Sabine Nayetsi Gaspariano Trejo
Expediente 1028/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1028/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Sabine Nayetsi Gaspariano Trejo
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1028/2022-VIII. Puebla, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que la parte quejosa no recurrió el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2 . Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. Devolución de documentos originales a las partes. Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones en los libros de gobierno. Se instruye al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el indicado sistema como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). * Revisión del expediente Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE DEJO DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA POR LO TANTO SE NOTIFICAN POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y SE TIENE POR NOTIFICADA DEL SIGUIENTE ACUERDO: Acuerdo: Puebla, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por XXXX, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento Ahora, de la demanda de amparo se advierte que se señalan como actos reclamados en el capítulo correspondiente y de manera destacada la orden de detención y aprehensión a autoridades ministeriales, así como su ejecución por lo que el juicio de amparo deviene de improcedente acorde con lo que se expone a continuación: En efecto, las ordenes reclamadas por la parte quejosa convergen bajo las reglas del sistema penal acusatorio adversarial previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a las cuales dichas autoridades de naturaleza investigadora y administrativa no están facultadas legalmente para emitir el acto que le atribuye (orden de detención). Por ello, respecto de los aludidos actos endilgados a las autoridades responsables (esto es, la orden de detención y aprehensión reclamada al Fiscal General del Estado y Agente del Ministerio Público Investigador, como autoridades ordenadoras, así como al Director General de la Policía Ministerial, Director de la Policía Municipal del Estado de Puebla y Director de la Policía Estatal del Estado de Puebla, en su carácter de ejecutoras) precisadas en la demanda, se actualiza la causal de improcedencia (con las características de indudable y manifiesta) que resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo con los diversos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario. De ahí que, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la mantera, debe desecharse de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse la casual de improcedente estudiada, en forma indudable y manifiesta. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que en el capítulo de la demanda relativo a los actos reclamados, en el inciso B), indica que reclama de un Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, la omisión de acordar las peticiones realizadas por la parte quejosa. No obstante lo anterior, la parte quejosa es omisa en señalar el nombre y adscripción del representante social a quien le atribuye el acto; datos que son necesarios para que en el caso de admitir el juicio, establecer debidamente la relación procesal y emplazar al fiscal directo al cual se le atribuye tal omisión. En suma, de una revisión integral de la demanda, tampoco se observa el número de carpeta de investigación a la cual se dirigieron los escritos de los cuales refiere que el Agente del Ministerio Público fue omiso en pronunciarse; tampoco de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad o del capítulo de conceptos de violación, se observa que refiera algún antecedente de los actos omisivos a que hace referencia o que haya formulado algún razonamiento tendiente a combatir ese acto. Por consiguiente, al no satisfacer los requisitos mínimos que indica la Ley de Amparo, en específico en el artículo 1083 (en relación con el artículo 61, fracción XXIII, de ese mismo ordenamiento legal), las cuales son cargas procesales inherentes a la parte quejosa, se estima improcedente el juicio de amparo en relación a ese acto.
- Principal
Puebla, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por XXXX, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento Ahora, de la demanda de amparo se advierte que se señalan como actos reclamados en el capítulo correspondiente y de manera destacada la orden de detención y aprehensión a autoridades ministeriales, así como su ejecución por lo que el juicio de amparo deviene de improcedente acorde con lo que se expone a continuación: En efecto, las ordenes reclamadas por la parte quejosa convergen bajo las reglas del sistema penal acusatorio adversarial previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a las cuales dichas autoridades de naturaleza investigadora y administrativa no están facultadas legalmente para emitir el acto que le atribuye (orden de detención). Por ello, respecto de los aludidos actos endilgados a las autoridades responsables (esto es, la orden de detención y aprehensión reclamada al Fiscal General del Estado y Agente del Ministerio Público Investigador, como autoridades ordenadoras, así como al Director General de la Policía Ministerial, Director de la Policía Municipal del Estado de Puebla y Director de la Policía Estatal del Estado de Puebla, en su carácter de ejecutoras) precisadas en la demanda, se actualiza la causal de improcedencia (con las características de indudable y manifiesta) que resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo con los diversos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario. De ahí que, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la mantera, debe desecharse de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse la casual de improcedente estudiada, en forma indudable y manifiesta. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que en el capítulo de la demanda relativo a los actos reclamados, en el inciso B), indica que reclama de un Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, la omisión de acordar las peticiones realizadas por la parte quejosa. No obstante lo anterior, la parte quejosa es omisa en señalar el nombre y adscripción del representante social a quien le atribuye el acto; datos que son necesarios para que en el caso de admitir el juicio, establecer debidamente la relación procesal y emplazar al fiscal directo al cual se le atribuye tal omisión. En suma, de una revisión integral de la demanda, tampoco se observa el número de carpeta de investigación a la cual se dirigieron los escritos de los cuales refiere que el Agente del Ministerio Público fue omiso en pronunciarse; tampoco de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad o del capítulo de conceptos de violación, se observa que refiera algún antecedente de los actos omisivos a que hace referencia o que haya formulado algún razonamiento tendiente a combatir ese acto. Por consiguiente, al no satisfacer los requisitos mínimos que indica la Ley de Amparo, en específico en el artículo 1083 (en relación con el artículo 61, fracción XXIII, de ese mismo ordenamiento legal), las cuales son cargas procesales inherentes a la parte quejosa, se estima improcedente el juicio de amparo en relación a ese acto.
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