Salomón Hernández Medina

Expediente 444/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
444/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
18/08/2017

Partes del expediente

  • Salomón Hernández Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    EJECUTORIA SOBRESEE El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Secretario Jorge Martín Zamora González, CERTIFICO: Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió del cuatro al diecisiete de agosto del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno dentro del juicio de amparo 444/2017. Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Se hace constar que no se tramitó incidente de suspensión. Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guardan los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia de veintiséis de julio del año en curso, dictada dentro del juicio de amparo en que se actúa, en la que se sobreseyó el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En ese sentido, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se decretó el sobreseimiento además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. María del Carmen**

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE 26 DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO:"V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 444/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Salomón Hernández Medina, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas. Acto reclamado: Lo constituye el hecho de que la responsable NO HA REALIZADO EL EMPLAZAMIENTO A JUICIO, a pesar de que la demanda inicial fuera interpuesta el 08 de noviembre de 2016 y ya han transcurrido casi seis meses y no se ha realizado tal emplazamiento." Actos que, a su parecer, resultan violatorios del derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este juzgado, por lo que en proveído de ocho de mayo de la presente anualidad (fojas 6-9), se registró bajo el número de expediente 444/2017 y se previno al quejoso, a efecto de que dentro del término de cinco días precisara lo siguiente: Si lo que reclamaba a la junta responsable era la omisión de ordenar el emplazamiento, o bien, la existencia de alguna razón que imposibilitara al actuario adscrito llevar a cabo el llamamiento a juicio. En caso de que atribuyera algún acto al actuario adscrito a la junta responsable señalara qué acto reclamaba de éste, manifestara si deseaba señalarlo como autoridad responsable y narrara los hechos o abstenciones que constituyeran la aclaración del acto reclamado. Informara si deseaba tramitar incidente de suspensión respectivo. Luego, en auto de dieciséis de mayo siguiente (fojas 14-15), se tuvo al promovente del amparo dando cumplimiento únicamente con la prevención realizada en el sentido de que aclarara si lo que reclamaba en el presente juicio a la junta responsable era la omisión de ordenar el emplazamiento, o bien, la existencia de alguna razón que imposibilitara al actuario adscrito llevar a cabo el llamamiento a juicio, para lo cual manifestó que el acto reclamado lo hacía consistir únicamente en la omisión de la autoridad responsable en ordenar el emplazamiento dentro del juicio de origen, por tanto, la prevención de mérito siguió subsistiendo, hasta que diera total cumplimiento. En esa línea, mediante diverso proveído de treinta posterior (fojas 21-22), se tuvo al peticionario de garantías dando total cumplimiento con lo requerido y se admitió a trámite la demanda de referencia; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos de la acta que antecede y forma parte integral del presente juicio; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad judicial que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: La omisión por parte de la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas de ordenar que se emplace a Pipas Ledesma, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o José Armando Ledesma Campos y/o Minera Saucito, Sociedad Anónima de Capital Variable, al juicio laboral 464/2016 de su índice. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, por conducto de la auxiliar, en ausencia del presidente de dicha junta, aceptó la existencia de la omisión reclamada, pues así lo manifestó en su informe con justificación (fojas 25-26). Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Previamente al estudio de los conceptos de violación y para mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados. 1. El ocho de noviembre de dos mil dieciséis, Salomón Hernández Medina promovió demanda laboral ante la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, contra Pipas Ledesma, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o José Armando Ledesma Campos y/o Minera Saucito, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o quien resultara responsable de la relación laboral con éste. 2. La Junta responsable admitió a trámite la demanda de referencia y señaló el dieciocho de enero de la presente anualidad, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la cual se difirió para el veintiséis de abril siguiente, toda vez que aún no se realizaba el emplazamiento a la parte demanda. 