Salomé Baldenebro Salle

Expediente 317/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
317/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
20/07/2023

Partes del expediente

  • Salomé Baldenebro Salle

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinte de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio número 9200/2023 signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en el que resuelve: "PRIMERO. Si existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, para conocer de la demanda de amparo presentada por ********************, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. TERCERO. Remítanse al Juez competente los autos del juicio de amparo ********************/2023, promovido por ********************.". Acúsese recibo. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno electrónico, archívese el presente como asunto definitivamente concluido. Expediente principal Con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción X, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, remitió el expediente al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, al considerar que es el competente para conocer del juicio de amparo número ********************/2023-2B; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido que, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 20, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el oficio número 7388/2023 signado por el actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que se admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán y Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, en esta ciudad, formándose el conflicto competencial 70/2023.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el oficio número 11704/2023-II de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, con el cual comunica que ordena remitir el juicio de amparo 449/2023-II al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en turno, con el objeto de que sea éste quien determine a cuál de los Juzgados involucrados en el presente conflicto le surte la competencia para conocer de la demanda de amparo; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como legalmente le corresponda, el oficio 9641/2023, vía interconexión, signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en la Ciudad de Culiacán al que acompaña los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************; declinando competencia por razón de territorio regístrese en el libro de gobierno y fórmese expediente con el número ******************** Ahora bien, de los autos que se reciben, en particular del proveído dictado el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se aprecia que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en la Ciudad de Culiacán, determinó declinar la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, en turno, con sede en Los Mochis, en virtud que consideró que el acto reclamado en la demanda de garantías, se hacía consistir en la orden de desalojo respecto del inmueble ubicado en calle ******************** y que por tal motivo los actos reclamados tienen ejecución material dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado. Precisado lo anterior, este juzgador respetuosamente no comparte las consideraciones expuestas por su homólogo declinante, ya que, atendiendo a la causa de pedir, del contenido integral de la demanda y conceptos de violación formulados en el escrito de demanda, la parte quejosa se duele de manera esencial de la irregular notificación practicada por estrados del nombramiento de perito valuador dentro del procedimiento de remate dentro del juicio de origen, no obstante que tenían señalado domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, mismo que se ejecutó en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde tiene su residencia la autoridad responsable ordenadora Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil. Respecto a la competencia, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis del artículo 37 de la Ley de la Materia se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que a continuación se puntualizan en el orden siguiente: a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, y se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la tercera regla, consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale un acto reclamado que ya se ejecutó (notificación por estrados a los quejosos del nombramiento de perito valuador en el procedimiento de remate), será competente para conocer del asunto, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado. Por ende, se estima que es competente el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, que en el presente caso es en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Es aplicable la Tesis de Jurisprudencia P./J. 68/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 38 del Tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2000, Materia Común, Novena Época, Registro digital 191384, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.". En consecuencia, para este juzgador resulta indudable que resulta competente para conocer del asunto que nos ocupa el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en la Ciudad de Culiacán. Ciertamente, cabe referir que, si bien, en el capítulo de acto reclamado del escrito de demanda, la parte quejosa señala de manera textual la orden de desalojo del bien inmueble que refiere, empero, lo cierto es, como se precisó y atendiendo la causa de pedir, que del contenido integral del escrito de demanda, se advierte que los conceptos de violación tienden únicamente a demostrar la irregular notificación practicada por estrados a los quejosos respecto del nombramiento de perito valuador dentro del procedimiento de remate en el expediente natural, lo cual tiene lugar en Culiacán, Sinaloa; máxime que fue señalada en la demanda como autoridad responsable ejecutora la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia Civil y Familiar del Distrito Judicial de esa ciudad (Culiacán, Sinaloa). Aunado, del contenido integral de la demanda, no se observa que exista una orden de desalojo respecto del bien inmueble relacionado, sino que, bajo protesta de decir verdad, refiere la parte quejosa que le fue notificado un auto donde se le requirió por la entrega de la escrituración correspondiente de compraventa del inmueble que se adjudicó a la actora, con apercibimiento que, de no hacerlo, el juzgado lo haría en rebeldía. En consecuencia, por las consideraciones vertidas, con apoyo en lo establecido en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado no acepta la competencia declinada para conocer y resolver respecto del juicio de amparo ********************, promovido por ********************; consecuentemente, devuélvase el juicio de amparo y sus anexos a su lugar de origen Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en la Ciudad de Culiacán, para los efectos legales correspondientes. Fórmese cuaderno de antecedentes, que deberá integrarse con copia certificada de la demanda de amparo, debiendo, además, realizarse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

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