Sabino Arriaga Najera

Expediente 1013/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1013/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
20/07/2022

Partes del expediente

  • Sabino Arriaga Najera
  • Juez Mixto de Primera Instancia del Decimo Primer Distrito Judicial del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    SE DECLARA QUE AUTO QUE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA CAUSÓ ESTADO. SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN TRES AÑOS SIN QUE SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. EL INCIDENTE ORIGINAL ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EN TRES AÑOS. EL INCIDENTE DUPLICADO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN SEIS MESES. GLÓSESE A LOS MISMOS COPIA DE ESTE ACUERDO.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente la certificación de cuenta, de la que se desprende que a la fecha transcurrió el término concedido mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, al tercero interesado en representación de su menor hija de iniciales L.I.A.P., para que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha realizara manifestación alguna; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el citado proveído; y con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágasele las subsecuentes notificaciones de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Regularización de procedimiento. Por otra parte, tomando en consideración que con fecha veintiuno de enero de dos mil veintidós, se dictó proveído en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, determinación que se ordenó notificar personalmente a las partes, sin embargo, de autos no se advierte que se haya notificado al tercero interesado. En ese tenor, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente juicio, y se ordena notificar personalmente al tercero interesado la determinación de mérito. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y cúmplase.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Agrega oficio. Agréguese el oficio de cuenta que remite el Juez Mixto de Primera Instancia del XI Distrito Judicial en el Estado, mediante el cual informa que en fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, en autos del proceso penal 02/2020, dictó sentencia absolutoria en favor del aquí quejoso Sabino Arriaga Nájera, por el delito de abuso sexual calificado, en agravio del menor de identidad reservada con iniciales L.I.A.P. Admisión de pruebas. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la prueba documental que adjunta la autoridad responsable a su oficio de cuenta, en razón de su propia y especial naturaleza. Actualización de causal de improcedencia. Ahora bien, visto el estado de los autos, se advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza una causa de improcedencia, y a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se deben determinar con exactitud aquel, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, más no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que conforman el expediente del presente juicio, se advierte que Sabino Arriaga Nájera, por conducto de su defensor Gustavo Espinoza Chávez, comparece a la presente instancia constitucional a reclamar del Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en el Municipio de Venado, San Luis Potosí: - La resolución emitida el uno de mayo de dos mil veintiuno, en autos del proceso penal 02/2020, a través de la cual declaró improcedente el incidente innominado de revisión de la medida cautelar (prisión preventiva). Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." De dicho dispositivo legal se advierte que la improcedencia del juicio de amparo, contra actos emanados de un procedimiento judicial, se actualiza cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Así, tenemos que tal hipótesis se surte, cuando concurren los siguientes elementos: a) Que exista un acto de autoridad emanado de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad se emita un nuevo acto en el mismo procedimiento, con el cual se produzca una nueva situación jurídica; c) Que por virtud de ello, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones respecto del primer acto, por no poder subsanarse aquellas sin afectar la nueva situación jurídica. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva determinación adoptada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Al respecto, es aplicable la tesis aislada número 2ª.CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así como la tesis aislada sin número, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 145, Tomo VIII, Septiembre de 1991, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso." En la especie, como se adelantó, en el caso se reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en el Municipio de Venado, San Luis Potosí, la resolución emitida el uno de mayo de dos mil veintiuno, en autos del proceso penal 02/2020, a través de la cual declaró improcedente el incidente innominado de revisión de la medida cautelar (prisión preventiva). Ahora, de la constancia que la autoridad responsable allegó al sumario adjunta a su oficio de cuenta, a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, se desprende que el diez de diciembre de dos mil veintiuno, en autos del proceso penal de origen 02/2020, el Juez responsable dictó sentencia absolutoria en favor del aquí quejoso Sabino Arriaga Nájera, por el delito de abuso sexual calificado, en agravio del menor de identidad reservada con iniciales L.I.A.P., cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "[.] PRIMERO. Sabino Arriaga Nájera, de las generales señaladas en el proemio de esta resolución, NO es penalmente responsable, en la comisión del delito de ABUSO SEXUAL CALIFICADO, previsto y sancionado por el artículo 178 Fracción I, del Código Penal vigente en la época de los hechos, en agravio del menor de identidad reservada L.I.A.P., por el que le acusó el Representante de la Sociedad. SEGUNDO. En consecuencia, se dicta sentencia absolutoria a favor de Sabino Arriaga Nájera, por el delito de ABUSO SEXUAL CALIFICADO, previsto y sancionado por el artículo 178 Fracción I, del Código Penal vigente en la época de los hechos, en agravio del menor de identidad reservada L.I.A.P., dentro de la presente causa penal 02/2020, y se ordena la inmediata libertad única y exclusivamente por el delito y causa penal que se refiere. TERCERO.