Salvador Chávez Arreola

Expediente 81/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
81/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
12/04/2021

Partes del expediente

  • Salvador Chávez Arreola
  • Gustavo Arriaga Reyes
  • Juez de Distrito Especializado al Centro de Justicia Penal Federal, en funciones de administrador, con sede en Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Firme. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida el doce de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la promoción del recurso de revisión respectivo contra la sentencia definitiva de las demás partes, en virtud del sentido de la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Archivo. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Valoración de los cuadernos. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, el cuaderno original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, en el que, por un lado, se concedió la suspensión provisional y, por otro, se negó la definitiva solicitada por la parte quejosa, en términos del inciso a), fracción I, del artículo 18 del referido Acuerdo General, es susceptible de depuración. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en las carátulas relativas a este expediente y a la del incidente de suspensión. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documentos. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no fueron exhibidos. Reserva de oficios. Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias del Estado de Michoacán y de la Federación, suspendieron las labores por virtud de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia producida por el virus Sars Cov2 o Covid-19; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de comunicados por dicha circunstancia, los reserve en la actuaria de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Impresión. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  2. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL. En Morelia, Michoacán, a las catorce horas con veinticinco minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno1 , hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental en el presente asunto, el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido del licenciado Marco Antonio Arroyo Rodríguez, secretario de Juzgado que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental relativa al juicio de amparo VIII-81/2021, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que destacan las consistentes en: o Copia simple del escrito de demanda. o Auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, en el que se proveyó lo inherente a la suspensión provisional solicitada. Asimismo, se hace relación del informe previo que obra en autos mediante la siguiente tabla: N° Autoridad Auto de recepción Sentido Acto reclamado 1 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, Quince de febrero de dos mil veintiuno. Niega La revocación del beneficio de la condena condicional concedida dentro del SIPE número 434/2017, que se deriva de la ejecución de sentencia de la causa penal número 826/2017 instruida en contra de los quejosos y, como consecuencia de ello, la emisión de una orden con residencia en Morelia, en funciones de Administrado r de reaprehensión y su ejecución. En este acto, el secretario del Juzgado certifica: Que el plazo de tres días contenido en los proveídos de diecisiete y veintiséis de febrero del año en curso, para que la parte quejosa señalara la denominación correcta, respectivamente de las autoridad que citó como (1) "DELEGADO REGIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"; (2) "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL"; (3) "PRIMER COMANDANTE DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL, CON SEDE EN MORELIA, MICHOACÁN" ; y, (4) "COMANDANTE DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, CON SEDE EN TACÁMBARO, MICHOACÁN." le transcurrió por lo que ve a las primeras tres citadas del cinco al nueve de marzo de dos mil veintiuno2 , mientras que, en lo que respecta a la cuarta de las autoridades que citó, del nueve al once de los actuales3 . A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede y por reiterado el proveído en el que se tuvo a la autoridad responsable rindiendo informe previo. Por otro lado, en atención a la certificación emitida por el secretario, se tiene que el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa para que señalara la denominación correcta de las autoridades que citó como (1) "DELEGADO REGIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"; (2) "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL"; (3) "PRIMER COMANDANTE DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL, CON SEDE EN MORELIA, MICHOACÁN" ; y, (4) "COMANDANTE DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, CON SEDE EN TACÁMBARO, MICHOACÁN." le transcurrió sin que lo hubiera hecho; por tanto, se hacen efectivos los apercibimientos contenidos en los proveídos de diecisiete y veintiséis de febrero del año en curso, respectivamente, y se tienen por no señaladas como responsables en virtud de su inexistencia, ordenándose suspender toda comunicación con éstas. En ese tenor, dada la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables (1) "DELEGADO REGIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"; (2) "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL"; (3) "PRIMER COMANDANTE DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL, CON SEDE EN MORELIA, MICHOACÁN" ; y, (4) "COMANDANTE DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, CON SEDE EN TACÁMBARO, MICHOACÁN." no se hará mención de las mismas al momento de dictarse la resolución del presente incidente. Se declara abierto el período probatorio: El secretario hace constar que únicamente la parte quejosa ofreció como medios de convicción las constancias acompañadas a la demanda de amparo. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de ley en aplicación, se tiene por admitidas y desahogadas las documentales descritas y se tiene por perdido el derecho de las demás de partes de allegar medios de prueba, se cierra esta etapa. Se abre el período de alegatos: El secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo se tiene por perdido el derecho de las partes de formular alegatos, por lo que se cierra esta fase. Al no existir escrito pendiente por acordar ni diligencia que practicar, se da por terminada la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto VIII 81/2020, promovido por Salvador Chávez Arreola y Gustavo Arriaga Reyes, por propio de derecho, contra los actos que reclama al Juez de Distrito Especializado al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, en funciones de Administrador. RESULTANDO PRIMERO. Salvador Chávez Arreola y Gustavo Arriaga Reyes por propio de derecho, solicitaron la suspensión definitiva de los actos reclamados que se precisarán en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Mediante proveído de tres de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó formar el presente incidente de suspensión, se pidió informe previo a las autoridades responsables y se citó a las partes a la audiencia incidental, la que tuvo verificativo conforme al acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, tiene competencia legal para resolver el presente incidente de suspensión, con base en lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 37, 107, y demás aplicables de la Ley de Amparo en vigor, 48. 52, fracción IV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito4 ; toda vez que la competencia nace en el juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión y se extiende a este mismo. SEGUNDO. Consideraciones previas. En forma inicial, debe precisarse que la figura de la suspensión del acto reclamado constituye una medida cautelar que puede ser dictada dentro del juicio de amparo y tiene por objeto mantener las cosas en el estado en el que se encuentran mientras se dicta la sentencia y, por consiguiente, implica la paralización provisional de los efectos producidos con el acto de autoridad; por lo que a fin de proveer su dictado, resulta necesario que el juzgador federal realice el estudio de distintos tópicos en forma escalonada que se encuentran delineados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la propia Ley de Amparo. En esos términos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, los temas que deben estudiarse en forma escalonada para determinar la procedencia o improcedencia del otorgamiento de la suspensión y, en su caso, sus efectos y requisitos de subsistencia, se hacen consistir en los siguientes: ? Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida debe o no concederse. ? Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento de la medida cautelar. ? Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión. ? Las previsiones que se tomen para evitar el abuso de la suspensión. Por lo que se refiere al primer aspecto, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. Así, conforme a la regulación constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse de forma estratificada son los siguientes: ? Petición de parte. Conforme el artículo 128 de la Ley de Amparo, por regla general, la suspensión debe concederse siempre a petición de parte, con excepción de aquellos actos reclamados en los que expresamente procede la suspensión de oficio.5 ? La existencia del acto reclamado. Como presupuesto lógico para el otorgamiento de la suspensión debe existir siempre un acto reclamado que pueda paralizarse, ya que dicha medida cautelar no puede proyectarse sobre situaciones jurídicas o de hecho que resulten inexistentes. ? Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. Dado que la suspensión constituye una medida cautelar que implica la avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. Así, conforme a la regulación constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse de forma estratificada son los siguientes: ? Petición de parte. Conforme el artículo 128 de la Ley de Amparo, por regla general, la suspensión debe concederse siempre a petición de parte, con excepción de aquellos actos reclamados en los que expresamente procede la suspensión de oficio.5 ? La existencia del acto reclamado. Como presupuesto lógico para el otorgamiento de la suspensión debe existir siempre un acto reclamado que pueda paralizarse, ya que dicha medida cautelar no puede proyectarse sobre situaciones jurídicas o de hecho que resulten inexistentes. ? Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. Dado que la suspensión constituye una medida cautelar que implica la la parte quejosa se duele de los actos de autoridad que se hacen consistir en:  La revocación del beneficio de la condena condicional concedida dentro del SIPE número 434/2017, que se deriva de la ejecución de sentencia de la causa penal número 826/2017 instruida en contra de los quejosos y, como consecuencia de ello, la emisión de una orden de reaprehensión y su ejecución. CUARTO. Análisis de los requisitos de procedencia de la suspensión. Como se dijo, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. IV.1. Petición de parte La parte agraviada solicitó la suspensión del acto reclamado; por ende, se colma el requisito de procedibilidad previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. IV.2. Actos reclamados y su existencia Al rendir el informe previo correspondiente, la autoridad responsable indicó lo siguiente: N° Autoridad Auto de recepción Sentido Acto reclamado 1 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Quince de febrero de dos mil veintiuno. Niega La revocación del beneficio de la condena condicional concedida dentro del SIPE número 434/2017, que se deriva de la ejecución de sentencia de la causa penal número 826/2017 Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, en funciones de Administrado r instruida en contra de los quejosos y, como consecuencia de ello, la emisión de una orden de reaprehensión y su ejecución. IV.2.1. Inexistencia de actos reclamados Cabe referir que, la parte quejosa aportó diversas documentales para acreditar la existencia de los actos de reclamados que dieron lugar al presente juicio; sin embargo, con las mismas no se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, ya que no se evidencia que ésta haya dictado determinación atinente a una orden de reaprehensión en su contra, aunado a lo anterior conviene puntualizar que en proveído de cinco de marzo pasado, dictado en el cuaderno principal, se tuvo a dicha autoridad haciendo del conocimiento la extinción de penas impuestas a los ahora quejosos, dentro del SIPE 434/2017, de su índice, así como informando el cumplimiento de sentencia en la causa penal de origen; de ahí que se reitere la inexistencia de los actos reclamados. En ese orden, toda vez que la parte quejosa no aportó al pruebas tendentes a desvirtuar dicha negativa; se tiene por inexistentes los actos atribuidos a las misma, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a la parte quejosa, toda vez que es incierto el acto reclamado. Al respecto se cita la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos"6 . No es inadvertido que, el doce de marzo de dos mil veintiuno, se haya dictado sentencia definitiva en el juicio principal del que deriva este incidente, en la que se sobreseyó en el juicio promovido por los quejosos, empero la misma a la data no ha causado ejecutoria; por lo que, se está en condiciones de emitir resolución en el incidente de suspensión que nos ocupa. En ese tenor, por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 128, 138, 144 y 146 de la Ley de Amparo; se RESUELVE PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Salvador Chávez Arreola y Gustavo Arriaga Reyes, por las razones precisadas en el del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se, RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Salvador Chávez Arreola y Gustavo Arriaga Reyes contra los actos que atribuyeron a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero, en los términos y por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente fallo en el expediente electrónico.

  4. Incidental

    Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que, en proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se otorgó el plazo de tres días a la parte quejosa para que precisara la denominación correcta de la autoridad que señaló como "COMANDANTE DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, CON SEDE EN TACÁMBARO, MICHOACÁN"; no obstante lo anterior, se advierte que dicho plazo se encuentra transcurriendo, ello dado que, tal proveído ?previo citatorio? fue notificado mediante lista de acuerdos el cinco de marzo de dos mil veintiuno, surtió efectos el ocho siguiente y comenzó a transcurrir el nueve de marzo posterior, generando que el aludido plazo de tres días culmine en esta data, lo anterior como se puede corroborar con las imágenes insertas enseguida Diferimiento. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se DIFIERE la celebración de la audiencia incidental señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las catorce horas con veinticinco minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notificación por lista. Sin que sea necesario ordenar la notificación de este proveído mediante oficio a las autoridades señaladas como responsables, dado que esta determinación no es de aquéllas que deban notificarse de manera personal a las partes y que están establecidas en el artículo 27 del ordenamiento legal en cita. Digitalización. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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