Ruth Maria Raviela Acosta
Expediente 586/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 586/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ruth Maria Raviela Acosta
Actuaciones
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintitrés. Se acepta competencia Agréguese a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, con sede en esta población, por el cual transcribe el proveído de trece del mes actual dictado en el juicio de amparo ********************, del índice de ese órgano jurisdiccional, del que se advierte aceptó la competencia declinada por este juzgado, por razón de turno. Se toma nota. Vinculación de expediente electrónico Ahora, en cuanto a la vinculación del expediente electrónico que solicita, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, instrúyase a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado, para que de manera definitiva vincule el presente expediente, al diverso ******************** de su índice. Archivo Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el asunto como concluido. Atento a la certificación de cuenta, se precisa que el presente juicio de amparo no contiene documentos originales pendientes de devolver. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 fracción I inciso b) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que en el presente juicio se aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción dentro de seis meses. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio del Encargado de la Dirección de la Unidad Médica del Hospital Regional "Presidente Benito Juárez", con sede en la Ciudad de Oaxaca, por el cual atento al requerimiento formulado en auto inicial, informa en relación al cumplimiento de la suspensión de plano decretada por este juzgado, en el sentido de que: La quejosa se encuentra hospitalizada en el piso de cirugía y se le programó la intervención quirúrgica RAFI VS REDUCCIÓN CERRADA CON CLAVO CEFALOMEDULAR, bajo el diagnóstico FX FEMUR DERECHO -como lo acredita con copia del listado de programación quirúrgica para el día trece de los corrientes-. Al respecto, toda vez que en auto de nueve de junio del actual, se declinó competencia al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, remítase dicho oficio vía interconexión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "..San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 586/2023. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase a la Secretaria a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA Ruth María Raviela Acosta, por propio derecho. Autoridades responsables Actos reclamados 1.- Director del Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2.- Encargado del Área de Traumatología del Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La omisión o negativa de realizar una cirugía a la quejosa por fractura de fémur derecho, desde el cinco de junio del año en curso. Ejecución material de dicha determinación. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Artículos 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SUSPENSIÓN DE PLANO Atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, los cuales ponen en riesgo la salud y la integridad de la quejosa, con fundamento en los artículos 107, fracción X, párrafo primero, Constitucional 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN para que las autoridades responsables realicen las gestiones necesarias para que DE INMEDIATO Y BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD COMO OPERADORES DEL ÁREA MÉDICA: 1.- Brinden la atención médica que requiere la quejosa, a fin de no poner en peligro su vida y su salud, esto es, le realicen los exámenes preoperatorios que requiere la quejosa. 2.- Para el caso de que con base en esos exámenes y previa valoración médica, determinen que efectivamente la quejosa requiere de la cirugía que menciona, se le practique la operación quirúrgica respectiva, o en su caso, le brinden el tratamiento que requiera para aliviar sus padecimientos y el dolor que refiere presenta desde el cinco de junio de dos mil veintitrés. Se determina lo anterior, ya que si bien la quejosa no hace valer expresamente el artículo 22 Constitucional en su demanda de amparo, como una afectación a sus derechos humanos, de una interpretación de los antecedentes narrados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte que: Es derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el RFC RAAR-561208/91, afiliada a la clínica CMFE-2020900, de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con el carnet de citas del Hospital Regional Presidente Juárez, número 1390143, misma que se encuentra vigente. Que el dos de junio de dos mil veintitrés, tuvo un accidente en el cual resultó fracturada del fémur derecho, por lo que ese mismo día, cinco de junio de dos mil veintitrés (SIC), se presentó en el área de URGENCIAS del Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, donde mostró su placa en la que se aprecia la fractura que refiere. Que desde ese día se encuentra en una cama en el corredor de urgencias, y por la