3. El veintiséis de abril siguiente, nuevamente se difirió la audiencia precisada en el punto que antecede, pues faltaba emplazar a las partes, por lo que se señalaron las once horas con treinta minutos del siete de agosto de la presente anualidad, para la celebración de la audiencia de mérito y, ordenó a la actuaria adscrita notificara la nueva data y emplazara a los demandados al juicio laboral 464/2016. La omisión de realizar el emplazamiento constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. En el caso, procede sobreseer el presente juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, numeral que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;. La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En el caso, el quejoso reclama la omisión por parte de la responsable de ordenar el emplazamiento al juicio laboral 464/2016 de su índice de Pipas Ledesma, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o José Armando Ledesma Campos y/o Minera Saucito, Sociedad Anónima de Capital Variable. Sin embargo, del informe con justificación rendido por la autoridad responsable se advierte que ésta manifestó, en lo que interesa, lo siguiente: "comisionando a la C. Actuaria adscrita a esta H. Junta se sirva notificar y emplazar a las partes, por lo que dicho expediente se encuentra turnado a la misma a fin de que se sirva realizar lo ordenado por esta Autoridad; desprendiéndose de autos que las demandadas se encuentran debidamente notificadas y emplazadas." De lo transcrito se advierte que la junta federal laboral responsable informó que a la fecha de presentación de la demanda que originó el presente juicio de amparo no se encontraban emplazadas al juicio de origen las demandadas de mérito, no obstante a la diversa data en que emitió su informe con justificación ya se había realizado el emplazamiento reclamado, luego, para acreditar su dicho adjuntó a su informe de ley la copia certificada de las siguientes constancias: Auto veintiséis de abril de dos mil diecisiete, del que se advierte, entre otras cuestiones, se ordenó el emplazamiento a la parte demandada (foja 27). Citatorios de ocho y nueve de junio de la presente anualidad dirigidos a José Armando Ledesma Campos, Pipas Ledesma, Sociedad Anónima de Capital Variable y Minera Saucito, Sociedad Anónima de Capital Variable, respectivamente (fojas 28, 30 y 32). Cédulas de notificación realizadas el nueve y doce siguiente a Oscar Enrique Martínez Torres y Francisco J Martínez Sánchez, respectivamente, toda vez que los demandados no esperaron al citatorio que se les había realizado, por medio de las cuales la actuaria adscrita a la junta responsable notificó el proveído de veintiséis de abril anterior y los emplazó a juicio por conducto de las personas precisadas con anterioridad (fojas 29, 31 y 33). De lo anterior, se advierte, esencialmente que mediante cédula de notificación de nueve y doce de junio de dos mil diecisiete, respectivamente, la actuaria adscrita a la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas emplazó al juicio laboral de origen a José Armando Ledesma Campos, Pipas Ledesma, Sociedad Anónima de Capital Variable y Minera Saucito, Sociedad Anónima de Capital Variable, respectivamente, por conducto de Oscar Enrique Martínez Torres y Francisco J. Martínez Sánchez, el primero en cita, por lo que atañe a los dos primeros demandados referidos y, el segundo de los nombrados, en representación del tercer demandado citado. Documentales que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, página ciento cincuenta y tres, de epígrafe y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De ahí, que el nueve y doce de junio de dos mil diecisiete, realizó el llamamiento a juicio a la parte demandada, cuya omisión constituye el acto reclamado en esta instancia, es decir, la omisión reclamada se encuentra subsanada en virtud de que durante la tramitación del presente juicio se realizó el emplazamiento de la parte demandada al juicio natural. Por tanto, al haberse emplazado a los demandados mediante las cédulas de notificación precisadas con antelación, respecto de los cuales el quejoso reclamó su omisión, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional, toda vez que sus efectos han desaparecido, o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. De modo que la posible afectación causada al quejoso ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse emplazado a los demandados al juicio natural, pues no es factible que la omisión reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica. En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio de garantías, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee el presente juicio constitucional. Por tanto, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los motivos de inconformidad que plantea la parte quejosa, de acuerdo con la jurisprudencia número 509, visible en la página 335, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, que enseguida se transcribe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Salomón Hernández Medina, contra el acto que reclamó de la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, consistente en la omisión de ordenar el emplazamiento a los demandados al juicio laboral 464/2016; por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de la presente resolución."

