Sabino Espinoza Santos
Expediente 905/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 905/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Sabino Espinoza Santos
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 905/2023-V. En la misma data, se da cuenta a la Jueza con la certificación precedente y el estado que guardan los autos del presente asunto. Conste. Puebla, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante referido sólo como Acuerdo General- el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que, en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual 1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. deberá acaecer una vez cumplido el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, del referido Acuerdo General, ya que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido (desechamiento). Resguardo del expediente (Archivo). Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase
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JUICIO DE AMPARO 905/2023-V.. Puebla, Puebla, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Exhorto diligenciado. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el secretario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic; se advierte que, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 276/2023, con número de orden 551/2023 del índice de este juzgado, en el que se encomendó la notificación del proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, al quejoso Sabino Espinoza Santos, lo cual realizó el actuario judicial adscrito a la autoridad oficiante, en diligencia de treinta de agosto del año en curso desahogada a través de videoconferencia, en la cual hizo constar que el antes mencionado se identificó la credencial 1057 que le expidió el Centro Federal de Readaptación Social número cuarto (sic) "Noroeste", con sede en El Rincón, Municipio de Tepic, Nayarit, en donde se encuentra recluido, además que le notificó el contenido del auto de veinticinco de agosto del año en curso dictado en este juicio de amparo, y el diverso de veintinueve del citado mes y año dictado por el juzgado exhortado, de los cuales manifestó quedar debidamente notificado y recibir copias simples las que le fueron entregadas por el personal del centro de reclusión, previo a la diligencia de notificación; además hizo constar que el aquí quejoso no firmaba en razón que la notificación se realizó por videoconferencia. En tales condiciones, se ordena dar de baja el exhorto de mérito con la hipótesis de "diligenciado", y realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y cúmplase.
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JUICIO DE AMPARO 905/2023-V.. Puebla, Puebla, primero de septiembre de dos mil veintitrés. Defensoría Pública designa defensor público. Se integra al expediente electrónico el oficio de cuenta, signado por la Directora de Asuntos Penales del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla, a través del cual, en cumplimiento al acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, informa la designación de Julio Arturo Gómez Peña, como defensor público del quejoso Sabino Espinoza Santos. Además, proporciona el número telefónico y correo electrónico del citado defensor, de lo cual se toma conocimiento. En ese contexto, se tiene cumplido el requerimiento formulado en el auto de mérito y se deja sin efectos el apercibimiento de multa decretado a la citada funcionaria. Requerimiento al defensor público designado. En consecuencia, dada la designación realizada, cítese al defensor público Julio Arturo Gómez Peña, para que acuda a las instalaciones de este juzgado de distrito, dentro del plazo de tres días, el cual será computado a partir del día siguiente en que le surta efectos la notificación respectiva, en un horario de diez a trece horas para aceptar y protestar el cargo de defensor público del quejoso. Para ello, bajo protesta de decir verdad, deberá presentar su cédula profesional en original en esa diligencia, para corroborar su identidad, personalidad y capacidad procesal -conforme a lo previsto en la ley reglamentaria-. Por último, se apercibe a dicho defensor que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Se apersona defensor público. En otro orden de ideas, se recibe el escrito de Julio Arturo Gómez Peña, defensor público designado por la Directora General del Instituto de la Defensoría Pública, del Poder Judicial del Estado de Puebla, donde exhibe impresión de su cédula profesional (electrónica) relativa a la licenciatura en derecho. Lo anterior se considerará al momento de la diligencia de aceptación y protesta de cargo de dicho defensor, como representante del quejoso. De igual forma, se le tiene solicitando el acceso al expediente electrónico, una vez que proteste el cargo conferido, para lo cual indica el usuario "++++++++++++++++". Se tiene por realizada la indicada manifestación para ser acordada en el momento conducente, esto es, una vez efectuada la diligencia de protesta de cargo respectiva. Notifíquese; personalmente al defensor público Julio Arturo Gómez Peña, en las instalaciones del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla
- Principal
----JUICIO DE AMPARO 905/2023-V.. Puebla, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por +++++++++++++++++++++++++, por propio derecho, contra actos de: "+++++++++++++++++++, Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Estatal, a cargo del Juicio ++++++++++++++++++++ (sic), y otras autoridades responsables En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de oficialía de partes del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . Ahora bien, el quejoso, en su demanda de amparo, señaló como acto reclamado lo siguiente: ".la declaratoria de "interrupción de juicio" decretada en fecha 29 de mayo del 2023 dentro del proceso que se me instruye (24/2023/JO/NORTE)." [Énfasis añadido] Sin embargo, al narrar los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, refirió: ".hoy en día a partir de mi traslado a este centro federal ya sea porque el centro no se conectó por videoconferencia o retrasos en el traslado del Cefereso a el lugar donde se enlazaran con el centro de justicia de Puebla u otras circunstancias sin justificación legal se han diferido las audiencias de juicio oral en más de 6 ocasiones." [Énfasis añadido] Asimismo, como conceptos de violación manifestó: ".Al hace de manifiesto la violación a la que hacemos referencia pues no existe motivo legal para que las autoridades señaladas demoren y a la vez