tarde siendo aproximadamente las siete de la noche, llegó hasta la cama en donde se encontraba un médico, del cual desconoce su nombre, quien le dijo "que espere", sin que le hayan realizado los estudios preoperatorios, solo le dicen "que espere y que la van a pasar a cirugía" y que "no tienen espacio para una cirugía". Que tiene mucho dolor en su pierna y no tiene dinero para operarse de forma particular -pues incluso sus familiares cotizaron con un médico particular y el costo de la cirugía es de ochenta mil pesos ($80,000.00)-, pero al ser la quejosa de bajos recursos, no logra conseguir esa cantidad. Que con esa omisión se pone en riesgo la salud de la quejosa y la función de uno de sus órganos. -como refiere en su concepto de violación-. Por ende, lo expuesto por la quejosa, en el sentido de que desde el dos de junio de dos mil veintitrés (fecha en que refiere ocurrió la fractura), hasta esta data nueve de junio de dos mil veintitrés, no ha recibido la atención médica oportuna que requiere, desde luego, podría equipararse a un tormento, pues la quejosa expresamente refiere que la falta de atención médica le genera dolor, lo que además podría agravar su salud, actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Aunado a lo anterior, la circunstancia de no proveer el día de hoy viernes nueve de junio del actual, sobre la suspensión como medida cautelar urgente, y determinar lo procedente hasta el lunes doce de junio de la presente anualidad, podría repercutir en la salud de la quejosa y agravar su estado de salud. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.), registro 2020430, de la Primera Sala del Alto Tribunal, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1270, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.". Asimismo, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/8 K (11a.), registro 2025670, emitida por el Primer Tribunal Colegiado En Materias Penal Y Administrativa Del Décimo Séptimo Circuito, Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo III, página 2641, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE AFILIACIÓN O DE PROPORCIONAR SERVICIO MÉDICO AL BENEFICIARIO DE UN DERECHOHABIENTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: La parte quejosa derechohabiente promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua de dar contestación a la solicitud de afiliación o de brindar el servicio de atención médica a uno de sus beneficiarios. El Juez de Distrito concedió la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que la referida autoridad responsable, en el ámbito de sus atribuciones, le brindara de inmediato atención médica, así como el tratamiento y medicamentos necesarios para sus padecimientos; inconforme, la autoridad señalada interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede conceder la suspensión de oficio y de plano contra la negativa u omisión de la autoridad referida, pues si bien es cierto que el artículo 126 de la Ley de Amparo prevé que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, también lo es que no admite solamente una interpretación literal conforme a la cual "el peligro de privación de la vida" se actualice sólo en casos en que haya persecución letal o pena de muerte o en los que en otras épocas era esperable entender que quedaban referidos en tal expresión aquellos en los que directamente se viera comprometida la vida de un individuo. Justificación: Lo anterior es así, toda vez que la omisión y dilación de la atención médica que requiere la parte quejosa compromete su esfera de derechos, fundamentalmente los vinculados con la vida, la salud e, incluso, la dignidad humana, en tanto que el hecho de no proporcionarle la atención médica con la prontitud necesaria pone en riesgo su vida, su salud y su integridad física, pues no debe olvidarse que son diversas las hipótesis que de facto pueden representar un riesgo o amenaza a la subsistencia de las personas, como sucede en determinados casos en torno a ciertos riesgos o afectaciones a la salud que comprometen la subsistencia o integridad de las personas. Ello, porque si bien la negativa de un instituto de salud de prestar el servicio médico, por lo general, no constituye un acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General, para efectos de proveer de oficio y de plano sobre la suspensión en términos de la legislación de la materia, pues aunque implica un acto de privación no se equipara a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo cierto es que en casos excepcionales, tal negativa por parte de esa institución de seguridad social puede constituir un acto inhumano o de maltrato y debe proveerse sobre la suspensión de oficio y de plano (que salvaguardará su dignidad y salud durante el trámite del juicio, en términos del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo); así, por las circunstancias y el contexto en que se da esta condición, resulta razonable suponer que privar al beneficiario del derechohabiente del servicio de salud o prestarlo con dilación compromete no sólo su dignidad, sino su integridad personal y la de las personas que lo rodean e, incluso, su vida, por las consecuencias que puede traer consigo la demora en la atención de sus enfermedades y la satisfacción de sus necesidades en el rubro de salud.". En virtud de lo anterior, las autoridades responsables deberán informar en un término no mayor a veinticuatro horas, su cumplimiento, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas para acreditar su dicho, entre ellas las relativas a la valoración médica practicada a la quejosa y la cirugía que en su caso requiera, con base en los exámenes realizados respecto del padecimiento que refiere. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a dichas autoridades, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. APERCIBIMIENTO Hágase del conocimiento de la autoridad requerida que el desacato a la medida decretada será sanciona en términos del artículo 262, fracción III, de la ley de la materia, es decir, se le podrá imponer pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución o inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. INCOMPETENCIA Por otra parte, con independencia de lo anterior, este Juzgador determina carecer de competencia por razón de turno, para avocarse al conocimiento del presente asunto, por lo que el mismo, corresponde al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, al ser el órgano jurisdiccional que se encuentra de guardia a la fecha de la presentación de la demanda. Es así porque antendiendo a la naturaleza del acto reclamado - omisión de atención médica de no realizar una cirugía a la quejosa, lo cual le produce dolor- dado que se trata de un asunto de carácter urgente, debe ser turnado al juzgado de guardia, según lo establece el artículo 48, fracciones I a XII, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos y las consultas de turno. En tales condiciones, en términos del citado precepto que dispone que los días viernes, de las catorce horas con treinta y un minutos, a las veinte horas del día viernes, los asuntos deben enviarse al órgano que se encuentre de guardia y tomando en consideración que el presente asunto se turnó a este Juzgado a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos, resulta evidente que corresponde por razón de turno conocer de la demanda al homólogo federal y no a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Máxime que las demandas de carácter urgente presentadas los días viernes, se turnan directamente al Juzgado de guardia. Sin que sea el caso de devolver mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta población, la presente demanda, dada la urgencia de decretar la medida cautelar de los actos reclamados, precisada en líneas que anteceden. Por tal circunstancia, se ordena remitir la demanda origen del presente asunto al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, con sede en esta población, efecto de que provea lo conducente. Solicítese atentamente el acuse de recibo y fórmese cuaderno de antecedentes. AUTORIZADOS Atento a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada con todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Miriam Elena Velasco Velasco; y en términos del numeral 24 de la ley de la materia, a la diversa persona que menciona. DOMICILIO Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que proporciona la promovente en su escrito de demanda. COMUNICACIONES NO PROCESALES De igual forma, téngase a la quejosa señalando el número telefónico y correo electrónico que proporciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Finalmente, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
NOTIFICO LA PRESENTE DETERMINACION A LA PARTE QUEJOSA PREVIO AVISO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO. MESA V "..San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 586/2023. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase a la Secretaria a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA Ruth María Raviela Acosta, por propio derecho. Autoridades responsables Actos reclamados 1.- Director del Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2.- Encargado del Área de Traumatología del Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La omisión o negativa de realizar una cirugía a la quejosa por fractura de fémur derecho, desde el cinco de junio del año en curso. Ejecución material de dicha determinación. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Artículos 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SUSPENSIÓN DE PLANO Atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, los cuales ponen en riesgo la salud y la integridad de la quejosa, con fundamento en los artículos 107, fracción X, párrafo primero, Constitucional 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN para que las autoridades responsables realicen las gestiones necesarias para que DE INMEDIATO Y BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD COMO OPERADORES DEL ÁREA MÉDICA: 1.- Brinden la atención médica que requiere la quejosa, a fin de no poner en peligro su vida y su salud, esto es, le realicen los exámenes preoperatorios que requiere la quejosa. 2.- Para el caso de que con base en esos exámenes y previa valoración médica, determinen que efectivamente la quejosa requiere de la cirugía que menciona, se le practique la operación quirúrgica respectiva, o en su caso, le brinden el tratamiento que requiera para aliviar sus padecimientos y el dolor que refiere presenta desde el cinco de junio de dos mil veintitrés. Se determina lo anterior, ya que si bien la quejosa no hace valer expresamente el artículo 22 Constitucional en su demanda de amparo, como una afectación a sus derechos humanos, de una interpretación de los antecedentes narrados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte que: Es derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el RFC RAAR-561208/91, afiliada a la clínica CMFE-2020900, de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con el carnet de citas del Hospital Regional Presidente Juárez, número 1390143, misma que se encuentra vigente. Que el dos de junio de dos mil veintitrés, tuvo un accidente en el cual resultó fracturada del fémur derecho, por lo que ese mismo día, cinco de junio de dos mil veintitrés (SIC), se presentó en el área de URGENCIAS del Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, donde mostró su placa en la que se aprecia la fractura que refiere. Que desde ese día se encuentra en una cama en el corredor de urgencias, y por la tarde siendo aproximadamente las siete de la noche, llegó hasta la cama en donde se encontraba un médico, del cual desconoce su nombre, quien le dijo "que espere", sin que le hayan realizado los estudios preoperatorios, solo le dicen "que espere y que la van a pasar a cirugía" y que "no tienen espacio para una cirugía". Que tiene mucho dolor en su pierna y no tiene dinero para operarse de forma particular -pues incluso sus familiares cotizaron con un médico particular y el costo de la cirugía es de ochenta mil pesos ($80,000.00)-, pero al ser la quejosa de bajos recursos, no logra conseguir esa cantidad. Que con esa omisión se pone en riesgo la salud de la quejosa y la función de uno de sus órganos. -como refiere en su concepto de violación-. Por ende, lo expuesto por la quejosa, en el sentido de que desde el dos de junio de dos mil veintitrés (fecha en que refiere ocurrió la fractura), hasta esta data nueve de junio de dos mil veintitrés, no ha recibido la atención médica oportuna que requiere, desde luego, podría equipararse a un tormento, pues la quejosa expresamente refiere que la falta de atención médica le genera dolor, lo que además podría agravar su salud, actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Aunado a lo anterior, la circunstancia de no proveer el día de hoy viernes nueve de junio del actual, sobre la suspensión como medida cautelar urgente, y determinar lo procedente hasta el lunes doce de junio de la presente anualidad, podría repercutir en la salud de la quejosa y agravar su estado de salud. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.), registro 2020430, de la Primera Sala del Alto Tribunal, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1270, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.". Asimismo, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/8 K (11a.), registro 2025670, emitida por el Primer Tribunal Colegiado En Materias Penal Y Administrativa Del Décimo Séptimo Circuito, Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo III, página 2641, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE AFILIACIÓN O DE PROPORCIONAR SERVICIO MÉDICO AL BENEFICIARIO DE UN DERECHOHABIENTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: La parte quejosa derechohabiente promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua de dar contestación a la solicitud de afiliación o de brindar el servicio de atención médica a uno de sus beneficiarios. El Juez de Distrito concedió la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que la referida autoridad responsable, en el ámbito de sus atribuciones, le brindara de inmediato atención médica, así como el tratamiento y medicamentos necesarios para sus padecimientos; inconforme, la autoridad señalada interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede conceder la suspensión de oficio y de plano contra la negativa u omisión de la autoridad referida, pues si bien es cierto que el artículo 126 de la Ley de Amparo prevé que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, también lo es que no admite solamente una interpretación literal conforme a la cual "el peligro de privación de la vida" se actualice sólo en casos en que haya persecución letal o pena de muerte o en los que en otras épocas era esperable entender que quedaban referidos en tal expresión aquellos en los que directamente se viera comprometida la vida de un individuo. Justificación: Lo anterior es así, toda vez que la omisión y dilación de la atención médica que requiere la parte quejosa compromete su esfera de derechos, fundamentalmente los vinculados con la vida, la salud e, incluso, la dignidad humana, en tanto que el