Ruth Herrera Ramirez
Expediente 984/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 984/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ruth Herrera Ramirez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 37 a 44), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, hágase saber a la promovente que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo, éstos serán destruidos junto con el expediente en que se actúa.
- Principal
(publicación AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 23 DE OCTUBRE DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 37 a 44), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, hágase saber a la promovente que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo, éstos serán destruidos junto con el expediente en que se actúa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de octubre de dos mil diecinueve.RADICACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 984/2019-D, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado.DESECHAMIENTO.En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que los quejosos Ruth Herrera Ramírez y Oscar Daniel Cuautli López reclama al 1. Fiscal General el Estado de Puebla y otras autoridades:1. La ilegal notificación de la orden de invitación para realizar una sesión de mediación en el sentido de resolver una controversia de naturaleza penal, a través de un mecanismo alternativo, por parte del Centro Estatal de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal; y, 2. El actuar de la Facilitadora adscrita al Centro Estatal de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal, que evitó se llevara a cabo la solución del conflicto penal suscitado entre las partes a través del mecanismo alternativo.Respecto de tales actos reclamados, el suscrito juzgador Federal, de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso." Del precepto legal trascrito se obtiene que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio de garantías, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, pues si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de garantías resulta improcedente.Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona."Cabe agregar que el interés jurídico para promover el juicio de amparo debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico."Y, en relación con dicho numeral, debe citarse el diverso 6 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Así, de acuerdo con los preceptos transcritos, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica; entendiéndose por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y ello es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional.Por consiguiente, sólo tiene interés jurídico el particular a quien la norma le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad.Por su parte, el alto Tribunal ha sostenido en diversos criterios que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir; y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En ese sentido, no es factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.Efectivamente, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato.El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse.Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Ruth Herrera Ramírez y Oscar Daniel Cuautli López promovieron esta instancia constitucional contra los actos que le atribuye al 1. Fiscal General el Estado de Puebla y otras autoridades, consistentes en: 1. La ilegal notificación de la orden de invitación para realizar una sesión de mediación en el sentido de resolver una controversia de naturaleza penal, a través de un mecanismo alternativo, por parte del Centro Estatal de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal; y, 2. El actuar de la Facilitadora adscrita al Centro Estatal de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal, que evitó se llevara a cabo la solución del conflicto penal suscitado entre las partes a través del mecanismo alternativo, lo que hace que el juicio de amparo resulte improcedente.Al respecto, debe precisarse que los mecanismos alternativos de solución de conflictos consisten en diversos procedimientos mediante los cuales, las personas pueden resolver sus controversias sin la intervención de una autoridad jurisdiccional, y consiste en la negociación (autocomposición), la mediación, la conciliación y el arbitraje (heterocomposición). Es así, porque la sola integración de un expediente que tiene como finalidad la solución alternativa de un conflicto de índole penal (como sucede en la especie), así como la emisión de una invitación para acudir a una sesión de mediación para lograr tal cometido, no genera derecho alguno para defenderlo en vía de amparo, pues tal actuación no afecta de manera irreparable algún derecho sustantivo de la parte quejosa.Para ilustrar lo anterior, es necesario citar los preceptos legales que rigen el acto reclamado: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.(.) Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. (.)"Del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 184. Soluciones alternasSon formas de solución alterna del procedimiento: I. El acuerdo reparatorio, y." "Artículo 188. ProcedenciaLos acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio. En el caso de que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura a juicio, el Juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por treinta días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia..." "Artículo 189. Oportunidad Desde su primera intervención, el Ministerio Público o en su caso, el Juez de control, podrán invitar a los interesados a que suscriban un acuerdo reparatorio en los casos en que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el presente Código, debiendo explicarles a las partes los efectos del acuerdo..." De la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en Materia Penal: "Artículo 1. Objeto generalLas disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tienen por objeto establecer los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que conduzcan a las Soluciones Alternas previstas en la legislación procedimental penal aplicable. Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad." "Artículo 2. Ámbito de competenciaEsta Ley será aplicable para los hechos delictivos que sean competencia de los órdenes federal y local en el marco de los principios y derechos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. La competencia de las Instituciones especializadas en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal dependientes de las Procuradurías o Fiscalías y de los Poderes Judiciales de la Federación o de las entidades federativas, según corresponda, se determinará de conformidad con lo dispuesto por la legislación procedimental penal y demás disposiciones jurídicas aplicables." "Artículo 3. Glosario(.) VII. Invitación: El acto del personal del Órgano realizado para solicitar la comparecencia de alguno de los Intervinientes en el Mecanismo Alternativo; (.)""Artículo 4. Principios de los Mecanismos Alternativos Son principios rectores de los Mecanismos Alternativos los siguientes: I. Voluntariedad: La participación de los Intervinientes deberá ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; (.)" "Artículo 7. Derechos de los Intervinientes Los Intervinientes en los Mecanismos Alternativos tendrán los derechos siguientes:I. Recibir la información necesaria en relación con los Mecanismos Alternativos y sus alcances;II. Solicitar al titular del Órgano o al superior jerárquico del Facilitador la sustitución de este último, cuando exista conflicto de intereses o alguna otra causa justificada que obstaculice el normal desarrollo del Mecanismo Alternativo;III. Recibir un servicio acorde con los principios y derechos previstos en esta Ley;IV. No ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a un Mecanismo Alternativo; V. Expresar libremente sus necesidades y pretensiones en el desarrollo de los Mecanismos Alternativos sin más límite que el derecho de terceros; VI. Dar por concluida su participación en el Mecanismo Alternativo en cualquier momento, cuando consideren que así conviene a sus intereses, siempre y cuando no hayan suscrito el Acuerdo;VII. Intervenir personalmente en todas las sesiones del Mecanismo Alternativo;VIII. De ser procedente, solicitar al Órgano, a través del Facilitador, la intervención de auxiliares y expertos, y IX. Los demás previstos en la presente Ley.""Artículo 14. Invitación al RequeridoLa Invitación al Requerido la realizará el Órgano dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la fecha del registro del expediente del caso, por cualquier medio que asegure la transmisión de la información en los términos de la legislación procedimental penal aplicable. La Invitación se hará preferentemente de manera personal.""CAPÍTULO II DE LA MEDIACIÓN.Artículo 21. ConceptoEs el mecanismo voluntario mediante el cual los Intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el fin de alcanzar la solución de ésta. El Facilitador durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los Intervinientes."De los preceptos legales transcritos se advierte que, efectivamente, el desahogo de diligencias para la solución alternativa de un conflicto de naturaleza penal no causa un daño o perjuicio irreparable al gobernado a quien están dirigidas, pues uno de los principios rectores del procedimiento de mediación es la voluntariedad, que se traduce en que la participación en un procedimiento de tal naturaleza es, en todo caso, por decisión propia y no por obligación, esto es, nadie puede constreñir al aquí quejoso a someterse al procedimiento de mediación o a acudir a las sesiones que para tal efecto se programen o a llegar a un arreglo, sino únicamente constituye la oportunidad procesal de solucionar alternativamente un conflicto de intereses suscitado con otro miembro de la sociedad.Lo anterior se robustece si se toma en cuenta que los medios alternativos de solución al conflicto tienen su fundamento en el transcrito artículo 17, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.En efecto, el mencionado precepto constitucional prevé como derecho fundamental de los gobernados la instrumentación y búsqueda de mecanismos alternativos de solución de controversias, pues establece que las leyes contemplarán medios alternativos de solución al conflicto y, en materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial, como en la especie acontece en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Así, la citada ley establece los mecanismos a seguir para la práctica de sesiones con la finalidad primordial de dirimir controversias que surgen entre miembros de la sociedad sin necesidad de la intervención judicial, a saber: mediación, conciliación y junta restaurativa; para lo cual, el organismo especializado puede emitir invitaciones, que el artículo 3 del ordenamiento legal en cita define como el acto del personal del órgano, para solicitar la comparecencia de alguno de los Intervinientes en el mecanismo alternativo, con la finalidad de lograr una mediación.Así, cuando alguno de los requeridos no asisten a la cita o comparecencia, o no cumpla con los citatorios realizados por la autoridad ministerial, en más de una ocasión, debe darse por concluido, de forma anticipada, el mecanismo alternativo de solución, y se dejan a salvo los derechos de los intervinientes para resolver la controversia mediante las acciones legales que proceden.Lo anterior implica que los aquí quejosos no se encuentran obligados a someterse a ese mecanismo alternativo de solución de la controversia penal, o arreglo armonioso que solicitó el denunciante de los hechos; y que éste conserva su derecho para resolverla mediante la acción legal que corresponda.Por su parte, la mediación se conceptualiza por el artículo 21 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal como el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el fin de alcanzar la solución de ésta. Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional y legal, la institución especializada en medios alternativos de solución de conflictos en materia penal tiene la facultad de invitar a los gobernados a celebrar sesiones tendentes a solucionar la controversia que se haya suscitado con otro miembro de la sociedad, dicha invitación y no llegar a una solución para celebrar una sesión de esa índole no le irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, pues tal procedimiento alternativo es completamente voluntario y de ninguna forma la quejosa puede ser compelido por la autoridad responsable a asistir a la sesión de mediación ni mucho menos a celebrar o llegar a un acuerdo, en su caso, algún acuerdo reparatorio; lo que se corrobora al no advertirse de la citación reclamada, algún apercibimiento en contra de la quejosa, en caso de no asistir.Además, debe decirse que el derecho fundamental de acceder a medios alternativos de solución de controversias previsto en el citado párrafo cuarto del artículo 17 constitucional, no se contrapone con la garantía de tutela