Rufo Valentin Ortiz Ricardo

Expediente 596/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
596/2017
Año
2017
Actuaciones
21
Última actuación
10/06/2019

Partes del expediente

  • Rufo Valentin Ortiz Ricardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de junio de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la sentencia dictada en el recurso de inconformidad penal 3/2019, interpuesto por el quejoso en contra del acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciocho; asimismo remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, y solicita el acuse recibo de estilo. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y como lo solicita, acúsese el recibo correspondiente. Finalmente, se ordena devolver el presente expediente al archivo definitivo del cual fue extraído. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de enero de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por el cual informa que admitió el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa en este juicio; al respecto, se tiene por hecha la comunicación que vierte la Superioridad, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos la constancia de notificación signada por el fedatario adscrito a este Juzgado de Distrito de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, mediante la cual el interno quejoso Rufo Valentín Ortiz Ricardo, manifestó inconformarse con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, e interpone el recurso que corresponda; al respecto, se tiene por interpuesto el recurso que interpone el quejoso contra el acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciocho; distribúyanse entre las partes las copias del escrito de cuenta. En consecuencia, una vez que se cuente con la totalidad de las constancias de notificación del presente auto a las partes, en su oportunidad, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en turno del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta Ciudad, el original de la constancia de notificación personal de referencia, una copia más destinada al agente del Ministerio Público Federal Adscrito a ese Órgano Jurisdiccional, así como el juicio de amparo en que se actúa, para lo que tenga a bien determinar la superioridad en relación con la admisión o desechamiento del referido recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de llevar a cabo la diligencia de mérito; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo con que cuenta este Juzgado Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho (foja 181), para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, y del que sea advierte que el interno quejoso realizó manifestaciones; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia definitiva, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo, por lo que el quejoso promovió recurso de revisión el cual mediante resolución de catorce de junio de dos mil dieciocho, la Superioridad determinó, revocar la sentencia respectiva y en el caso que nos ocupa, amparar y proteger al quejoso para el efecto de que las autoridades responsables realicen lo siguiente: "Que las autoridades del área médica y de nutrición del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos, procedan de inmediato a girar instrucciones al personal de respetar la dignidad de la persona y los derechos humanos del quejoso, específicamente, que en todo momento se garantice que no sea discriminado, no reciba malos tratos ni tortura física o psicológica, sobre todo durante las comitivas correspondientes a su módulo o en lo tocante a las peticiones que formule; atendiendo a su situación de interno y a su estado de salud en relación con el diagnóstico que presenta (hepatitis "C"). Por tanto, la sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Morelos, el cumplimiento a la concesión del amparo. Atento a lo anterior, mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CEFEREPSI/DG/DT/SM/57/2018de tres de septiembre de dos mil dieciocho, las autoridades responsables remitieron copias certificadas de las constancias con las que manifestaron dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se advierte que el encargado de la Subdirección médica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Morelos, instruyó al personal adscrito al área médica del citado Centro, a continuar respetando la dignidad y derechos humanos del interno quejoso, específicamente garantizando que no sea discriminado, no reciba malos tratos, ni tortura física o psicológica, así como en las peticiones que formule el interno quejoso (foja 133-136). Posteriormente, mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CEFEREPSI/DG/903/2018, la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias relativas a la circular que emitió el encargado de la Subdirección médica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Morelos, mediante la cual se les notificó a todo el personal adscrito al área médica, los puntos señalados en párrafos que anteceden, asimismo, informó lo relativo a las solicitudes de cinco y veintiséis de abril de dos mil dieciocho, en relación a la dieta que refiere el quejoso, manifestando que de acuerdo a las valoraciones nutricionales realizadas al quejoso, se le proporcionó una dieta hipercalorica a partir del siete de septiembre hasta el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; de igual forma en relación a la petición de vaselina que refirió el quejoso, la responsable solicitó al área médica información para saber si el interno requería de dicha crema (fojas 143-152). De igual forma, mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CEFEREPSI/DG/10058/2018, de uno de noviembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable remitió copia certificadas de las constancias con las que manifestó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de las que se desprende que mediante nota médica de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se reiteró al interno quejoso que en atención a sus solicitudes de cinco y veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se le informó que de acuerdo a las diversas valoraciones nutricionales realizadas al mismo, este no amerita la prescripción de los alimentos solicitados como parte de su tratamiento nutricional, asimismo, informó que de acuerdo a la valoración de tres de septiembre de dos mil dieciocho, se indicó dieta hipercalorica, mencionando que su estado nutricional es normal y; en atención a la solicitud de vaselina que refiere, está ya no está indicada, por lo que ya no es necesaria para el quejoso. De igual manera, la responsable remitió las constancias en las cuales se desprende que de acuerdo a la valoración nutricional de tres de septiembre de dos mil dieciocho, el interno quejoso cuenta con diagnostico nutricional normal, por lo que suspendieron la dieta hiperproteica, ya que está a largo plazo genera mayor riesgos de que el paciente presente hígado graso, pues al aumentar el consumo de proteínas de origen animal aumente directamente el consumo de grasas de las mismas; no omitiendo que si cuenta con la dieta hipercalorica recomendada en atención a su estado de salud; de ahí que se desprende que las autoridades responsables, acreditaron que no es necesaria la dieta que solicitó el quejoso, ni la crema de vaselina, pero si continúan atendiendo al quejoso en atención a su estado de salud y en aras de mejorar dicha situación (fojas 173-180), sin que pase inadvertido que de las manifestaciones de la responsable, el interno quejoso, se negó a firmar dicha nota médica de treinta y uno de octubre; por lo que este Juzgado Federal, dio vista y corrió traslado al quejoso con las mismas. Por ende, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que las autoridades responsables procedieran de inmediato a girar instrucciones al personal de respetar la dignidad de la persona y los derechos humanos del quejoso, específicamente, que en todo momento se garantizara que no sea discriminado, no reciba malos tratos ni tortura física o psicológica, sobre todo durante las comitivas correspondientes a su módulo o en lo tocante a las peticiones que formule; atendiendo a su situación de interno y a su estado de salud en relación con el diagnóstico que presenta (hepatitis "C"), cierto es también que las autoridades responsables acreditan el cumplimiento a la ejecutoria mediante las constancias remitidas a este órgano jurisdiccional consistentes en la circular de dos de julio de dos mil dieciocho, mediante la cual el encargado de la Subdirección médica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Morelos, instruyó al personal adscrito al área médica del citado Centro, a continuar respetando la dignidad y derechos humanos del interno quejoso, específicamente garantizando que no sea discriminado, no reciba malos tratos, ni tortura física o psicológica, así como en las peticiones que formule el interno quejoso, y de las diversas prescripciones médicas y nutricionales (foja 150), nota médica de treinta y uno de octubre dos mil dieciocho (foja 174); documentales a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según disposición expresa de su numeral 2º. Al respecto, este órgano de control constitucional considera que las citadas autoridades responsables, con las constancias mencionadas en el párrafo que anteceden, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de su derecho transgredido, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, es decir, acreditaron que giraron las instrucciones correspondientes para que el interno quejoso sea respetado en su dignidad y derechos humanos, no sea discriminado, no reciba malos tratos ni tortura física o psicológica, realizaron diversas valoraciones en nutrición de las que se advierte el interno no necesita de la crema de vaselina que refirió, así como tampoco una dieta hiperprotetica, ya que podría generar mayores riesgos al interno debido a su estado de salud (hepatitis "C"), sin que pase inadvertido que si cuenta con una dieta de acuerdo a su valoración nutricional, por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Ahora, una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que las autoridades responsables a giraran instrucciones al personal de respetar la dignidad de la persona y los derechos humanos del quejoso, específicamente, que en todo momento se garantizara que no sea discriminado, no reciba malos tratos ni tortura física o psicológica, sobre todo durante las comitivas correspondientes a su módulo o en lo tocante a las peticiones que formule; atendiendo a su situación de interno y a su estado de salud en relación con el diagnóstico que presenta (hepatitis "C"). Por lo que, la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, las responsables acreditaron, que giraron las instrucciones correspondientes al respeto de la dignidad y derechos humanos del quejoso, realizaron la valoración en nutrición, y proporcionaron al quejoso una dieta que se ajusta a su estado de salud. Sin que pase desapercibido para quien resuelve las manifestaciones que vierte la parte quejosa respecto a que las autoridades responsables no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sin embargo, ello no es materia de la ejecutoria de amparo como se analizó en párrafos que anteceden y lo que pretende ahora es que se realice un requerimiento respecto a los malos tratos, violencia física y psicológica que refiere recibir por parte de las autoridades responsables, en relación a las valoraciones médicas que el interno ha tenido, lo cual, ya no es materia del núcleo de la ejecutoria de amparo, pues, la concesión de amparo fue para que las responsables procedieran de inmediato a girar instrucciones al personal de respetar la dignidad de la persona y los derechos humanos del quejoso, específicamente, que en todo momento se garantizaran que el quejoso no sea discriminado, no reciba malos tratos ni tortura física o psicológica, sobre todo durante las comitivas correspondientes a su módulo o en lo tocante a las peticiones que formule; atendiendo a su situación de interno y a su estado de salud en relación con el diagnóstico que presenta (hepatitis "C"), lo que a la fecha ya aconteció. Por consiguiente, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por haberse concedido la suspensión de plano. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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