hecho de no proporcionarle la atención médica con la prontitud necesaria pone en riesgo su vida, su salud y su integridad física, pues no debe olvidarse que son diversas las hipótesis que de facto pueden representar un riesgo o amenaza a la subsistencia de las personas, como sucede en determinados casos en torno a ciertos riesgos o afectaciones a la salud que comprometen la subsistencia o integridad de las personas. Ello, porque si bien la negativa de un instituto de salud de prestar el servicio médico, por lo general, no constituye un acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General, para efectos de proveer de oficio y de plano sobre la suspensión en términos de la legislación de la materia, pues aunque implica un acto de privación no se equipara a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo cierto es que en casos excepcionales, tal negativa por parte de esa institución de seguridad social puede constituir un acto inhumano o de maltrato y debe proveerse sobre la suspensión de oficio y de plano (que salvaguardará su dignidad y salud durante el trámite del juicio, en términos del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo); así, por las circunstancias y el contexto en que se da esta condición, resulta razonable suponer que privar al beneficiario del derechohabiente del servicio de salud o prestarlo con dilación compromete no sólo su dignidad, sino su integridad personal y la de las personas que lo rodean e, incluso, su vida, por las consecuencias que puede traer consigo la demora en la atención de sus enfermedades y la satisfacción de sus necesidades en el rubro de salud.". En virtud de lo anterior, las autoridades responsables deberán informar en un término no mayor a veinticuatro horas, su cumplimiento, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas para acreditar su dicho, entre ellas las relativas a la valoración médica practicada a la quejosa y la cirugía que en su caso requiera, con base en los exámenes realizados respecto del padecimiento que refiere. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a dichas autoridades, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. APERCIBIMIENTO Hágase del conocimiento de la autoridad requerida que el desacato a la medida decretada será sanciona en términos del artículo 262, fracción III, de la ley de la materia, es decir, se le podrá imponer pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución o inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. INCOMPETENCIA Por otra parte, con independencia de lo anterior, este Juzgador determina carecer de competencia por razón de turno, para avocarse al conocimiento del presente asunto, por lo que el mismo, corresponde al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, al ser el órgano jurisdiccional que se encuentra de guardia a la fecha de la presentación de la demanda. Es así porque antendiendo a la naturaleza del acto reclamado - omisión de atención médica de no realizar una cirugía a la quejosa, lo cual le produce dolor- dado que se trata de un asunto de carácter urgente, debe ser turnado al juzgado de guardia, según lo establece el artículo 48, fracciones I a XII, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos y las consultas de turno. En tales condiciones, en términos del citado precepto que dispone que los días viernes, de las catorce horas con treinta y un minutos, a las veinte horas del día viernes, los asuntos deben enviarse al órgano que se encuentre de guardia y tomando en consideración que el presente asunto se turnó a este Juzgado a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos, resulta evidente que corresponde por razón de turno conocer de la demanda al homólogo federal y no a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Máxime que las demandas de carácter urgente presentadas los días viernes, se turnan directamente al Juzgado de guardia. Sin que sea el caso de devolver mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta población, la presente demanda, dada la urgencia de decretar la medida cautelar de los actos reclamados, precisada en líneas que anteceden. Por tal circunstancia, se ordena remitir la demanda origen del presente asunto al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, con sede en esta población, efecto de que provea lo conducente. Solicítese atentamente el acuse de recibo y fórmese cuaderno de antecedentes. AUTORIZADOS Atento a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada con todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Miriam Elena Velasco Velasco; y en términos del numeral 24 de la ley de la materia, a la diversa persona que menciona. DOMICILIO Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que proporciona la promovente en su escrito de demanda. COMUNICACIONES NO PROCESALES De igual forma, téngase a la quejosa señalando el número telefónico y correo electrónico que proporciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Finalmente, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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