Rufino González Lara

Expediente 384/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 45 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
384/2017
Año
2017
Actuaciones
45
Última actuación
27/07/2018

Partes del expediente

  • Rufino González Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 26 DE julio DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra del acuerdo dictado el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del cinco al veinticinco de julio de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe respectivo, devuélvasele al agente del Ministerio Público Investigador de Tepexi de Rodríguez, Puebla, los anexos I y II que se formaron con copia certificada del expediente de atención temprana 32/2016/TX de su índice; se requiere a la autoridad responsable citada para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar su recibo. Se apercibe a la autoridad responsable aludida que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá, multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En similar sentido, como ya no es necesario conservar las documentales que exhibió la parte quejosa con su escrito inicial de demanda, consistentes en copia certificada de las actas de nacimiento de Abigail González Romero, A.G.R. y S.G.R., así como las copias simples de la carta factura con número de folio 496741 de quince de agosto de dos mil dieciséis, vale de grúa con folio 293513 de once de agosto de dos mil dieciséis; y, tarjeta de circulación vehicular, relativas al vehículo relacionado en esta instancia constitucional, agregadas en auto de veintiuno de abril de dos mil diecisiete (fojas 27 a 31); como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año antes mencionado, hágase saber a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos descritos, apercibido que de no hacerlo éstos podrán ser depurados junto con el expediente principal; los cuales le serán devueltos, previa identificación que obre en autos y constancia de su entrega..."

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra del acuerdo dictado el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del cinco al veinticinco de julio de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe respectivo, devuélvasele al agente del Ministerio Público Investigador de Tepexi de Rodríguez, Puebla, los anexos I y II que se formaron con copia certificada del expediente de atención temprana 32/2016/TX de su índice; se requiere a la autoridad responsable citada para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar su recibo. Se apercibe a la autoridad responsable aludida que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá, multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En similar sentido, como ya no es necesario conservar las documentales que exhibió la parte quejosa con su escrito inicial de demanda, consistentes en copia certificada de las actas de nacimiento de Abigail González Romero, A.G.R. y S.G.R., así como las copias simples de la carta factura con número de folio 496741 de quince de agosto de dos mil dieciséis, vale de grúa con folio 293513 de once de agosto de dos mil dieciséis; y, tarjeta de circulación vehicular, relativas al vehículo relacionado en esta instancia constitucional, agregadas en auto de veintiuno de abril de dos mil diecisiete (fojas 27 a 31); como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año antes mencionado, hágase saber a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos descritos, apercibido que de no hacerlo éstos podrán ser depurados junto con el expediente principal; los cuales le serán devueltos, previa identificación que obre en autos y constancia de su entrega.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones se advierte que mediante proveído de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 323 a 325), se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ordenándose notificar personalmente a la parte tercero interesada el referido auto. Sin embargo, de los autos que conforman el presente sumario constitucional, se colige que en acuerdo de veinticinco de enero del año en curso, se ordenó realizar las subsecuentes notificaciones al tercero interesado Juan Cruz Romero por sí y en representación de la menor identificada con las iniciales C.C. S. o C.C. S, por medio de lista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento; y, se ordena notificar por lista a dicha parte procesal, el referido auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, así como el presente proveído. El proveído de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho (foja 303), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para tal fin; sin embargo, el tercero interesado Juan Cruz Romero, por derecho propio y en representación de su hija Calletana Cruz Sánchez, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo Eymard Gil Cruz, así como Diego Velasco Mendoza, asesor jurídico de Luis Enrique Solís Cruz (sic, lo correcto es Jesús Enrique Solís Cruz), Antonia