Salustre Velazquez Sombra
Expediente 50/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 20 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 50/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 06/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Salustre Velazquez Sombra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales que corresponda, el escrito que suscribe el quejoso Salustre Velázquez Sombra el que también firma Hipólito Velázquez Sombra, mediante el cual manifiesta que autoriza al segundo de los nombrados para que le sea entregado y endosado el billete de depósito número 635522 por la cantidad de cinco mil pesos, ya que por su discapacidad le es imposible trasladarse a esta ciudad, pues vive en la localidad de Charay, El Fuerte, Sinaloa. Atento a lo anterior, a fin de proveer lo que en derecho corresponda, y toda vez que del escrito de cuenta se advierte que el quejoso Salustre Velázquez Sombra tiene su domicilio conocido en la Sindicatura de Charay, El Fuerte, Sinaloa, con fundamento en los artículos 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento despacho al Juez Menor de Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa, para que en auxilio de la Justicia Federal y por comisión de las labores de este órgano jurisdiccional comisione a quien corresponda se constituya en el domicilio de dicho quejoso, y lo requiera para que en el acto de la notificación o en el término de tres días contados a partir de su notificación, manifieste si ratifica el contenido y firma del escrito de cuenta, del cual se le anexa copia fotostática simple; una vez lo anterior, lo devuelva a la brevedad.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Salustre Velázquez Sombra, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que exhibió como pruebas en el presente juicio de amparo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, como lo solicita el promovente, hágase devolución de los documentos que refiere al autorizado que para tales efectos indica, previa copia certificada de los mismos y toma de razón que por su recibo y entrega se deje en autos.
- Principal
Visto el oficio de cuenta firmado por la Actuaria adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita copias certificadas de la demanda de garantía, auto admisorio y si el presente juicio se encuentra concluido, deberá acreditarse tal extraño; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales, y se le comunica que el presente juicio de amparo se encuentra concluido, toda vez que por resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve se sobreseyó y causo ejecutoria el veinticuatro de abril del año en curso, por tanto, remítasele las copias certificadas que fueron solicitadas.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra de la resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Sin que sea obstáculo a lo anterior de que en autos no se encuentren agregados los acuses de recibo de los oficios 658-1B, 660-1B, 663-1B y 664-1B, dirigidos a las autoridades responsables, en los que se haga constar que fueron debidamente notificadas de la resolución dictada en el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó; en virtud de que resulta innecesario lo anterior porque carecen de legitimación para en un momento dado interponer el recurso de revisión; toda vez que dicha resolución no perjudica a las citadas autoridades, pues el sobreseimiento del amparo decretado en el presente asunto sólo podría, en su caso, agraviar a la parte quejosa a la que ya le transcurrió el término para interponer el medio de impugnación correspondiente. Es aplicable la Jurisprudencia XX. J/74, visible en la página 84 del Tomo 83 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra la sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguna a la citada autoridad recurrente.". Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción II, del Apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se sobreseyó en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del Apartado Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción III del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se concedió provisionalmente la medida cautelar y se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y el auto inherentes a la suspensión provisional concedida en el incidente y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción, no así el duplicado, en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obran documentos originales exhibidos por el quejoso, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Finalmente, hágasele saber a la quejosa que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, tendrá el término de dos años para recoger el billete de depósito número N 635522 valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N) con el cual la parte quejosa garantizo la suspensión provisional que le fue concedida en acuerdo de treinta de enero de dos mil diecinueve, apercibida que de no hacerlo, dentro de ese plazo, la garantía en mención se hará efectiva en favor del Fisco Federal, atento a los dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.
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