Salvador Chávez Hernández

Expediente 15/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
15/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
24/05/2019

Partes del expediente

  • Salvador Chávez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veinticinco de abril de dos mil diecinueve (foja 48 a 50), mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. Toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda al no haberse aperturado el incidente de suspensión respectivo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 15/20198-V; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y recibido ese mismo día en este juzgado Salvador Chávez Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto del Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de resolver el incidente de competencia dentro del juicio laboral 641/2016. Acto que el quejoso consideró violatorio de los derechos humanos protegidos por las garantías contenidas en los artículos 8, 14, 16 y 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, relató los antecedentes que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, por lo que en proveído de once de enero de dos mil diecinueve se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado correspondiente; se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; asimismo, se ordenó emplazar con el carácter de tercera interesada a terceros con interés Instituto Mexicano del Seguro Social, Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, Secretaría de Finanzas y Administración y Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (fojas 24 y 25), se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48, 55, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque la omisión se atribuye a un Tribunal en Materia de Trabajo que reside dentro de la jurisdicción esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, relativa a la Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, acude a esta instancia constitucional a impugnar: La omisión de resolver el incidente de competencia dentro del juicio laboral 641/2016. TERCERO. Certeza de actos. Es cierta existencia del acto reclamado, toda vez que así lo manifestó en su informe justificado el Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, además de así advertirse de las copias certificadas que adjuntó al mismo (fojas 12 y 13). Documentales, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. Asimismo, apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". CUARTO. Improcedencia y sobreseimiento. Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, procede examinar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como establece el ordinal 62, de la Ley de Amparo; sin embargo las partes no las hicieron valer; ni de oficio, se advierte la actualización de alguna de ellas. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Al no existir causas de improcedencia que conduzcan a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, procede el estudio de los conceptos de violación, los cuales se considera innecesaria su transcripción, pero se tienen por reproducidos en términos del escrito de demanda. Así, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable viola en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 8, 14, 16 y 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, se ha abstenido de resolver el incidente de competencia correspondiente en el juicio laboral 641/2016, dentro de los términos de ley. En ese sentido, se considera fundado lo alegado por la parte quejosa, ya que los ordenamientos laborales disponen la obligación de que la autoridad laboral acate los términos y plazos previstos en los 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, si de lo remitido por la responsable, a lo que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, se advierte que el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho tuvo verificativo la audiencia incidental de competencia (foja 11 a 13) reservándose la resolución correspondiente y el uno de febrero de dos mil diecinueve (foja 12) se turnaron los autos para que se emitiera la resolución incidental, es evidente que se excedió en los términos legales, lo que trajo como consecuencia la inobservancia del numeral 17 constitucional que establece que la impartición de justicia debe ser gratuita, pronta y expedita, violación directa que es considerada de ejecución irreparable y trasciende a los derechos de la parte quejosa. Lo que resulta contrario al derecho de acceso a la justicia, el cual con base en la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprende tres etapas (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas, todas ellas conforman una unidad de tal manera que se si se deja de observar alguna de ellas, se hace nugatorio ese derecho. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 151, tomo I, libro 48, noviembre de 2017, Décima época, materia Constitucional, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales". Consecuentemente, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para efecto de que el Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, resuelva el incidente de competencia, respetando los plazos y términos legales para su realización, ello, dentro del juicio laboral 641/2016. Al respecto se invoca el criterio 2ª. CV/2013 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustIIidad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Salvador Chávez Hernández, respecto de los actos que reclamaron del Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, en los términos señalados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido del licenciado Juan Francisco Orozco Córdova, secretario del juzgado que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto el comunicado del Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a través del cual cumple con el requerimiento que se le hizo en autos, pues informa que los demandados en el juicio de origen son el Instituto Mexicano del Seguro Social, Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, Secretaría de Finanzas y Administración y Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, a quienes en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, les reviste el carácter de terceros interesados; por tanto, a fin de no dejarlos en estado de indefensión, se ordena llamarlos a juicio, mediante oficio, corriéndoles traslado con copia simple de la demanda de amparo, del auto admisorio y de once de febrero de dos mil diecinueve, en términos del numeral 26, fracción II, inciso b), de la ley en la materia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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