judicial, prevista en el segundo párrafo de dicho ordinal, y que consiste en que todo gobernado tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; pues ambas prerrogativas tiene la misma finalidad, que es la de solucionar controversias, pues los aquí quejosos si comparecieron, por lo que se enteraron de la invitación, aunque no se haya solucionado el conflicto suscitado entre las partes. Cobra aplicación la tesis III.2o.C.6 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben:"ACCESO A LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, COMO DERECHO HUMANO. GOZA DE LA MISMA DIGNIDAD QUE EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO. Los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen a favor de los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, que será encomendada a tribunales que estarán expeditos para impartir justicia, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; en ese sentido, la Constitución Federal en el citado artículo 17, cuarto párrafo, va más allá y además de garantizar el acceso a los tribunales previamente establecidos, reconoce, como derecho humano, la posibilidad de que los conflictos también se puedan resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y cuando estén previstos por la ley. Ahora bien, en cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias, se rescata la idea de que son las partes las dueñas de su propio problema (litigio) y, por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades, en las que el proceso es una más. Los medios alternativos consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas puedan resolver sus controversias, sin necesidad de una intervención jurisdiccional, y consisten en la negociación (autocomposición), mediación, conciliación y el arbitraje (heterocomposición). En ese sentido, entre las consideraciones expresadas en la exposición de motivos de la reforma constitucional al mencionado artículo 17, de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció que los mecanismos alternativos de solución de controversias "son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita ..., permitirán, en primer lugar, cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo"; ante tal contexto normativo, debe concluirse que tanto la tutela judicial como los mecanismos alternos de solución de controversias, se establecen en un mismo plano constitucional y con la misma dignidad y tienen como objeto, idéntica finalidad, que es, resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley en el Estado Mexicano." De igual forma sustenta lo anterior la tesis de Jurisprudencia XX.2o.P.C. J/1 (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto siguiente: "MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. EL CITATORIO EMITIDO DENTRO DEL PROCESO DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA COMPARECER A LA ETAPA CONCILIATORIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El juicio de amparo indirecto es improcedente, entre otros supuestos, contra los actos que no produzcan una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, en términos de la fracción I del artículo 5o., de la Ley de Amparo. En ese sentido, de los artículos 4, fracción I, 7, fracción IV, 10, último párrafo, 31 y 32 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, se advierte el principio rector de voluntariedad, de acuerdo con el cual, la participación de los intervinientes debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; es decir, no puede obligarse al requerido a asistir y participar en el mecanismo alternativo respectivo; asimismo, dentro de sus derechos, se encuentra el relativo a que no puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a él. En consecuencia, cuando alguno de los requeridos no asiste a la cita o comparecencia, o no cumpla con los citatorios realizados por la autoridad ministerial, en más de una ocasión, debe darse por concluido, de forma anticipada, ese mecanismo alternativo de solución, y dejarse a salvo los derechos de los intervinientes para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan. En esas condiciones, el citatorio emitido dentro del proceso de justicia restaurativa, para comparecer a la etapa conciliatoria, no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, pues constituye solamente una invitación para presentarse ante la emisora con la finalidad de realizar la diligencia correspondiente; actualizándose por ende, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, primer párrafo, ambos de la ley primeramente citada."Bajo ese contexto, 1. La ilegal notificación de la orden de invitación para realizar una sesión de mediación en el sentido de resolver una controversia de naturaleza penal, a través de un mecanismo alternativo, por parte del Centro Estatal de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal; y, 2. El actuar de la Facilitadora adscrita al Centro Estatal de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal, que evitó se llevara a cabo la solución del conflicto penal suscitado entre las partes a través del mecanismo alternativo, de conformidad con lo expuesto anteriormente, no causa perjuicio alguno a la parte quejosa.En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo establecido en el artículo 113, de la ley en cita, se desecha parcialmente la demanda de amparo que se analiza, por los actos y motivos expuestos en el presente apartado. DOMICILIO.Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones personales, el que señalan en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS.Se tienen por autorizados con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refieren en su escrito inicial de demanda, por así haberlo solicitado expresamente los quejosos.REPRESENTANTE COMÚN.Téngase como representante común de los quejosos a Ruth Herrera Ramírez, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo.SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES.Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada.Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN.Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- RUFINO ANTONIO CENTENO AGUILAR (APODERADO) y Otros.103/2017
- Rufino González Lara384/2017
- Rufino Perez Mendez1206/2022
- Ruselbi Vargas Hernandez310/2018
- Ruth Gabriela Bertheau Delgado1235/2017
- Ruth Gabriela Bertheau Delgado282/2018
- Rutila Ramos Rojas250/2019
- Rutilo Dominguez Dominguez898/2020
- Rutilo Ramirez Davila1142/2016
- Saaid Tame Vargas825/2017
- Sabas Lopez Rico1477/2015
- Sabino Bernardino Ramirez Mora747/2021