Sánchez García o Antonina Sánchez García, Salomé Cruz Sánchez, Obdulia Irma Cruz Sánchez, Marco Antonio Solís Cruz y Ximena Solís Álvarez, desahogaron dicha vista mediante escritos recibidos en este juzgado el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el nueve de abril de dos mil dieciocho (fojas 247 a 259), se concedió el amparo y protección a Rufino González Lara, para el efecto de que el agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, realizara lo siguiente: "(.) OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo, y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo solicitado para el efecto de que el agente del Ministerio Público Investigador de Tepexi de Rodríguez, Puebla, una vez que adquiera firmeza la presente sentencia y en el plazo en el que se le requiera su cumplimiento, realice lo siguiente dentro del expediente de atención temprana 32/2016/TX (actualmente carpeta de investigación 2483/2016/XONACENTRO/TEPEXI), de su índice: 1) Emita un acuerdo, en el que, fundada y motivadamente, dé respuesta completa y congruente a las peticiones formuladas por el quejoso Rufino González Lara, mediante escrito presentado ante ella el veintidós de febrero de dos mil diecisiete; o en su caso, de considerar que tales peticiones deben ser atendidas por autoridad diversa, emita determinación en tal sentido; en el entendido que el acuerdo que emita, deberá contener la firma autógrafa de la autoridad responsable; y, 2) Notifique al quejoso dicha determinación como en derecho corresponda, y remita las constancias que así lo acrediten. Sin que lo anterior signifique necesariamente que la mencionada autoridad tenga que acordar favorablemente las peticiones formuladas, pues en uso de sus facultades, podrá proveer de manera fundada y motivada, como en derecho proceda, lo que se le solicita, sin que el presente fallo implique en forma alguna que la pretensión del agraviado sea legítima, fundada en derecho o procedente, como bien pudiera serlo, pero lo cual habrá de determinar la responsable al contestar la solicitud, tomando en consideración lo expresado en esta sentencia.(.)" Mediante auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento (fojas 276 a 278). Así, mediante oficio 1039/2018/TX de once de mayo de dos mil dieciocho, el agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, remitió copia de diversas constancias con las que pretendió cumplir con la sentencia de amparo (fojas 286 a 294). Sin embargo, como no acató cabalmente los efectos del fallo protector, en acuerdo de quince de mayo de dos mil dieciocho se requirió nuevamente al representante social responsable para que cumpliera los lineamientos de la protección constitucional concedida (fojas 295 y 296). Así, por similar 1059/2018/TX de quince de mayo de la presente anualidad (foja 298), el agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla remitió copia autorizada del acuerdo de esa misma fecha, emitido en la carpeta de investigación 2483/2016/ZC/TX de su índice, así como su notificación al quejoso Rufino González Lara (fojas 299 a 301). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, realizó lo siguiente: 1. El quince de mayo de dos mil dieciocho, emitió un acuerdo en la carpeta de investigación 2483/2016/ZC/TX, en el que dio respuesta completa y congruente a las peticiones formuladas por el quejoso Rufino González Lara, mediante escrito presentado ante ella el veintidós de febrero de dos mil diecisiete (foja 299), en el cual. a) Ordenó la devolución del vehículo marca Nissan, tipo Urban, color blanco, modelo 2015, número de motor QR25549137Q, número de serie JN6BE6CS2F9010850, placas de circulación SL46567 de Puebla, a favor del quejoso Rufino González Lara. b) Acordó favorable la solicitud del quejoso en el sentido de ampliar el término para presentar a su perito y se le entere de los daños y emita el dictamen en vialidad terrestre, pues le concedió el tiempo que estime necesario para ello. c) Finalmente, por cuando hace a la garantía que el quejoso solicitó se fijara, el fiscal responsable respondió que, por el momento, no ha lugar a fijarla, sino hasta el momento en que los peritos emitan el dictamen correspondiente. 2. Dicha determinación ministerial contiene la firma autógrafa del agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla y fue notificada al quejoso Rufino González Lara el propio quince de mayo de dos mil dieciocho (fojas 299 y 300). Por otra parte, en relación con las manifestaciones realizadas por el tercero interesado Juan Cruz Romero, por derecho propio y en representación de su hija Calletana Cruz Sánchez, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo Eymard Gil Cruz, así como Diego Velasco Mendoza, asesor jurídico de Luis Enrique Solís Cruz (sic, lo correcto es Jesús Enrique Solís Cruz), Antonia Sánchez García o Antonina Sánchez García, Salomé Cruz Sánchez, Obdulia Irma Cruz Sánchez, Marco Antonio Solís Cruz y Ximena Solís Álvarez, desahogaron dicha vista mediante escritos recibidos en este juzgado el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho (fojas 315 a 318), en los cuales fueron coincidentes en manifestar que existió exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo, en virtud de que el efecto del fallo protector consistió en que se emitiera una respuesta congruente al quejoso, en relación con su petición presentada ante el representante social responsable el veintidós de febrero de dos mil diecisiete y no para que devolviera el vehículo afecto a la indagatoria de origen al peticionario de amparo. Tales afirmaciones son infundadas en virtud de que, si bien no se concedió la protección constitucional a Rufino González Lara para que el agente del Ministerio Público le devolviera el vehículo marca Nissan, tipo Urban, color blanco, modelo 2015, número de motor QR25549137Q, número de serie JN6BE6CS2F9010850, placas de circulación SL46567 de Puebla, lo cierto es que en la sentencia de amparo se concedió libertad de jurisdicción al agente del Ministerio Público responsable para que proveyera conforme considerara procedente sobre las peticiones del quejoso, por lo que no se impuso restricción alguna al representante social en tal sentido. Máxime que tal devolución no fue decretada con motivo del cumplimento de la sentencia de amparo, pues como se aprecia de las constancias de autos, tal evento ocurrió antes de que se requiriera el cumplimiento de la sentencia protectora, en virtud de que el agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla ordenó la devolución del vehículo aludido el nueve de marzo de dos mil dieciocho (fojas 266 y 267), mientras que la sentencia amparadora causó ejecutoria en acuerdo de cuatro de mayo del mismo año y, hasta esa fecha se requirió su cumplimiento. De ahí que es incuestionable que la devolución del vehículo no se realizó con motivo de la protección constitucional concedida en este sumario, sino por virtud de la decisión autónoma del representante social que lo tuvo a su resguardo, acto de autoridad que es independiente y desvinculado con el que le fue ordenado emitir con motivo de la ejecutoria de amparo. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. "

  4. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DIEGO VELASCO MENDOZA ASESOR JURIDICO DE LUIS ENRIQUE SOLIS CRUZ LA RESOLUCION DE VEINTINUEVE DE MAYO DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho (foja 303), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para tal fin; sin embargo, el tercero interesado Juan Cruz Romero, por derecho propio y en representación de su hija Calletana Cruz Sánchez, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo Eymard Gil Cruz, así como Diego Velasco Mendoza, asesor jurídico de Luis Enrique Solís Cruz (sic, lo correcto es Jesús Enrique Solís Cruz), Antonia Sánchez García o Antonina Sánchez García, Salomé Cruz Sánchez, Obdulia Irma Cruz Sánchez, Marco Antonio Solís Cruz y Ximena Solís Álvarez, desahogaron dicha vista mediante escritos recibidos en este juzgado el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el nueve de abril de dos mil dieciocho (fojas 247 a 259), se concedió el amparo y protección a Rufino González Lara, para el efecto de que el agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, realizara lo siguiente: (.) OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo, y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo solicitado para el efecto de que el agente del Ministerio Público Investigador de Tepexi de Rodríguez, Puebla, una vez que adquiera firmeza la presente sentencia y en el plazo en el que se le requiera su cumplimiento, realice lo siguiente dentro del expediente de atención temprana 32/2016/TX (actualmente carpeta de investigación 2483/2016/XONACENTRO/TEPEXI), de su índice: 1) Emita un acuerdo, en el que, fundada y motivadamente, dé respuesta completa y congruente a las peticiones formuladas por el quejoso Rufino González Lara, mediante escrito presentado ante ella el veintidós de febrero de dos mil diecisiete; o en su caso, de considerar que tales peticiones deben ser atendidas por autoridad diversa, emita determinación en tal sentido; en el entendido que el acuerdo que emita, deberá contener la firma autógrafa de la autoridad responsable; y, 2) Notifique al quejoso dicha determinación como en derecho corresponda, y remita las constancias que así lo acrediten. Sin que lo anterior signifique necesariamente que la mencionada autoridad tenga que acordar favorablemente las peticiones formuladas, pues en uso de sus facultades, podrá proveer de manera fundada y motivada, como en derecho proceda, lo que se le solicita, sin que el presente fallo implique en forma alguna que la pretensión del agraviado sea legítima, fundada en derecho o procedente, como bien pudiera serlo, pero lo cual habrá de determinar la responsable al contestar la solicitud, tomando en consideración lo expresado en esta sentencia.