Ruth Yarelly Bravo Reyes
Expediente 136/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 136/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ruth Yarelly Bravo Reyes
Actuaciones
- Incidental
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación del Secretario, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el Artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General y atendiendo a que se negó tanto la medida cautelar provisional y como la definitiva, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando tercero de la interlocutoria de tres de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación del Secretario, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, devuélvase al Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, la copia certificada del expediente 543/2019, que remitió como apoyo a su informe justificado, dado que carece de objeto que continúe en este Juzgado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 136/2020; y, R(.) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se tienen como actos reclamados para efecto de estudio en esta instancia constitucional, el siguiente: -La resolución de quince de enero de dos mil veinte, pronunciada en la audiencia familiar de esa misma fecha, dentro del expediente 543/2019; en donde la Juez responsable determinó modificar y otorgar la guarda y custodia del menor S.A.F.B, en favor de su progenitor Salomón Flores Larios. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado; lo que incluso, se corrobora con las copias certificadas del expediente familiar 543/2019, el cual tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por tratarse de un documento original expedido por un órgano del Estado, en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, este órgano constitucional no advierte que se actualice alguna. QUINTO. Estudio de los motivos de inconformidad. Cabe indicar que en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en el caso, opera la suplencia de la queja deficiente, en toda su amplitud, al estar de por medio el interés superior de un menor de edad, sin que obste la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién promovió el juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 1ª./J.191/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 167, del tomo XXIII, mayo de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con número de registro 175053, de rubro y texto siguientes: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Ahora bien, la parte quejosa sostiene esencialmente en sus conceptos de violación lo siguiente: -Que la determinación adoptada por la Juez responsable en la audiencia de quince de enero de dos mil veinte no está fundada ni motivada, pues a su decir, se encuentra sustentada en los argumentos que otorgó la curatora, tutora y agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable. -Añade que, la resolución pronunciada en la audiencia de quince de enero de dos mil veinte no es impugnable a través del recurso de apelación, ya que dicho auto no reviste el carácter de definitivo. -Indica, que la responsable al momento de resolver no valoró las copias certificadas de la carpeta de investigación 19500/FMIX/HUAJUAPAN/2019; sobre este mismo aspecto, refiere que la Juez responsable no atendió al contenido del artículo 963 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, pues no se allegó de otros medios de prueba relacionados con la referida carpeta de investigación, con la finalidad de verificar sí el aquí tercero interesado, tiene el carácter de imputado y probable responsable del delito de violencia familiar; y que se le impuso como medida cautelar la prohibición de acercarse a la quejosa y los menores. Lo anterior es infundado por una parte e inoperante por otra, como a continuación se explicará. El artículo 4°, párrafos noveno, décimo y décimo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 4 (.). En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez (.)". De la anterior transcripción se advierte que el interés superior del niño es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los menores. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos, previstos en la Constitución Federal, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Los criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor, en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, pueden ser los siguientes: a) Se debe proveer, por el medio más idóneo, a las necesidades materiales básicas o vitales del menor y a las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) Se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y, c) Se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. En esas condiciones, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptarse, sino exclusivamente el bien de los hijos. En tal sentido, el interés superior del menor constituye el punto de referencia para emprender el estudio del acto reclamado. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 18/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 4, marzo de dos mi catorce, tomo I, materia constitucional, décima época, cuyo rubro es el siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión". De igual forma apoya, la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 7, tomo I, junio de dos mil catorce, página 270, materia constitucional, décima época, con número de registro 2006593, del tenor siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. Constitucional". Por otro lado, los artículos 429, 429 Bis A, 429 Bis B, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, establecen: Artículo 429.