Sabino Contreras López
Expediente 1771/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1771/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Sabino Contreras López
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de enero de dos mil veintitrés. Se informan gestiones de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez Sexto de lo Familiar en esta ciudad, mediante el cual informa respecto de las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, y de cuyo anexo se advierte que el veinte de enero del año en curso, se llevó a cabo la convivencia del niño de iniciales ******************** con su padre ********************, aquí quejoso, y su familia ampliada, consistente en sus abuelos paternos. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte la documental que remitió, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza. Vista. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, con las facultades con las que cuenta la suscrita, en términos de la tesis de jurisprudencia 22/2021, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno y con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Antecedentes. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que: 1.1. El veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".1.- El Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, queda obligado a realizar lo siguiente: i. Dejar sin efectos el oficio CAS/DEREPSQ/3288/2021, de uno de marzo de dos mil veintiuno, por el cual negó la autorización sanitaria que el agraviado de mérito solicitó para llevar a cabo el consumo personal de marihuana para fines lúdicos y recreativos; y ii. Emitir otro en el que prescinda de aplicar tácitamente los artículos 235, último párrafo, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, de la Ley General de Salud, y otorgue al impetrante del amparo Luis Alberto Suárez Castillo, la autorización sanitaria que solicitó, en el entendido de que corresponderá a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Ello puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por el quejoso de mérito, se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentre ajustada a derecho. Efectos que concuerdan con los establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 547/2018. Cabe señalar que la presente sentencia de amparo no supone en ningún caso autorización para realizar actos de importación de semillas, comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. Además: No constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad responsable que debe dar cumplimiento a este fallo. No permite que se expida a favor del peticionario del amparo autorización alguna para llevar a cabo el consumo personal de marihuana en lugares públicos, ni su uso en perjuicio de menores, ni para conducir vehículos bajo los efectos de la marihuana, tampoco permite que se expida autorización a favor del solicitante para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana por adultos en espacios privados. En el entendido que las diversas conductas que la parte quejosa realicen en el contexto del consumo, producidas o no por los efectos de la marihuana, y que sí afecten injustificadamente la esfera jurídica de terceros (como podrían ser hipotéticamente los actos de violencia frente a terceros, delitos de robo, narcotráfico, el narcomenudeo, la corrupción de menores, conducir vehículos bajo los efectos de marihuana), lógicamente deban entenderse como acciones que desbordan y que están fuera de la protección de la presente sentencia y de los derechos fundamentales del libre desarrollo de la personalidad y de la vida privada de las personas y, por tanto, deban sancionarse de acuerdo a las leyes aplicables.." 1.2. En proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria el anotado fallo y se requirió a la autoridad responsable, a fin de que comunicara el cumplimiento respectivo. No obstante, en proveído de doce de noviembre siguiente se ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, a fin de dar trámite al recurso de revisión interpuesto por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) -autoridad responsable-, respecto del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, dentro del amparo en revisión administrativa 589/2021, mismo que, en sesión ordinaria virtual de nueve de junio de dos mil veintidós, determinó desechar el aludido recurso, por extemporáneo, confirmar la sentencia reclamada y conceder el amparo a la parte quejosa, para los efectos ya señalados. 1.3. Así, en auto de veintisiete de junio pasado, se tuvieron recibidos los autos, así como el testimonio de la resolución pronunciada por la Superioridad y se ordenó requerir a la autoridad responsa, por el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 2. Informes sobre el cumplimiento. Mediante oficios recibidos el once y veintiuno de julio, así como dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en representación del Titular de la COFREPRIS, rindió sus informes respecto del cumplimiento a la ejecutoria y con el primero, remitió copia certificada del diverso COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-21453-2022. 3. Valoración probatoria. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2 y que resultan aptas para demostrar, particularmente de las observaciones anotadas al pie de la documental que se remitió: - Que se dejó insubsistente el oficio CAS/DEREPSQ/3288/2021, de uno de marzo de dos mil veintiuno. - Que se emitió otro, en el que se prescindió de aplicar los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, de la Ley General de Salud, sólo en las porciones normativas que establecen una prohibición absoluta para que la autoridad sanitaria emita autorizaciones para el consumo personal de marihuana por personas adultas en espacios privados, así como los actos necesarios para materializar el autoconsumo mencionado; - Que se otorgue al quejoso, la autorización sanitaria respecto del consumo personal de marihuana para fines lúdicos y recreativos; - Que estableció los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, debido a que en la reglamentación existente no se han definido requisitos específicos, debiendo seguir el proceso actualmente estipulado en la regulación sanitaria para la adquisición de las materias primas estupefacientes; - Que precisó el deber de informar el domicilio donde serán realizadas las actividades de siembra, cosecha y cultivo autorizadas, para que la autoridad pueda ejercer sus facultades de vigilancia sanitaria. 