Ruth Vanessa Villalobos Navarro

Expediente 795/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
795/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Ruth Vanessa Villalobos Navarro

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito a este Juzgado, a través del cual solicita acceso al expediente electrónico 795/2023. Al respecto, dígasele al promovente que no ha lugar de acordar de conformidad lo que solicita, toda vez que no es parte en el juicio en el que se actúa ya que la demanda que le dio origen fue desechada; lo anterior en términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de junio de dos mil veintitrés Téngase por recibida la demanda de amparo presentada físicamente, por Ruth Vanessa Villalobos Navarro, en contra del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Regional Metropolitana, Fiscalía Foráneas Judicializadores, Fiscalía Regional Metropolitana, y otra autoridad. Asimismo, se tienen por recibidos los escritos presentados por la parte quejosa, mediante los cuales, en el primero de ellos, realiza diversas manifestaciones, y en el segundo de ellos, señala usuarios para que se permita el acceso al expediente electrónico y se practiquen notificaciones por esa vía. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número que corresponda, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Desechamiento de la demanda Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgado de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Para el caso a fin de determinar si se actualiza alguna causa de improcedencia, es necesario precisar los actos reclamados y las autoridades señaladas como responsables en este juicio: Autoridades responsables Actos reclamados Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Regional Metropolitana, Fiscalía Foráneas Judicializadores, Fiscalía Regional Metropolitana 1. La omisión de citar al quejosa en sede ministerial para conocer en tiempo y forma los registros de la causa penal JCC/368/2023 y carpeta de investigación SC01/14819/2021. 2. La omisión de no dar oportunidad de declarar ante la sede ministerial sobre la causa penal en mención. 3. La omisión de designarle defensor en sede ministerial. 4. La solicitud de audiencia inicial respecto de la causa penal JCC/368/2023. Jueza de Control de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Procesal Acusatorio con sede en la Ciudad de Cuautla, Morelos 5. La orden de citación y señalamiento de la audiencia inicial dirigida a la hoy quejosa, relacionada con la causa penal JCC/368/2023; y el requerimiento de presentación ante la Unidad de Medidas Cautelares. 6. El apercibimiento que de no comparecer se ordenaría su comparecencia mediante orden de aprehensión. 1. Se desecha parcialmente la demanda por cuanto a omisión de citar a la quejosa en sede ministerial a fin de que conozca los registros de la causa penal JCC/368/2023 y carpeta de investigación SC01/14819/2021. Respecto del acto reclamado señalado con el número 1 del recuadro anterior, consistente en la omisión de citar a la quejosa en sede ministerial para conocer en tiempo y forma los registros de la causa penal JCC/368/2023 y carpeta de investigación SC01/14819/2021, se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior se estima así, en virtud de que la omisión de citar a la parte quejosa para que tenga conocimiento de la integración de la carpeta de investigación no le depara una afectación a sus derechos sustantivos, ya que solamente se están llevando a cabo las diligencias correspondientes para la indagación de un posible hecho delictivo. De igual manera el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 218, establece que todos los actos relacionados con la investigación serán reservados, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a ellos. Ahora bien, como sujetos de procedimiento penal, tanto la persona imputada, como su defensor podrán tener acceso cuando se encuentre detenida, sea citada a comparecer como imputada o sea sujeto de una acto de molestia. Por tanto, si la persona sujeta a investigación no se encuentra en alguno de los tres supuestos anteriores, no podrá tener acceso a los actos de investigación. Sobre este tema, sirve de apoyo, la tesis PC.VII.P. J/2 P (11a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTAN SÓLO EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO A DARLE INTERVENCIÓN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN AL IMPUTADO, LA FALTA DE AFECTACIÓN A ÉSTE CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a resoluciones contradictorias al analizar los acuerdos emitidos por los Jueces de Distrito en los cuales se desecharon de plano las demandas de amparo promovidas contra los actos reclamados consistentes en la omisión y/o negativa de darle acceso o intervención al imputado en la carpeta de investigación, al tenerse por actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo (falta de interés jurídico). Uno de los órganos contendientes determinó que dicha causal no era de actualización manifiesta e indudable, porque la falta de afectación al interés jurídico es una cuestión que debe ser materia de análisis en la sentencia; mientras que el diverso órgano contendiente consideró que, respecto a tales actos, la causa de improcedencia sí revestía tales características, por lo que debía desecharse de plano la demanda. