Salomé Rodríguez Vargas

Expediente 1809/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1809/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
01/12/2015

Partes del expediente

  • Salomé Rodríguez Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    En uno de diciembre de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado C E R T I F I C O : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del once al veintiséis de noviembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el seis de noviembre de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 1809/2015. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario encargado del Despacho del Juzgado con estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de diciembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el seis de noviembre del año en curso, por la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy

  2. Principal

    En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1809/2015, estando en audiencia pública el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo vigente, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Enseguida, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por rendido el informe justificado de las autoridades responsables Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Jefe de la Oficina de Prestaciones Económicas de la Delegación del Citado Instituto (ambos por conducto del Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos); en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. En el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, se da cuenta con la documental que las autoridades responsables adjuntaron a su informe justificado; asimismo, la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto legal y humana y la documental que el quejoso ofreció y adjuntó a su escrito de demanda. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria en consulta, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, de acuerdo a su propia y especial naturaleza la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto legal y humana y las documentales ya relacionadas. En el período de alegatos el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1809/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, SALOMÉ RODRÍGUEZ VARGAS solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que se precisan enseguida: Autoridades Responsables:  Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas.  Oficina de Prestaciones Económicas. Acto Reclamado: "Reclamo la falta de respuesta o resolución a solicitud de información del estado que guarda el trámite administrativo vinculado con mi pensión de fecha 30 de julio de 2015, el cual fue recibido por la responsable hasta el día 19 de agosto de 2015". Preceptos constitucionales que se consideran violados. La quejosa señaló como garantías vulneradas las que tutelan los artículos 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo expediente 1809/2015; y en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil quince, se ordenó se admisión; dar la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y fijar día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor de la presente Acta que forma parte integral de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente; 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse en qué consisten, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor y las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" . En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que la quejosa reclama la falta de respuesta a su escrito de fecha treinta de julio de dos mil quince, en el que solicitó información del estado que guarda el trámite administrativo relacionado con su pensión. II.2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, visible en la página 95 del rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." (Énfasis añadido). II.3. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Jefe de la Oficina de Prestaciones Económicas de la Delegación de ese Instituto, toda vez que así lo reconocieron en el informe justificado que rindieron por conducto del Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos (f.11-14). Sobre el particular se invoca la Jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con la documental que remitió el referido Titular de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en el oficio de catorce de octubre de dos mil quince (f.15); documental a la que se confiere pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en términos del numeral 2°, párrafo segundo de ésta legislación. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". III. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, y con la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. " Este resolutor considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Precisado quedó en párrafos que anteceden que de la demanda de garantías se advierte que la quejosa reclama la falta de respuesta que atribuye al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Jefe de la Oficina de Prestaciones Económicas de la Delegación del Citado Instituto, la falta de respuesta a su escrito de fecha treinta de julio de dos mil quince, en el que solicitó información del estado que guarda el trámite administrativo relacionado con su pensión. Ahora bien, de la constancia que remitió el Titular de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en apoyo al informe justificado que rindió por las autoridades responsables, se advierte que mediante oficio de catorce de octubre de dos mil quince se le dio contestación a su solicitud, la cual le fue notificada por conducto del licenciado Eduardo Hernández Ramírez, a quien autorizó en su escrito de petición; lo que se traduce en que ha dejado de tener efectos jurídicos el apuntado acto de omisión que se reclama en el presente juicio de amparo. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de la documental antes descrita se advierte que las responsables otorgaron respuesta a lo peticionado por la quejosa; y en ese contexto, es inconcuso que ello se traduce en que fue restituida en el pleno goce de las garantías que invocó como vulneradas en su perjuicio. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo ". En consecuencia, al actualizarse en el presente asunto la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de esa propia legislación, procede sobreseer en este juicio de garantías. Así, al haberse acreditado el motivo de improcedencia analizado, ello impide el estudio de fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio ". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor; se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 1809/2015, promovido por SALOMÉ RODRÍGUEZ VARGAS, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables por los motivos indicados en el considerando III de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres. DOY FE. L´JJMT*L/F/R. En la misma fecha se giraron los oficios 31944 y 31945.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de octubre de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO del DELEGADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL y del JEFE DE LA OFICINA DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA DELEGACIÓN DEL CITADO INSITUTO (por conducto del Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse por ofrecida, admitida y desahogada de acuerdo a su propia y especial naturaleza la documental que adjunta la autoridad oficiante; sin perjuicio de valorarlas en el periodo correspondiente dentro del desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Ahora bien, con el contenido del comunicado de cuenta y constancias que remite la autoridad oficiante, dése vista a la parte quejosa para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifieste lo que a su interés legal convenga. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.Rosy