4. Determinación sobre el cumplimiento. Ante tal situación, este juzgado considera que, se encuentra demostrado por parte de la autoridad responsable, que se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ante lo cual debe concluirse que el fallo protector se encuentra cumplido, al quedar demostrado: - Que se desincorporó de la esfera jurídica del quejoso Luis Alberto Suárez Castillo, el contenido material de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición absoluta para que la autoridad sanitaria emita autorizaciones para el consumo personal de la marihuana por personas adultas en espacios privados, así como los actos necesarios para materializar el autoconsumo mencionado; lo anterior, según se desprende del apartado de "observaciones" contenido en los oficios adjuntos al informe de la responsable; - Que se dejó sin efecto el oficio CAS/DEREPSQ/3288/2021, de uno de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desestimó la autorización sanitaria que el quejoso Luis Alberto Suárez Castillo, solicitó para llevar a cabo el consumo personal de marihuana para fines lúdicos y recreativos; y - Que se emitió el oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-21453-2022, dirigido al aquí quejoso Luis Alberto Suárez Castillo, con fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se otorgó al quejoso autorización sanitaria acorde a los lineamientos establecidos por la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, que contemplan las modalidades de la adquisición legal de la semilla de cannabis, así como su siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión y transporte; y, - Que lo anterior se estableció bajo las debidas restricciones y modalidades precisadas por la responsable en el oficio de que se trata, garantizando al quejoso la adquisición de la semilla y que su materialización se realice bajo el amparo de la ley, asegurando a todos los terceros que participen en ella, que su conducta se encuentra ajustada a derecho. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista; y mediante oficios que se remitan a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito. Así lo acordó y firma la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de la Titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual se informó mediante oficio CCJ/ST/6867/2022 de doce de diciembre de dos mil veintidós, de la Secretaría Técnica de Comisión Permanente, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOS MIL VEINTIDÓS. Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de autos. Téngase recibido el oficio 16430/2022 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, a través del cual remite: 1. El diverso proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo directo civil ******************** de su índice, a través del cual dicho Tribunal decretó de plano su incompetencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************; y 2. Copia del oficio *****/2022 del Juez Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, en el que se contiene su informe justificado, y al que acompaña: cuaderno especial de amparo directo en el que obra la demanda de amparo promovida por ********************; así como original y duplicado del cuaderno especial de incidente de suspensión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 46, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del juicio de garantías referido, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 1771/2022-IV. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Desechamiento de demanda. Ahora bien, la suscrita procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32; y Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255; intituladas: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, y sus anexos, se advierte que ******************** comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: - El auto pronunciado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, por el Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, en autos del juicio ordinario civil por petición de herencia ********************, mediante el cual se ordenó el cumplimiento a los resolutivos décimo y décimo primero de la sentencia de veinte de octubre del año dos mil veinte, emitida por el Juez de referencia, y que fue confirmada en segunda instancia. En relación con dicho acto, cabe destacar que de la copia certificada del juicio ordinario civil por petición de herencia ********************, que se allegó al diverso juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por ********************, juicio constitucional y anexo que se tienen a la vista y se invocan como hecho notorio, constancias estas que pueden introducirse como elementos de prueba, sin necesidad de que se ofrezcan como tales o lo aleguen las partes, resultando aplicable la Jurisprudencia número XXII. J/12, publicada en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, que intitulada: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.", a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprenden como antecedentes del controvertido de origen, los siguientes: a) Que mediante escrito recibido el siete de noviembre de dos mil dieciocho, por el Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, ********************, en representación de su menor hijo ********************, demandó en la vía ordinaria civil juicio de petición de herencia y demás prestaciones accesorias, en contra de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************, por conducto de su albacea definitivo ********************, así como de ********************, ********************, y ********************. b) Seguidos los respectivos trámites legales, con fecha veinte de octubre de dos mil veinte, el aludido Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, dictó la sentencia respectiva en el juicio ordinario civil por petición de herencia ********************, a través de la cual se declaró como único y universal heredero de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************, a ********************, en su carácter de descendiente en primer grado del autor de la sucesión, en virtud del derecho preferente que goza éste último. Condenándose a ********************, en su carácter de adjudicatario de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************, y a ********************, en su calidad de donataria, a hacerle entrega al actor ********************, de los bienes que le fueron adjudicados al primero de ellos, y que forman la masa hereditaria de la aludida sucesión, bienes inmuebles que fueron motivo del contrato de donación a favor de la segunda de los demandados; asimismo, se les condenó a la entrega de diversas cantidades de dinero enlistadas en el inventario de y avaluó y ampliación del mismo y que constituyen la masa hereditaria. Asimismo, en los resolutivos decimo y décimo primero se ordenó lo siguiente: "DECIMO. se ordena la cancelación de la escritura de adjudicación, inscrita ante el Instituto Registral y Catastral de esta ciudad, bajo el número ********************, a fojas ********************, tomo ********************, de escrituras ********************, de fecha ********************. Así como la cancelación del instrumento público número ********************, tomo ********************, del Protocolo de la Notaria Publica número ********************, en la cual consta la adjudicación de la sucesión a bienes de ********************, de fecha ********************, y la cancelación del contrato de donación celebrado entre ******************** Y ********************, respecto de los bienes que en dicho instrumento se contiene. DÉCIMO PRIMERO. En su oportunidad, gírense atentos oficios al Instituto Registral y Catastral de esta ciudad, así como a la Notaria Publica número uno de la Ciudad de Cárdenas, S.L.P., para que procedan a las cancelaciones aquí decretadas." c) Inconformes con dicha determinación, ********************, en su carácter de adjudicatario de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************, y ********************, interpusieron en su contra recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien lo radicó con el número de toca ********************; y mediante sentencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, se confirmó la sentencia de primera instancia recurrida. d) En contra de la sentencia señalada en el inciso que antecede, ********************, en su carácter de adjudicatario de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************, promovió juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, quien mediante proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno, lo radicó con el número de amparo ********************. En la misma tesitura, se advierte que ********************, promovió juicio de amparo en su contra, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, quien lo radicó con el número de amparo ********************. e) Seguidos diversos trámites, mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, el Juez responsable ordenó dar cumplimiento con los resolutivos décimo y décimo primero de la sentencia de veinte de octubre del año dos mil veinte, y por tanto ordenó girar oficio a la Registradora del Instituto Registral y Catastral del Tercer Distrito Judicial. La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Precisado lo anterior, la suscrita advierte que respecto del acto reclamado se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". Lo anterior se afirma así, por las razones siguientes: En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al promovente del juicio constitucional; entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Tal aspecto es tratado en la Jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 27/99, correspondiente a la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Tesis P./J. 32/2001, página 31, que a continuación se transcribe: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA: La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asentado lo anterior, se concluye que el auto de veintiséis de septiembre del año en curso reclamado, no constituye la última resolución en que se haya tenido cumplida la sentencia definitiva, puesto que por tal debe entenderse la que aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, si tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución, el amparo indirecto únicamente procede contra la última resolución pronunciada en dicha fase, en la que además podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, es incuestionable que al no revestir las características propias de ese tipo de determinaciones, e incluso teniendo en cuenta que aquel consiste en el auto a través del cual se ordenó dar cumplimiento con los resolutivos décimo y décimo primero de la sentencia definitiva, y por tanto se ordenó girar oficio a la Registradora del Instituto Registral y Catastral del Tercer Distrito Judicial. (Lo anterior a efecto de llevar a cabo la cancelación de la escritura pública), luego es claro que no se adecua al supuesto de procedencia previsto en la Ley de Amparo en la indicada fase de ejecución. De ahí que se actualiza la causa de improcedencia analizada. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 75, Tomo XX, Julio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." No pasa inadvertida para el suscrito la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", toda vez que en el caso concreto el acto reclamado no se sitúa en la hipótesis contenida en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Más aun, no puede perderse de vista que la determinación reclamada tiene como fin ejecutar la sentencia dictada en el juicio de origen ordinario civil por petición de herencia ********************, pues precisamente a través de ella se ordenó girar oficio a la Registradora del Instituto Registral y Catastral del Tercer Distrito Judicial, para llevar a cabo la cancelación ordenada en aquélla. Luego entonces, el auto de mérito y su ejecución no son ajenos a la cosa juzgada en el juicio referido, sino el medio para ejecutarla. En consecuencia, como el acto reclamado no es la última resolución en etapa de ejecución, ni afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. La anterior conclusión no implica vulnerar derechos humanos consagrados en tratados internacionales, siendo ilustrativa al respecto la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, registro 2004217, página 1641, del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo." Así como la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala y ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a ******************** y ********************, cuyas cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Lineamientos para la integración del expediente físico. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el artículo transitorio SEXTO del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que a partir del uno de diciembre del dos mil veintidós, en el expediente físico relativo al juicio de amparo en que se actúa, solo se agregaran los documentos que se reciban por la vía física. Exhortación. Asimismo, se exhorta a las partes que intervengan en el asunto, a adoptar, como eje rector, la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), esto es, presentación de promociones de manera electrónica, de conformidad con el artículo 236 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente al promovente; por medio de lista; y por oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.
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