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito determina que cuando se reclama la sola omisión y/o negativa del Ministerio Público de darle acceso o intervención al imputado a la carpeta de investigación, tales actos no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, al no generar un perjuicio real y actual a sus derechos subjetivos, por lo que es dable desechar la demanda de amparo, ya que, en estos casos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Justificación: La comparecencia del imputado en la carpeta de investigación no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el vigente artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo establece así, ni existe algún otro precepto constitucional que constriña al representante social a recabar la entrevista del imputado o a notificarle la integración de la carpeta de investigación, ni se advierte disposición en ese sentido contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por el contrario, el artículo 218 de este último ordenamiento, contiene el principio de reserva en los actos de investigación, del que se obtiene que los datos obtenidos en la investigación inicial son estrictamente reservados hasta que el imputado sea detenido o citado a comparecer, lo que guarda congruencia con lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución General. Por consiguiente, la simple omisión y/o la negativa de la autoridad ministerial de darle acceso o intervención al imputado a la carpeta de investigación no le afecta en sus derechos subjetivos públicos; máxime cuando se desconoce si en el trámite de esa indagatoria realmente se afectará algún derecho, ya que, en todo caso, el perjuicio se materializará cuando el imputado sea citado a la audiencia inicial y el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y será precisamente en ese momento procesal donde tendrá la oportunidad de intervenir, controvertir lo alegado por el citado fiscal y ofrecer las pruebas que estime necesarias. Por ende, tales actos (la omisión y/o negativa) no afectan el interés jurídico del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley, la cual es insuperable y no puede desvirtuarse con los informes justificados o medios de prueba aportados por el justiciable. De ahí que sea ajustado a derecho que en estos casos se deseche la demanda, por falta de interés jurídico, sin necesidad de dar trámite a un juicio que sería infructuoso e incluso en detrimento del principio de expeditez. A mayor abundamiento, es importante mencionar que por cuanto al acceso de la carpeta de investigación, el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en la audiencia inicial, la persona imputada y su defensa tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia para preparar la defensa. En caso de que el ministerio público se reúse a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el juzgado de control correspondiente para que se resuelva lo que corresponda. Por todo lo anterior, el hecho de que no se hubiere permitido a la parte quejosa el acceso a los registros de la causa penal JCC/368/2023 y carpeta de investigación SC01/14819/2021, no genera un perjuicio real y actual su esfera jurídica, de ahí que deba desecharse la demanda por notoriamente improcedente. 2. Se desecha parcialmente la demanda por cuanto a la omisión de no dar oportunidad de declarar a la parte quejosa en sede ministerial. Respecto al acto reclamado señalado con el número 2 del recuadro plasmado en líneas que anteceden, consistente en la omisión atribuida al agente del ministerio público señalado como responsable de no dar oportunidad de declarar ante la sede ministerial a la parte quejosa; este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo. A fin de dilucidar lo anterior, debe señalarse que el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, en el proceso penal acusatorio, cuando se lleva a cabo la integración de una carpeta de investigación sin detenido, no es necesario que exista una declaración de la persona imputada. Esto es así, ya que en primer lugar se realizan las diligencias correspondientes, respecto a si la persona a quien se le atribuye el hecho delictivo pudo tener participación en este, de forma que queda al arbitrio del ministerio público si es necesario dicha declaración por parte del imputado. En virtud de lo anterior, la legislación procesal penal dispuso que el momento procesal oportuno para que la persona imputada pueda declarar es en la audiencia inicial, luego de que se le formule imputación, tal y como se establece en el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De este modo, el hecho de que el ministerio público no hubiere citado a la parte quejosa para que ejerciera su derecho a declarar en la sede ministerial, tampoco genera un perjuicio real y actual su esfera jurídica, de ahí que deba desecharse la demanda por notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, pues, como se mencionó anterioridad, podrá ejercer su derecho a declarar ante el juez de control en la audiencia inicial. Al respecto, sirve de apoyo, la jurisprudencia PC.VII.P. J/2 P (11a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTAN SÓLO EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO A DARLE INTERVENCIÓN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN AL IMPUTADO, LA FALTA DE AFECTACIÓN A ÉSTE CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA", a la cual se hizo referencia en líneas que anteceden. 