- Si el padre y la madre se separan o viven separados decidirán, de común acuerdo, quien atenderá la guarda y la custodia de los hijos. En caso de desacuerdo, el Juez, con base en el interés superior de la niñez, a la opinión del Ministerio Público y al resultado de las pruebas periciales que oficiosamente habrán de practicárseles a ambos progenitores en materia de trabajo social y de psicología familiar así como las demás que se estimen pertinentes, resolverá lo conducente a la designación de la persona que deba tener la guarda y la custodia del menor, teniendo como objetivo primordial, el cuidar, educar y respetar al niño, niña o adolescente, sin infringir actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica. Los hijos habitarán con el ascendiente al que se encargue la custodia. Por lo que el otro progenitor estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará los derechos de visita y convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial. En todos los asuntos del orden familiar, los jueces y tribunales estarán facultados para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar el interés superior de la niñez, otorgando al ministerio público la intervención que corresponda. Artículo 429 Bis A.- Quien ejerza la guardia y custodia de un niño, niña o adolescente debe procurar el respeto de los menores para ambos ascendientes; en consecuencia, cada uno de los ascendientes o progenitor deberá evitar cualquier acto encaminado a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro ascendiente o progenitor. Artículo 429 Bis B.- A efecto de que el menor sea adecuadamente escuchado, deberá contar con un Asistente de menores o un perito, debiendo ser en ambos casos profesional en psicología, quien asistirá al menor para facilitar la comunicación libre y espontánea; valorar su aptitud para comprender los hechos y darle protección psicoemocional en las sesiones donde sea oído por el Juez en privado sin la presencia de los progenitores. El menor para ser escuchado deberá contar con una edad mínima de siete años, de acuerdo a lo que establece el Código Civil para el Estado de Oaxaca. Dicho asistente será designado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia o la Dirección de Servicios Periciales del Tribunal y tendrá la facultad de solicitar hasta dos entrevistas previas a la escucha del menor, siendo obligatorio para el progenitor que tenga la guardia y custodia del menor dar cumplimiento a sus requerimientos". Dichos numerales prevén la obligación de quienes ejercen la patria potestad de cumplir con sus obligaciones de crianza, protección y educación; asimismo, que cuando exista desacuerdo en quien atenderá la guarda y custodia, el Juez, con base en el interés superior de la niñez, a la opinión del Ministerio Público y al resultado de las pruebas que considere pertinentes, resolverá lo conducente a la designación de la persona que deba tener la guarda y custodia del menor, teniendo como objetivo primordial, el cuidar, educar y respetar al niño, niña o adolescente, sin infringir actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica. Así también se dispone que cuando el ascendiente no tenga a su cargo la guarda y custodia del menor, conservará los derechos de visita y convivencia, y en todos los asuntos del orden familiar, los jueces y tribunales estarán facultados para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar el interés superior del menor, otorgando al Ministerio Público la intervención que corresponda. Y que los menores de edad podrán ser escuchados en los procedimientos jurisdiccionales en los que se encuentren involucrados. Por otro lado, el artículo 963 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca prevé: "Artículo 963.- El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, personas adultas mayores, personas con discapacidad, alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Para estos casos el Juez deberá decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese la situación irregular, el plazo máximo para dictarlos será de cinco días. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento. En los procesos familiares donde participen niñas, niños y adolescentes la autoridad judicial deberá prohibir a las personas que presencien las audiencias que difundan los datos personales, audios, videos o imágenes referidas a los mismos. En caso de que las personas incumplan con lo antes señalado, se aplicarán las sanciones de conformidad con la normatividad aplicable". Dicha norma prevé la facultad para que las autoridades jurisdiccionales del orden familiar puedan intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Precisado lo anterior, de las constancias se aprecia que en audiencia quince de enero de dos mil veinte la autoridad responsable determinó modificar la guarda y custodia provisional decretada a favor de la aquí quejosa, bajo las consideraciones siguientes: ".Visto lo manifestado, por las partea y toda vez que los mismo (sic) no se han puesto de acuerdo en relación a su meno (sic) hijo de iniciales S.A.F.B., y atendiendo a la sugerencia de la Tutora del menor y lo solicitado por el Agente del Ministerio Público Adscrito al Juez, y toda vez que ha quedado evidenciado, que el menor con iniciales S.A.F.B., a sufrido descuido por parte de la demandada, puesto que como ella misma lo refiere confesión expresa en términos del artículo 380 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, no se cercioró de que efectivamente sus menores hijos haya (sic) entregados con abuela materna en salón del reino de los testigos de Jehova, el día domingo pasado; así mimos debe decirse que ha quedado evidenciado que la convivencia y cuidado de los menores se encuentran separados, lo cual no resulta ser benéfico para la salud física y psicológica de los menores en conflicto, por lo que lo más conveniente es que los citados menores es que vivan juntas (sic), para reafirmar los lazos afectivos entre los mismo (sic), por lo que atendiendo al interés superior de los menores de referencia que se encuentra por encima de los interés de las partes, y para beneficio de los mismo (sic) con fundamento en los artículos 429 del Código Civil vigente en el Estado; además tomando en consideración que la Guarda y Custodia Provisional concedida a la demandada en audiencia de fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve, respecto del menor S.A.F.B, se le dijo que la Guarda y Custodia era provisional, por lo que puede ser modificada en cualquier momento, atendiendo a las circunstancias especiales del caso, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 8, 13, 14, 17, 22 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 17, 26 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, 29 del Pacto de San José, se MODIFICA la citada Guarda y Custodia provisional a favor de la demandada y, por ende, se concede la GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL del menor con iniciales S.A.F.B al actor SALOMÓN FLORES LARIOS." Ahora bien, la quejosa en sus conceptos de violación sostiene por un lado que, la determinación adoptada por la Juez responsable en la audiencia de quince de enero de dos mil veinte no está fundada ni motivada, pues a su decir, se encuentra sustentada en los argumentos que otorgó la curatora, tutora y agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable; como se adelantó dicho argumento es infundado. Contario a lo que le alega la quejosa, la resolución que adoptó la autoridad responsable en audiencia de quince de enero de dos mil veinte, sí se encuentra fundada y motivada; su determinación la apoyó en lo que aquí interesa, en el artículo 429 del Código de Civil para el Estado de Oaxaca, dicho artículo señala que el Juez con base en el interés superior del menor, atendiendo a la opinión del Ministerio Público y las pruebas, resolverá sobre la designación de la persona que debe tener la guarda y custodia. Expuso que la modificación de la guarda y custodia fue con motivo de que la quejosa no se cercioró sí efectivamente sus menores hijos fueron entregados a la abuela materna en el salón del "Reino de los Testigos de Jehova"; aunado a que, no resultaba benéfico para los menores estar separados, pues se ponía en riesgo su salud física y psicológica, por ello la responsable consideró que lo más conveniente es que los menores vivieran juntos, consecuentemente modificó la guarda y custodia provisional decretada el treinta de septiembre de dos mil diecinueve en favor de la aquí quejosa. De lo anterior, se puede afirmar que la resolución aquí reclamada se encuentra fundada y motivada, pues la responsable expuso las razones y motivos por las cuales consideró modificar la guarda y custodia, las cuales sustentó en el artículo 429 del Código Civil del Estado de Oaxaca; además, su aplicación fue correcta, porque precisamente dicho numeral faculta al Juez a designar a la persona que tendrá la guarda y custodia; por lo que, a juicio de quien este asunto resuelve, la resolución combatida no transgrede el artículo 16 de la Constitución Federal. Por otro lado, la quejosa refiere que la resolución aquí reclamada se encuentra sustentada en los argumentos que otorgó la curadora, tutora y agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable. En efecto, al momento de resolver sobre la modificación de la guarda y custodia el Juez responsable tomó en consideración tales opiniones; sin embargo, ello no pone en evidencia la ilegalidad de la resolución analizada, por el contrario la autoridad responsable actuó de manera correcta, pues el propio artículo 429 del Código de Civil para el Estado de Oaxaca, lo faculta para tomar en consideración las pruebas que considere pertinentes; de ahí que, no asiste razón a la quejosa. En otro aspecto, la quejosa sostiene que la resolución pronunciada en la audiencia de quince de enero de dos mil veinte no es impugnable a través del recurso de apelación, ya que dicho auto no reviste el carácter de definitivo; lo anterior, es inoperante. Se afirma lo anterior, porque tal argumento no combate las consideraciones de la resolución aquí reclamada, únicamente hace notar que dicha determinación no es impugnable a través del recurso de apelación y que no reviste el carácter de definitivo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, página 731, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 159947, de rubro y texto siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo". Finalmente, la quejosa señala que la responsable al momento de resolver no valoró las copias certificadas de la carpeta de investigación 19500/FMIX/HUAJUAPAN/2019; sobre este mismo aspecto, refiere que la Juez responsable no atendió al contenido del artículo 963 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, pues no se allegó de otros medios de prueba relacionados con la referida carpeta de investigación, con