Russel Gustavo González Madrid

Expediente 1617/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1617/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Russel Gustavo González Madrid

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: se tienen por recibidos del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, estos autos que devuelve y remite testimonio de la ejecutoria de veinte de abril de dos mil veintitrés, pronunciada en el amparo en revisión 413/2022, relativo al recurso interpuesto en contra de la sentencia firmada en el presente asunto el veinte de octubre de dos mil veintidós, ejecutoria cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Se confirma la sentencia dictada el veinte de octubre de dos mil veintidós por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán en el juicio de amparo indirecto 1617/2022-I-A. - - - SEGUNDO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE A Russel Gustavo González Madrid respecto del acto atribuido a la autoridad responsable." Acúsese recibo vía interconexión y hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha ejecutoria. Además, glósense a estos autos las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del aludido recurso y deséchense las copias certificadas que lo originaron para evitar la voluminosidad del presente expediente. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno relativo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo negado, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que comunica que en el amparo en revisión 413/2022 de su índice, se admitió el recurso interpuesto en contra de la sentencia dictada en estos autos. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por el quejoso Russel Gustavo González Madrid, con el que interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia firmada en el presente asunto el veinte de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a la autoridad responsable y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho oficio de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese el original del escrito de expresión de agravios junto con este expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno, del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. Notifíquese personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación y cúmplase.

  4. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 1617/2022-I-A, promovido por Russel Gustavo González Madrid; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el veintinueve de junio de dos mil veintidós, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán al día siguiente; y turnado el uno de julio del presente año, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Russel Gustavo González Madrid, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación Yucatán "1", residente en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de catorce de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, la que quedó registrada con el número 1617/2022-I-A; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó a la autoridad responsable su correspondiente informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 57 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, cumpliendo con lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del mismo modo, cobra aplicación, la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa reclamó de la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación Yucatán "1", residente en esta ciudad, lo siguiente: La determinación contenida en el oficio 400-70-00-02-00-2022-4322, de fecha once de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual, resolvió no acceder a su solicitud de prescripción del crédito fiscal fincado en su contra y en consecuencia dejar insubsistentes los embargos sobre predios de su propiedad, que realizó mediante escrito de veinticinco de marzo de dos mil veintidós. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la responsable, Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad (número de promoción 16661), pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previamente al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, precisa examinar la causal de improcedencia que invocan las terceras interesadas, en su escrito recibido en la oficialía de partes de este Juzgado el veinticuatro de mayo del año en curso, pues de ser fundada, sería ocioso analizar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio. Consecuentemente, por ser la improcedencia de la acción de amparo cuestión de orden público cuyo estudio puede efectuarse inclusive de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, con mayor razón procede llevarlo a cabo cuando así lo solicite alguna de las partes en el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La autoridad responsable Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, pues refiere la falta de interés jurídico del quejoso para reclamar el oficio 400-70-00-00-02-00-2022-4322 de once de mayo de dos mil veintidós, pues señala que es simplemente una respuesta a su petición primigenia, por lo que no se le afecta de forma alguna. Ahora bien, se desestima la causa de improcedencia en estudio por encontrarse íntimamente relacionada con el estudio de fondo de esta sentencia de amparo. Lo anterior es así, porque la responsable parte de la base de que fue correcto el oficio 400-70-00-00-02-00-2022-4322 de once de mayo de dos mil veintidós, expedido por el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación del Yucatán "1"; sin embargo, esta actuación es objeto de controversia en esta vía. Por lo que de actuar en la forma que lo propone la responsable y declarar la improcedencia por falta de interés, implicaría dar por válido el oficio reclamado, y en ese tenor, se dejaría en estado de indefensión a la impetrante, pues no se analizaría la legalidad del acto que impugna en esta vía constitucional. Consecuentemente, este motivo de inejercitabilidad es inatendible por constituir precisamente la materia de la litis de fondo de esta sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 135/2001, con registro 187973, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia Común, Página 5, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Al no existir otra causa de improcedencia pendiente de análisis y en atención a la técnica que rige al amparo, lo que procede es entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, además de que ello no resulta necesario, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. QUINTO. Análisis de la litis constitucional. Resultan inoperantes los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa, por lo que deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En el caso, el impetrante del amparo acude a esta instancia a reclamar, la negativa de la responsable a la solicitud de prescripción del crédito fiscal fincado en su contra, vulnera sus derechos fundamentales de propiedad y seguridad jurídica, plasmados en los artículos 14 y 17 Constitucionales; toda vez que con la respuesta de la autoridad responsable, no puede contar con la certeza jurídica sobre sus derechos como propietario de los predios que se embargaron como garantía. Asimismo, se duele que la autoridad responsable al omitir otorgar su título de propiedad, se le impide ejercer su derecho a la tutela jurisdiccional o acceso a la justicia. Luego, para una mejor comprensión del asunto, es menester precisar que de las constancias exhibidas por la responsable las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende el oficio número 400-70-00-02-00-2022-4322, de fecha once de mayo de dos mil veintidós, emitido por la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "I", con sede en esta ciudad. De dicho oficio se advierte, en la parte conducente lo siguiente: ".En atención a su escrito libre de fecha 25 de marzo del 2022, presentado en la oficialía de partes de esta Administración el 25 de marzo de 2022, con folio de registro 2012, en el cual, medularmente solicita: "(...) decretar la PRESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL determinado en mí contra y el cual fue garantizado con predios de mi propiedad. En virtud de lo anterior solicito que una vez decretada la prescripción del crédito fiscal en comento se deje insubsistentes los embargos en los predios de mi propiedad y para su debida publicidad solicito se gire atento oficio al director del registro público de la propiedad y del comercio del instituto de seguridad jurídica y patrimonial del estado de Yucatán a fin de cancelar el referido embargo (...)" Sobre el particular se le informa que después de efectuar una búsqueda exhaustiva y razonable en los expedientes y sistemas, con los que cuenta esta unidad administrativa, no se localizó información con los datos proporcionados, toda vez que de conformidad con el "Catálogo de Disposiciones Documental del SAT", el plazo de conservación de los créditos fiscales es de 5 años, por lo que ha transcurrido en exceso el plazo para su conservación. Asimismo, en términos del artículo 130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, y deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, por lo que sólo están obligadas a proporcionar la información contenida en los documentos que genera, obtiene, adquiere, transforma o conserva en cualquier título, de conformidad con los artículos 1, 2, fracción I y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Adicionalmente a lo anterior, se hace de su conocimiento que, de conformidad con lo señalado en el artículo 4, fracción XIII de la Ley General de Archivos vigente, en el "Catálogo de disposición documental" se establecerán los plazos de conservación, por lo que como quedó referido en el párrafo que antecede, el plazo de conservación de los expedientes de créditos fiscales conforme al "Catálogo de Disposición Documental del SAT" es de 5 años, considerando que los certificados de libertad de gravamen que anexa a su escrito de mérito se advierte que la fecha del gravamen registrado data del año 1997, por lo que se concluye que el periodo de conservación ha transcurrido. En ese mismo tenor, en el lineamiento Vigésimo de los "Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2015, señala que, el dictamen de baja documental y el acta que se levante en caso de documentación siniestrada deberán conservarse en el archivo de concentración por un plazo de siete años, por lo tanto, dado que transcurrieron los plazos señalados, no se cuenta con actas de baja documental de esa época..." Como se dijo, los conceptos de violación resultan inoperantes, por las razones que se expondrán a continuación. A fin de justificar lo anterior, cabe mencionar que un motivo de disenso es inoperante cuando bajo ningún supuesto es eficaz para que el quejoso logre un beneficio jurídico, ello ocurre cuando: a) En él se expresan afirmaciones dogmáticas, que en sí no contienen causa de pedir por ser sumamente generales, vagas u obscuras; b) El motivo de inconformidad se aparta de la litis por dejar de controvertir las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, o por introducir argumentos novedosos a lo planteado ante la potestad o jurisdicción de la responsable; c) Cuando sobre el punto a dilucidar existe tesis de jurisprudencia exactamente aplicable al caso particular; d) No combaten todas las consideraciones que sustentan la decisión reclamada; e) El motivo de disenso ataca consideraciones ajenas a la litis constitucional; f) Cuando del análisis del motivo de disenso se concluye que el mismo es fundado, pero por cuestiones relacionadas con el fondo de la cuestión, no se resuelve la cuestión jurídicamente planteada a favor del promovente. En el caso estudio, el supuesto que interesa es el mencionado en el inciso b), esto es, el relativo a que son inoperantes los agravios expresados contra cualquier tema que se aleje de la litis constitucional planteada, que indebidamente haya emitido referente a un aspecto que no tenga relación directa con el acto reclamado, dado que no expresó ningún razonamiento tendiente a demostrar la ilegalidad de la resolución que se impugna. Es ilustrativa a lo anterior, la tesis del siguiente rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA SENTENCIA IMPUGNADA. Cuando el quejoso, al formular sus conceptos de violación, sólo se concreta a reproducir y ampliar los agravios que hizo valer en el juicio de nulidad del cual deriva el acto reclamado, es evidente que sus argumentos resultan inoperantes, dado que no expresó ningún razonamiento tendiente a demostrar la ilegalidad de la resolución que se impugna." En el caso concreto de la lectura del motivo de disenso en estudio, se advierte que el quejoso se limita a manifestar que la autoridad responsable al dictar el oficio de mérito, violenta su derecho de propiedad sobre los predios embargados y al omitir otorgarle su título de propiedad, se le impide que pueda ejercer su derecho a la tutela jurisdiccional o acceso a la justicia. Lo anterior pone de manifiesto que dichos motivos de inconformidad no pueden ser admitidos como verdaderos conceptos de violación, ya que no reúnen la condición necesaria para ser considerados como tal; esto es, que no surte la relación razonada que se ha de establecer entre el acto desplegado por la autoridad responsable y los derechos fundamentales que el quejoso estima violados, debiendo demostrar jurídicamente la contravención de éstos por dichos actos, expresando los argumentos en contra del oficio por el cual se negó a acceder a declarar la prescripción del crédito fiscal determinado a su cargo por la responsable. Lo anterior, porque en el caso la quejosa sólo expresa razonamientos tendientes a poner de manifiesto que en virtud de la respuesta de la autoridad no cuenta con la certeza jurídica sobre sus derechos como propietario de los predios que se le embargaron como garantía del crédito fiscal y en el caso, de omitir otorgar su título de propiedad, se le impide ejercer su derecho a la tutela jurisdiccional o acceso a la justicia, pero no expresa razonamientos alguno contra el oficio reclamado. Consistentes en: a) Después de efectuar una búsqueda exhaustiva y razonable en los expedientes y sistemas, con lo que cuenta esa unidad administrativa, no localizó información con los datos proporcionados; b) De conformidad con el "Catalogo de Disposición Documental del SAT" el plazo de conservación de los créditos fiscales es de cinco años, por lo que ha transcurrido en exceso el plazo para su conservación; c) Considerando que los certificados de libertad de gravamen que anexó a su escrito se advierte que la fecha del gravamen registrado data del año mil novecientos noventa y siete, se concluyó que el periodo de conservación había transcurrido; y d) Del análisis a la normatividad aplicable no se desprende obligación alguna de contar con la información requerida, por lo que resulta aplicable el criterio 07/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por ello lo inoperante de los motivos de disenso en estudio. Siendo que en el caso, dada la naturaleza del procedimiento de donde deriva el acto reclamado, no se actualiza la suplencia de la queja a favor del quejoso, por no encontrarse en los casos de excepción que establece el artículo 79 de la Ley de Amparo, aunado a que no se advierte una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En consecuencia, al resultar inoperantes los conceptos de violación expresados por la quejosa, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. Apoya lo anterior, lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la tesis publicada en la página ciento ochenta y cuatro, Enero de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213710, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE INCLUYEN ARGUMENTOS EFICACES PARA COMBATIR LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN LA RESOLUCION RECURRIDA. Si los conceptos de violación que propone la parte quejosa en manera alguna atacan las consideraciones en que se sustentó el fallo reclamado, pues no combaten jurídicamente los razonamientos que la responsable esgrimió para fundar su decisión, tales conceptos resultan inoperantes e impiden al tribunal de amparo estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha resolución, ya que de hacerlo, supliría la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Russel Gustavo González Madrid y/o Russell Gustavo González Madrid, en contra de los actos que reclamó a la Administradora de Recaudación Yucatán "1", residente en esta ciudad, por las razones señaladas en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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