Sabina López Garcia

Expediente 721/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 36 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
721/2022
Año
2022
Actuaciones
36
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Sabina López Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En esa virtud, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución constitucional de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos. Original incidente de suspensión Por otra parte, en razón de que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; de conformidad con el numeral 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el incidente de suspensión es susceptible de conservación; por ende, se ordena agregar al expediente. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo de los oficios suscritos por la autoridad responsable Jueza adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con sede en Guamúchil, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida por este Juzgado Federal; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la resolución dictada el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el sentido se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a ********************, misma que causo ejecutoria el veintisiete de junio del presente año, en el cual se requiero a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con sede en Guamúchil, Sinaloa: Deje insubsistente el proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós, en el Juicio Sumario Familiar Derecho de Convivencia número ********************del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con sede en Guamúchil, Sinaloa; y Con libertad de jurisdicción dicte uno diverso debidamente fundado y motivado, en el que provea lo conducente atendiendo los lineamientos dados en esta sentencia y de no existir motivo de improcedencia diverso, considere procedente el recurso de revocación y resuelva lo que en derecho corresponda. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las autoridades ejecutoras actuarios Primero Segundo y Tercero, Valeria Rodríguez Ibarra Psicóloga y Agente del Ministerio Público del Fuero Común, todos adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Virginia Marisol Burgos en su carácter de Procuradora de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema (DIF), Comandante y Oficial Adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos con residencia en la Ciudad de Guamúchil, Sinaloa; lo anterior, en razón de que su ilegalidad se hace depender de los actos reclamados por los que se concedió el amparo y no por vicios propios. Norma el criterio la tesis 2a.CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficios agregados en proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, suscritos por la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con sede en Guamúchil, Sinaloa, mediante el cual informa el cumplimiento de ejecutoria, y comunica que en fecha once de julio del presente año, se dejó insubsistente el proveído de fecha quince de noviembre del dos mil veintidós, y se admitió a trámite el recurso de revocación que interpuso la aquí quejosa ********************, en contra del auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 375/2021. De lo anterior se le dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación manifestara lo que a su interés conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsable; sin que la parte quejosa se pronunciara al respecto, no obstante de haber quedado debidamente notificada el trece de septiembre de dos mil veintitrés. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que ". Deje insubsistente el proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós, en el Juicio Sumario Familiar Derecho de Convivencia número ********************del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con sede en Guamúchil, Sinaloa; y con libertad de jurisdicción dicte uno diverso debidamente fundado y motivado, en el que provea lo conducente atendiendo los lineamientos dados en esta sentencia y de no existir motivo de improcedencia diverso, considere procedente el recurso de revocación y resuelva lo que en derecho corresponda."; Lo cual ya aconteció, pues la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con sede en Guamúchil, Sinaloa, en sus oficios agregados el siete de septiembre de dos mil veintitrés, informó que en fecha de once de julio del presente año, se dejó insubsistente el proveído de fecha quince de noviembre del dos mil veintidós, y se admitió a trámite el recurso de revocación que interpuso la aquí quejosa ********************, en contra del auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************asimismo, exhibió copia de las actas de notificación de fecha once de julio del año en curso, en el cual se le notificó a la parte quejosa dicho proveído. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo de los oficios suscritos por la autoridad responsable Jueza adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con sede en Guamúchil, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida por este Juzgado Federal; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la resolución dictada el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el sentido se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a ********************, misma que causo ejecutoria el veintisiete de junio del presente año, en el cual se requiero a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con sede en Guamúchil, Sinaloa: Deje insubsistente el proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós, en el Juicio Sumario Familiar Derecho de Convivencia número ********************del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con sede en Guamúchil, Sinaloa; y Con libertad de jurisdicción dicte uno diverso debidamente fundado y motivado, en el que provea lo conducente atendiendo los lineamientos dados en esta sentencia y de no existir motivo de improcedencia diverso, considere procedente el recurso de revocación y resuelva lo que en derecho corresponda. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las autoridades ejecutoras actuarios Primero Segundo y Tercero, Valeria Rodríguez Ibarra Psicóloga y Agente del Ministerio Público del Fuero Común, todos adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Virginia Marisol Burgos en su carácter de Procuradora de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema (DIF), Comandante y Oficial Adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos con residencia en la Ciudad de Guamúchil, Sinaloa; lo anterior, en razón de que su ilegalidad se hace depender de los actos reclamados por los que se concedió el amparo y no por vicios propios. Norma el criterio la tesis 2a.CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficios agregados en proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, suscritos por la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con sede en Guamúchil, Sinaloa, mediante el cual informa el cumplimiento de ejecutoria, y comunica que en fecha once de julio del presente año, se dejó insubsistente el proveído de fecha quince de noviembre del dos mil veintidós, y se admitió a trámite el recurso de revocación que interpuso la aquí quejosa ********************, en contra del auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 375/2021. De lo anterior se le dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación manifestara lo que a su interés conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsable; sin que la parte quejosa se pronunciara al respecto, no obstante de haber quedado debidamente notificada el trece de septiembre de dos mil veintitrés. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que ". Deje insubsistente el proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós, en el Juicio Sumario Familiar Derecho de Convivencia número ********************del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con sede en Guamúchil, Sinaloa; y con libertad de jurisdicción dicte uno diverso debidamente fundado y motivado, en el que provea lo conducente atendiendo los lineamientos dados en esta sentencia y de no existir motivo de improcedencia diverso, considere procedente el recurso de revocación y resuelva lo que en derecho corresponda."; Lo cual ya aconteció, pues la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con sede en Guamúchil, Sinaloa, en sus oficios agregados el siete de septiembre de dos mil veintitrés, informó que en fecha de once de julio del presente año, se dejó insubsistente el proveído de fecha quince de noviembre del dos mil veintidós, y se admitió a trámite el recurso de revocación que interpuso la aquí quejosa ********************, en contra del auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************asimismo, exhibió copia de las actas de notificación de fecha once de julio del año en curso, en el cual se le notificó a la parte quejosa dicho proveído. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos los oficios de cuenta suscritos por la Jueza adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con sede en Guamúchil, Sinaloa, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y exhibe documentales que lo acredita; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Finalmente, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

Quedan 32 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano