Ruth Macrina Cruz Leon
Expediente 1169/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1169/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ruth Macrina Cruz Leon
Actuaciones
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que DESECHÓ la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es DESTRUIBLE, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN Agregue a los autos el oficio de cuenta, signado por la Auxiliar de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual, cumple con la prevención formulada en el auto inicial de trece de octubre actual, e informa que ordenó la tramitación al escrito de veintisiete de junio de esta anualidad, mediante el cual, se interpuso el recurso de revisión contra el auto de seis de junio del dos mil veintidós, emitido por la Presidenta Ejecutora de esa Junta Especial. Por tanto, provéase lo que en derecho corresponda. PARTE QUEJOSA RUTH MACRINA CRUZ LEÓN, parte actora en el expediente laboral 718/2009(4), del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca AUTORIDAD RESPONSABLE. Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. ACTO RECLAMADO La omisión de acordar y tramitar el recurso de revisión promovido mediante escrito de veintisiete de junio del presente año, en el expediente laboral 718/2009(4) del índice de la responsable. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1° y 17 Constitucionales. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Con fundamento en los artículos 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio es de orden público. Lo anterior es así, ya que del estudio que se realice al escrito inicial de la demanda, escrito aclaratorio y del informe rendido por la autoridad señalada como responsable, se podrá determinar si colman los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos de los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, preceptos legales que prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a él se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción. Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Máxime que, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, lo cierto es que éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, ya que no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. En consecuencia, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, por lo cual el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional; es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por consiguiente, del análisis integral de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio, y del informe rendido por la autoridad señalada como responsable se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia y, por ende, debe desecharse, como se verá a continuación. En efecto, atendiendo a los antecedentes expuestos y acto reclamado, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Dicho numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado Toda vez que del informe rendido por la Auxiliar de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, se advierte que el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, acordó el escrito de veintisiete de junio del año en curso, presentado por la parte quejosa y ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO DE contra el auto de seis de junio del actual, en el expediente 718/2009(4), señalando las once horas del veintitrés de noviembre próximo, para la celebración de la Audiencia de Pruebas y Alegatos, y una vez desahogada dicha audiencia procederá a emitir la resolución respectiva. Lo que se corrobora con las constancias que remite como apoyo a su informe, las que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, consistente en copia del acuerdo emitido el veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Atento a lo anterior, toda vez que en esencia el acto reclamado es la omisión de acordar, tramitar y resolver el recurso de revisión promovido mediante escrito veintisiete de junio de dos mil veintidós en el expediente 718/2009(4); sin embargo, de la contestación emitida por la autoridad responsable es evidente que ya dio respuesta a la petición de la parte quejosa, pues de su contenido se advierte que el veinticuatro de octubre del año en curso, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto dentro del expediente 718/2009(4),; el cual ya fue acordado de conformidad, señalando fecha y hora para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, y una vez desahogada la citada audiencia, la autoridad emitirá en su momento procesal oportuno la resolución que en derecho corresponda, ante esa situación la parte quejosa tendrá que sujetarse a la continuación del juicio y esperar a que se celebre la audiencia descrita en líneas anteriores. En ese sentido SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que expresa la CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, porque posterior a la presentación de la demanda, la autoridad responsable proveyó respecto del escrito presentado el veintisiete de junio del año en curso dentro del expediente 718/2009(4), remitiendo para su aserto copia de la constancia en que sustenta su aserto. Bajo ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia invocada porque se destruyeron los efectos de la mencionada omisión, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Asimismo, tiene aplicación la tesis número 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." DESECHAMIENTO En tales consideraciones, al actualizarse una causal de improcedencia en el juicio consistente en la CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXI, y por los diversos numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Sin que en el caso haya lugar a dar vista a la parte quejosa para que ampliara su demanda de amparo en relación a la respuesta otorgada por la autoridad responsable, toda vez que como se indicó en líneas anteriores la parte quejosa tendrá que sujetarse a la continuación del juicio 718/2009(4), y esperar que se desahogue la audiencia de pruebas y alegatos, para efecto de que la autoridad emita la resolución correspondiente, y en el momento procesal oportuno promover lo correspondiente. COMISIÓN AL ACTUARIO Asimismo, se comisiona al actuario adscrito para que al momento de notificar personalmente a la parte quejosa el presente proveído, le haga entrega del anexo remitido por la autoridad responsable, es decir, copia del acuerdo emitido el veinticuatro de octubre del año en curso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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MESA IV #"... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para los efectos legales el escrito de la quejosa Ruth Macrina Cruz León, por el que cumple con el requerimiento de trece de octubre del año en curso, el cual se reserva proveer respecto a su contenido, hasta en tanto la autoridad responsable cumpla con lo solicitado en ese mismo auto. NOTIFÍQUESE.
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MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1169/2022. PARTE QUEJOSA Ruth Macrina Cruz León, parte actora en el expediente laboral 718/2009(4), del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. ACTO RECLAMADO La omisión de acordar y tramitar el recurso de revisión promovido mediante escrito de veintisiete de junio del presente año, en el expediente laboral 718/2009(4) del índice de la responsable. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1° y 17 Constitucionales. PREVENCIÓN Ahora, a fin de proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, IV, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V, y 110 de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, por escrito y con las constancias necesarias para cada una de las partes de su escrito aclaratorio, el que formará parte integrante de la demanda, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Señale la última fecha en que solicitó por escrito a la Junta responsable, tramitara o resolviera el recurso de revisión promovido mediante escrito de veintisiete de junio del presente año, en el expediente laboral 718/2009(4). Informe si ha promovió diverso juicio en el que señale el mismo acto reclamado atribuido a la misma autoridad responsable, y de ser afirmativa la respuesta, refiera el número de juicio y órgano jurisdiccional que conozca del mismo. APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada su demanda, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del precepto 114 de la ley de la materia. En la inteligencia que el desahogo deberá realizarlo el quejoso, o quien tenga las facultades para realizarlo a nombre de él, y no por conducto de autorizado, ya que al realizarse bajo protesta, constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promovió la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la Jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, Julio de 2006, página 348, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Deberá presentar su aclaración por escrito y con las copias suficientes, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, a efecto de estar, en su caso, en aptitud de correr traslado a las partes. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD Al margen de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por mandado expreso del artículo 2° de la ley de la materia, solicítese a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este auto, informe el trámite que le dió o el estado procesal en que se encuentra actualmente el escrito de veintisiete de junio del presente año, por el que promovió recurso de revisión en el expediente laboral 718/2009(4) de su índice. Con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá como medio de apremio una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente, a fin de que cumpla con lo solicitado, atendiendo la trascendencia e importancia que tiene la constancia solicitada para resolver el presente asunto. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada Teresa Idalia Ruiz Matías, no así a las demás personas que refiere, en virtud de no que se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en el dieciocho de julio del año dos mil cinco; y las restantes personas únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos. NÚMERO TELEFÓNICO y CORREO ELECTRÓNICO. Con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene señalando a la promovente los números telefónicos y correo electrónico que menciona únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 9515023565, con un horario de atención de las nueve a las catorce treinta horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. MEDIDAS SANITARIAS Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-CovV2 (COVID-19), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 21/2022 del mismo Pleno. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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