Sagrario Cortés Montiel

Expediente 129/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
129/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
18/02/2022

Partes del expediente

  • Sagrario Cortés Montiel

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 129/2022. Puebla, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Diverso órgano se avoca al estudio del asunto. Se agrega al presente expediente, el oficio con evidencia criptográfica del Actuario Judicial del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, por el cual informa que la titular de ese órgano se avoca al conocimiento de la demanda de amparo origen de su expediente 240/2020-V, en virtud de que este órgano judicial no aceptó la competencia legal que le fue declinada; y acusa recibo del citado sumario promovido por el quejoso *** , el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se rechazó la competencia declinada por la hipótesis de territorio. Resguardo del expediente (archivo). Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes mencionado, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Una vez que transcurra el lapso de conservación, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que la incompetencia declinada ha sido aceptada por el juez que se estimó competente, y éste continuará la sustanciación del asunto. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente asunto, puede solicitarlo a través del defensor que le haya sido asignado. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque desde el proveído inicial se declinó la competencia legal para conocer del asunto y fue remitido al juez que se estimó competente, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 129/2022. En nueve de febrero de dos mil veintidós Se rechaza la competencia declinada. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia declinada a este órgano para resolver el juicio de amparo 240/2020-V, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, que inició con la demanda de la quejosa , por derecho propio, contra actos del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro La decisión de rechazar la competencia declinada por materia, se sustenta en la "revisión judicial suficiente"1 que desplegó este resolutor a las actuaciones del mencionado juicio y su anexo, pues llevó a detectar varios aspectos que impiden declarar la aptitud legal de este órgano, para resolver la controversia declinada. Para explicar lo anterior, de inicio, se cita lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 48. C...De la disposición transcrita, se desprende la facultad del Juez de Distrito para declarar que carece de competencia legal respecto de una demanda, sin decidir sobre la admisión ni la suspensión de los actos reclamados, salvo que correspondan a los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, los previstos en el diverso 15 de la Ley de Amparo. Esa facultad también puede ejercerse en la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto, porque si las constancias recabadas para integrar la controversia, revelan datos concomitantes a las aristas por las cuales surge la incompetencia legal, el Juez de Distrito estará en condiciones de declinar la competencia al dictar la sentencia de la audiencia constitucional y ordenar la remisión del expediente de tutela al órgano correspondiente por territorio, materia, vía, grado, entre otras aristas. Sin embargo, el ejercicio de la mencionada facultad, en opinión de este resolutor, no constituye una potestad irrestricta que puede hacerse valer ante cualquier circunstancia, pues constituye un presupuesto procesal indispensable para la validez de lo resuelto en el juicio de amparo; de ahí que, para declinar la competencia en audiencia constitucional debe realizarse un análisis de todas las cuestiones sustanciales y periféricas que hubieran determinado la incompetencia legal. En otras palabras, la declinación de competencia en la sentencia que se dicte en la audiencia constitucional, del juicio de amparo indirecto, debe tener el respaldo de un análisis que esclarezca el órgano competente para resolver la controversia, desde todos los ángulos que surjan de las constancias recabadas en el trámite, por ejemplo territorio, materia, vía, grado, entre otras. Sobre todo, porque el numeral 48 de la Ley de Amparo, no tiene previsiones legislativas que permitan declinar la competencia legal, en la sentencia de la audiencia constitucional, sin que de manera previa se satisfagan todos los presupuestos procesales para que una resolución pueda ser emitida de forma válida, aun cuando en ella se decline la competencia, pues ello implicaría que el Juez de Distrito a quien se turnara el juicio de amparo indirecto, se viera impedido para analizar y pronunciarse en torno a las cuestiones que surgieran de las constancias. Lo cual, se insiste, no está previsto en el invocado numeral 48, razón por la cual es válido afirmar lo siguiente: el Juez de Distrito que decline la competencia al dictar la sentencia de la audiencia constitucional, en un juicio de amparo indirecto, debe examinar todos los presupuestos procesales que deben colmarse previo a declinar su incompetencia, sin que para colmar ese deber pueda pronunciarse respecto de aquéllas cuestiones que desbordan su jurisdicción, precisamente, por carecer de competencia legal. Así, el Juez de Distrito que reciba el juicio de amparo indirecto con la audiencia constitucional desahogada hasta la fase de sentencia, podrá decidir de plano si acepta o no el conocimiento del asunto, como lo regula el mencionado artículo 48. De lo contrario, se devolverá el juicio de amparo indirecto al órgano que declinó la competencia, en la sentencia de la audiencia constitucional, para que éste resuelva dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si insiste o no en declinar su competencia legal, como también se desprende del artículo 48 de la Ley de Amparo. Establecido lo anterior, debe indicarse que la revisión efectuada al juicio de amparo indirecto 240/2020-V, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, arrojó un primer aspecto que impide a este resolutor aceptar la competencia legal para resolver la controversia. La primera circunstancia que se detectó en las actuaciones del citado juicio, es la siguiente: ? El diez de marzo de dos mil veintiuno, se inició la audiencia constitucional en la cual la parte tercera interesada objetó la autenticidad de la firma