Salvador Camarillo Vallejo

Expediente 38/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
38/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
24/06/2019

Partes del expediente

  • Salvador Camarillo Vallejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 32-45), en la que se negó el amparo solicitado por la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Toda vez que, en el presente expediente, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa es susceptible de DEPURACIÓN. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Asimismo, como resulta innecesario que en autos obre el cuadernillo de pruebas y el disco versátil que remitió el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, con residencia en esta ciudad, se ordena enviárselo, con la atenta solicitud del acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrá como recibido a entera satisfacción. Sin que se haga pronunciamiento sobre la devolución de documentos o garantía, toda vez que no fueron exhibidos los primeros, ni la segunda en el cuaderno incidental por no haberse aperturado. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo V-38/2019; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Salvador Camarillo Vallejo, por conducto de su defensor particular promovió juicio de amparo en contra de un acto de autoridad que consideró violatorio de los derechos humanos reconocidos en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y que sirven de fundamento a los conceptos de violación. SEGUNDO. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, y en acuerdo de treinta de enero de dos mil diecinueve (fojas 13 a 15) y previo cumplimiento de un auto preventivo, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, se emplazó con el carácter de terceros interesados a los siguientes: Persona Foja Agentes del Ministerio Público adscritos al Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia, del Poder Judicial del Estado de Michoacán: Rosa María Solorio Camarena, Rogelio Hernández Hernández y César Campos Damián. 28 Juan Gabriel Flores López 30 Integrado el expediente, el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia constitucional (foja 32 y 33) al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente juicio, en razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 51, fracción I, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una resolución emitida por un tribunal judicial de orden Penal que restringe la libertad personal del quejoso y que reside dentro de la jurisdicción territorial de esta potestad federal. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual dispone que en todas las sentencias deberá precisarse en qué consiste el acto reclamado, atendiendo a los razonamientos expuestos en el capítulo que antecede, el acto reclamado en esta instancia constitucional es: El auto de vinculación a proceso pronunciado en la causa penal 568/2018. Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, es aplicable la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO. EXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado al Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia, del Poder Judicial del Estado de Michoacán, pues al rendir el informe justificado que le fue requerido (foja 20) lo admitió, lo que se corrobora con el disco versátil digital que acompañó, el que constituye prueba documental pública con valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 278, así como la 43/2013 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diaño Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesaño, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. PROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso ninguna de las partes las hicieron valer y este juzgador no advierte, de oficio, alguna que impida el estudio de los conceptos de violación, los que no se transcriben porque no existe ninguna disposición en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la Ley de Amparo que imponga tal obligación; además, porque ello no vulnera los principios de congruencia y exhaustividad como así lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 58/2010 que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". QUINTO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Son infundados los conceptos de violación por lo siguiente. El acto reclamado está constituido por la resolución pronunciada en la audiencia de trece de diciembre de dos mil dieciocho en la que, el Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia, del Poder Judicial del Estado de Michoacán, emitió auto de vinculación en contra del quejoso por el hecho con apariencia de delito de lesiones en riña, previsto y sancionado por los artículos 125, párrafo primero y fracción I, en relación con el 130 y 134 del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo. Ahora, de la reproducción de la videograbación contenida en el disco versátil digital, se advierte que las razones por las cuales se emitió el auto de vinculación, son las siguientes: Se cumplieron los cuatro requisitos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales para la emisión del auto de vinculación, ya que [1] se le formuló la imputación, [2] se le preguntó si entendió el hecho atribuido y se le dio la oportunidad de declarar, [3] que los datos de prueba que se han vertido en la audiencia arrojen indicios razonables que permitan suponer justificado el hechos que se le atribuye y que el quejoso lo cometió, y, [4] que no esté demostrada alguna causa de exclusión del delito. Los datos de prueba fueron obtenidos de manera lícita, no son de aquellos que requieran control judicial, y en su obtención no