Rubén Alejandro Hernández Peña

Expediente 51/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
51/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Rubén Alejandro Hernández Peña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Magistrada Tercera y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de las constancias que relaciona en el oficio de cuenta, que se ordenaron enviar por acuerdo de seis de marzo último; ello, para los fines legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, toda vez que no existe objeto alguno para que siga permaneciendo en este juzgado el anexo (original del toca 124/2022), así como un disco versátil digital y un sobre cerrado, que remitió junto con su informe justificado la autoridad responsable, devuélvasele los mismos, solicitando el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 51/2022-I del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ******, defensor particular de *****, contra el acto que reclamó de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en su calidad de autoridad responsable. (...) QUINTO. Causas de improcedencia La improcedencia es un concepto que se relaciona con la falta de oportunidad, fundamento o derecho de un acto jurídico, o bien, con la falta de pertinencia, admisibilidad u oportunidad de un acto o pretensión. En el caso del juicio de amparo, en términos del artículo 62 de la ley de la materia, su estudio es de orden público y, por ende, se hace obligatorio aun de oficio, en cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Al respecto, se advierte actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a las consideraciones que enseguida se exponen. Del numeral citado se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Así, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridades que violenten los derechos fundamentales de los gobernados; por tanto, su estructura se funda en diversos principios que lo diferencian de los demás medios legales de defensa común, principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se encuentra el de definitividad. Dicho principio tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional y encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede únicamente contra actos definitivos, por lo que es necesario que el agraviado deba acudir a las instancias comunes de las que pueda obtener la insubsistencia del acto de autoridad que le irroga alguna afectación, antes de solicitar la protección federal, con las salvedades previstas en la Constitución, en la Ley de Amparo y las que se han establecido jurisprudencialmente. Entonces, la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos, de manera que deben agotarse los recursos ordinarios procedentes, de los que pueda obtenerse de la potestad común, la revocación, nulificación o modificación del acto, salvo que aquéllos, por su propia naturaleza, actualicen alguno de los supuestos de excepción al aludido principio de definitividad, atento al carácter excepcional del juicio de amparo. Expuesto lo anterior, se estima que la parte quejosa, previamente a instar la acción constitucional, debió agotar el medio ordinario de defensa procedente contra el acto que reclama, esto es, el recurso de revocación, por las razones que a continuación se exponen. Para justificar la conclusión apuntada, cabe establecer que los preceptos 465 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en ese orden, prevén los supuestos de procedencia de los recursos de revocación y apelación. Sobre el tema, al resolver la contradicción de tesis 153/2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó la procedencia del amparo, en la hipótesis de cuando el acto reclamado consiste en el desechamiento del recurso de apelación realizado por el tribunal de segunda instancia. Para lo cual estableció que el "auto" que no admite ese recurso constituye una determinación de mero trámite dictada dentro de procedimiento penal, mismo que actualiza supuesto de procedencia del diverso recurso de revocación establecido en el numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo anterior, porque la determinación desechatoria del recurso de apelación no resuelve el fondo del asunto ni en sí misma pone fin al proceso, aunado a que no involucra respuesta de agravios, sino que su materia es de carácter meramente intraprocesal y se circunscribe a calificar la procedencia del citado medio de impugnación, en términos de los artículos 467 y 468 de dicha codificación procesal, en concordancia a las hipótesis estipuladas en el precepto 470 del propio ordenamiento. Adicionó la Primera Sala del Alto Tribunal la consideración atinente, para justificar lo revocable de la determinación en comento, el hecho de que el numeral 475 del Código Nacional referido dispone que cuando el tribunal de alzada recibe los registros del recurso de apelación interpuesto, para resolver sobre su admisión o no, debe resolver de plano y sin sustanciación alguna. Por consecuencia, se concluyó que previo a instar juicio de amparo contra la determinación de inadmisibilidad del recurso de apelación, es necesario agotar el diverso de revocación. Tales consideraciones se establecieron en la jurisprudencia 85/2019 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Al tenor de las consideraciones apuntadas, resulta inobjetable que contra el acto reclamado dictado el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, por la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en el toca penal 124/2022, en el que se resolvió inadmisible el recurso de apelación contra la determinación de improcedencia de sobreseimiento de la carpeta administrativa 27/2020, emitida por el siete de octubre de dos mil veintidós por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, procede recurso de revocación, mismo que en el caso no se agotó previo a ejercer la acción de amparo. Máxime, que el acto reclamado no se encuentra previsto dentro de las excepciones establecidas en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, de ninguna forma implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, o algún otro prohibido en el numeral 22 de la Carta Magna. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, ni de un auto de vinculación a proceso, o resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; de una orden de arresto o cualquier otro que afecte directamente la libertad personal del quejoso, porque ya se encuentra sujeto a un proceso penal, en el que incluso se dictó un auto apertura a juicio por el delito de violación; finalmente, no se trata de una sentencia definitiva en el proceso penal. De ahí que, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, procede sobreseer en el presente juicio. No pasa desapercibido para este juzgador federal que, el último párrafo de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, prevé una excepción, pues señala que cuando un gobernado requiera interpretación adicional de una norma, o su fundamento legal sea insuficiente, para determinar que un recurso o medio de defensa ordinario es procedente contra un acto que considera afecta su esfera jurídica de derechos, podrá decidir libremente entre interponer tal medio de defensa o acudir directamente al amparo. Sin embargo, dicha excepción dejó de actualizarse cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 1a./J. 85/2019, en la que determinó que el recurso de revocación procede en contra de actos de naturaleza como el aquí reclamado. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 86/2018, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, septiembre de 2018, tomo I, página 971, Décima Época, materia común, registro digital 2017808 y rubro siguiente: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO." Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido Rubén Alejandro Hernández Peña, defensor particular de MIGUEL ÁNGEL VERA LARA, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE

  4. Principal

    Agréguense el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el alegato ministerial de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a ese Juzgado; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento pues mediante auto de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se otorgó a la representación social federal de la adscripción la intervención que legalmente le corresponde, por ende será ésta la legitimada para actuar en los presentes autos. NOTIFÍQUESE.

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