Ruth Loranca Sánchez
Expediente 778/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 778/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ruth Loranca Sánchez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto VIGESIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de junio de dos mil diecinueve. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado conjuntamente por Micaela Sánchez Vélez, Sindica Municipal, Juan Torres Briones, Tesorero Municipal y Cristina Aguilar Romero, Directora de Egresos, todos ellos del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, mediante el cual formulan diversas manifestaciones en torno al cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en los autos del expediente en que se actúa y solicita una prórroga para dar cumplimiento a la misma. Al respecto, se tiene por hecha la comunicación que antecede para los efectos conducentes; en atención a su contenido, se les concede el plazo de diez días contados a partir de la legal notificación del presente auto para que las autoridades responsables den cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se apercibe a Juan Torres Briones, Tesorero Municipal, Micaela Sánchez Vélez, Síndico Municipal y Cristina Aguilar Romero, Directora de Egresos, todos ellos del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, para el caso de ser omisos y de actualizarse dicho supuesto, se les impondrá en lo individual una multa, por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida doce de junio de dos mil diecinueve: Cuernavaca, Morelos, a doce de junio de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos y otras autoridades. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. Este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente.... "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. ...De lo anterior, se desprende que para que se surta la improcedencia del juicio de amparo es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: 1.- Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. De la lectura integral de la demanda de amparo y de sus anexos, se obtiene que la quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados esencialmente lo siguiente: ? Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos. ? Ayuntamiento Municipal de Xochitepec, Morelos. ? Titular de la dirección de Planeación del Desarrollo Urbano perteneciente al Ayuntamiento de Xochitepec Morelos. ACTO RECLAMADO: ".La orden de "suspensión" emitida en contra del inmueble de mi propiedad y su falta de notificación....". ".La falta de notificación del procedimiento administrativo del que derivó la orden de "suspensión" emitida en contra del inmueble de mi propiedad.". ".La ejecución de la orden de "suspensión" emitida en contra del inmueble de mi propiedad, que se traduce en la colocación de sellos de "suspensión"." ".La orden verbal.para ejecutar el cobro de una multa en cantidad de $20,000.00 pesos para levantar el estado de suspensión al inmueble de mi propiedad." Por lo cual el acto esencialmente reclamado proviene de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida en el dispositivo 61, fracción XX, de la ley de la materia. 2.- Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, o pueda ser revisado de oficio. En el caso, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se otorga también el interés legítimo para controvertir la existencia conflicto de intereses considerando la situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familia o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios a desempeñar el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones." Por su parte, el numeral 18, inciso B), fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, se dispone que éste Órgano Jurisdiccional tendrá competencia para: "II. Resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, por lo que conocerá de: "a) Los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal que, en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los particulares;." De la anterior trascripción, se evidencia con claridad que la demanda de amparo que se provee es de notoria improcedencia, en virtud de que en contra del acto que reclama la parte quejosa, proveniente de autoridades dependientes del Municipio de Xochitepec, Morelos, procede el juicio de nulidad que se promueva ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, conforme a lo dispuesto por los ordinales 1º y 3º de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, antes citados, el cual puede revocar, modificar o nulificar el acto reclamado y consecuentemente la ahora peticionaria de derechos fundamentales podrá obtener la reparación de los derechos que estima conculcados. 3.- Asimismo, la referida fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión que prevea dicho medio de defensa legal no debe exigir mayores requisitos que para la suspensión del acto reclamado señala la Ley de Amparo, como al efecto lo disponen los numerales del 109 al 116 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que establecen: "Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante." "Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Púbico, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento." ... De lo anterior, se advierte que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no establece mayores requisitos que los exigidos por la Ley de Amparo, concretamente en sus artículos 128 y 129, por lo cual en este aspecto, se reúne también el tercer requisito necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio. Por último, debe decirse a la quejosa que no se está en los casos de excepción previstos en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado sí contiene diversas disposiciones del Bando de Policía y Gobierno, así como del Reglamento de Construcción, ambos del Municipio de Xochitepec, Morelos; disposiciones que la quejosa transcribe en su demanda de amparo y formula razonamientos del por qué no se encuentra en las hipótesis que previenen tales disposiciones; de lo que se infiere que el acto reclamado está fundado en disposiciones reglamentarias y la quejosa aduce cuestiones de legalidad. Esta determinación se orienta en la jurisprudencia cuyos datos de localización y texto, a continuación se transcriben: Décima época Registro: 2012670 Instancia: Plenos de Circuito Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 34, septiembre de 2016, tomo II Materias: Común y administrativa Tesis: PC.IV.A. J/28 A Página: 895 "BOLETA DE INFRACCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA POR TRANSGREDIR ALGUNA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA MUNICIPAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO, LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN EN AQUÉLLA DEBE SER ABSOLUTA. De conformidad con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales las leyes prevean medios de impugnación por los que sea posible anularlos, revocarlos o modificarlos. Sin embargo, en la tesis aislada 2a. LVI/2000, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció diversas excepciones a esa regla, entre otras, la relativa a que el juicio de amparo procede sin tener que agotar el juicio o recurso ordinario si el acto reclamado carece de fundamentación. Sin embargo, la falta de fundamentación debe ser absoluta y no indebida o insuficiente, pues en este supuesto, aun y cuando el acto reclamado carezca en parte de tales requisitos o hechos inadecuados para fundar el acto, exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se reconozca la aplicación del orden jurídico y existan datos suficientes para conocer el recurso ordinario que debe interponerse, debe exigírsele al gobernado que agote los medios de defensa correspondientes. Lo que no acontece cuando en la boleta de infracción que impone una multa por transgredir alguna disposición reglamentaria exista una ausencia total de preceptos, pues tener actualizado ese supuesto, significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esa carencia (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impediría hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de sus motivos y fundamentos no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario." En esa tesitura y no estando en el caso ante actos que tengan el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del numeral 112, en relación con el diverso dispositivo 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ruth Loranca Sánchez. Domicilio: En términos del artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos previo aviso al encargado del expediente. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como lo solicita devuélvansele las documentales que exhibe, dejando copia de las mismas para constancia legal. Como lo solicita expídasele copia certificada del presente auto. Finalmente, toda vez que la parte quejosa se opone a la publicación de sus datos personales, instrúyase al personal de actuaria para que al momento de realizar cualquier publicación que derive del presente juicio, omitan los datos personales de la parte quejosa. Notifíquese personalmente.
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