se vulneró ningún derecho fundamental de alguna de los intervinientes; en esencia las entrevistas y los certificados médicos de lesiones. Que la razonabilidad de los datos de prueba consiste en que no existan contradicciones entre la información a la que hace referencia cada uno de ellos. Derivado de lo anterior, analizada la exposición que el agente del Ministerio Público que formuló la imputación respecto de los datos que revelaron las entrevistas de Nancy Janete Díaz, María del Pilar Figueroa García y la querella de Juan Gabriel Flores López, arribó a las siguientes conclusiones: Desestimó el argumento de la defensa en el sentido de que existe contradicciones substanciales respecto de lo informado por Nancy Janete Díaz García, María del Pilar Figueroa García y la querella de Juan Gabriel Flores López, ya que no se precisó en qué consistieron; y, como no tiene acceso a la carpeta de investigación no puede apreciar si existen, se trata de contradicciones substanciales o solamente accidentales. La versión de los entrevistados y del querellante, es más razonable que la que expuso el quejoso al momento de rendir su declaración de forma oral, ya que, básicamente señaló que una persona fue a su vehículo lo sacó y lo comenzó a golpear, sin ningún motivo aparente, empero, las otras personas, incluso María Fernanda, señalaron una mecánica de los hechos plausible en donde se indicó que el imputado fue quien provocó la riña. Que el motivo que probablemente subyace son los conflictos sindicales que existen entre grupos antagónicos de la facultad de medicina, la grabación que Salvador Camarillo Vallejo realizó por medio del teléfono celular del momento en que Juan Gabriel Flores López se encontraba dentro del estacionamiento de la facultad, según el imputado, porque tenía prohibido acceder a él; la acción del imputado de cerrar la puerta eléctrica de dicho estacionamiento que impidió que una de las personas saliera del interior de la facultad y las agresiones verbales que las dos entrevistadas refieren que realizó Salvador Camarillo Vallejo. Que con los datos de prueba invocados por el Ministerio Público se logró justificar, que Juan Gabriel Flores López resultó lesionado en el pómulo izquierdo, en el antebrazo y en la rodilla, lo que hace no creíble -hasta ese momento- la versión de la declaración del imputado en el sentido de que él no propinó ningún golpe sino que únicamente se defendió, pues de ser así no habría razón que justificara las lesiones de Juan Gabriel. Que no advirtió la deficiencia de algún requisito de procedibilidad y que la defensa no alegó alguna causa que excluya el delito. V.1 Ahora, el quejoso sostiene en el primer concepto de violación que se violó el principio de inmediación; porque en el proceso penal se pretendía formular imputación tanto a él, como a Juan Gabriel Flores López debido a que el hecho delictuoso se verificó en una riña en la que resultaron lesionados ambos participantes; sin embargo, este último no se presentó, por lo que el desahogo de la audiencia hasta resolver el auto de vinculación viola el principio de inmediación. A su parecer, el principio de inmediación implica que el juzgador que dicta la resolución, de acuerdo a la etapa del procedimiento en que se actúe, debe presidir las audiencias, observar por sí la recepción de la prueba (o datos de prueba, según la etapa procesal), el debate generado con la intervención de las partes respecto a ella o incluso respecto a lo que aun sin esa específica denominación consta en el proceso (hechos o argumentos que finalmente también son y generan datos de prueba o prueba), para extraer de ello, directamente de la fuente de prueba, su convicción respecto a lo que consta en el proceso y ha de sustentar su conclusión respecto a lo que debe considerar probado ante él; y, que en los casos en donde a la vez de ser víctima se es imputado, para respetar el principio de inmediación debe desarrollarse íntegramente ante el mismo juez de Control, pues sólo de esa manera se garantiza que el juez que decide observó por sí la recepción de los datos de prueba, estuvo en contacto directo con la fuente de que emanaron, conoció de manera inmediata lo introducido al procedimiento, pues ello también debe considerarse un elemento de convicción que el juzgador necesariamente debe valorar al emitir la resolución respectiva. Alega que el principio de inmediación no puede conseguirse en los casos en que un juez de Control, conoce de los datos de prueba y comunicación de imputación y otro es quien emite el auto de vinculación a proceso, aun cuando el nuevo juez de Garantía pueda imponerse de las videograbaciones respectivas, pues el segundo juzgador no estuvo en aptitud de percatarse por sí de la forma en que se desahogaron esos datos de prueba, la intervención del fiscal solicitante al respecto y en general respecto a los hechos materia de la audiencia, lo que es fundamental para la correcta valoración de la información aportada, que finalmente se traducen en elementos de convencimiento para el juzgador. Y considera que lo anterior es trascendente ya que, por una parte, el procedimiento de aportación de elementos de convicción (aun en forma de dato de prueba) no termina con el desahogo de éstos, sino que comprende su valoración, pues ello es parte del derecho de audiencia a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política Federal; se integra (a su vez, como parte del debido proceso legal), de tal manera que el derecho probatorio se respeta no sólo admitiendo datos de prueba o prueba sino, además, expresando los motivos concretos por las cuales, en su caso, dichas pruebas o datos de prueba resultan o no eficaces