vulneren mis derechos, difiriendo las audiencias de juicio y demás audiencias que deban desahogarse dentro del proceso que se me instruye, situación que esta autoridad a la que hoy recurro deberá corregir y obligar a que mis derechos sean restituidos y se desarrolle la audiencia de juicio en el menor tiempo posible, además de que también deberá ordenar al centro federal para que acate la orden de traslado al centro penitenciario ubicado en Puebla Puebla, con número de oficio 660/2023/JO signado el mismo día 29 de mayo del año en curso, por el lic Francisco Javier Orozco Treviño, en su calidad de Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Estatal ." [Énfasis añadido] De lo anteriormente trascrito se desprende que la intención real del quejoso es reclamar: 1. La omisión de celebrar la audiencia de juicio oral en la causa que se le instruye; y, 2. La omisión de ordenar la ejecución del traslado (al Centro Penitenciario de Puebla, Puebla) decretada mediante oficio 660/2023/JO. De lo anterior, se advierte que es improcedente el juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 134, fracciones I y IV y 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, ya que el quejoso inobservó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Los citados preceptos legales establecen: Ley de Amparo "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 134. Deberes comunes de los jueces En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional; [.] IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal;." "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido.". Entonces, es necesario referir que el numeral 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la obligación de los jueces de resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional, así como atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal. Asimismo, el diverso 135 prevé el recurso de queja ante el Órgano jurisdiccional omiso, cuando se considere que un juzgador de primera instancia no realizó un acto procesal dentro del plazo señalado por dicho código, otorgando el derecho a cualquiera de las partes para interponerla. De lo anterior se advierte que el legislador previó el derecho de las partes de dolerse, ante el mismo órgano jurisdiccional, de las actuaciones omisivas o negligentes, como lo es la omisión de celebrar una audiencia establecida por la ley o de velar por la ejecución de un mandamiento emitido, el cual tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. Además, se prevé que el referido recurso de queja, de acuerdo a lo establecido en el citado numeral 135, párrafo tercero, será resuelto por la autoridad jurisdiccional competente (entendiéndose, de acuerdo al numeral 133, fracción III, del mismo código nacional, el Tribunal de alzada) en un plazo no mayor a tres días, en cuyo caso ordenará la realización del acto omitido. En efecto, constituye un derecho fundamental de las partes en el proceso promover queja en contra de omisiones o negligencias en que el juzgador de primera instancia puede incurrir (tal como en el caso reclama el promovente). Además, dicha prerrogativa que se le otorga a las partes en el proceso no es opcional, sino que se les reconoce ese derecho para el efecto de que puedan conminar al juez de control para que se conduzca con apego a la ley, de estimar que esto no se ha llevado a cabo, mediante un recurso veloz e inmediato mediante el cual las partes pudieran defender los derechos que consideraran violentados por parte de la potestad ordinaria ante un órgano de control, el cual no se contemplaba con anterioridad, por lo que se acudía directamente al amparo, produciéndose incluso, su abuso. En efecto, robustece la determinación anterior el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que, al no encontrarse en dicho supuesto, es imperativo para el gobernado acudir a las instancias establecidas por la ley adjetiva que pueden producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente; ello, en tanto, de pronunciarse sobre la materia de la demanda que propone el quejoso, este Juzgado Federal de amparo sustituiría procesalmente a las autoridades a quienes el Código Nacional de Procedimientos Penales encomienda el pronunciamiento relativo al conflicto de que se trata. Lo anterior tiene sustento, además, en la Jurisprudencia PC.VI.P. J/4 P (11a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver la contradicción de tesis 3/2022, de observancia obligatoria para esta juzgadora, y que es del rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PARA TENERLO POR SATISFECHO, PREVIO A INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN CONTRA DE LAS OMISIONES DE LOS JUECES DE CONTROL, CUANDO ESTAS OMISIONES CONSTITUYEN EL ACTO RECLAMADO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a soluciones distintas al analizar si para tener por satisfecho el principio de definitividad, previo a interponer el juicio de amparo indirecto el quejoso debe o no agotar el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de las omisiones de los Jueces de Control, cuando éstas se señalan como acto reclamado, ya que mientras para dos de ellos sí debe agotarse el recurso de queja, para el otro puede acudirse directamente al juicio de amparo porque la procedencia de dicho recurso está sujeta a una interpretación adicional, en tanto que el referido recurso no se ubica en el apartado de "Recursos" del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino en el denominado "Jueces y Magistrados". Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que sí debe agotarse el principio de definitividad, esto es, sí es necesario interponer el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra el juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por el citado código, dado que dicho precepto no requiere interpretación adicional. Justificación: El artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que procederá el recurso de queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal. Ahora bien, el hecho de que dicho recurso no esté incluido en el título de "Recursos" del código referido, obedece a que en éste el legislador sólo aludió a los que proceden en contra de las resoluciones judiciales, y no contra omisiones. Luego, no se requiere interpretación adicional del precepto en atención a lo que sostuvo sobre el acto de "interpretación" el Pleno de la Suprema Corte en su anterior integración, esto es, que se debe tener presente el texto o sentido gramatical de las palabras y la intención o propósito que llevó