Rubicela Moreno González

Expediente 265/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
265/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/07/2019

Partes del expediente

  • Rubicela Moreno González

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar el oficio signado por la Magistrada Integrante de la Primera Sala Regional del Noroeste III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual acusa recibo del proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías. Por otra parte visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, notificado a la parte quejosa el cuatro de junio de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Como lo establece la fracción II, del Ordinal Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal con fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL PARA LAS PARTES

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda y anexos, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 125 y demás relativos de la Ley de Amparo por reunir los requisitos necesarios se admite a trámite la demanda promovida por Rubicela Moreno González, contra actos del Magistrado Integrante de la Primera Sala Regional del Noroeste III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Culiacán, Sinaloa; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 265/2019-6B. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado expresamente; pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo por escrito, pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, en vía fax al número 01 668 815 32 08, o al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibida que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, se le impondrá en la sentencia respectiva una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251 de la Ley Amparo. Se señalan las diez horas con diez minutos del seis de junio de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia se tienen por presentadas las documentales que la parte quejosa anexó a su demanda sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional y tenerlas como recibidas en ese acto aunque no exista gestión expresa del interesado. Respecto a las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofrece dígasele que no ha lugar a tenerlas por ofrecidas, ya que prácticamente no tienen desahogo, es decir, no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio. Orienta el criterio la Tesis XX. 305 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 291 del Tomo XV del Semanario Judicial de la Federación, Enero de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos.". Por otra parte, hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la quejosa está obligada a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2º.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES, SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Se le permite la reproducción de autos, proveídos o sentencia emitida por este Juzgado de Distrito, mediante el uso de aparatos electrónicos y tecnológicos como cámaras fotográficas o lectores ópticos, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos; en la inteligencia que no podrá reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Orienta el criterio, la Tesis I.3o.C.725 C., emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847 del Tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época, del siguiente rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". De conformidad en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se tiene como domicilio del impetrante de garantías para oír y recibir notificaciones el ubicado en las Oficinas de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública localizadas en el edificio del Poder Judicial de la Federación que se ubica en Boulevard Adolfo López Mateos esquina Fuente de Artemisa 2213 Norte, Planta Baja, Fraccionamiento Las Fuentes, de esta ciudad y como sus autorizados para tal efecto, a los licenciados Luis Javier Jiménez González, Jenny Elizabeth Medina Guzmán, José Luis Delgado Vega, José Manuel Arredondo Lara, Venancio Baltazar Pérez España, Jesús Manuel Sicairos Galindo, Luis Manuel Oceguera de la Torre y Mario Nicolás Rojo Sañudo, Eduardo Hernández Ramírez y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Ramón Alberto Zavala, Daisy Janitzia Aboyte Zazueta, Adán Alberto Valdez León, Ana Pascaria Martínez Madero, Francisco Ernesto Vega Salcido, Karla Patricia Morales Aramburo, María Inés González Torres, Zuni Areli Castillo López, Yolanda María Osuna Bogarín y Norma Angélica López González. Asimismo, solicita se les autorice a los licenciados Luis Javier Jiménez González y Jenny Elizabeth Medina Guzmán, atendiendo a lo previsto en los artículos 3, 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 93, 94, 96 y 97 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativo a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para poder consultar a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para realizar la consulta del expediente electrónico que se integró del presente juicio y no así se le realicen las notificaciones vía electrónica; asimismo, que para los efectos de lo previsto en el artículo 94 del citado acuerdo, manifiesta que los nombres de usuarios con el que ingresaron a registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y al que deberá asociarse el otorgamiento de acceso es: LuisJimenez, JENNYE78. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos del 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se concede a Luis Javier Jiménez González y Jenny Elizabeth Medina Guzmán, con usuarios "LuisJimenez" y "JENNYE78", permiso para consultar el presente juicio por la vía electrónica, no así para que se le realicen las notificaciones electrónicas. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8°, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio Tribunal, en caso de encontrarse gozando de libertad provisional bajo caución), de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.

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