  3. Principal

    Abierta la audiencia. La Secretaria da lectura de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas (fojas 25-26) y de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que la Juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas. La secretaria da cuenta a la juez con la documental remitida por la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación, consistente en la copia certificada de diversas notificaciones realizadas por la actuaria adscrita a la junta responsable (fojas 27-33). A lo que la Juez provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la probanza referida por la parte procesal citada, la cual será tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos. La secretaria da cuenta con los vertidos por la fiscal federal adscrita en su pedimento ministerial 593/2017 el cual fue registrado con el número de folio 8779 presentados en la oficialía de partes de este juzgado el veintiséis de junio del año en curso (fojas 35-37). A lo que la Juez determina: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por realizadas las manifestaciones vertidas por la agente del Ministerio Público adscrtita, luego, al no haber más alegatos que tener por reproducidos se da por concluida la presente etapa y, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del referido numeral 124 de la ley de la materia y se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 444/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Salomón Hernández Medina, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "Lo constituye el hecho de que la responsable NO HA REALIZADO EL EMPLAZAMIENTO A JUICIO, a pesar de que la demanda inicial fuera interpuesta el 08 de noviembre de 2016 y ya han transcurrido casi seis meses y no se ha realizado tal emplazamiento." Actos que, a su parecer, resultan violatorios del derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este juzgado, por lo que en proveído de ocho de mayo de la presente anualidad (fojas 6-9), se registró bajo el número de expediente 444/2017 y se previno al quejoso, a efecto de que dentro del término de cinco días precisara lo siguiente: Si lo que reclamaba a la junta responsable era la omisión de ordenar el emplazamiento, o bien, la existencia de alguna razón que imposibilitara al actuario adscrito llevar a cabo el llamamiento a juicio. En caso de que atribuyera algún acto al actuario adscrito a la junta responsable señalara qué acto reclamaba de éste, manifestara si deseaba señalarlo como autoridad responsable y narrara los hechos o abstenciones que constituyeran la aclaración del acto reclamado. Informara si deseaba tramitar incidente de suspensión respectivo. Luego, en auto de dieciséis de mayo siguiente (fojas 14-15), se tuvo al promovente del amparo dando cumplimiento únicamente con la prevención realizada en el sentido de que aclarara si lo que reclamaba en el presente juicio a la junta responsable era la omisión de ordenar el emplazamiento, o bien, la existencia de alguna razón que imposibilitara al actuario adscrito llevar a cabo el llamamiento a juicio, para lo cual manifestó que el acto reclamado lo hacía consistir únicamente en la omisión de la autoridad responsable en ordenar el emplazamiento dentro del juicio de origen, por tanto, la prevención de mérito siguió subsistiendo, hasta que diera total cumplimiento. En esa línea, mediante diverso proveído de treinta posterior (fojas 21-22), se tuvo al peticionario de garantías dando total cumplimiento con lo requerido y se admitió a trámite la demanda de referencia; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos de la acta que antecede y forma parte integral del presente juicio; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad judicial que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: La omisión por parte de la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas de ordenar que se emplace a Pipas Ledesma, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o José Armando Ledesma Campos y/o Minera Saucito, Sociedad Anónima de Capital Variable, al juicio laboral 464/2016 de su índice. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, por conducto de la auxiliar, en ausencia del presidente de dicha junta, aceptó la existencia de la omisión reclamada, pues así lo manifestó en su informe con justificación (fojas 25-26). Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Previamente al estudio de los conceptos de violación y para mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados. 1. El ocho de noviembre de dos mil dieciséis, Salomón Hernández Medina promovió demanda laboral ante la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, contra Pipas Ledesma, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o José Armando Ledesma Campos y/o Minera Saucito, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o quien resultara responsable de la relación laboral con éste. 2. La Junta responsable admitió a trámite la demanda de referencia y señaló el dieciocho de enero de la presente anualidad, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la cual se difirió para el veintiséis de abril siguiente, toda vez que aún no se realizaba el emplazamiento a la parte demanda. 