3. Se desecha parcialmente la demanda por cuanto a la falta de designación de defensor de la parte quejosa en sede ministerial. Respecto del acto reclamado precisado en el numeral 3 del recuadro plasmado en este acuerdo, consistente en la omisión de designarle un defensor en sede ministerial, atribuida al agente del ministerio público señalado como responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior se estima así, ya que si el agente del ministerio público señalado como responsable no se encontraba obligado a citar a la parte quejosa para darle oportunidad de declarar, ni de consultar los registros de la investigación, mucho menos debía designarle defensor en la etapa de la investigación inicial. Al respecto, la Constitución general en su artículo 20, apartado B, fracción VIII, y Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 122 establecen que uno de los derechos que tiene el imputado es el de tener una defensa la cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención, y de no tenerla se le asignara un defensor público. En todo caso, la defensa tiene la obligación de comparecer en todos los actos del proceso. En ese sentido no existe una omisión por parte del agente del ministerio público ya que ante la falta de algún acto de molestia durante la investigación inicial, tampoco debía asignársele en ese momento una defensa que asistiera a la quejosa. Es importante mencionar que en el sistema penal acusatorio, en los casos en que se da la flagrancia y se pone a disposición al detenido, el ministerio público tiene la obligación de designarle un defensor público si es que la persona indiciada no cuenta con un defensor particular para que lo asista, por lo que en el caso en concreto la designación de defensor público, resulta inoperante puesto que la indiciada no ha tenido intervención en el procedimiento penal. En este sentido el momento procesal oportuno para designarle un defensor público lo es la audiencia inicial, siempre y cuando no asista en compañía de un abogado particular. Así, cobra vigencia la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de que, la parte quejosa no sufre una afectación en sus derechos; motivo por el cual, se estima que debe desecharse la demanda de amparo, respecto al acto reclamado que se analiza. 4. Se desecha parcialmente la demanda por cuanto a la solicitud de audiencia inicial respecto de la causa penal JCC/368/2023, atribuida al ministerio público señalado como responsable. Ahora bien por cuanto hace al acto reclamado señalado con el número 4 del recuadro que se encuentra en páginas anteriores, consistente en solicitud de audiencia inicial que atribuye al agente del ministerio público señalado como responsable, el juicio de amparo es improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo; lo anterior, en virtud de que tal acto no incide en la esfera jurídica de la parte quejosa. En principio, debe decirse que la investigación y persecución de los delitos es de interés público. Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución general, corresponde al ministerio público investigar los hechos probablemente delictuosos, para determinar -en su caso-, si ha lugar a ejercer o no la acción penal. Para ello, esa autoridad está facultada para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos. En ese sentido, respecto a la solicitud de judicialización de la carpeta de investigación, se considera que no puede ser impugnado mediante el juicio de amparo, ya que esa atribución la realiza el ministerio público en ejercicio de su cargo, lo cual es de orden público e interés social. Lo anterior se afirma, en razón de que, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de inicial, en este caso, es un acto tendente y procesalmente indispensable en la secuencia de las fases de investigación respectivas. Por ello, se reviste del carácter de acto de autoridad, pero de interés público -como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social-. Además, existe un interés social que subyace en ese acto, pues no puede considerarse como generador de afección al interés jurídico de la parte quejosa, por no existir ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Al mismo tiempo, la determinación de la citada autoridad en el sentido de que se ha cometido un delito y de que los imputados son los responsables, solo constituye una opinión que no obliga a la autoridad competente a resolver en un sentido determinado. Ello, sin perjuicio de que en este asunto no se observa que, con la judicialización de la carpeta de investigación, se haya causado un daño o perjuicio a la promovente. El presente aserto no pasa por alto que existen ciertos actos dentro de la carpeta de investigación que puedan por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de control constitucional. Sin embargo, de manera particular, el acto materia de impugnación, por sí mismo no le ha ocasionado un acto de molestia -respecto del cual se estimó actualizada la causal de improcedencia aludida-, ni es de aquellos que por su naturaleza sea susceptible de ese control. Por ende, no se transgreden en forma directa e inmediata alguna de las prerrogativas fundamentales del peticionario de amparo; circunstancia por la cual, se estima actualizada la causa de improcedencia invocada. Sustenta a lo anterior, el criterio que se comparte emitido por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, de rubro y contenido: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5°, fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esa regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." 