Rusell Solis Medina
Expediente 267/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rusell Solis Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1509/2021-VI-A, promovido por GABRIELA DEL ROSARIO CHUC FERRER, representante de la menor ERICA DARCELLE VILLANUEVA CHUC. RESULTANDO PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, GABRIELA DEL ROSARIO CHUC FERRER, representante de la menor ERICA DARCELLE VILLANUEVA CHUC, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó de las autoridades siguientes: SECRETARIO DE SALUD DE YUCATAN, CON SEDE EN ESTA CIUDAD (EN SU CORRECTA DENOMINACIÓN). CON SEDE EN ESTA CIUDAD COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 OPERATIVO CORRECAMINOS. YUCALPETÉN, YUCATÁN TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD. TITULAR DEL COMITÉ NACIONAL PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD. PRESIDENTE CONSEJERO DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CIUDAD DE MÉXICO SEGUNDO. Formación de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado el treinta de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha, se ordenó notificar a las partes, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, se llevó a cabo respecto a las autoridades locales el catorce de octubre último. Posterior a ello, por diverso proveído de once de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en autos del juicio principal, se admitió a trámite la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa respecto a la nueva autoridad responsable Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Yucatán. En ese sentido, mediante acuerdo de la referida fecha (once de noviembre recién transcurrido), se ordenó agregar a este cuaderno incidental copia del escrito de ampliación de demanda, y en cumplimiento a ello, se requirió a la nueva responsable su informe previo. Asimismo, se informó a la nueva responsable la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo, únicamente por lo que respecta a dicha autoridad, el diecinueve de noviembre del año anterior. De igual forma, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental respecto a las autoridades foráneas, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede, únicamente por lo que respecta a la autoridad responsable foránea de Yucalpetén. CONSIDERANDO PRIMERO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de manera clara y precisa los actos que la parte quejosa reclama, que como se asentaron en el auto de suspensión provisional, esencialmente son: La omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a la menor aquí quejosa ERICA DARCELLE VILLANUEVA CHUC, atendiendo a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, lo cual pone en riesgo la salud de la menor. SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. Hasta el momento en que se resuelve el presente incidente, no se tiene conocimiento de que el Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación Covid-19 "Operativo Correcaminos" Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán, haya rendido su informe previo, a pesar de haber sido debidamente notificado, según se aprecia de la boleta de acuse de recibo correspondiente. En virtud de lo anterior, para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, opera en su contra la presunción de certeza prevista en el artículo 142 de la Ley de Amparo. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317,630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." TERCERO. En cuanto a la suspensión provisional solicitada respecto de los actos reclamados por la aquí parte quejosa, se advierte que su naturaleza es de carácter omisivo con efectos positivos, respecto de los cuales, es procedente conceder la medida cautelar provisional instada bajo los siguientes términos, toda vez que se reúnen los requisitos previstos por el artículo 128 de la citada Ley de la materia, que son los siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario, como primer requisito que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Por otro lado, en relación con el derecho fundamental a la salud, tenemos que el artículo 4° de la Carta Magna, en su cuarto párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI, del Artículo 73 Constitucional. Además, la Ley General de Salud en su artículo 1°, establece que dicha ley tiene el objetivo de reglamentar el derecho a la salud que tiene toda persona; además, fija las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. El artículo 2° del ordenamiento legal en cita, establece las finalidades de la ley, entre las que se encuentra el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, etcétera. De igual forma, el artículo 23 de la ley reglamentaria del artículo 4° constitucional, refiere que, por servicios de salud deben entenderse todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. De lo anterior, se obtiene que la salud es una prerrogativa que, por pertenecer al conglomerado de derechos fundamentales del ser humano, consiste en la libertad de disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana, para lo cual, se posee el derecho de acceder a los servicios de salud y de asistencia social estatal, que satisfagan eficaz y de manera oportuna las necesidades de la población. Y tomando en cuenta que a través del Estado debe garantizarse el acceso efectivo y oportuno a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, para aquellas personas que no cuenten con seguro médico, este juzgado estima que se satisfacen los requisitos enumerados en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Así mismo, haciendo un análisis de la apariencia del buen derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, atendiendo al acto reclamado y las circunstancias que al momento prevalecen, existe una mayor probabilidad que se conceda el amparo a que se niegue; pues el regreso presencial de todos los alumnos, que cursan los diversos grados escolares a las aulas, sin duda alguna los pone en un mayor riesgo a que continuara la impartición de clases a distancia; lo que hace necesario la mayor protección a la salud de los mismos. Por ende, en términos de lo previsto en el numeral 147, segundo párrafo de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el numeral 4° cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los actos reclamados para el efecto de que la responsable Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación Covid- 19 "Operativo Correcaminos" Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán, a la brevedad, lleve a cabo la aplicación la vacuna que por su edad le corresponda a la menor aquí quejosa, de no existir riesgo alguno a su salud. Considerando que en fechas recientes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aprobó la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. Tal y como se advierte del siguiente enlace de la página oficial del Gobierno Federal: https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-modificacion-a-la-autorizacion-para-uso-de-emergencia-de-vacuna-pfizer-biontech-permitira-aplicacion-a-partir-de-12-anos?idiom=es Aplica al caso, la tesis jurisprudencial 1a./J. 8/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 486, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2019358, que establece; "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." En la inteligencia de que las autoridades responsables señaladas deben acatar la suspensión otorgada, atendiendo a los términos y condiciones que aquí se señalan. CUARTO. Diferimiento de la audiencia por la autoridad foránea. Con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL respecto de las autoridades responsables foráneas, y se fijan para tal efecto, las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Ello, con apoyo en el artículo 17 constitucional, considerando que el domicilio de dichas autoridades se ubica fuera del lugar de residencia de este Juzgado y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE CONCEDE a GABRIELA DEL ROSARIO CHUC FERRER, representante de la menor ERICA DARCELLE VILLANUEVA CHUC, la suspensión definitiva de los actos que reclamó de la autoridad Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación Covid-19 "Operativo Correcaminos" Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán, precisados en el considerando primero de esta resolución incidental, en los términos expuestos en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. Se DIFIERE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL respecto de las autoridades responsables foráneas restantes, y se fijan para tal efecto, las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
ELECTR.Mérida, Yucatán, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, la copia autorizada del proveído dictado esta misma data en el incidente de suspensión relativo; y en atención a su contenido, se acuerda: Respecto a la inexistencia de la autoridad responsable señalada por la parte quejosa como Titular de la Fiscalía Federal Ministerial, con sede en la Ciudad de México, en el organigrama de la Policía Federal Ministerial. Dese vista a la parte quejosa con lo anterior, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su derecho corresponda, en el entendido que de no hacerlo, se tendrá por no designada como autoridad responsable en el presente expediente, a la citada en el párrafo que antecede y se suspenderá toda comunicación con la misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, catorce de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación de la sentencia firmada el diecinueve de enero de dos mil veintidós, se realizó a la parte tercera interesada, el día veintiséis siguiente, consecuentemente transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión. En tal virtud, con apoyo en los numerales 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquella, se declara que la referida sentencia que en su primer punto, sobreseyó en el presente juicio y en su segundo, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevénganse a las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Subsecretaría de la Policía Estatal de Investigación del Estado y Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado, todos con sede en esta ciudad, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, en el término señalado, o de no manifestar el impedimento que tienen para ello, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, once de febrero de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta de la quejosa ********************, mediante el cual interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el veinticuatro de enero de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de expresión de agravios, remítase copia del mismo a las autoridades responsables, córrase traslado a la parte tercero interesada y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, con entrega de una copia de dicho escrito. Hecho esto, envíese este expediente, su anexo y el original del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar al respecto. En mérito de lo anterior, fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias conducentes. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte tercero interesada y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
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