3. El veintiséis de abril siguiente, nuevamente se difirió la audiencia precisada en el punto que antecede, pues faltaba emplazar a las partes, por lo que se señalaron las once horas con treinta minutos del siete de agosto de la presente anualidad, para la celebración de la audiencia de mérito y, ordenó a la actuaria adscrita notificara la nueva data y emplazara a los demandados al juicio laboral 464/2016. La omisión de realizar el emplazamiento constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el caso, procede sobreseer el presente juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, numeral que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, el quejoso reclama la omisión por parte de la responsable de ordenar el emplazamiento al juicio laboral 464/2016 de su índice de Pipas Ledesma, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o José Armando Ledesma Campos y/o Minera Saucito, Sociedad Anónima de Capital Variable. Sin embargo, del informe con justificación rendido por la autoridad responsable se advierte que ésta manifestó, en lo que interesa, lo siguiente: "comisionando a la C. Actuaria adscrita a esta H. Junta se sirva notificar y emplazar a las partes, por lo que dicho expediente se encuentra turnado a la misma a fin de que se sirva realizar lo ordenado por esta Autoridad; desprendiéndose de autos que las demandadas se encuentran debidamente notificadas y emplazadas." De lo transcrito se advierte que la junta federal laboral responsable informó que a la fecha de presentación de la demanda que originó el presente juicio de amparo no se encontraban emplazadas al juicio de origen las demandadas de mérito, no obstante a la diversa data en que emitió su informe con justificación ya se había realizado el emplazamiento reclamado, luego, para acreditar su dicho adjuntó a su informe de ley la copia certificada de las siguientes constancias: Auto veintiséis de abril de dos mil diecisiete, del que se advierte, entre otras cuestiones, se ordenó el emplazamiento a la parte demandada (foja 27). Citatorios de ocho y nueve de junio de la presente anualidad dirigidos a José Armando Ledesma Campos, Pipas Ledesma, Sociedad Anónima de Capital Variable y Minera Saucito, Sociedad Anónima de Capital Variable, respectivamente (fojas 28, 30 y 32). Cédulas de notificación realizadas el nueve y doce siguiente a Oscar Enrique Martínez Torres y Francisco J Martínez Sánchez, respectivamente, toda vez que los demandados no esperaron al citatorio que se les había realizado, por medio de las cuales la actuaria adscrita a la junta responsable notificó el proveído de veintiséis de abril anterior y los emplazó a juicio por conducto de las personas precisadas con anterioridad (fojas 29, 31 y 33). De lo anterior, se advierte, esencialmente que mediante cédula de notificación de nueve y doce de junio de dos mil diecisiete, respectivamente, la actuaria adscrita a la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas emplazó al juicio laboral de origen a José Armando Ledesma Campos, Pipas Ledesma, Sociedad Anónima de Capital Variable y Minera Saucito, Sociedad Anónima de Capital Variable, respectivamente, por conducto de Oscar Enrique Martínez Torres y Francisco J. Martínez Sánchez, el primero en cita, por lo que atañe a los dos primeros demandados referidos y, el segundo de los nombrados, en representación del tercer demandado citado. Documentales que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, página ciento cincuenta y tres, de epígrafe y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí, que el nueve y doce de junio de dos mil diecisiete, realizó el llamamiento a juicio a la parte demandada, cuya omisión constituye el acto reclamado en esta instancia, es decir, la omisión reclamada se encuentra subsanada en virtud de que durante la tramitación del presente juicio se realizó el emplazamiento de la parte demandada al juicio natural. Por tanto, al haberse emplazado a los demandados mediante las cédulas de notificación precisadas con antelación, respecto de los cuales el quejoso reclamó su omisión, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional, toda vez que sus efectos han desaparecido, o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. De modo que la posible afectación causada al quejoso ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse emplazado a los demandados al juicio natural, pues no es factible que la omisión reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica. En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio de garantías, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee el presente juicio constitucional. Por tanto, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los motivos de inconformidad que plantea la parte quejosa, de acuerdo con la jurisprudencia número 509, visible en la página 335, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Salomón Hernández Medina, contra el acto que reclamó de la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, consistente en la omisión de ordenar el emplazamiento a los demandados al juicio laboral 464/2016; por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe. Josué LA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, LICENCIADA ALVA MIRANDA RAMÍREZ, CERTIFICO: QUE LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA PARTE FINAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, DENTRO DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO 444/2017. LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA LEGAL. DOY FE. LA SECRETARIA. LIC. ALVA MIRANDA RAMÍREZ.

  4. Principal

    El licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - CERTIFICA: - - - - - - - - - - - - - Que se encuentran señaladas las diez horas con treinta minutos del día de hoy, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Conste. Lic. Jorge Martín Zamora González. 6335 y 6336 doce de mayo de dos mil diecisiete En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede; así como con el pedimento registrado bajo el folio 8779. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que encuentran fijadas las diez horas con treinta minutos del día de hoy, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, de autos se advierte que en proveído de veintidós del mes y año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; por tanto, para dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan del contenido de dicho comunicado y no se le deje en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Por último, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el pedimento 593/2017, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno; y, una vez que se emita la sentencia en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. AJC.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano