Salomón Cardona Robledo

Expediente 145/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 21 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
145/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
07/11/2019

Partes del expediente

  • Salomón Cardona Robledo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    El siete de noviembre de dos mil diecinueve, el secretario CERTIFICA: El término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió: para la parte quejosa del dieciséis de octubre al seis de noviembre del año en curso, sin que hubiera interpuesto recurso de inconformidad en contra la resolución que declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se realizó una búsqueda en el libro de promociones recibidas por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad, así como en la Oficialía de Partes de este Juzgado, ya sea física o electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que se haya localizado alguna por medio de la cual se interponga el recurso correspondiente. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución que declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida, por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, visto el estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de veintiséis de septiembre de la presente anualidad (fojas 548 a 550), se estableció que no existía documento con las características previstas en la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, de una nueva revisión realizada al juicio de amparo en que se actúa se aprecia que a foja veinte (20) obra un documento que reúne las características de dicha fracción; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se pone a disposición del quejoso dicho documento por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que lo recoja, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, el mismo seguirá la suerte del expediente en que se actúa. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado, ante Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen*

  2. Principal

    El once de octubre de dos mil diecinueve, el secretario CERTIFICA: Que el término de tres días que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo, transcurrió del siete al nueve del mes y año en curso. Doy fe. CUENTA. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si la resolución emitida en este juicio se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que por sentencia de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve (fojas 513 a 532), este órgano jurisdiccional por una parte decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo y por otra concedió al quejoso Salomón Cardona Robledo, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en los términos y para los efectos que enseguida se precisan: ".lo que procede en el caso es conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado para el efecto de que las autoridades responsables no apliquen al quejoso los artículos 39 a 50 de la Ley de Ingresos del municipio de Zacatecas para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, así como los preceptos 39 a 49 de la Ley de Ingresos del municipio de Zacatecas para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, en la parte que resultaron inconstitucionales, y se calcule el impuesto predial por dichos años fiscales, aplicando las cantidades de menor cuantía, señaladas en las respectivas tablas de valores unitarios y zonas catastrales de terrenos; y como consecuencia de lo anterior, la responsable exactora Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zacatecas deberá devolver la diferencia existente entre lo pagado y lo determinado conforme al monto de menor cuantía señalado, previa actualización. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta no sólo que, atento al vicio constitucional que se advirtió en este fallo, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación del derecho de legalidad tributaria, dada la falta de precisión en cuanto a los criterios de aplicación y, por consiguiente, la discrecionalidad que se otorga a la autoridad para la propia aplicación, sino también que aunque no hay parámetros suficientes para establecer la verdadera capacidad contributiva de los propios causantes, sí existe certeza de que todo bien, con las características expresadas en determinada categoría, revelan la capacidad contributiva mínima prevista en la categoría de menor cuantía.". Por proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve causó ejecutoria la sentencia de amparo (fojas 548 a 550), por consiguiente se requirió a la autoridad responsable Secretaria de Finanzas y Tesorera del Ayuntamiento Municipal de Zacatecas, para que diera cumplimiento al fallo amparador. Virtud a ello, mediante oficio SFYTM/873/2019 y anexos de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, recibido en este juzgado el uno de octubre siguiente, la Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zacatecas, con sede en esta ciudad, exhibió, entre otras constancias, copias certificadas del diverso oficio SFYTM/833/2019 de doce de septiembre del presente año, dirigido al quejoso Salomón Cardona Robledo, de cuyo contenido se advierte que, en cumplimiento al fallo amparador la responsable le entregó a Michelle Blanca Magnolia García del Real, autorizada del aquí disidente los originales de las órdenes de pago por las cantidades de $2,739.25 (dos mil setecientos treinta y nueve pesos 25/100 m.n.) y de $1,408.52 (mil cuatrocientos ocho pesos 52/100 m.n.), comunicado del que se advierte la firma de recibo por la mencionada autorizada [fojas 555 a 560]. Con tales cantidades, la autoridad responsable afirmó que devolvió la diferencia derivada de los pagos del impuesto predial para los ejercicios fiscales dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, realizados por la parte quejosa, una vez que fueron aplicadas las cantidades de menor cuantía, señaladas en la tabla de valores unitarios y zonas catastrales de terrenos, acorde al procedimiento realizado para la determinación de dicho cálculo, plasmado en el documento obrante a fojas 561 a 584, en el cual se contempló asimismo lo relativo al factor de actualización aplicado a las cantidades devueltas por concepto del impuesto predial erogado. Con lo anterior, mediante proveído de dos de octubre del año en curso (foja 585), se dio vista a la quejosa sin que hiciera manifestación al respecto. En ese sentido, de lo anteriormente expuesto se desprende que se devolvió la diferencia existente entre lo pagado por impuesto predial en los ejercicios fiscales supracitados y lo determinado conforme al monto de menor cuantía señalado, previa la actualización correspondiente, dejando de aplicar los preceptos en la parte que resultaron inconstitucionales. Luego, se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Notifíquese; personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen*