- Puntualizado que el sentenciado Sabino Arriaga Nájera, se encuentra a disposición de este Juzgado recluido en el centro Preventivo de Readaptación Social en Matehuala, S.L.P., gírese atento Oficio Al Director Del Centro Estatal De Reinserción Social, a fin de hacer de su conocimiento el presente fallo. [.]." En ese tenor, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia en estudio, al actualizarse los requisitos antes precisados, pues por lo que respecta al a), esto es, que exista un acto de autoridad emanado de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, debe decirse que el acto reclamado fue emitido dentro del proceso penal 02/2020, seguido en contra de Sabino Arriaga Nájera, por el delito de abuso sexual calificado, en agravio del menor de identidad reservada con iniciales L.I.A.P., ante el Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en el Municipio de Venado, San Luis Potosí. De lo que se sigue que el acto reclamado fue emitido dentro de un procedimiento judicial. En lo que toca al requisito precisado en el inciso b), consistente en que con posterioridad se emita un nuevo acto en el procedimiento, con el cual se produzca una nueva situación jurídica, se actualiza en el caso en estudio, pues con fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia respectiva, que sustituyó procesalmente al acto reclamado al Juez responsable consistente en la resolución emitida el uno de mayo de dos mil veintiuno, en autos del proceso penal 02/2020, a través de la cual declaró improcedente el incidente innominado de revisión de la medida cautelar (prisión preventiva). De ahí que dicho acto dejó de surtir efectos legales propios con motivo de la sentencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el proceso penal 02/2020, y por tanto, sustituyó procesalmente al acto reclamado, debiendo señalarse incluso que en dicha sentencia se ordenó la inmediata libertad de Sabino Arriaga Nájera, única y exclusivamente por el delito y causa penal a que se refiere. De lo que se sigue que en el caso se actualice el supuesto previsto en el inciso c), puesto que por virtud de la emisión de dicha sentencia (de diez de diciembre de dos mil veintiuno), deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones respecto del acto reclamado, ya que no podrían ser subsanadas sin afectar la nueva situación jurídica. De lo que resulta, que este órgano federal se encuentra legalmente imposibilitado para hacer un pronunciamiento con respecto a las violaciones alegadas por el amparista, pues no podría concederse la protección federal solicitada sin afectar la nueva situación jurídica creada por la subsecuente sentencia, que impera en el expediente del que deriva el acto tildado de inconstitucional. Finalmente, en el caso también se actualiza el elemento previsto en el inciso d), ello pues aun cuando el acto que aquí se reclama resultara inconstitucional, la sentencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, subsistiría, al no depender de éste. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia anteriormente analizada y, por ende, respecto de dicho acto, consistente en la resolución emitida el uno de mayo de dos mil veintiuno, en autos del proceso penal 02/2020, a través de la cual declaró improcedente el incidente innominado de revisión de la medida cautelar (prisión preventiva), debe de sobreseerse en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de la Materia, la cual estaba señalada para las doce horas con diez minutos del uno de febrero de dos mil veintidós, quedando si efectos la misma. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente a las partes; por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por medio de oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de enero de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial, encargado del despacho por Ministerio de Ley, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno y remite el original del incidente innominado de revisión de medida cautelar, prisión preventiva derivado del proceso penal 2/2020, instruido en contra del aquí quejoso por el delito de abuso sexual calificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; con su contenido y anexo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte la documental que ofrece la aludida autoridad responsable, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, y será tomada en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer cuenta de la misma en la audiencia constitucional. Ahora bien, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los cuadernos auxiliares podrán consultarse físicamente por las partes en los órganos jurisdiccionales con las salvaguardas respectivas tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, la digitalización de pruebas, poderes, valores y garantías diversas quedará al arbitrio de la juzgadora o juzgador. En caso de que exista imposibilidad material para la digitalización de determinadas constancias aportadas por las partes, las y los titulares de los órganos jurisdiccionales acordarán lo conducente y valorarán si hacen del conocimiento de las partes tal situación mediante proveído y si las constancias se integran únicamente al expediente impreso, o bien, ordenarán la integración de cuadernos auxiliares previstos en el artículo 22, último párrafo. Atendiendo a lo anterior y que mediante acuerdo general 21/2020, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, adoptando un esquema de trabajo que solo permite el acceso del personal con una plantilla reducida de manera presencial. Destacándose que en conformidad con los lineamientos establecidos en dichos acuerdos, debe privilegiarse el trabajo a distancia, haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias y como consecuencia de ello, únicamente se tiene permitido acudir a las instalaciones del juzgado con plantilla reducida, para tal fin. En ese tenor ante la imposibilidad de digitalizar en tales circunstancias el anexo que acompañó el Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial, encargado del despacho por Ministerio de Ley, a su oficio de cuenta, con tal documental fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contiene- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Para lo cual habrán de presentarse las partes en este órgano jurisdiccional haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cuarenta minutos del diecisiete de enero de dos mil veintidós, y en su lugar se programan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano