Rusell Armando Rosado Alonzo
Expediente 253/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 253/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rusell Armando Rosado Alonzo
Actuaciones
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con nueve minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe, procede a celebrar la continuación de la audiencia constitucional, sin la asistencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. La Secretaria hace constar que las partes no presentaron pruebas ni contrapruebas relativas a la autenticidad de los documentos objetados por la tercera interesada Guadalupe Pech Dzul, consistentes en: 1. Escrito de fecha doce de marzo de dos mil veinte, registrado con el número de promoción 5779, por medio del cual Sandra Guadalupe Tec Yam, Presidenta del Ayuntamiento de Ixil, Yucatán, cumplió con la prevención efectuada por acuerdo de once de marzo del año en curso, en el presente asunto; y 2. Constancia de Mayoría y Validez de Regidores al Ayuntamiento de Ixil, Yucatán, expedida a favor de Sandra Guadalupe Tec Yam, por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, el día cuatro de julio de dos mil dieciocho, la cual obra agregada en los presentes autos. Por tanto, toda vez que no fue señala prueba pericial alguna para verificar la autenticidad de dichos documentos, este juzgador declara desierta la objeción de documentos planteada. Seguidamente, abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales remitidas por la responsable por conducto de la Secretaria auxiliar de acuerdos en funciones de Magistrada Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, las cuales remitió junto con su informe justificado. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo que se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho; a lo que el Juez acuerda: en atención a lo informado por la Secretaria, se declara cerrado el período de alegatos. Seguidamente, no habiendo diligencias por desahogar, ni pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 433/2020-V-A, promovido por el Ayuntamiento de Ixil, Yucatán, por conducto de su Presidente, en contra de los actos que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y otra autoridad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Por escrito presentado el seis de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el nueve de marzo siguiente a este Órgano de Control Constitucional, compareció la nombrada parte quejosa a través de su Presidente a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, misma que se registró con el número 433/2020-V-A, la cual, previo cumplimiento al requerimiento de once de marzo de dos mil veinte, en proveído de siete de agosto siguiente, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a las responsables; se mandó emplazar a juicio a la parte tercero interesada; se otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional la intervención que legalmente le compete, y finalmente se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el acuerdo 4/2020, en el que adoptó diversas medidas frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, entre ellas, la suspensión de funciones de los órganos jurisdiccionales, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. Medida que fue prorrogada por diversos Acuerdos Generales, siendo el último en este sentido el 18/2020, que reformó el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, extendiendo la suspensión hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte. CUARTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. QUINTO. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, empero, debido a la objeción de documentos planteada por la tercero interesada Guadalupe Pech Dzul, se suspendió la audiencia y se señaló fecha y hora para su continuación. SEXTO. Diversa medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas sanitarias frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que adoptó diversas medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, determinando el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales. Por tal motivo, hasta el doce de enero pasado, se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la continuación de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias que conforman este expediente, se tiene que la parte quejosa reclama: El ilegal emplazamiento al procedimiento laboral 211/2018, así como sus consecuencias, incluyendo el laudo dictado en el mismo. TERCERA. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, pues no obstante que al rendir sus respectivos informes justificados, los negaron, también realizaron manifestaciones que evidencian su certeza; en consecuencia, se desvirtúan tales negativas y deberán tenerse como ciertos dichos actos. Cobra aplicación el criterio contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo IXV-julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, registro 211,004, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". CUARTA. Inexistencia de causas de improcedencia. Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, además de que no le causa perjuicio a la ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la Litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá negársele la protección de la Justicia Federal que solicita. Para arribar a lo anterior, conviene relacionar las constancias que la Secretaria Auxiliar en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal Laboral responsable envió a este órgano de control constitucional, relativas al expediente 211/2018 y acumulados, de donde emanan los actos reclamados, copias certificadas a las que se les confiere pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de las cuales se advierte lo siguiente: 1. Que mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil dieciocho, María Auxiliadora del Socorro Keb Ek, entabló formal demanda laboral en contra del AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXIL, YUCATÁN, reclamándole el cumplimiento y pago de diversas prestaciones. 2. Que en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, admitió a trámite la citada demanda laboral y ordenó en ese propio proveído, entre otras cosas, emplazar a juicio al demandado. 3. Mediante diligencias actuariales de fechas diez y once de octubre de dos mil dieciocho, el actuario adscrito al Tribunal responsable, emplazó a juicio a la parte demandada, aquí quejosa. 4. En fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que se hizo constar la inasistencia de la parte demandada, aquí quejosa, a quien se le tuvo por inconforme con todo arreglo conciliatorio y por contestada la demanda en sentido afirmativo. 5. En fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, tuvo lugar la audiencia de ley en su etapa de pruebas, en la que de igual manera se hizo constar la inasistencia de la parte demandada, y por perdido su derecho para ofrecer pruebas a su favor. 6. Que seguido el juicio en sus restantes etapas procesales, en fecha seis de enero de dos mil veinte, el Tribunal responsable dictó laudo condenando a la parte demandada, aquí quejosa, al pago de las cantidades reclamadas por la parte actora. Ahora bien, en el caso, la promovente se duele de que su representada no fue debidamente emplazada y notificada para comparecer al juicio laboral número 211/2018 y sus acumulados, alegando que la notificación que se le realizó, se hizo en forma contraria a las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, particularmente los artículos 742 y 743; lo anterior en virtud de que el actuario no se cercioró de que en el lugar en donde dice se constituyó habitaba, trabajaba o tenía su domicilio. También se duele de que la diligencia de emplazamiento realizada por el actuario carece de elementos formales que motivan su total nulidad. Sentado lo anterior, como se dijo, devienen infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, contrario a lo señalado por la parte quejosa las notificaciones realizadas por el funcionario adscrito al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, fueron realizadas conforme a derecho, pues las mismas cumplen con las formalidades previstas en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone: "ARTICULO 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante legal aquélla; III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere el día siguiente, a una hora determinada: IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local, y si estuvieren cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye." Así es, el actuario responsable cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, ya que por una parte, dicho funcionario señaló los medios por los cuales se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, y de que éste pertenecía al demandado AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXIL, YUCATÁN, aquí parte quejosa, y para poner de manifiesto tal aserto, se transcribe lo asentado en dichas diligencias, mismas que son del tenor siguiente: "En la localidad de Ixil, Yucatán, siendo las 17:05 horas del día diez de octubre del año dos mil dieciocho, YO EL ACTUARIO de este Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, me constituyo en el predio sin número de la calle 21 por 20 y 18, Predio ampliamente conocido como Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Ixil, Yucatán, de esta misma localidad de Ixil, Yucatán, con objeto de notificar el acuerdo de fecha DIECISIETE DE SEPTIEMBRE del año DOS MIL DIECIOCHO, dictado por el Magistrado Presidente de este Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, solicitando la presencia del representante legal del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXIL, YUCATÁN, y no estando presente según el dicho de la persona con la que se entiende la presente diligencia, cerciorado de que ahí es su domicilio por la nomenclatura de las calles, visible en las placas de las esquinas que coincide con la señalada en la cédula de notificación, por ser un domicilio ampliamente conocido como Palacio Municipal, así manifestado por diversas personas que se encuentran en el lugar y por el dicho de una persona que se encuentra en el interior de este predio y dijo llamarse JOSÉ ESTEBAN CEN COCOM, ser COMANDANTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL COORDINADA, en este AYUNTAMIENTO DE IXIL, YUCATÁN, parte demandada en el presente juicio laboral y que en este momento no se encuentra el presidente municipal ni nadie que legalmente represente al requerido, misma persona con quien se entiende la presente diligencia, que se identifica con su credencial para votar número 0187008646672 expedida por el Instituto Federal Electoral, quien me asegura que este es el domicilio donde despacha el presidente municipal y representante legal del H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXIL, YUCATÁN. Con fundamento en el artículo 743 fracción III de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, le dejo el presente citatorio para que me espere persona que legalmente lo represente en este mismo predio al día siguiente hábil, a las 17:05 horas, el cual entrego a la C. JOSÉ ESTEBAN CEN COCOM, quien lo recibe y promete entregar a su destinatario oportunamente y no firma por no creerlo necesario. DOY FE." De dicha constancia se desprende que el funcionario adscrito al Tribunal responsable, el día diez de octubre de dos mil dieciocho, a las diecisiete horas con cinco minutos, se constituyó en el domicilio ubicado en el predio sin número, de la calle veintiuno por veinte y dieciocho, de la localidad de Ixil, Yucatán, lugar señalado para emplazar al Ayuntamiento demandado, y se cercioró que se encontraba en dicho lugar por corresponder al Palacio Municipal, por la nomenclatura de las calles y por el dicho de la persona que la atendió, la cual dijo responder al nombre de José Esteban Cen Cocom y ser Comandante de la Policía Municipal Coordinada del propio Ayuntamiento, quien le informó que el representante legal del mismo no se encontraba en ese momento. Por lo anterior, conforme lo dispone la fracción III del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, el actuario dejó citatorio para el día hábil siguiente a las diecisiete horas con cinco minutos, en poder de quien la atendió, quien no quiso firmar de recibido por no creerlo necesario. Posteriormente, el mencionado actuario se constituyó de nueva cuenta en el predio indicado en autos del juicio laboral de donde emanan los actos reclamados, el día once de octubre de dos mil dieciocho, a las diecisiete horas con cinco minutos, y levantó la siguiente actuación: "En la localidad de Ixil, Yucatán, siendo las 17:05 horas del día once de octubre del año dos mil dieciocho, YO EL ACTUARIO de este Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, me constituyo en el predio sin número de la calle 21 por 20 y 18, Predio ampliamente conocido como Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Ixil, Yucatán, de esta misma localidad de Ixil, Yucatán, solicitando la presencia de persona que legalmente represente al H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXIL, YUCATÁN, y no estando presente, según el dicho de la persona con la que se entiende la presente diligencia, no obstante el citatorio que le dejé el día anterior, previamente cerciorado de que ahí es su domicilio por la nomenclatura de las calles, visible en las placas de las esquinas que coincide con la señalada en la cédula de notificación, y por el dicho de una persona que se encuentra en el interior de este predio y dijo llamarse dijo llamarse JOSÉ ESTEBAN CEN COCOM, ser COMANDANTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL COORDINADA, en este AYUNTAMIENTO DE IXIL, YUCATÁN, parte demandada en el presente Juicio Laboral y que en este momento no se encuentra el presidente municipal ni nadie que legalmente represente al requerido, misma persona con quien se entiende la diligencia, que se identifica con su credencial para votar número 0187008646672 expedida por el Instituto Federal Electoral, y en tal virtud, y con fundamento en el artículo 743 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, procedo a entender la diligencia con mi informante el C. JOSÉ ESTEBAN CEN COCOM, a quien entrego copia del acuerdo de DIECISIETE de SEPTIEMBRE del año DOS MIL DIECIOCHO, dictado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, el cual recibe y promete entregar a su destinatario oportunamente, junto con la cédula de notificación y en este mismo acto firma e imprime un sello al margen inferior derecho de la copia de la cédula de notificación del acuerdo de referencia. Con lo que concluye la presente diligencia de la cual levanto la presente acta para debida constancia, que previa su lectura en voz alta no firma el requerido. Agrego al expediente la copia de la cédula de notificación, firmada y sellada de recibido y enterado. DOY FE." De dicha transcripción se desprende que el actuaria responsable también cumplió con los requisitos establecidos en el citado numeral 743 de la Ley Federal del Trabajo, pues al igual que en la razón actuarial de diez de octubre de dos mil dieciocho, se cercioró previamente de encontrarse en el domicilio correcto, y que ese domicilio pertenecía al Ayuntamiento demandado, asentando los datos que tuvo a la vista y las razones por medio de las cuales se cercioró de lo anterior. Asimismo, se advierte que fue atendido de igual manera por José Esteban Cen Cocom quien le informó ser Comandante de la Policía Municipal Coordinada del propio Ayuntamiento, pero que el representante legal del mismo no se encontraba. En tal virtud, y de conformidad con la fracción IV del multicitado numeral 743 de la Ley Federal del Trabajo, entendió la diligencia con quien se encontraba en esos momentos presente en el domicilio de la demandada, a quien le corrió traslado del acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en el que constaba la fecha y hora señalada para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas, alegatos y resolución, así como los apercibimientos en caso de no comparecer; junto con la cédula de notificación respectiva, la cual firmó de recibido el aludido José Esteban Cen Cocom. En esas condiciones, es claro que no se advierte alguna transgresión a los derechos fundamentales hechos valer por la parte quejosa, pues como ya se dijo, el emplazamiento realizado por el actuario adscrito al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, cumple con todos los requisitos establecidos por la propia Ley Federal del Trabajo en su artículo 743. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia establecida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en el Tomo 86-2, Febrero de 1995 Tesis IV.3o. J/45, en la página 50, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 208093, que establece lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ. (ARTICULO 743 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO). Si el actuario, previo cercioramiento de que el domicilio donde se constituyó correspondía al de la persona moral que pretendía emplazar, y al no encontrar al representante legal de la misma, entrega el citatorio a la persona con quien entendió la diligencia para que el interesado lo espere al día siguiente hábil a determinada hora, aconteciendo en esta ocasión que tampoco encontró presente al representante legal, efectuando la notificación correspondiente con la persona que encontró, incuestionablemente el emplazamiento resulta legal, ya que no es necesario que el fedatario tenga que cerciorarse que la persona con quien entendió el emplazamiento deba de ocupar un puesto dentro de la empresa, ya que claramente el artículo 743 de la ley laboral señala que la notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local, inclusive contempla el supuesto de que si estuviera cerrado se fijará una copia de la resolución en la puerta de la entrada, lo que corrobora que no es necesario que la diligencia se entienda con el representante legal, mucho menos de que se cerciore de la función que desempeña la persona con quien se entiende la misma, cuando el emplazamiento se efectúe en los términos de las fracciones III y IV del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo." De igual manera encuentra apoyo lo anterior en la Jurisprudencia establecida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 208985, visible en el Tomo 86-1, Febrero de 1995, Tesis VI.1o. J/105, en la página 43, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto establecen. "EMPLAZAMIENTO EN MATERIA LABORAL. DEBE CORRERSE TRASLADO AL DEMANDADO DEL AUTO INICIAL QUE SE DICTE EN EL JUICIO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 742 de la Ley Federal del Trabajo, el actuario al llevar a cabo la diligencia de emplazamiento debe correr traslado al demandado del auto en que se señaló la fecha para la celebración de la audiencia, así como copia de la demanda, pero cuando es omiso hacerlo respecto del auto inicial en donde se pronunciaron los apercibimientos de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas en caso de no concurrir a la audiencia, el emplazamiento es ilegal cuenta habida que para la validez de este, por tratarse de una formalidad esencial del procedimiento, deben observarse estricta y rigurosamente los requisitos exigidos por la Ley de la Materia." También sirve de apoyo el criterio jurisprudencial establecido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con número de registro 226459, localizable en el Tomo V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1990, Tesis I.1o.T. J/20, en la página 683, del Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente. "EMPLAZAMIENTO, REQUISITOS PARA LA LEGALIDAD DEL. El actuario al realizar la primera notificación debe cumplir con lo previsto en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo reformada, debiendo cerciorarse de que la persona que va a emplazar, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos y asentar los medios de convicción que tuvo a la vista y que lo llevaron a dicho cercioramiento; y si no procede así su actuación es ilegal." En efecto, contrario a lo pretendido por la parte quejosa, es suficiente para cerciorarse que el predio indicado de la parte demandada para emplazarla al juicio, sea el lugar que corresponde al Palacio Municipal, y con ello, tener por legalmente constituido al fedatario público, y por tanto, que acató lo establecido en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, al tratarse de un edificio público, que como dijo el funcionario es del conocimiento general que se trata del Palacio Municipal. Sin que sea menester llegar al extremo de exigir cualquier otro dato (verbi gracia, pedir nombre completo, solicitar identificación, hacer descripción física, cerciorarse si la persona hallada estaba facultada para atender la diligencia, etcétera), pues solamente basta su afirmación en el sentido apuntado, esto es, que alguien se encontraba en el domicilio buscado, que le informe sobre la presencia o ausencia del representante legal de la persona moral a emplazar, y pueda confirmar que en ese lugar tiene su domicilio ésta, ya que resulta carente de sentido la exigencia de pormenorizar determinadas cuestiones que no exige la disposición legal en comento. Lo anterior, en exacto acatamiento a la jurisprudencia 2ª/J. 162/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 68, Tomo XX, noviembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 180149, que dice: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. LOS ACTUARIOS ESTÁN OBLIGADOS A ASENTAR EN EL ACTA RESPECTIVA, CIERTOS DATOS QUE PERMITAN APOYAR SU DICHO, SIN LLEGAR AL EXTREMO DE EXPRESAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, Y DEMÁS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE, SI ÉSTA SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE Y A DECIR POR QUÉ SE ENCUENTRA EN EL LUGAR. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, basta que se encuentre en el domicilio alguna persona que informe sobre la presencia o ausencia de la persona a quien ha de notificarse, y pueda confirmar que en ese lugar habita o trabaja la persona buscada, sin que se le pueda obligar a dar su nombre o a que se identifique, o a dar razón del porqué de su presencia en el domicilio, pues ninguna disposición legal prevé dicha circunstancia. En esa virtud, el que el actuario exprese o no en su acta determinadas características de la persona que lo atendió, no cambia la afirmación que hace en el sentido de haber sido atendido o recibido por una persona, pues el hecho de que la última parte del precepto legal que se analiza, obligue al actuario a señalar con claridad los elementos de convicción en que se apoye, no llega al extremo de mencionar los rasgos físicos de la persona, ni su edad o sexo, o cualquier otro dato, por lo que ha de bastar su afirmación en el sentido de que hubo alguien que le proporcionó la información requerida, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia. Lo anterior es así, ya que resultaría carente de sentido común la exigencia de la pormenorización de determinados elementos de identificación de una persona, pues ante la fe pública de que está investido el actuario en el ejercicio de sus funciones, difícil resulta pensar que pudieran desvirtuarse las características por éste asentadas, cuando sean negadas por quien impugna la notificación, pues sería la prueba de hechos negativos, es decir, que no existe una persona con tales características, a diferencia de las circunstancias respecto de que se cercioró de ser el domicilio correcto, por ser una situación objetivamente demostrable. Ello en el entendido de que nada le impide señalar cuantos datos estime necesarios para apoyar su dicho respecto de la persona que lo atendió al practicar la diligencia, dado que esa es una forma de corroborar, en su caso, la razón pormenorizada de su actuación." De la lectura del texto que integra el criterio invocado, se advierte que la hipótesis prevista consiste en que resulta suficiente para cumplir con la encomienda estipulada en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, la primera notificación personal al interesado, que la persona distinta a éste, con quien se practique la diligencia de mérito y se encuentre en el domicilio señalado en autos, informe al fedatario la presencia o ausencia del representante legal, y confirme que es ese lugar; en otras palabras, que en el referido inmueble tiene su domicilio la persona moral buscada. Supuesto que se actualizó en el presente asunto, sin que sea necesario exigir otros aspectos inherentes al sujeto con quien se entendió dicha notificación, por no exigirlo el precepto legal. En este tenor, en la especie, resultó suficiente que el actuario, con la finalidad de cerciorarse de que en el domicilio al que acudió, era aquél en el cual tenía su domicilio la persona moral demandada AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXIL, YUCATÁN; señalara que la ubicación del inmueble era la buscada por la nomenclatura de las calles, que se trataba del Palacio Municipal, y además que fue atendido por José Esteban Cen Cocom quien dijo ser Comandante de la Policía Municipal Coordinada del propio Ayuntamiento, y que sí era el domicilio para notificar. Para con ello tener por cumplido el requisito previsto en el numeral 743 fracción I, del código de trabajo, ya que dicha circunstancia implica que además del nombre, se informó el carácter con que se ostentó (empleado), cuya cuestión de suyo era suficiente para deducir la razón de su presencia en el lugar, bastando que se verifique que sí es el domicilio de la persona moral que se busca, en la que presta sus servicios. Además, cabe destacar que aun cuando no se requieren dichos datos, lo cierto es, que en el caso, el actuario del conocimiento pudo obtener el nombre completo del empleado que lo atendió, quien firmó de recibidos los documentos que se le entregaron para el destinatario, según se advierte del sello del Ayuntamiento que obra al calce de la cédula de notificación agregada al expediente laboral. Por lo cual correspondía a la propia quejosa aportar pruebas tendientes a demostrar que dicha persona no era empleado suyo o bien, que dicha firma no era de él o que su domicilio se ubicaba en un lugar distinto al en que se constituyó el notificador. Por lo que al no haberlo hecho, el emplazamiento realizado por el actuario adscrito al Tribunal responsable resulta válido, ya que cumple con los requisitos previstos por el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo. De igual manera, cabe señalar que contrario a lo considerado por la promovente, consta en autos que el funcionario que realizó el emplazamiento impugnado, entregó a su entrevistado el citatorio para que el representante legal del Ayuntamiento demandado la esperara al día siguiente hábil para atender personalmente con él la diligencia, así como también se hizo constar que se le entregó copia cotejada del acuerdo inicial de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho y de la cédula de notificación respectiva; ya que dichas constancias de entrega fueron agregadas al expediente laboral. Por otra parte, debe decirse a la accionante que ninguna de las aludidas fracciones del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, exige para que el emplazamiento sea legal que el actuario deba notificar en forma personal al representante legal, o cerciorarse de que habita, trabaja o tiene su domicilio en el lugar donde se lleva a cabo la diligencia, ni tampoco que en caso de no encontrarlo deba interrogar a la persona con quien la entienda respecto de las causas por las que dicho representante legal no se encuentra en ese momento; toda vez que dicho precepto sólo obliga a que se asienten en el acta respectiva los datos en que se apoyó para cerciorarse de que la persona moral a notificar tiene su domicilio en el local donde realiza el emplazamiento. En apoyo de lo anterior, se cita la tesis IV.3o.T.277 L, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en la foja 1890, del Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 167517, que precisa: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PARA QUE SEA LEGAL NO ES NECESARIO QUE EL ACTUARIO SE CERCIORE DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA A NOTIFICAR HABITA, TRABAJA O TIENE SU DOMICILIO EN EL LUGAR DONDE SE LLEVA A CABO LA DILIGENCIA, NI TAMPOCO QUE EN CASO DE NO ENCONTRARLO DEBA INTERROGAR A LA PERSONA CON QUIEN LA ENTIENDA RESPECTO DE LAS CAUSAS POR LAS QUE DICHO REPRESENTANTE NO SE ENCUENTRA EN ESE MOMENTO, Y MUCHO MENOS SI EN ESE DOMICILIO LABORÓ EL TRABAJADOR. De conformidad con las fracciones I a IV del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, que es el precepto en donde se establecen las reglas básicas de la primera notificación personal, el actuario debe cerciorarse de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado para hacer la notificación (para lo cual deberá hacer constar los elementos que lo llevaron a tal convicción); que si el interesado o su representante están presentes, el actuario notificará la resolución, entregando copia de ésta; y si se tratara de persona moral, se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante legal de aquélla; que en los casos en que no se encuentre presente el interesado o su representante, el actuario deberá dejar el citatorio para que lo espere al día siguiente a una hora determinada; y que si no obstante el citatorio, no se encuentra presente el interesado o su representante, la notificación se hará con cualquier persona que se encuentre en la casa o local. Sin embargo, ninguna de las aludidas fracciones exige para que el emplazamiento sea legal que el actuario deba cerciorarse de que el representante legal habita, trabaja o tiene su domicilio en el lugar donde se lleva a cabo la diligencia, ni tampoco que en caso de no encontrarlo deba interrogar a la persona con quien la entienda respecto de las causas por las que dicho representante legal no se encuentra en ese momento, y mucho menos que si en ese domicilio laboró el trabajador; toda vez que dicho precepto sólo obliga a que se asienten en el acta respectiva los datos en que se apoyó para cerciorarse de que la persona a notificar habita, trabaja o tiene su domicilio en el local donde realiza el emplazamiento." Por otra parte, en relación a las argumentaciones de la parte impetrante del amparo, relativas a que el citatorio y razón actuarial se encuentran elaboradas en computadora, lo que no genera certeza de que el emplazamiento se hubiese realizado en forma adecuada, a menos que el actuario se haya trasladado con su computadora e impresora, por tanto, aduce pone seriamente en duda la certeza y legalidad del emplazamiento, Al respecto, cabe señalar que no existe disposición en la Ley Federal del Trabajo que exija que tal acto procesal deba constar en un tipo de documento específico; de ahí que para su validez sólo es necesario que el actuario cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 743 del ordenamiento obrero, como ya quedó indicado. Y para apoyar lo anterior, se cita, por analogía, la tesis VI.2o.C.10 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la foja 1696, del Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 2003460, que establece: "ACTAS DE EMPLAZAMIENTO ELABORADAS EN COMPUTADORA E IMPRESORA PORTÁTILES. NO SON ILEGALES POR ESE SOLO HECHO, PUES PARA QUE LO SEAN SE DEBE DESVIRTUAR LA FE DEL DILIGENCIARIO. Es criterio reiterado que las actas de emplazamiento elaboradas en máquina de escribir no son ilegales por ese solo hecho, sino que para que lo sean, se debe desvirtuar la fe del diligenciario; luego, por las mismas razones debe considerarse que tampoco son ilegales las actas que se lleven a cabo empleando para su elaboración computadora e impresora portátiles, pues no existe disposición legal que limite el uso de ese tipo de instrumentos y mucho menos que dicha utilización implique la ilegalidad de la actuación del diligenciario; de igual forma no se considera ilegal, por no ser un requisito, que se asiente en qué momento y lugar se llevó a cabo la impresión del documento, pues lo único que se debe tomar en cuenta es que el llamamiento a juicio cumpla con los requisitos que los cuerpos de normas aplicables señalen." Y, la tesis VI.2o.106 L, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 1093, del Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 197127, que Indica: "EMPLAZAMIENTO. NO ES ILEGAL CUANDO SE HACE CONSTAR EN FORMATOS IMPRESOS. Es incorrecto estimar que el emplazamiento practicado en un juicio laboral, que se hizo constar en un formato impreso, comúnmente conocido como "machote", sea ilegal, puesto que no existe disposición en la Ley Federal del Trabajo que exija que tal acto procesal deba constar en un tipo de documento específico; de ahí que para su validez sólo es necesario que el actuario cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 743 del ordenamiento legal citado." Ello es así, en virtud de que deviene intrascendente que lo sucedido en la diligencia de emplazamiento se haya hecho constar del puño y letra del notificador o que se haya utilizado un formato impreso por computadora, pues lo importante es que efectivamente lo hecho constar haya sucedido durante el desarrollo de la misma, lo que en el caso así aconteció, al no existir prueba en contrario. Máxime que existe un criterio definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª/J. 140/2005, donde sostiene que la ley no prohíbe el uso de formatos preimpresos, pues a lo único que está obligado el diligenciario, es a asentar la forma en que se cercioró que es el lugar correcto en que se está llevando a cabo la diligencia, y los datos que justifiquen el por qué se realiza con persona distinta del interesado. De ahí que no es factible decir que sólo tiene validez una notificación donde se apunten todos los datos manuscritos, y que la ilegalidad del acto se genera por la mera circunstancia de que el acta sea un formato preimpreso. Porque la única finalidad de esos formatos es agilizar la diligencia, sin que por ello se provoque inseguridad jurídica al gobernado, ya que si se emplean formatos o "machotes" impresos por computadora en el levantamiento de la misma, y consta preimpreso que se requirió la presencia del representante legal y otros datos del cercioramiento, esto no implica que el acta no esté debidamente circunstanciada, en virtud de que lo importante es lograr que el destinatario tenga conocimiento del acto. La jurisprudencia de que se trata es del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES PERSONALES DE CRÉDITOS FISCALES PRACTICADAS CON FORMATOS PREIMPRESOS. SON VÁLIDAS AUN CUANDO LO QUE SE HAGA CONSTAR EN ELLOS SEA LO RELATIVO AL REQUERIMIENTO DE LA PRESENCIA DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE. Aun cuando el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación establece el procedimiento para la práctica de notificaciones personales y no prohíbe la utilización de formatos preimpresos, subsiste la obligación del notificador de asentar el lugar en que se esté llevando a cabo la diligencia y los datos que justifiquen el por qué se realiza con persona distinta del interesado; de ahí que no es factible alegar que sólo tiene validez una notificación donde se asienten todos los datos manuscritos, y que la ilegalidad del acto se genera por la mera circunstancia de que el acta sea un formato preimpreso donde conste que se requirió la presencia del interesado o de su representante y no se encontró, porque la única finalidad de esos formatos es agilizar la diligencia, sin que por ello se provoque inseguridad jurídica al gobernado, pues si se emplean formatos o "machotes" en el levantamiento de la diligencia, y consta preimpreso que se requirió la presencia del interesado, esto no implica que el acta no esté debidamente circunstanciada, en virtud de que lo que importa es lograr que el destinatario tenga conocimiento del acto". (Época: Novena Época, Registro: 176515, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 140/2005, Página: 367) En las condiciones apuntadas, se colige que la diligencia de notificación y emplazamiento al juicio laboral de la parte quejosa, fue realizada con apego a las disposiciones legales vigentes en la materia de que se trata, por lo que resulta razonable sostener la legalidad de la diligencia practicada por el actuario responsable. Ya que cuando se cuestiona la legalidad del emplazamiento, deben aportarse elementos de convicción suficientes e idóneos para desvirtuarla, pues las actuaciones o razones de notificación realizadas por los actuarios, quienes en su carácter de funcionarios están investidos y gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario suficiente; es decir, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario, lo que desde luego la peticionaria no hizo. Por tanto, se estima que sí fue legalmente emplazada al juicio laboral instaurado en su contra y, por consiguiente, tuvo la oportunidad para ocurrir en defensa de sus intereses, ofrecer pruebas y formular alegatos. Tiene aplicación al respecto la tesis visible en le página 202, del Tomo XI, Marzo de 1993, Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se comparte, Materia Civil, correspondiente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 216814, de la literalidad siguiente: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." También tiene aplicación, la jurisprudencia VI, 2o, J/153, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 113, del Tomo VIII, Noviembre de 1991, de la Octava Época, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 221249, de la literalidad siguiente: "EMPLAZAMIENTO. PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO. Si se cuestiona la legalidad del emplazamiento, deben aportarse elementos de convicción suficientes para desvirtuarla, ya que el diligenciario en su carácter de funcionario está investido de fe pública, por lo que sus actuaciones tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario." En consecuencia, al haber resultado infundados los conceptos de violación respecto del acto consistente en el ilegal emplazamiento que se practicó en el juicio natural, lo que legalmente procedente es negar al AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXIL, YUCATÁN, el amparo y protección de la Justifica Federal solicitados. SEXTO. Incompetencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente incompetente para conocer del acto reclamado consistente en el laudo dictado en el juicio laboral 211/2018, del índice del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, en atención a que se actualizan los presupuestos contenidos en la jurisprudencia P./J. 70/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto". En efecto, el titular de la acción constitucional reclamó además del emplazamiento y lo actuado con posterioridad, el laudo dictado en el juicio laboral 211/2018, sin embargo, al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", la improcedencia del amparo en relación con el emplazamiento trae como consecuencia la firmeza de ese fallo definitivo, respecto del cual este órgano constitucional carece de competencia legal para analizar su constitucionalidad, al tratarse de una resolución definitiva que puso fin a la instancia laboral, por lo que su conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Constitución Federal. En consecuencia, una vez que cause ejecutoria esta sentencia de amparo, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para que si lo estima procedente, conozca de él en lo que respecta al laudo que se reclama, en los términos de la jurisprudencia antes citada. SÉPTIMO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al AYUNTAMIENTO DE IXIL, YUCATÁN, en contra de los actos que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, y actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad; por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo en relación con el laudo dictado en el juicio laboral 211/2018; por lo que una vez que cause ejecutoria este fallo, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, tal como se precisó en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: se tiene por recibido de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio 871, de dieciséis de febrero del presente año, recibido vía electrónica en este Juzgado, mediante el uso de la FIREL; del que se advierte que en autos del toca 1/2021, dicha Superioridad radicó a trámite el incidente de inejecución de sentencia decretado en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase.
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