5. Se desecha parcialmente la demanda por cuanto al acto reclamado consistente en la citación y señalamiento de la audiencia inicial. Por otra parte, respecto del acto reclamado señalado en este acuerdo con el número 5, consistente en la orden de citación y señalamiento de la audiencia inicial dirigida a la hoy quejosa, así como el requerimiento de presentación ante la Unidad de Medidas Cautelares; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b) de la Constitución general. De tales preceptos se obtiene que el amparo indirecto es improcedente cuando esa improcedencia derive de alguna otra disposición de la Constitución general o de la Ley de Amparo. Asimismo, se desprende que el amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, y cuya ejecución sea de imposible reparación. En ese sentido, debe desecharse la demanda de amparo, respecto al acto reclamado que se analiza, en razón de que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial y el requerimiento de presentación ante la citada unidad, si bien es un acto emitido fuera de juicio, lo cierto es que no resulta de imposible reparación, ya que no necesariamente afecta la libertad personal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, sostuvo que la citación de las personas investigadas a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal. Esto, ya que solo se trata de una simple comunicación del juez, a petición del ministerio público, por la que requiere la presencia de la persona o personas indiciadas para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Será en esa audiencia en la que ese sujeto o sujetos podrán o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometidos a una medida cautelar. Además, se sostuvo que aún y cuando la fracción II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contemple que, pueda ordenarse la comparecencia forzosa de los citados cuando no se presenten injustificadamente, ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública. De este modo se llegó a la conclusión de que el citatorio a la audiencia de control, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Además, se resolvió que la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo. Para tal efecto, a continuación se transcribe la parte conducente de la ejecutoria emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal, que a la letra dice: ".33. En este sentido, la citación para audiencia inicial, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. 34. No es obstáculo para concluir en este sentido el que la fracción II del artículo 141 citado, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. 35. En este sentido, de la lectura sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. 36. Por tanto, la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de esa ley. 37. No pasa inadvertido que esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, sostuvo en lo que interesa lo siguiente: (.) 38. De esa contradicción de tesis derivó la siguiente jurisprudencia: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE 'FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN', PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA). La figura de la 'formulación de la imputación' dentro del sistema de justicia penal acusatorio oral, se define en los códigos adjetivos penales de los Estados de Chihuahua y Durango, respectivamente, de la siguiente manera: 'El acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados'; y 'La comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señale como delitos'. En ambos Estados de la República se establece que la formulación de la imputación se realiza cuando el Ministerio Público considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial y, para ello, debe solicitar al juzgador la celebración de una audiencia para que pueda comunicarle al investigado la formulación de la imputación. Audiencia para la cual la autoridad jurisdiccional citará al investigado, a quien se le indicará que tendrá que acudir acompañado de su defensor, con el apercibimiento de ley, que de no comparecer se ordenará su aprehensión. Ahora bien, el auto con apercibimiento de aprehensión que emite la autoridad jurisdiccional, es un acto que transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir, ya que a partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión; además, a partir del instante en que se emite el apercibimiento en comento, se actualiza una afectación a la libertad deambulatoria de la persona, pues la orden de citación para que se le formule la imputación tiene por objeto lograr su comparecencia para que continúe la secuela procesal; ello implica que su derecho a la libertad puede verse restringido al menos parcialmente, en la medida en que aparte de que obligadamente tiene que acudir a la citada audiencia, debe, a partir de ahí, sufrir una perturbación indirecta de la libertad con motivo de las consecuencias que deriven de la prosecución del procedimiento que requieren de su ineludible presencia. Por consiguiente, se estima que el auto de mérito es un acto que afecta su libertad en atención a los efectos que produce, lo cual se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente."(14) 39. Si bien esa jurisprudencia no se refería a la regulación de la citación para la audiencia de vinculación a proceso prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino a la regulación prevista en las legislaciones de Durango y Chihuahua, en las cuales se prevé que a la audiencia de formulación de imputación, se citará al imputado bajo el apercibimiento de que, si no comparece, se ordenará su aprehensión; esta Primera Sala estima que el problema resuelto en esa contradicción de tesis es análogo al que ahora se plantea, puesto que implica determinar si la simple citación a la audiencia de imputación o de vinculación a proceso, según la denominación de cada legislación, afecta a la libertad personal del citado. 40. En este sentido, esta Primera Sala considera que, en una nueva reflexión, debe abandonar el criterio reflejado en la jurisprudencia citada, puesto que, conforme a las legislaciones de Chihuahua y Durango que se analizaron en esa ocasión y que prevén que en caso de no acudir a la citación, se ordenará la aprehensión del citado, en ese caso incluso si la citación se realiza bajo apercibimiento de ordenar la aprehensión, en caso de no comparecer, la citación, como tal, no afecta a la libertad del citado, pues constituye un acto mediante el cual el Juez le comunica que requiere su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará una investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva, y el dictado de la orden de aprehensión no es inminente, pues depende de hechos futuros e inciertos. Entonces, por estas razones, debe interrumpirse la jurisprudencia 1a./J. 93/2013, relativa a las legislaciones de Chihuahua y Durango. La ejecutoria mencionada dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), que a la letra dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Dicho criterio es obligatorio para este juzgado de distrito, y para todos los tribunales del país, de conformidad con el numeral 217 de la Ley de Amparo, por tratarse de una jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), se desecha parcialmente la demanda por improcedente. 6. Se desecha parcialmente la demanda por cuanto al apercibimiento de emitir una orden de aprehensión en contra de la parte quejosa en caso de incomparecencia a la audiencia inicial Finalmente respecto al acto reclamado precisado en este auto con el número 6, consistente en el apercibimiento que de no comparecer se emitiría una orden de aprehensión, resulta improcedente el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Cabe mencionar que dicha hipótesis se encuentra amparada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece en su artículo 141 párrafo cuarto que, si la parte imputada no asiste a su citación judicial, se declarara sustraído de la acción penal, lo cual dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión. Sin embargo, en este caso, el expediente, no cuenta con una orden de aprehensión en contra de la quejosa, incluso ese acto es abordado como una posibilidad, razón por la cual, es evidente que debe desecharse la demanda de amparo por cuanto a ese acto. A mayor abundamiento, se reitera que en la contradicción de tesis 141/2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que aun cuando la fracción II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contemple que, pueda ordenarse la comparecencia forzosa de la persona citada cuando no se presente injustificadamente, ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública. Por todo lo anteriormente expuesto es que debe desecharse la demanda por notoriamente improcedente. Finalmente debe decirse al promovente, que lo anterior no es violatorio del derecho de acceso a la justicia, ya que el desechamiento de mérito obedeció al marco jurídico establecido para la procedencia y tramitación del juicio de amparo. El aserto de este Juzgador, se corrobora con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual concluyó que la aplicación del principio pro persona no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Esto se desprende de la jurisprudencia de número 2a./J. 56/2014 (10a.), cuyos datos de identificación y rubro a continuación se transcriben: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Del expediente electrónico Se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, así como las notificaciones electrónicas, siempre y cuando las cuentas se encuentren registradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Del domicilio para recibir notificaciones No ha lugar a tener como domicilio para recibir notificaciones el señalado por la parte quejosa en su escrito inicial, en virtud de que se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional. De los autorizados Se tiene por autorizadas a las personas que propone, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan sus cédulas profesionales debidamente registradas ante el Sistema Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Asimismo se autoriza para recibir notificaciones a las personas que refiere en su escrito de demanda. Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de Internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese vía electrónica Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jesús Alejandro Gutiérrez Godínez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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