  3. Principal

    El dos de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción con folio 14020 y anexos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de octubre de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos el oficio y anexos de cuenta, que remite la Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y exhibe las constancias para acreditarlo; por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacerlo, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá lo conducente, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, asistido de Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen*

  4. Principal

    El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el que suscribe Juan García Trejo, secretario de juzgado, certifico que: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, del treinta de agosto al doce de septiembre del año en curso. Para las autoridades responsables LXIII Legislatura, gobernador, Ayuntamiento, tesorero Municipal, todos del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, del veintinueve de agosto al once de septiembre citado, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de agosto pasado. Para la diversa responsable presidente Municipal de Zacatecas, transcurrirá del veintitrés de septiembre al cuatro de octubre de la presente anualidad. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No existen constancias por devolver a las autoridades responsables. No se tramitó incidente de suspensión. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el veintisiete de agosto del año en curso, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; y por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable respecto de la que se concedió la protección constitucional, secretaria de Finanzas y tesorera del Ayuntamiento Municipal de Zacatecas, para que dentro del término de TRES DÍAS hábiles legalmente computados dé cabal cumplimiento a la sentencia protectora en los siguientes términos: "Por consiguiente, ante lo fundado de los argumentos de disenso examinados, lo que procede en el caso es conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado para el efecto de que las autoridades responsables no apliquen al quejoso los artículos 39 a 50 de la Ley de Ingresos del municipio de Zacatecas para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, así como los preceptos 39 a 49 de la Ley de Ingresos del municipio de Zacatecas para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, en la parte que resultaron inconstitucionales, y se calcule el impuesto predial por dichos años fiscales, aplicando las cantidades de menor cuantía, señaladas en las respectivas tablas de valores unitarios y zonas catastrales de terrenos; y como consecuencia de lo anterior, la responsable exactora Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zacatecas deberá devolver la diferencia existente entre lo pagado y lo determinado conforme al monto de menor cuantía señalado, previa actualización. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta no sólo que, atento al vicio constitucional que se advirtió en este fallo, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación del derecho de legalidad tributaria, dada la falta de precisión en cuanto a los criterios de aplicación y, por consiguiente, la discrecionalidad que se otorga a la autoridad para la propia aplicación, sino también que aunque no hay parámetros suficientes para establecer la verdadera capacidad contributiva de los propios causantes, sí existe certeza de que todo bien, con las características expresadas en determinada categoría, revelan la capacidad contributiva mínima prevista en la categoría de menor cuantía.". Asimismo, remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento de que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará, y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Sin que haya lugar a requerir el cumplimiento a las autoridades responsables que intervinieron en el proceso legislativo, ya que la sentencia de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente; ya que el fallo protector sólo tiene el alcance de que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, pues en atención al marco constitucional, impera el principio de relatividad de la sentencia cuando su naturaleza sea tributaria, tal como sucede en el presente caso, por versar sobre el pago de contribuciones. Lo anterior, en términos del artículo 192, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna. Es aplicable al respecto la tesis siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Sin que constituya obstáculo para lo anterior, el hecho de que para la diversa responsable presidente Municipal de Zacatecas, todavía no transcurra el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que respecto de los actos reclamados a dicha autoridad se decretó el sobreseimiento en el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

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