Ruben Velez Perez
Expediente 585/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 23 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ruben Velez Perez
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo, fórmese expediente de amparo y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 585/2017-A, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora bien, previamente a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, se procede a examinar si en el caso, este Órgano Jurisdiccional, es legalmente competente, para conocer del presente asunto promovido por Rubén Vélez Pérez; en razón de que ello es presupuesto procesal, de orden público y de examen preferente. En el caso, el quejoso Rubén Vélez Pérez solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: "III.-AUTORIDADESRESPONSABLES: A).- ORDENADORA: C. Licenciada Maricela González Ornelas, Facilitadora Segunda Certificada de la Sub-unidad de Atención Temprana de Boca del Río, del XVII Distrito judicial en Veracruz, expediente 121/2017. UAT/D- XVII/BOCA/352/2017. BOCA DEL RIO VERACRUZ, 27 DE ABRIL DE 2017, con residencia oficial en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, número 19, Fraccionamiento Costa Verde, en Boca del Río Veracruz. B).- EJECUTORA: C. Licenciada Maricela González Ornelas, Facilitadora Segunda Certificada de la Sub-Unidad de Atención Temprana de Boca del Rio, del XVII Distrito judicial en Veracruz, expediente 121/2017. UAT/D- XVII/BOCA/352/2017. BOCA DEL RÍOVERACRUZ, 27 DEABRILDE 2017, con residencia oficial en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, número 19, Fraccionamiento Costa Verde, en Boca del Rio Veracruz. IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA SE RECLAMA: 1.- El ordenamiento del ilegal citatorio así como cualquier otro citatorio presente o futuro relacionados con la carpeta de investigación señalada en este punto, relativo al expediente 121/2017. UAT/D- XVII/BOCA/352/2017. BOCA DEL RíO VERACRUZ, 27 DE ABRIL DE 2017, en el que se me cita para el día 24 de mayo de dos mil diecisiete a las 12:00 horas, para explicarme lo relacionado al mecanismo alternativo y los servicios que ofrece esta institución. B).- De la AUTORIDAD RESPONSABLE EJECTORA se reclama: 1.- Igualmente, El ordenamiento del ilegal citatorio, así como cualquier otro citatorio presente o futuro relativo a la carpeta de investigacion 121/2017. UAT/D- XVII/BOCA/352/2017. BOCA DEL RíO VERACRUZ, 27 DE ABRIL DE 2017, en el que se me cita para el día 24 de mayo de dos mil diecisiete a las 12:00 horas, para explicarme lo relacionado al mecanismo alternativo y los servicios que ofrece esta institución." Por tanto, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por la parte quejosa. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 97, Tomo Informe 1972, Parte II, Séptima Época). "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Sustentado por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Tomo 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). La intelección de los normativos y criterios apuntados, permiten desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia a los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito, y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se requiere hacer el estudio del acto reclamado y de los hechos contenidos en la demanda, así como de las constancias con las que se cuente. Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I.1o.A.44 A, que dice lo siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Ahora bien, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación de orden, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar qué Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En el caso, la lectura integral de la demanda de amparo clarifica que la parte quejosa reclama el citatorio dictado en el expediente 121/2017, carpeta de investigación UAT/D-XVII/BOCA/352/2017, para que comparezca el día veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete a las doce horas, a las instalaciones de la Sub-Unidad de Atención Temprana en Boca del Río, Veracruz, ubicadas en Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número diecinueve Fraccionamiento costa Verde en Boca del Río, Veracruz, así como cualquier otro citatorio presente o futuro y señala como autoridad responsable en su doble carácter ordenadora y ejecutora a la Licenciada Maricela González Ornelas, Facilitadora Segunda Certificada de la Sub-unidad de Atención Temprana de Boca del Río, del XVII Distrito Judicial en Veracruz, con residencia oficial en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, número diecinueve, Fraccionamiento Costa Verde, en Boca del Rio Veracruz; por tanto, se advierte que en el presente asunto se surte la hipótesis prevista en el artículo 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que atendiendo a la naturaleza del citatorio reclamado y de sus consecuencias jurídicas, éste requiere de ejecución material, consistente en que la persona a la que se le dirigió se presente ante la autoridad que lo citó para tratar lo narrado en