Rutila González Villalobos

Expediente 805/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
805/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
07/09/2018

Partes del expediente

  • Rutila González Villalobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara, el auto dictado en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios de amparo, se declara que dicha determinación que sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase el anexo que remitió el Juez Segundo del Ramo Penal de esta Ciudad, adjunto a su respectivo informe justificado. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el quince de agosto de dos mil dieciocho, se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, determinación que causó estado el día de la fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Ahora, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual por un lado se negó y por otro se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el original del mismo, es susceptible de depuración; lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el citado expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto; por lo que deberá archivarse por separado. Asimismo, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. De igual modo, y atendiendo a las particularidades del presente expediente, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el informe justificado y anexo de cuenta rendido por la Subprocuradora Jurídica de la Procuraduría General de Justicia del Estado; toda vez que en proveído de quince de agosto del presente año, se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el artículo 9° de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de su parte a las personas que menciona. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Juez Segundo del Ramo Penal de esta ciudad, mediante el cual informa que la aquí quejosa se presentó ante el Juzgado a su cargo el ocho del mes y año en curso, tomándosele su declaración preparatoria y quedando a su disposición para la continuación del procedimiento. Visto el diverso oficio de cuenta, signado por la Juez Segundo del Ramo Penal de esta Ciudad, a través del cual remite copia certificada del auto de formal prisión dictado en contra de la aquí quejosa dentro del proceso 33/2018-3, el diez de agosto de dos mil dieciocho, por el delito de violencia familiar. Por su parte, el Gestor Regional adscrito a la Primera Región Judicial en el Estado de San Luis Potosí, Jueces Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo todos del Ramo Penal de esta Ciudad, Director General de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, en sus respectivos informes justificados negaron el acto que se les atribuye consistente en la orden de aprehensión, reaprehensión, presentación, detención, retención, comparecencia y/o arraigo; sin que esa negativa se encuentre desvirtuada en autos, con prueba alguna en contrario. Por tanto, al no acreditarse en autos la existencia de los actos reclamados respecto a estas autoridades, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, Tomo VI Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En diversa tesitura, este órgano jurisdiccional advierte que respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Asimismo, como se desprende del artículo 61 fracción VII de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas; situación que acontece en el presente caso. Lo anterior es así, en razón de que de los informes rendidos por la Juez Segundo del Ramo Penal de esta ciudad y el Titular de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, en suplencia del Director de dicha dependencia, y de las constancias que allegaron a los mismos, se advierte que dentro del proceso penal 33/2018-3, del índice de dicho juzgado, el treinta de marzo de dos mil diecisiete, se giró una orden de aprehensión en contra de la aquí quejosa Rutila González Villalobos, por el delito de violencia familiar; a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Sin embargo del oficio de cuenta se advierte que la Juez Segundo del Ramo Penal de esta Ciudad, el diez de agosto del año en curso, dictó auto de formal prisión en contra de la aquí quejosa, por tanto es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de la orden de aprehensión librada en su contra el treinta de marzo de dos mil diecisiete, puesto que debido a la emisión de la referida resolución, el mandamiento de captura ha sido substituido por esta última, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Corrobora lo expuesto la tesis de Jurisprudencia 1ª./J17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, que aparece publicada en la página 270 del Tomo XXVII, Junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y testo es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto.". En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo la causa de improcedencia anteriormente analizada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con treinta minutos del veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, quedando sin efecto la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". El sobreseimiento decretado se hace extensivo al acto atribuido a la autoridad señalada como ejecutora Titular de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, ya que no se combate por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar del acto reclamado a la autoridad judicial responsable, y como ya se vio, en contra de éste procede sobreseer en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia número 516, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en su anterior integración, visible en la página 339, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseer por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los auto el oficio de cuenta que remite la Juez Segundo del Ramo Penal de esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a la resolución incidental de nueve de agosto de, presente año y hace del conocimiento que la aquí quejosa se presentó ante el Juzgado a su cargo el ocho del mes y año en curso, tomándosele su declaración preparatoria y quedando a su disposición para la continuación del procedimiento; con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, se le tiene desahogando el requerimiento aludido. Notifíquese.

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