a juicio del juez, lo que cobra credibilidad si dichas razones se emiten de manera lógica y razonada por la autoridad a quien correspondió conocer de su ofrecimiento, admisión y desahogo. El quejoso sostiene que la trascendencia del respeto al principio de inmediación con relación a lo alegado y probado en el procedimiento, tiene que ver con que en el nuevo sistema de justicia penal rige el método de libre valoración de la prueba y, por ende, la inmediación en la totalidad del desarrollo del procedimiento probatorio asegura la calidad y veracidad de la información con la que se toma la decisión, dado que se presupone que quien emite un juicio de valor, será más creíble en tanto se advierta que tuvo contacto directo con la fuente de prueba. Sin embargo -al parecer del quejoso- esos dos aspectos de relevancia no se colman en el procedimiento acusatorio oral cuando el nuevo juez, únicamente se impone del contenido de una acusación, cuando ésta ya fue expuesta ante diverso Juez de Control, pues se corre el riesgo de llegar a resoluciones contrarias. Lo anterior es infundado. No asiste razón a la parte quejosa al sostener que en el desahogo de la audiencia inicial en que se realizó la formulación de la imputación y se resolvió sobre la vinculación, se violó el principio de inmediación, porque al margen de que en la etapa en que se pronuncia el auto de vinculación, no existe desahogo de pruebas ni de datos de pruebas porque estos, únicamente son la referencia a un medio de prueba que podrá ser incorporado al juicio oral a través de los principios de inmediación y contradicción, para vincular a proceso a una persona únicamente debe verificarse que los datos de prueba que describa el Ministerio Público en la imputación establezcan que se cometió un hecho con apariencia de delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, de ahí que no se valoren pruebas sino que se establece, razonadamente, si existen méritos suficientes para desarrollar una investigación formal en contra del imputado. En ese contexto, si bien por virtud del principio de inmediación toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en el Código Nacional; y que, en ningún caso, el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva, en la etapa inicial tal principio es aplicable en lo referente a la apreciación que el juez realiza respecto de los datos de prueba invocados -los que no conoce materialmente-, para decidir si existen "datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Ahora, con base en la interpretación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó de este principio, en relación con las distintas etapas que conforman la audiencia inicial, el juez que presidió la audiencia en que se formuló la imputación debe ser el mismo que resuelva sobre la vinculación; sin embargo, esa interpretación no puede llevarse al extremo de considerar que si se trata de hechos conexos o concursos de delitos, la formulación de imputación a diversas personas tenga que realizarse al mismo tiempo y ante el mismo juez, porque podría llegarse al absurdo que ante la imposibilidad de conducir ante el juez a uno de los imputados, el proceso quede paralizado, con las consecuencias que ello significa que podría llegar incluso a que se consume la prescripción de la acción penal. Y, tal es el espíritu del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en el artículo 30 se establecieron las causas por las que se puede solicitar la acumulación de procesos y el procedimiento para decretarlo. Dos de esas causas de acumulación son precisamente los hechos conexos y el concurso de delitos. Acumulación que puede decretarse hasta antes de que se emita el auto de apertura a juicio oral; lo que implica que las etapas inicial e intermedia de dos procesos penales respecto de hechos conexos, pueden llevarse en dos procesos independientes y ante jueces de control diferentes. Conclusión que resulta lógica, porque -salvo la responsabilidad penal de las personas morales- la responsabilidad penal es de carácter personal. En virtud de lo anterior, el primer concepto de violación es infundado, porque no es verdad que para respetar el principio de inmediación es necesario, en los casos que se procesa el delito de lesiones cometido en riña, que se formule la imputación a las personas involucradas en ella al mismo tiempo. V.2 En el segundo concepto de violación, el quejoso sostiene que el auto de vinculación es incongruente, porque al decidir que los datos de prueba invocados por el Ministerio Público son suficientes para hacer probable la participación del quejoso en los hechos delictuoso tipificados como lesiones cometidos en riña, lo colocó con el carácter de provocador, no obstante que el Ministerio Público, al formular la imputación no se manifestó en sentido; esto es, considera que, en su perjuicio se suplió la deficiencia de la acusación. Lo anterior también es infundado. Del estudio integral del audio y video que constan en el disco versátil digital anteriormente valorado, se advierte que el ministerio público omitió precisar, al formular la imputación, si el quejoso actuó en el hecho que la ley señala como delito de lesiones cometido en riña, con el carácter de provocador; y, que el Juez de Control efectivamente así lo afirmó; sin embargo, esa circunstancia no constituye una suplencia, porque ésta, consiste en hacer valer cuestiones omitidas por una de las partes que le reportan algún beneficio, lo que en el caso no sucedió. Se afirma lo anterior, porque el carácter de provocado o provocador en el homicidio y en las lesiones cometidas en riña, sólo es útil cuando la penalidad incorpora relevancia para tomar una decisión; por ejemplo, para el plazo para que concluya la investigación complementaria, o el proceso; o bien, para ser acreedor a algún beneficio que pueda substituir una eventual pena de prisión, etcétera. En el caso de la vinculación a proceso, el carácter antes indicado no incide en la comprobación que el juez de control realiza sobre los requisitos para vincular a proceso a una persona, pues ese carácter no trasciende en el estudio dogmático del tipo penal, ya que se considera sujeto activo del delito, tanto el provocado como el provocador. De ahí que lo alegado en el segundo concepto de violación tampoco se justifica. V.3. Una vez que fueron analizados los conceptos de violación expuestos y declarados infundados, procede emprender un estudio oficioso de la resolución combatida para verificar que no se violaron derechos humanos, y exista por ello, alguna causa para suplir la deficiencia en la exposición de los conceptos de violación con base en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se arriba a la conclusión que la autoridad responsable respetó los derechos humanos del quejoso, pues al resolver el caso sometido a su consideración decidió que tenía competencia para resolver el asunto, por tratarse de una decisión que se emitió dentro de un proceso penal vinculado a hechos que se cometieron dentro de la circunscripción territorial en donde ejerce jurisdicción, para sustentar tal consideración señaló los preceptos constitucionales y legales que así lo justifica. Previo a dictar el auto de vinculación, informó al imputado los derechos que le asisten en esa etapa del procedimiento, verificó que ejerciera el derecho de defensa a través de un licenciado en derecho con cédula profesional registrada (número 10279919), dio oportunidad para que se formulara la imputación y de que el quejoso declarara en relación a ello, apreció los datos de prueba que invocaron las partes en el debate respectivo y tomó una decisión explicando las razones por las cuales arribó a la convicción de que los requisitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedaron satisfechos. Lo que se afirma en ese sentido, pues adujo que los datos invocados por el Ministerio Público fueron suficientes para establecer que el día de los hechos se presentó un conflicto en las afueras del estacionamiento de la Facultad de medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde se provocó una contienda de obra entre la víctima y el imputado, en la cual, mutuamente se provocaron lesiones, las que fueron descritas en los certificados médicos que invocó el Ministerio Público al formular la imputación y que tal contienda pudo tener origen en un conflicto antiguo, de orden sindical, hechos que los artículos 125, párrafo primero, fracción I, 130 y 134, del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo, tipifica como lesiones cometidas en riña, ya que se pudo establecer que la víctima tuvo una alteración en la salud provocado por una causa externa como lo es, los golpes que mutuamente se propinaron los rijosos, todo ello dentro del marco de una contienda de obra aceptada por los intervinientes. Asimismo señaló, que con los datos de prueba que refieren a las entrevistas descritas con antelación, se revela que probablemente el imputado realizó por sí mismo la conducta imputada, ya que con la referencia a la información derivada de las entrevistas de Nancy Janete Díaz y María del Pilar Figueroa García, se pudo establecer en grado de probabilidad que el imputado fue quien propinó los golpes a Juan Gabriel Flores López. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". En ese orden, el acto reclamado no viola los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se trata de un acto que si bien restringe temporalmente la libertad personal, fue emitido por una autoridad competente, respetando las formalidades esenciales del procedimiento, fundado y motivado. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 34/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel". Al resultar infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto, fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Salvador Camarillo Vallejo, contra los actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia, del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable y terceros interesados.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: SALVADOR CAMARILLO VALLEJO. Por lo expuesto, fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Salvador Camarillo Vallejo, contra los actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia, del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que el quince de febrero del presente año , se dio vista a las partes con el contenido del informe justificado rendido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, por lo que de la certificación que antecede se advierte el plazo para imponerse de su contenido será para la parte quejosa y para los terceros interesados del veinte febrero al uno de marzo del año en curso, y para la víctima tercero interesado del veintiuno de febrero al cuatro de marzo de los actuales. Consecuentemente, a fin de que no se violen las reglas del procedimiento, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las doce horas con diez minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo. Sin que sea necesario ordenar la notificación de este proveído mediante oficio a las autoridades responsables, dado que esta determinación no es de aquéllas que deban notificarse de manera personal a las partes y que están establecidas en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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