la finalidad de verificar sí el aquí tercero interesado, tiene el carácter de imputado y probable responsable del delito de violencia familiar; y que se le impuso como medida cautelar la prohibición de acercarse a la quejosa y los menores. Lo anterior es infundado. En la parte relativa de la audiencia de quince de enero de dos mil veinte, el Juez responsable ordenó agregar las copias certificadas de la carpeta de investigación 19500/FMIX/HUAJUAPAN/2019, ahí señaló que al tener fecha posterior a la presentación de la demanda, la admitía como prueba superviniente, incluso ordenó dar vista a la contraparte para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. En efecto, como lo sostiene la quejosa el Juez responsable al momento de resolver no valoró las copias certificadas de la citada carpeta; sin embargo, en esa misma audiencia precisó que dicha prueba tenía el carácter de superviniente, por lo que ordenó dar vista al aquí tercero interesado con su contenido; incluso, fue acertado que el Juez responsable no valorara dicha documental, debido a que, la quejosa la quejosa no la ofreció en la audiencia de pruebas y alegatos de quince de noviembre de mil diecinueve, sino fue hasta la audiencia de quince de enero de dos mil veinte donde la ofertó. De igual manera, debe señalarse que la determinación adoptada por el Juez responsable no pone en evidencia la ilegalidad de la resolución aquí reclamada, ni tampoco deja en estado de indefensión a la quejosa, pues dicha prueba podrá ser valorada al momento de que la responsable resuelva de manera definitiva sobre la guarda y custodia de los menores. Luego, en cuanto a que el Juez responsable no atendió al contenido del artículo 963 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, pues no se allegó de otros medios de prueba relacionados con la referida carpeta de investigación, con la finalidad de verificar sí el aquí tercero interesado, tiene el carácter de imputado y probable responsable del delito de violencia familiar; y que se le impuso como medida cautelar la prohibición de acercarse a la quejosa y los menores; también es infundado. Mediante escrito de once de octubre de dos mil diecinueve, la quejosa ofreció la prueba de informe a cargo del Vice Fiscal Regional de la Costa, para que, entre otras cosas, informara sobre la existencia de la aludida carpeta de investigación que se instruye en contra del aquí tercero interesado. Consecuentemente, el Juez responsable en audiencia de quince de noviembre de dos mil diecinueve requirió al referido Fiscal para que, dentro del plazo de tres días, informara sobre los puntos propuestos por la demandada aquí quejosa. En ese sentido, es evidente que el Juez responsable no fue omiso en recabar las pruebas relacionadas con la citada carpeta de investigación, como lo hace notar. Luego, respecto a que el Juez responsable desatendió el contenido del artículo 963 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, pues no se allegó de otros medios de prueba, es infundado; se afirma lo anterior, porque el citado numeral faculta a las autoridades jurisdiccionales del orden familiar para que puedan intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros; no así, a recabar pruebas como lo quiere hacer notar la quejosa. Cabe mencionar, que la determinación de la modificar la guarda y custodia del menor S.A.F.B, fue correcta pues de las constancias de autos se aprecia el testimonio de Juana Balbina Reyes, quien manifestó en la diligencia de trece de enero de dos mil veinte que, los menores N.J.F.V y S.A.F.V se presentaron el doce de enero de este año en la localidad Mariscala de Juárez, específicamente en una reunión religiosa, sin que saber quién los llevó. Motivo por el cual, le habló por teléfono a su progenitor Salomón Flores Larios para saber quién tenía sus nietos ya que habían llegado solos al lugar donde ella se encontraba; quien le manifestó que era la madre quien estaba al cuidado de los menores, esto es, la aquí quejosa; añadió la nombrada Balbina Reyes que, desconocía donde estaba la madre de los menores y que se enteró por personas que viven en la referida localidad que su hija había hecho una fiesta en la noche y que los menores andaban sin suéter y estuvieron sin dormir. Refiere la ateste, que la menor N.J.F.V le comentó que toda la noche anduvo en un taxi con personas del sexo femenino y sin dormir; y de igual forma su hermano S.A.F.V. Del referido testimonio se puede corroborar que, la aquí quejosa es quien descuido a los menores N.J.F.V y S.A.F.V, pues como lo sostuvo el Juez responsable ésta no estuvo al tanto de los menores pues dejó que, ellos solos, fueran a visitar a su abuela materna al templo donde se encontraba el cual se encuentra ubicado en la localidad de Mariscala de Juárez; aunado a que, como lo expuso la responsable el hecho de estar separados los menores atentan contra su salud emocional; por ello fue correcto que el Juez responsable modificara la guarda y custodia y la decretara en favor del padre. En relatadas condiciones y al no encontrar queja deficiente que suplir en favor de los menores, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado. SEXTO. Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA Y PROTEGE a .. en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta resolución, en los términos precisados. Notifíquese personalmente en su oportunidad y regístrese. QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY
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