Ruby Mercedes Andrade

Expediente 762/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
762/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • Ruby Mercedes Andrade

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el siete de mayo del año en curso; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado artículo del Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el alegato ministerial 232/2021, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, sin necesidad de hacer pronunciamiento al respecto, toda vez que el siete de mayo del año en curso se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto. Asimismo, como se solicita en el alegato de mérito, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, así como lo estipula el numeral 2 de la ley de la materia, entréguese copia certificada de la resolución pronunciada en este juicio a la ocursante de mérito, en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. DOY FE. Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 232/2021, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, sin necesidad de hacer pronunciamiento al respecto, toda vez que el siete de mayo del año en curso se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto. Asimismo, como se solicita en el alegato de mérito, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, así como lo estipula el numeral 2 de la ley de la materia, entréguese copia certificada de la resolución pronunciada en este juicio a la ocursante de mérito, en el momento procesal oportuno.

  3. Principal

    Vista la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, el cuatro de mayo del año en curso, de la cual se advierte que le notificó a la directa quejosa Ruby Mercedes Andrade Martínez, el contenido del proveído de esa propia fecha, y ratificó la demanda de amparo presentada a su favor por Abraham Shuameti Segura Pulido; en tal virtud, se tiene por ratificada la misma, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, agréguense a estos autos los informes respecto a la suspensión de plano e informes justificados rendidos por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Hechos de Tránsito de la Fiscalía General del Estado, ambos con sede en esta ciudad, y anexos que adjunta esta última autoridad. Ahora bien, la citada Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Hechos de Tránsito de la Fiscalía General del Estado, informa en relación a la situación jurídica de la quejosa Ruby Mercedes Andrade Martínez, remitiendo las constancias que anexa a sus informes, de las que se advierte que mediante oficio sin número, la nombrada quejosa fue puesta a disposición del Juez de Control en turno, del Primer Distrito Judicial, del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado, con sede en esta ciudad, el seis de los cursantes, en el Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, a efecto de realizar la audiencia inicial de control de detención de la referida quejosa, por su probable autoría en el hecho tipificado como LESIONES QUE PONEN EN PELIGRO LA VIDA COMETIDO POR CULPA, previstos y sancionados con pena corporal por los artículos 357 y 363, todos en relación a los numerales 9 y 79 del Código Penal del Estado en vigor, denunciado por Mario René Ortiz Herrera (víctima indirecta) en representación de Mario Alfonso Ortiz Gamboa (víctima directa), y quien tenía la calidad de detenida en la carpeta de investigación T1/747/2021. Dichas documentales tienen valor probatorio pleno, de conformidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo. Por tanto, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Esto es así, puesto que mediante oficio de seis de mayo del año en curso, el Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Hechos de Tránsito, con sede en esta ciudad, puso a disposición del Juez de Control en turno, del Primer Distrito Judicial, del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado, con sede en esta ciudad, en el Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, a la aquí quejosa Ruby Mercedes Andrade Martínez, como probable autoría en el hecho tipificado como LESIONES QUE PONEN EN PELIGRO LA VIDA COMETIDO POR CULPA, previstos y sancionados con pena corporal por los artículos 357 y 363, todos en relación a los numerales 9 y 79 del Código Penal del Estado en vigor, denunciado por Mario René Ortiz Herrera (víctima indirecta) en representación de Mario Alfonso Ortiz Gamboa (víctima directa), a fin de que se lleve a cabo la audiencia inicial de control de detención, en relación a la carpeta de investigación T1/747/2021. Tal y como se aprecia del sello de recepción del oficio de mérito del ese centro penitenciario. De lo anterior se aprecia que, las consecuencias jurídicas del acto consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento e incomunicación de la quejosa reclamada quedó insubsistente y no pueden ser analizadas por encontrarse la causa de origen en un estado procesal diferente; pues en el caso, la situación jurídica de la impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez de control que tendrá a cargo la instauración del juicio respectivo y por ende no puede analizarse en el presente juicio de amparo la constitucionalidad del actuar de la responsable en la carpeta de investigación de origen sin afectar el nuevo estado procesal que guarda el nuevo procedimiento penal. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis 2ª.CXI/96, con el rubro y texto siguientes: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Por consiguiente, este Juzgador de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.Sirve de orientación a la determinación anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y texto son: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional.

  4. Principal

    Vista la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, el cuatro de mayo del año en curso, de la cual se advierte que le notificó a la directa quejosa Ruby Mercedes Andrade Martínez, el contenido del proveído de esa propia fecha, y ratificó la demanda de amparo presentada a su favor por Abraham Shuameti Segura Pulido; en tal virtud, se tiene por ratificada la misma, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, agréguense a estos autos los informes respecto a la suspensión de plano e informes justificados rendidos por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Hechos de Tránsito de la Fiscalía General del Estado, ambos con sede en esta ciudad, y anexos que adjunta esta última autoridad. Ahora bien, la citada Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Hechos de Tránsito de la Fiscalía General del Estado, informa en relación a la situación jurídica de la quejosa Ruby Mercedes Andrade Martínez, remitiendo las constancias que anexa a sus informes, de las que se advierte que mediante oficio sin número, la nombrada quejosa fue puesta a disposición del Juez de Control en turno, del Primer Distrito Judicial, del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado, con sede en esta ciudad, el seis de los cursantes, en el Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, a efecto de realizar la audiencia inicial de control de detención de la referida quejosa, por su probable autoría en el hecho tipificado como LESIONES QUE PONEN EN PELIGRO LA VIDA COMETIDO POR CULPA, previstos y sancionados con pena corporal por los artículos 357 y 363, todos en relación a los numerales 9 y 79 del Código Penal del Estado en vigor, denunciado por Mario René Ortiz Herrera (víctima indirecta) en representación de Mario Alfonso Ortiz Gamboa (víctima directa), y quien tenía la calidad de detenida en la carpeta de investigación T1/747/2021. Dichas documentales tienen valor probatorio pleno, de conformidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo. Por tanto, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Esto es así, puesto que mediante oficio de seis de mayo del año en curso, el Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Hechos de Tránsito, con sede en esta ciudad, puso a disposición del Juez de Control en turno, del Primer Distrito Judicial, del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado, con sede en esta ciudad, en el Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, a la aquí quejosa Ruby Mercedes Andrade Martínez, como probable autoría en el hecho tipificado como LESIONES QUE PONEN EN PELIGRO LA VIDA COMETIDO POR CULPA, previstos y sancionados con pena corporal por los artículos 357 y 363, todos en relación a los numerales 9 y 79 del Código Penal del Estado en vigor, denunciado por Mario René Ortiz Herrera (víctima indirecta) en representación de Mario Alfonso Ortiz Gamboa (víctima directa), a fin de que se lleve a cabo la audiencia inicial de control de detención, en relación a la carpeta de investigación T1/747/2021. Tal y como se aprecia del sello de recepción del oficio de mérito del ese centro penitenciario. De lo anterior se aprecia que, las consecuencias jurídicas del acto consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento e incomunicación de la quejosa reclamada quedó insubsistente y no pueden ser analizadas por encontrarse la causa de origen en un estado procesal diferente; pues en el caso, la situación jurídica de la impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez de control que tendrá a cargo la instauración del juicio respectivo y por ende no puede analizarse en el presente juicio de amparo la constitucionalidad del actuar de la responsable en la carpeta de investigación de origen sin afectar el nuevo estado procesal que guarda el nuevo procedimiento penal. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis 2ª.CXI/96, con el rubro y texto siguientes: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Por consiguiente, este Juzgador de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.Sirve de orientación a la determinación anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y texto son: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional.

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