  4. Principal

    En veintiocho de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la demanda de amparo promovida por SALOMÉ RODRÍGUEZ VARGAS; registrada con el número 19143; y tres copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de septiembre de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por SALOMÉ RODRÍGUEZ VARGAS, contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1809/2015, que por su orden progresivo le corresponde. En tales condiciones, se provee: Con fundamento en los artículos 112, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo, se admite la presente demanda de garantías sin tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación del presente proveído, en el cual expondrán las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad legal del acto reclamado, acompañando en su caso, copia certificada de las constancias que hubieran tomado en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, o de no serles posible, manifiesten el impedimento legal que tengan para remitirlas. Ahora bien, dado que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, en términos del artículo 17 de la Carta Magna, se apercibe a las autoridades responsables que si alguna de las constancias que remitan en apoyo a su informe, está incompleta o ilegible, total o parcialmente, lo rinden sin remitir las constancias necesarias para apoyarlo o no manifiestan el impedimento legal que tuviesen para tal efecto, se estarán a las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117, de la Ley de la Materia. Es aplicable a lo anterior: "INFORME JUSTIFICADO. PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO LAS COPIAS QUE SE ACOMPAÑAN SON ILEGIBLES. Si algunas de las constancias que remitió la autoridad responsable al Juez de Distrito como justificación de su informe son ilegibles, y éstas son esenciales para la resolución del asunto, es obligación del juzgador requerir nuevamente el envío de esas constancias, a fin de estar en aptitud de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pues es indispensable que el órgano de control constitucional tenga a su alcance los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada. La omisión de esta obligación por parte del Juez de amparo trae consigo una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, por lo que se debe ordenar la reposición del procedimiento en términos de la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo.". Asimismo, hágase saber a la parte quejosa y a las autoridades responsables que si cesan los efectos del acto reclamado u ocurren causas notorias de sobreseimiento, deben manifestarlo así, apercibidos que de no cumplir con esa obligación se les impondrá una multa de TREINTA DÍAS de salario mínimo general en el Distrito Federal, con fundamento en el artículo 251, en relación con el numeral 64, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 29, de la Ley de Amparo, notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Adscripción, el trámite del presente asunto por medio de lista, quedando a su disposición copia de la demanda en la Secretaría de este Juzgado. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Para evitar dilaciones innecesarias respecto de la imposibilidad que pudiese tener el Actuario Judicial para llevar a cabo las notificaciones personales que se susciten dentro del presente procedimiento, con fundamento en el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le habilitan días y/u horas inhábiles para que realice las notificaciones que fueren necesarias, sin necesidad de acuerdo respectivo, previa constancia actuarial, en que se acredite dicha circunstancia. Asimismo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada de acuerdo a su propia y especial naturaleza, la documental que adjunta la promovente del amparo; así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana; sin perjuicio de relacionarlas y valorarlas en el periodo correspondiente dentro del desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Como lo solicita la ocursante, se tienen como autorizados para recibir notificaciones con las amplias facultades que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, a los licenciados Eduardo Hernández Ramírez y José Alberto Zárate Juárez, toda vez que se encuentran registradas sus cédulas profesionales números 4449861 y 271789, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las diversas profesionistas María Hildam Sughey Poblano Ibarra y Sofía Navarro García; y como domicilio para tal efecto el ubicado en Calle Lateral número mil doscientos dos (1202), Torre B, Planta Baja, Colonia Cerro del Gato, de esta ciudad (oficinas de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, ubicada en Edificio sede del Poder Judicial de la Federación). Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que de igual manera incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. *Rosy.

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