(.)" Mediante auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento (fojas 276 a 278). Así, mediante oficio 1039/2018/TX de once de mayo de dos mil dieciocho, el agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, remitió copia de diversas constancias con las que pretendió cumplir con la sentencia de amparo (fojas 286 a 294). Sin embargo, como no acató cabalmente los efectos del fallo protector, en acuerdo de quince de mayo de dos mil dieciocho se requirió nuevamente al representante social responsable para que cumpliera los lineamientos de la protección constitucional concedida (fojas 295 y 296). Así, por similar 1059/2018/TX de quince de mayo de la presente anualidad (foja 298), el agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla remitió copia autorizada del acuerdo de esa misma fecha, emitido en la carpeta de investigación 2483/2016/ZC/TX de su índice, así como su notificación al quejoso Rufino González Lara (fojas 299 a 301). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, realizó lo siguiente: 1. El quince de mayo de dos mil dieciocho, emitió un acuerdo en la carpeta de investigación 2483/2016/ZC/TX, en el que dio respuesta completa y congruente a las peticiones formuladas por el quejoso Rufino González Lara, mediante escrito presentado ante ella el veintidós de febrero de dos mil diecisiete (foja 299), en el cual. a) Ordenó la devolución del vehículo marca Nissan, tipo Urban, color blanco, modelo 2015, número de motor QR25549137Q, número de serie JN6BE6CS2F9010850, placas de circulación SL46567 de Puebla, a favor del quejoso Rufino González Lara. b) Acordó favorable la solicitud del quejoso en el sentido de ampliar el término para presentar a su perito y se le entere de los daños y emita el dictamen en vialidad terrestre, pues le concedió el tiempo que estime necesario para ello. c) Finalmente, por cuando hace a la garantía que el quejoso solicitó se fijara, el fiscal responsable respondió que, por el momento, no ha lugar a fijarla, sino hasta el momento en que los peritos emitan el dictamen correspondiente. 2. Dicha determinación ministerial contiene la firma autógrafa del agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla y fue notificada al quejoso Rufino González Lara el propio quince de mayo de dos mil dieciocho (fojas 299 y 300). Por otra parte, en relación con las manifestaciones realizadas por el tercero interesado Juan Cruz Romero, por derecho propio y en representación de su hija Calletana Cruz Sánchez, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo Eymard Gil Cruz, así como Diego Velasco Mendoza, asesor jurídico de Luis Enrique Solís Cruz (sic, lo correcto es Jesús Enrique Solís Cruz), Antonia Sánchez García o Antonina Sánchez García, Salomé Cruz Sánchez, Obdulia Irma Cruz Sánchez, Marco Antonio Solís Cruz y Ximena Solís Álvarez, desahogaron dicha vista mediante escritos recibidos en este juzgado el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho (fojas 315 a 318), en los cuales fueron coincidentes en manifestar que existió exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo, en virtud de que el efecto del fallo protector consistió en que se emitiera una respuesta congruente al quejoso, en relación con su petición presentada ante el representante social responsable el veintidós de febrero de dos mil diecisiete y no para que devolviera el vehículo afecto a la indagatoria de origen al peticionario de amparo. Tales afirmaciones son infundadas en virtud de que, si bien no se concedió la protección constitucional a Rufino González Lara para que el agente del Ministerio Público le devolviera el vehículo marca Nissan, tipo Urban, color blanco, modelo 2015, número de motor QR25549137Q, número de serie JN6BE6CS2F9010850, placas de circulación SL46567 de Puebla, lo cierto es que en la sentencia de amparo se concedió libertad de jurisdicción al agente del Ministerio Público responsable para que proveyera conforme considerara procedente sobre las peticiones del quejoso, por lo que no se impuso restricción alguna al representante social en tal sentido. Máxime que tal devolución no fue decretada con motivo del cumplimento de la sentencia de amparo, pues como se aprecia de las constancias de autos, tal evento ocurrió antes de que se requiriera el cumplimiento de la sentencia protectora, en virtud de que el agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla ordenó la devolución del vehículo aludido el nueve de marzo de dos mil dieciocho (fojas 266 y 267), mientras que la sentencia amparadora causó ejecutoria en acuerdo de cuatro de mayo del mismo año y, hasta esa fecha se requirió su cumplimiento. De ahí que es incuestionable que la devolución del vehículo no se realizó con motivo de la protección constitucional concedida en este sumario, sino por virtud de la decisión autónoma del representante social que lo tuvo a su resguardo, acto de autoridad que es independiente y desvinculado con el que le fue ordenado emitir con motivo de la ejecutoria de amparo. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

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