivo, al haber sido consignada ante el Juez Penal correspondiente y haber girado éste orden de aprehensión en contra del quejoso, con ello operó un cambio de situación jurídica y por lo mismo resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad del citado acto sin afectar la nueva situación jurídica, toda vez que al haber sido consignada la averiguación previa al Juez de la causa el representante social dejó de tener el carácter de autoridad para convertirse en parte dentro del procedimiento judicial, circunstancia que hace que en dicho caso concreto se actualice la citada causal de improcedencia". Por los motivos expuestos, con fundamento en el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Salvador Enrique Palmer Chavarría, contra los actos reclamados consistentes en: a) La integración de la carpeta de investigación ***, iniciada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche derivada de la denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado de Campeche. b) El ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación ***. Notifíquese electrónicamente al quejoso. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Cuauhtémoc Fuentes Rodríguez, secretario de juzgado con quien actúa y da fe

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