autógrafa que calza la demanda de amparo, por lo que se admitió a trámite el incidente de objeción de falsedad y se suspendió dicha audiencia. ? En proveído de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento decretado a la quejosa en auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, y textualmente se proveyó: ". se tienen por demostradas las cuestiones sobre las cuales versa la prueba pericial en materia de grafoscopía en el incidente de objeción de falsedad de documentos interpuesto por la parte tercera interesada; esto es, la acreditación de falsedad de la firma que aparece al final del escrito de demanda de amparo de nombre de Sagrario Cortes Montiel, dentro del presente juicio de amparo; lo anterior tómese en consideración al momento de llevarse a cabo la reanudación de la audiencia constitucional". ? El veintiséis de enero de dos mil veintidós, se reanudó la audiencia constitucional y en ella, se dijo: ". se tuvieron por demostradas las cuestiones sobre las cuales versa dicho medio probatorio, en el incidente de objeción de falsedad de documentos interpuesto por la parte tercera interesada; esto es, la acreditación de falsedad de la firma que aparece al final del escrito de demanda de amparo.". ? Fue en esa audiencia constitucional, donde la titular del citado órgano declinó la competencia para resolver la controversia que inició con la demanda de la quejosa Sagrario Cortés Montiel, por derecho propio. Ahora, en opinión de este operador jurídico, al momento de declinarse la competencia del juicio de amparo 240/2020-V, sólo debió considerarse que la orden de aprehensión dictada en la causa penal 520/2020/PUEBLA, tendría ejecución en esta entidad federativa, porque únicamente las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras con residencia en este Estado, fueron las que admitieron la existencia de dicha orden y su ejecución. Esto es, al realizar ese análisis sólo debió examinarse la existencia del acto reclamado y el lugar en donde tendría ejecución, sin efectuar pronunciamiento alguno que consistiera en verificar si la demanda de amparo cumplía con los presupuestos formales y materiales de procedencia, de entre ellos, la voluntad de la parte quejosa de someter los actos reclamados a escrutinio jurisdicción en sede constitucional, esto es, que la firma que calza la demanda de amparo procediera del puño y letra de la quejosa Sagrario Cortés Montiel, pues al hacerlo, estableció una determinación vinculante porque necesariamente impactará en el sentido que deba regir la sentencia (el sobreseimiento). Así es, porque la firma (ya sea autógrafa o electrónica) constituye un signo expreso e inequívoco de la voluntad de instar la acción de inconstitucionalidad de un acto ante el juez de amparo, razón por la cual, se traduce en un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia; de ahí que, si una demanda carece de la firma autógrafa o electrónica, o bien, se determina que ésta es falsa, no exista la certeza de la autenticidad del documento, porque para probar la voluntad del recurrente es necesario tener certidumbre de su intención de interponer el medio de impugnación intentado. Por tanto, en este caso, el órgano judicial que declinó competencia, en opinión de este operador jurídico, debió sobreseer, pues eso impide que, incluso, se examine si los actos son o no ciertos, ya que no existe justificación alguna para dejar de observar los presupuestos procesales de la acción ni los requisitos legales mínimos para el acceso a la jurisdicción, como es la certeza de la autenticidad de la demanda de amparo y la voluntad de instar la inconstitucionalidad de un acto ante el juez de amparo, y continuar con el examen del lugar donde tendría ejecución el acto reclamado. Sobre todo, si se considera que fue el propio Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Nayarit, en la continuación de la audiencia constitucional, quien resolvió que se había acreditado la falsedad de la firma que aparece al final del escrito de demanda de amparo de nombre , de fecha catorce de mayo de dos mil veinte; es decir, que él mismo reconoce y conoce la ausencia de los presupuestos procesales de la acción. Situación que resulta de suma trascendencia, pues para proceder a examinar la existencia del acto reclamado y su lugar de ejecución, es requisito indispensable que, de manera previa, se colmen los presupuestos procesales de la acción, entre ellos, la voluntad del recurrente de instar la instancia, materializada en la demanda que contenga su firma autógrafa y autentica; el cual en la especie no se da, pues se reitera, el propio Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Nayarit, en la continuación de la audiencia constitucional, estableció que se había acreditado la falsedad de la firma, por tanto, en vía de consecuencia jurídica debió sobreseer el juicio de amparo, pues dicha circunstancia equivale a la ausencia de la demanda de amparo, y por ende, falta de materia respecto de la cual pronunciarse. Es de suma trascendencia destacar que al haberse pronunciado el juez declinante sobre la falsedad de la firma de la quejosa, al reanudarse la audiencia constitucional, de manera tácita, reasumió su jurisdicción y, por ende su competencia para volver a conocer y resolver el juicio de amparo en cita. Ese es el primer aspecto por el cual se rechaza la competencia declinada. Por otro lado, debe indicarse que la revisión efectuada a las constancias del juicio de amparo indirecto 240/2020-V, y su anexo, llevó a detectar un segundo aspecto por el cual debe rechazarse la competencia declinada, a saber, afrontar circunstancias en materia de responsabilidad administrativa. Así es, pues no se inadvierte que la audiencia constitucional inició el diez de marzo de dos mil veintiuno, y si bien se reanudó recientemente, esto es, el veintiséis de enero de dos mil veintidós; ello implica que transcurrieron más de seis meses sin resolverse el sumario constitucional. Lo cual pudiera ocasionar una responsabilidad administrativa para el suscrito, puesto que, por regla general, el plazo máximo para resolver un asunto es de noventa días. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se rechaza la competencia legal declinada para resolver el citado juicio de amparo, conforme a los dos aspectos examinados. Notifíquese; por oficio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic; y cúmplase

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