al legislador a dictar la ley. Así, cuando el sentido gramatical de las palabras va enteramente de acuerdo con el fin que se persigue, no habrá duda sobre su aplicación, pero si examinados los propósitos del legislador se encuentra una palpable contradicción entre esos propósitos y el aparente significado de las palabras empleadas, todo hará suponer que esa significación no es la real. En el caso, el sentido gramatical del artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales es acorde con el fin que persigue -reparar las omisiones de los Jueces-. Además, si por suficiente regulación debe entenderse aquella que da certeza jurídica a los justiciables sobre los requisitos que deben satisfacer para tener acceso a un medio de impugnación ordinario cuando precisan impugnar un acto que consideran contrario a derecho, es decir, les garantiza el acceso a un medio de impugnación efectivo, entendido como tal, aquel que es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, permitiendo al tribunal competente desarrollar el análisis a efecto de determinar si ha habido o no alguna transgresión al orden jurídico en perjuicio del solicitante y, en su caso, proporcionar una reparación, entonces el recurso de queja previsto en el artículo 135 citado constituye un medio de impugnación efectivo, dado que está expresamente establecido para subsanar las omisiones de los Jueces, y a través de éste puede obtenerse el pronunciamiento omitido."3 De ahí que, contra los actos reclamados en la demanda, derivado de la carpeta de juicio oral ++++++++++++++++++ del índice del tribunal de enjuiciamiento responsable, es improcedente el juicio de amparo, pues el quejoso debió interponer el recurso de queja establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. No se soslaya que la abstención de la autoridad judicial puede ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa, los derechos que a su favor establece la Constitución Federal, toda vez que ante esa inactividad de 3 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Enero de 2023, Tomo V, página 4642, Undécima época. la autoridad, el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica; no obstante, la existencia formal y material de un procedimiento de defensa que resulta idóneo para impugnar dicha omisión con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, pues se trata de un verdadero recurso o medio ordinario de defensa. Por las razones que la informan, se invoca la tesis 2a. LXXXI/2012 de la Segunda Sala de Nuestro Más Alto Tribunal, visible en la página 1587, libro XIV, noviembre de 2012, tomo 2, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y contenido: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Así como la tesis número XVI.1o.A.T.5 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1753, libro XI, agosto de 2012, tomo 2, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos". En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos presentada por Sabino Espinoza Santos, pues el acto reclamado encontró la causa de improcedencia, manifiesta e indudable, prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Anotaciones Internas. Se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal. Ante la solicitud formulada por el quejoso, se tiene como domicilio para recibir notificaciones su lugar de reclusión, esto es, el Centro Federal de Reinserción Social Número cuatro, "Noreste", Tepic, Nayarit. Sin que se tenga a persona alguna como autorizada para tales efectos, dado que el quejoso omitió realizar dicha designación. Se requiere designación de un defensor público. Esta operadora jurídica detectó que el quejoso se encuentra privado de su libertad en un centro penitenciario -según lo manifestado en el escrito de demanda-; y, además, no designó profesionistas para que lo asistan en el trámite de este juicio, ni siquiera nombró personas para recibir notificaciones. Por tanto, se ordena girar oficio a la Directora General del Instituto de Defensoría Pública, del Poder Judicial del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha cuando le sea notificado este proveído, designe un defensor público que asista al quejoso de este juicio. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO". Bajo ese contexto, se requiere a la titular de dicho órgano que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente a la notificación del oficio derivado del presente proveído, instruya a la persona designada para representar al quejoso en este juicio, presente escrito en el que se apersone a este juzgado federal, con cédula profesional que lo ampare como licenciado en derecho e identificación oficial con fotografía. Se apercibe a la mencionada directora que, en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, en el plazo otorgado para tal fin, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización a razón de su valor diario, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notificación al quejoso. Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número Cuatro "Noreste", Tepic, Nayarit, lugar que se ubica fuera de la residencia de este juzgado de distrito -o su zona conurbada-, se provee: Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como en los diversos 297, fracción II, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, líbrese atento exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, instruya a quien corresponda se constituya en el lugar de reclusión del quejoso (Centro Federal de Reinserción Social Número cuatro, "Noreste", Tepic, Nayarit), y le notifique el presente acuerdo. Se faculta atentamente al juez para que haga uso de las medidas pertinentes, a fin de lograr lo solicitado; incluso habilitar días y horas inhábiles, lo anterior de conformidad con los dispositivos 282, párrafo primero y 298, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, así como lo previsto en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia; así como para que acuerde promociones y provea las diligencias necesarias para cumplir lo solicitado a la mayor brevedad posible. Asimismo, se solicita respetuosamente al juez requerido, una vez logre diligenciar el exhorto en cuestión, devuelva a la brevedad posible el mismo, con las constancias que acrediten que practicó la notificación de mérito cumpliendo lo requerido. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones de este juicio, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de manera personal al quejoso (por exhorto), y cúmplase
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