el mismo, y previo a ello, dicho citatorio debe ser entregado en el domicilio señalado. Por tanto, si como se dijo un citatorio requiere de ejecución material, y si en el caso se señaló como autoridad responsable en su doble carácter ordenadora y ejecutora a la Licenciada Maricela González Ornelas, Facilitadora Segunda Certificada de la Sub-unidad de Atención Temprana de Boca del Río, del XVII Distrito Judicial en Veracruz, con residencia oficial en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, número diecinueve, Fraccionamiento Costa Verde, en Boca del Rio Veracruz, lo que se corrobora con el original del citatorio reclamado (foja 9), se advierte que dicho acto inició su ejecución y tendrá ejecución en la ciudad de Boca del Rio Veracruz, ya que no existe autoridad ejecutora en el Estado de Puebla que dote de competencia territorial a este Juzgado Federal. Sin que en la especie se inobserve por la suscrita Juzgadora Federal el contenido de la Jurisprudencia 1a./J. 52/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que se debe prevenir la demanda de amparo, cuando el quejoso asegure, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en el Juzgado de Distrito del conocimiento, por lo que el Juzgador previa prevención, debe requerirlo para que aclare su demanda y haga el señalamiento de ejecutorias en la sede de dicho Juzgado Federal. Lo anterior es así, dado que claramente de los hechos narrados en la demanda de garantías (foja 5), no se advierte la intervención de autoridad ejecutora en este Circuito Judicial, por el contrario, en el aparatado de antecedentes se advierte lo siguiente: "A N T E C E D E N T E S: 1.- Que el día quince de mayo de dos mil diecisiete, se presentó en mi domicilio particular el que ha sido señalado en líneas anteriores una persona quien dijo ser trabajador de teléfonos de México en Veracruz, Veracruz, quien le entregó a mi papá de nombre Rubén Vélez el documento del que ahora me duelo (.)" Por lo anterior se colige, que fue un empleado de la empresa donde antes trabajaba el peticionario de amparo (Teléfonos de México Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable) quien entregó el citatorio del que ahora se duele el quejoso, por ende sólo se advierte la gestión de un particular en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, al entregar el citatorio reclamado, y por tanto no puede considerársele siquiera como autoridad para efectos de aplicar las reglas de competencia previstas en el artículo 36 de la Ley de Amparo. Ello aunado a que el quejoso señaló a la autoridad responsable que ha quedado precisada, en su doble carácter de ordenadora y ejecutora, lo que corrobora, como se ha dicho, que este juzgado no resulta competente, pues la autoridad ordenadora asumiría también el carácter de ejecutora. Cobra aplicación la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades. Cobra aplicación por analogía la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa." De lo anterior, se advierte que de conformidad con en los puntos primero, fracción VII, y Cuarto, fracción VII segundo párrafo del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Circuito, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, conocer de los juicios de amparo con ejecución en Boca del Río, como acontece en la especie. Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, no resulta competente por territorio para conocer de este juicio de garantías; en consecuencia de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, POR RAZON DE TERRITORIO, al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, EN TURNO, para conocer del presente asunto. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase la demanda de amparo, anexos y copias, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río; para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, que corresponda, por razón de turno; a quien atentamente se solicita dentro del plazo legal, informar si acepta o no la competencia declinada. Se solicita acuse de recibo. Sin que se oponga a lo anterior el hecho de que el peticionario de garantías haya señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones un lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, pues la competencia de un Juzgado de Distrito no la determina el domicilio del quejoso, sino el lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada o donde residan las autoridades ejecutoras, ya que la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino que debe determinarse de acuerdo a los lineamientos que marca la ley. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor siguiente: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." De igual forma, sirve de apoyo el criterio de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." Téngase por señalado el domicilio que refiere para ori y recibir notificaciones y por autorizados únicamente con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, por así haberlo manifestado expresamente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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